Tribunal: Corte Sup.
Fecha: 05/10/2004
Partes: C., E. F. v. Estado Nacional
FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD - Pensiones militares - Beneficiarios - Conviviente
- Prueba - Valoración
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DICTAMEN DEL PROCURADOR FISCAL.- Considerando: I. Surge de las actuaciones,
por un lado, que la titular del Juzgado n. 9 en lo Contencioso Administrativo
Federal rechazó la demanda interpuesta por la titular de autos -que,
invocando su carácter de conviviente en aparente matrimonio con un militar
fallecido, pretendía obtener la declaración de nulidad de la resolución
administrativa que le denegó su derecho a compartir la pensión
con la esposa del causante-. Por el otro, que la interesada apeló la
sentencia en cuanto la jueza no consideró probada la alegada convivencia.
Los integrantes de la sala 4ª de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Contencioso Administrativo Federal, a cuyo conocimiento llegaron las actuaciones,
resolvieron, por mayoría, rechazar sus agravios y, por ende, confirmaron
la sentencia apelada. Para resolverlo así señalaron que aquélla
no había probado acabadamente los extremos exigidos por la ley para tener
por acreditada la convivencia en aparente matrimonio.
Contra lo así resuelto interpuso la interesada -mediante apoderado- recurso
extraordinario a fs. 351/354, el que, previo traslado de ley, le fue denegado
a fs. 385, circunstancia que motivó la presente queja.
II. En ella el recurrente sostiene -en síntesis- que el actuar del sentenciador
es pasible de ser tachado de arbitrario, en tanto la solución a la que
arribó es fruto de una irrazonable valoración de las piezas documentales
agregadas; y en cuanto omitió ponderar prueba testimonial cuyo examen
resultaba conducente para una acabada solución de la causa, circunstancias
éstas por las que, a su juicio, el fallo debe descalificarse como acto
jurisdiccional.
III. Cabe, en principio, y en pos de dilucidar si resulta cierto lo alegado
por el recurrente, recordar que para el sentenciador -repito- el contenido de
las pruebas agregadas a la causa no permitía tener por acreditado que
la interesada haya convivido públicamente en aparente matrimonio con
el causante durante los dos años anteriores a su fallecimiento.
Advierto, examinando tales documentos, que resulta cuando menos dudoso que de
dichas constancias pueda extraerse una afirmación tan categórica
como la sustentada por el juzgador, ya que si dicho examen no lo hubiera realizado
con un criterio estricto y riguroso previsto para otras situaciones, sino con
la extrema cautela que la jurisprudencia del tribunal le impone, otra hubiese
sido la solución que debió otorgar al caso (ver Fallos 291:245
Ver Texto ; 292:367 Ver Texto ; entre muchos otros).
IV. En efecto, de la sentencia apelada surge que para los jueces el hecho de
que la interesada asistiera al causante durante el período en que fue
atendido de la enfermedad que le causó la muerte sólo conformó,
en definitiva, una actitud caritativa que pudo ser adoptada, y aun en forma
más conveniente, por un tercero, cuando, por el contrario, a la luz del
principio jurisprudencial recordado, y en el contexto que conforma el resto
de las probanzas, era más lógico inferir que asumir tal obligación
fue consecuencia necesaria de su prolongada convivencia con el paciente, que,
como es obvio, implicó un lazo afectivo de mayor entidad del que puede
resultar de una unión casual.
V. No dejo de advertir que los jueces fundamentaron también su posición
en el hecho de que en autos no existían elementos probatorios válidos
que permitieran tener por acreditado que el causante morara en el domicilio
en el que, según la interesada, transcurrió la convivencia en
aparente matrimonio.
Estimo que tal postura merece similar reproche. Ello es así, en cuanto
-como lo señala la recurrente- sólo pudo ser fruto de haber omitido
valorar las declaraciones de quienes fueron testigos de tal convivencia -sus
vecinos, algunos de los cuales, vale señalarlo, declaran que duró
varias décadas (ver fs. 202/202 vta.)- y de las que surge claramente
que ella transcurrió -con sus dichas y vicisitudes- en forma similar
a la de cualquier matrimonio. Además, si algunas dudas pudieron surgir
de ciertas afirmaciones del acusante, quedan disipadas -como lo señala
la jueza que votó en minoría- por su condición de militar,
que lo llevó a ocultar su particular situación familiar, dadas
las pautas sociales vigentes en ese momento.
Las consideraciones expuestas demuestran claramente, aun cuando es facultad
privativa de los jueces valorar los documentos probatorios y, por ende, desechar
las que consideren irrelevantes, que en el caso exorbitaron tal prerrogativa,
circunstancia que se muestra en colisión con lo prescripto por el art.
386 Ver Texto CPCCN., defecto que, en este tipo de contiendas, por sí
solo, conlleva la descalificación del decisorio.
A lo dicho cabe agregar que tampoco examinó el sentenciador, o lo hizo
someramente, los demás documentos que aportara la interesada, y cuyo
estudio debió encarar indefectiblemente, pues tal actuar le venía
impuesto por el decreto 166/1989 Ver Texto , y a raíz de lo cual desechó
como apta para probar la convivencia alegada la circunstancia de que fue a ella
a quien las autoridades de la mutual a la que pertenecía el causante
le entregara una placa para ser colocada en su bóveda, y lo hizo de una
forma no lógica, pues de sus afirmaciones sólo cabe inferir que
tal reconocimiento debió ser otorgado en un acto público en el
que, además, debió ponerse de relieve la relación del homenajeado
con quien lo recibía.
Dado que, como quedó claro, la interesada vio frustrada su posibilidad
de acceder a un derecho de raigambre constitucional por un decisorio que carece
-como dije- del fundamento exigible a esta clase de actos, opino que corresponde
hacer lugar a la queja y declarar procedente el recurso extraordinario intentado
y dejar sin efecto la sentencia apelada para que, por quien corresponda, se
dicte una nueva en la que se contemplen las circunstancias señaladas.-
Felipe D. Obarrio.
Buenos Aires, octubre 5 de 2004.- Considerando: Que los agravios del apelante
han sido objeto de adecuado tratamiento en el dictamen del procurador fiscal,
a cuyos fundamentos corresponde remitirse en razón de brevedad.
Por ello, con el alcance indicado, se declara formalmente admisible el recurso
extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada. Con costas (art. 68
Ver Texto CPCCN. [1]). Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que,
por medio de quien corresponda, proceda a dictar un nuevo fallo con arreglo
a lo expresado. Agréguese la queja al principal. Notifíquese y
devuélvase.- Augusto C. Belluscio.- Carlos S. Fayt.- Antonio Boggiano.-
Juan C. Maqueda.- Eugenio R. Zaffaroni. En disidencia: Enrique S. Petracchi.-
Elena I. Highton de Nolasco.
DISIDENCIA DE LOS DRES. PETRACCHI Y HIGHTON DE NOLASCO.- Considerando: Que el
recurso extraordinario cuya denegación motiva la presente queja es inadmisible
(art. 280 Ver Texto CPCCN.).
Por ello, y habiendo dictaminado el procurador fiscal, se desestima la presentación
directa. Notifíquese y archívese, previa devolución de
los autos principales.-
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