DICTAMEN DE LA PROCURACION GENERAL:
La Sala I de la Cámara de Apelación en lo Criminal y Correccional
de San Isidro resolvió hacer lugar al recurso de revisión deducido
por el condenado Carlos Dante Barrionuevo Torres y modificar, en consecuencia,
el cómputo de pena aprobado en la causa nº 14.725 del Juzgado Criminal
y Correccional departamental respecto del nombrado (v. fs. 486/491 vta.).
Contra este pronunciamiento, el Sr. Fiscal de Cá¬maras interpone
recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 493/500), cuestionando
la aplicación de los arts. 7 y 8 de la ley 24.390. Expresa que la decisión
del "a quo" vulnera los arts. 16, 18 y 75 de la Constitución
Nacional en tanto los mentados preceptos legales afectan los principios de igualdad
ante la ley, el debido proceso legal, a la vez que la parcelación que
se efectúa respecto del resto de la ley (arts. 1 a 6) implica que el
Poder Judicial asuma funciones estrictamente legislativas. Por úl¬timo,
sostiene que el fallo viola el art. 2 del Código Penal en cuanto retrotrae
el efecto de normas procesales a trámites penales concluídos.
En mi criterio, la queja es procedente.
Tengo comprometida opinión, a partir del dictamen emitido en causa P.
59.457 "Sueldo, Claudio R. s/rec. de revisión", del 8/5/95,
coincidente en lo sustancial con las argumentaciones del apelante, en el sentido
de considerar inaplicables en el ámbito de la Provincia las disposiciones
de la ley 24.390 que motivan su reclamo.
He sostenido, en aquella ocasión, que la citada ley "...atañe
exclusivamente a los procesados, no a los condenados con sentencia firme. Aquellos
son los únicos sujetos mencionados en los arts. 1 y 2, y a ellos se refieren
los textos siguientes (3 a 6)...".
He expresado, también, que "...la modificación del art. 24
del Código Penal concierne, según el art. 8 del estatuto que nos
ocupa (24.390), a una precisa órbita: `para los casos comprendidos en
esta ley'. Esos casos resultan ser, precisamente, los regulados en los dispositivos
anteriores y en especial, los mencionados en los arts. 1 y 2.".
"En esas condiciones, el sistema del cómputo de la prisión
preventiva concebido por la nueva normativa y el propio art. 8 en cuanto modificatorio
del Código Penal, no deberían recibir aplicación en el
ámbito provincial. Por de pronto, está claro que la materia eminentemente
procesal de que trata la ley es de la esfera provincial (arts. 75 inc. 12 y
121 Constitución Nacional; 1, 3, 10, 21, 45 y 103 inc. 13 de la Provincial).
Y si los arts. 7 y 8 de la ley 24.390 han sido emplazados en función
de la regulación procesal nacional -inaplicable en la provincia, no se
les puede otorgar ultraactividad abarcando situaciones para las cuales no fueron
previstos.".
"Es que la Provincia tiene un sistema propio de regulación procesal
de las cuestiones contempladas en la ley 24.390. Ese sistema es el que emerge
del art. 437 del Código de Procedimiento Penal y de los arts. 437 bis,
ter y quater, incorporado por la ley 11.624, con más el instituto de
la excarcelación (ley 10.484 y sus modificatorias) y disposiciones afines.
Claramente, los destinatarios de este régimen son distintos a los sujetos
comprendidos en la ley nacional, no constituyendo `los casos comprendidos en
esta ley'.".
"Si bien el art. 9 de la ley 24.390 establece que la misma es reglamentaria
del art. 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto
de San José de Costa Rica), esa reglamentación podrá operar
-como toda cuestión procesal en el ámbito nacional. Porque lo
cierto es que en la provincia el legislador también ha reglamen¬tado
aquella garantía incluída en el Pacto, y lo ha hecho a través
de las disposiciones indicadas precedentemente.".
"Una interpretación diferente conduciría a tener que aceptar
que el legislador nacional puede producir la derogación lisa y llana
de la normativa procesal provin¬cial. Adviértase, por ejemplo, que
de aplicarse displiscen¬temente los arts. 7 y 8 de la ley 24.390, quedaría
aniquilado el texto del art. 437 del Código de Procedimiento Penal, conforme
al cual no se computará el tiempo que insuma la tramitación de
recursos extraordinarios.".
"Queda en claro la inescindible vinculación de los arts. 7 y 8 de
la ley 24.390 con los textos anteriores de la misma ley y la imposibilidad de
tomarlos en forma autónoma y desprendida de los primeros. Sin embargo,
la mecá¬nica aplicación de dichas normas en el ámbito
provincial, aún a los condenados con sentencia firme, determina otra
grave incongruencia. Según la ley, no ha de computarse el tiempo que
insuman las articulaciones manifiestamente dilatorias de la defensa, para la
cual hay preponderante inter¬vención del Ministerio Público.
Ahora bien, si se admite el nuevo cómputo de la pena sosteniendo que
ha mediado modificación del art. 24 del Código Penal, y aplicando
la ley más benigna (arts. 2 y 3 C.P.), se arriba a un resultado en el
que esas demoras o dilaciones no son siquiera contempladas, y en donde la intervención
del Fiscal previa a la liberación que emerge de los arts. 3 y 4 de la
ley 24.390, resulta absolutamente soslayada. De allí que corresponda
reclamar coherencia en la interpretación. O se aplica la ley en integridad,
-situación imposible porque los aspectos procesales no rigen en la Provincia,
la que posee su específica regulación en la materia, o se acepta
el criterio de inaplicabilidad en bloque de la ley.".
Y agregué, finalmente, que "...como consecuencia de la verdadera
división del texto de la ley...aplicándose automáticamente
los arts. 7 y 8 aún a los condenados se sigue un manifiesto desborde:
como quiera que esas normas remiten indiscutiblemente a los arts. 1 a 6, al
no aprehender las cosas en conjunto la Cámara está creando un
nuevo texto legal, autoatribuyéndose la calidad de legislador, La in¬fracción
constitucional es más que obvia (arts. 75 de la Constitución Nacional,
103 de la Provincial).".
En consecuencia de las consideraciones expuestas, propicio que V.E. haga lugar
al recurso deducido por el Sr. Fiscal de Cámaras y revoque la resolución
impugnada (conf. art. 365, C.P.P.).
Así lo dictamino.
La Plata, 16 de julio de 1996 - Eduardo Néstor de Lazzari.
A C U E R D O
En la ciudad de La Plata, a veintiséis de agosto de mil novecientos noventa
y siete, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el
Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación:
doctores Ghione, San Martín, Laborde, Hitters, Pisano, se reúnen
los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario
para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 60.137, "Barrionuevo,
Carlos Dante y otro. Robo calificado, privación ilegal de la libertad
calificada, violación, lesiones".
A N T E C E D E N T E S
La Sala I de la Excma. Cámara de Apelación en lo Criminal y Correccional
del Departamento Judicial de San Isidro resolvió hacer lugar al recurso
de revisión inter¬puesto por el condenado Carlos Dante Barrionuevo,
realizando un nuevo cómputo de pena ajustado a las pautas de la ley 24.390.
El señor Fiscal de Cámaras interpuso recurso ex¬traordinario
de inaplicabilidad de ley.
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos
y hallándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte
decidió plantear y votar la siguiente
C U E S T I O N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto
por el señor Fiscal de Cámaras?
V O T A C I O N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Ghione dijo:
No coincido con el dictamen del señor Procurador General pues considero
que el recurso no debe prosperar.
1. El recurrente, en rigor, no enjuicia la decisión de la Excma. Cámara
de no aplicar en el caso los arts. 1º a 6º de la ley 24.390 (no formula
al respecto agravio alguno ni intenta evidenciar el perjuicio concreto que ello
pudo haber causado a su representación).
Sus planteos se encaminan, en cambio, a cuestionar la constitucionalidad de
la norma y su aplicabilidad en sede provincial. Afirma que los arts. 7º
y 8º de la ley funcionarían sujetos a las excepciones que contemplan
los arts. 1º a 6º, cuyos preceptos no podrían operar en esta
jurisdicción.
De modo que, según el recurrente, si se aplicaran, como en autos, sólo
los arts. 7º y 8º, resultarían violentados el principio de
igualdad y la garantía de defensa en juicio. Y si se actuara íntegramente
la norma, ello afectaría las potestades provinciales resultantes de los
arts. 5, 122 y 126 de la Constitución nacional.
Concluye entonces que el referido texto legal no rige en la Provincia de Buenos
Aires pues sólo tendría operatividad en la Capital Federal y Territorios
Nacionales.
No le asiste razón.
Como el propio recurrente lo reconoce, el Con¬greso nacional, en uso de
las atribuciones conferidas por el art. 75 inc. 12 de la Constitución,
ha modificado el art. 24 del Código Penal, cuya aplicabilidad en todo
el territorio de la Nación Argentina resulta así incuestionable
(art. 1º, C.P.).
Por lo demás, tal como lo ha resuelto esta Corte (P. 59.457, "Sueldo,...",
sentencia del 5 de setiembre de 1995, "D.J.J.B.A.", tº 149, pág.
223), la circunstancia de haber reglado la ley 24.390 cuestiones propias del
sistema procesal (la privación de libertad y la excarcelación
durante el proceso) y también, conjuntamente, del régimen penal
(art. 24 del Código Penal) no debe obstar la distinción entre
ambas naturalezas jurídicas.
No se hubieran originado ciertas dificultades in¬terpretativas si el sistema
de los arts. 7º y 8º de dicha ley no incluyera la metodología
de remitir, con fines cuan¬titativos, al art. 1º (y, obviamente, a
los siguientes que le son accesorios) sino que directamente hubiese incluido
en el mismo art. 7º la mención de los dos, tres o tres años
y seis meses a que se refiere como posibles puntos de par¬tida para la aplicación
-de derecho penal de tales arts. 7º y 8º. Ello no implicó haber
legislado con carácter general sobre prisión preventiva y excarcelación
sino solamente haber recogido, a los efectos del art. 24 del Código Penal,
referencias temporales de normas procesales nacionales.
Tal remisión, en materia penal, a instituciones procesales -así:
a la duración de la prisión preventiva en sus efectos sobre la
pena es tan legítima como la referen¬cia a "la prisión
preventiva" con que se inicia el art. 24 del Código Penal y a los
aspectos cuantitativos y cualitativos de la prisión preventiva que también
ocasionan dis¬tintos efectos, en dicho art. 24, según las condenas
fueren a reclusión o a prisión (como ahora el mencionado art.
24 prevé distintos efectos sobre las penas según fuere la duración
de la prisión preventiva).
Nada de lo expuesto implica, por cierto, entender que los citados arts. 7º
y 8º de la ley 24.390 sean convenientes desde el punto de vista político
penal, tema éste ajeno al presente recurso.
2. Afirma también el señor Fiscal de Cámaras la inconstitucionalidad
de la ley 24.390 en cuanto sustituye la exclusiva potestad judicial para la
apreciación de la razonabilidad del tiempo de detención en relación
a las circunstancias del caso por una determinación legislativa que las
excluye expresamente, incurriendo así en un indebido ejercicio de funciones
judiciales por el legislador.
Pero mediante la presente modificación del art. 24 del Código
Penal la ley determina los efectos que cada lapso de prisión preventiva
produce sobre la pena.
En ello no se advierte la asunción de funciones judiciales.
3. También denuncia el señor Fiscal de Cámaras la errónea
aplicación del art. 2 del Código Penal.
Sostiene que los arts. 7º y 8º de la ley 24.390 no resultan aplicables
"a situaciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada" y que
"el art. 2 del C.P. (...) excluye expresamente esa posibilidad...".
Tampoco en esto le asiste razón. La modificación del art. 24 del
Código Penal tiene efectos más benignos respecto de la duración
de la pena que en el caso concreto debe sufrir el condenado, y ello basta para
aplicarlo retroactivamente en los términos del segundo párrafo
del precitado art. 2 del Código Penal.
El art. 3 del mismo texto legal que el recurrente invoca para apuntalar su tesis
no guarda relación con su agravio, pues no tiene el contenido que le
asigna. Es más: establece expresamente la solución contraria a
la que sostiene el señor Fiscal de Cámaras.
En cuanto a la supuesta atribución de carácter procesal a la norma
(que derivaría de la cita doctrinaria que efectúa), me remito
a lo expresado en el apartado 1.
El hipotético "carácter futurista" que el recurrente
atribuye a la ley 24.390 resulta incapaz de desplazar, por sí, la aplicación
del art. 2 del Código Penal. Por lo demás, sin perjuicio de ello,
dicho carácter no puede derivarse del empleo en tiempo futuro de los
verbos poder y computar, que se refieren el uno a la duración de la prisión
preventiva y el otro a la situación posterior al ven¬cimiento de
aquel plazo legal.
Voto por la negativa.
Los señores jueces doctores San Martín, Laborde, Hitters y Pisano,
por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Ghione, votaron también
por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
S E N T E N C I A
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Procurador
General, se resuelve rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de
ley interpuesto por el señor Fiscal de Cámaras.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
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