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Fallos Clásicos |
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TRIBUNAL: Corte Suprema de Justicia de la Nación (CS)
FECHA: 1970/07/08
PARTES: Cavic c. Maurín y Cía., S. R. L., Juan
Opinión del Procurador General de la Nación. Pienso
que es procedente el recurso extraordinario cuya denegatoria a fs. 159 del principal
motiva esta presentación directa, pese a haber sido interpuesto contra
sentencia dictada en juicio de apremio.
Ello así, toda vez que lo que se cuestiona no es sólo la legitimidad
del crédito cuyo cobro persigue por esa vía sumaria la Corporación
Agroeconómica, Vitícola, Industrial y Comercial (Cavic) instituida
por ley 3091 de la provincia de San Juan, sino también la validez del
procedimiento y las facultades y atribuciones conferidas a la nombrada entidad
para emitir títulos de apremio, todo ello bajo la pretensión de
hallarse en colisión con la Constitución Nacional.
En estas condiciones, opino que corresponde hacer lugar a la queja.
Agosto 29 de 1967. Eduardo H. Marquardt.
Buenos Aires, setiembre 8 de 1967. Considerando: Que existe en autos
cuestión federal bastante para ser examinada en la instancia extraordinaria
por lo que el recurso debió concederse.
Por ello, y lo dictaminado por el procurador general, se declara procedente
el recurso extraordinario deducido a fs. 122. En consecuencia, autos y a la
oficina a los efectos del art. 3° de la ley 17.116. Ofíciese a fin
de que se notifique esta resolución al apoderado de la parte actora,
doctor Roberto Juan Pages, en el domicilio constituido de la calle General Acha
145, Norte, San Juan y lo emplace a estar a derecho ante esta Corte dentro de
los 20 días de su notificación. Oportunamente, dése nueva
vista al procurador general. Eduardo A. Ortiz Basualdo.
Roberto E. Chute. Marco A. Risolía. Luis C. Cabral.
José F. Bidau.
Opinión del Procurador General de la Nación. Abierta
por V. E. la instancia extraordinaria, debo ahora expedirme sobre la materia
debatida en autos.
El demandado en estas actuaciones se agravia, en primer lugar, en su calidad
de productor vitivinícola, de que la ley 3019 de la provincia de San
Juan haya conferido a la Corporación Agroeconómica, Vitícola,
Industrial y Comercial (Cavic) la facultad de emitir certificados con habilidad
de título para demandar, por vía de apremio, el cobro de las contribuciones
impagas que deben satisfacer a la actora las personas comprendidas en dicha
ley.
No encuentro que el procedimiento prescripto por los arts. 55 y 56 del ordenamiento
legal de referencia resulte lesivo de las garantías constitucionales
de la igualdad y de la defensa en juicio cuya violación se alega.
Sostiene el recurrente que la atribución conferida a la ejecutante quiebra
la igualdad de las partes en el proceso al colocar a una persona jurídica
privada, como es Cavic, en posición privilegiada respecto de otra persona
privada contra la cual acciona por una vía que restringe el derecho de
defensa de la segunda.
Ahora bien: si se tiene en cuenta la notoria importancia que revisten para la
economía de la provincia de San Juan la industria y el comercio vitivinícolas,
no resulta aventurado afirmar que la ley 3019 responde a motivaciones de interés
general.
Tal es, con toda verosimilitud, el presupuesto de la declaración contenida
en el párr. 1° del art. 4° de la ley, que reza textualmente:
"El objeto fundamental de la Corporación AgroeconómicaVitícolaIndustrial
y Comercial lo constituirá la industrialización y comercialización
en todas y cualquiera de sus etapas de los productos y subproductos de la uva
con destino tanto al consumo interno como a la exportación, propendiendo
a la mejor regulación. del comercio de uvas y vinos para asegurar razonables
beneficios para los productores e industriales".
El mismo artículo enuncia a continuación los actos y operaciones
que podrá llevar a cabo la corporación para el cumplimiento de
aquellos fines.
El art. 5° declara accionistas a todas las personas de existencia visible
o jurídica que sean titulares de una explotación vitícola;
el art. 7° fija el monto del capital social y el 8°, a su vez, determina
que el aporte de ese capital "se materializará con la contribución
que todos los productores y cada uno de ellos efectuará con un porcentaje
de hasta el 5 % del importe de la venta de su producción anual, cualquiera
sea el destino o el comprador del producto".
El aludido porcentaje se determinará, conforme con lo prescripto por
el mismo artículo, sobre el precio que Cavic establezca para las operaciones
de compra o el obtenido en la comercialización de su producción
si éste es mayor. El alcance de dicha norma queda aclarado por el art.
51 al disponer que los adquirentes de uva deberán oficiar de agentes
de retención de hasta el 5 % del precio convenido en concepto de aporte
a la corporación, agregando que aquellos agentes y los productores que
elaboren, industrialicen y/o exporten sus productos estarán obligados
a ingresar las sumas que hayan retenido o deban aportar, conforme el art. 8°,
en la fecha que determine el directorio en la sede de la corporación
o mediante depósito en el banco provincial.
Finalmente, los arts. 55 y 56 prescriben la ejecución por vía
de apremio del importe de las multas y aportes no ingresados, previa notificación
administrativa al deudor.
El temperamento adoptado por la ley para el mencionado objeto no me parece,
en cuanto tal, destituido de razonabilidad.
Resultaría difícil, en efecto, demostrar que carece de fundamento
haber otorgado a la citada corporación una vía procesal sumaria
para perseguir el ingreso de las contribuciones que permitan su desenvolvimiento
y, por tanto, el logro de los fines de interés general determinantes
de su creación.
Puede decirse, en general, que cuando una entidad o un organismo necesita, en
razón de las modalidades de la actividad que desarrolla o del objeto
de esa actividad, tener asegurada la regular y pronta percepción de los
recursos que le están asignados para el cumplimiento de fines públicos
o de interés general, no se considera objetable que el legislador le
acuerde una vía expedita para compeler judicialmente a los deudores morosos
sin las dilaciones propias del juicio ordinario.
Fuera del caso de los créditos fiscales, ejemplo típico de lo
que dejo dicho, se beneficia con el procedimiento sumario el cobro judicial
de créditos por incumplimiento de obligaciones previsionales (ley 14.236,
art. 15), como asimismo los originados en la ejecución de determinadas
obras públicas, aunque sean realizadas por concesionarios (pavimentos,
cercas y aceras). Igual régimen suele aplicarse en materia de servicios
públicos (v. gr. Obras Sanitarias de la Nación, ley 13.577, art.
38), a menos que quien lo preste concesionario u organismo estatal
disponga de otros medios coactivos, como por ejemplo la suspensión del
servicio, para forzar al cumplimiento de sus obligaciones a los usuarios remisos.
El procurador general y los doctores Bidau y Chute sitúan el caso dentro
de la doctrina de las facultades o funciones concurrentes, explicitada por la
Corte en Fallos, t. 239, p. 343, donde se decidió la validez del régimen
legal de Mendoza sobre la comercialización interna del vino. Se trataba,
como en Cavic de una ley de defensa de la industria vitivinícola (10).
(10) Citan también los fallos de t. 200, p. 450 (Rev. La Ley, t. 37,
p. 561, fallo 18.533, "Vicente Martini e Hijos" (validez de una multa
por infracción a la ley 12.591 de precios máximos) (Adla, 19201940,
841) y t. 217, p. 468. Se trataba, en el primer caso, de una ley nacional, por
lo que entiendo que debe tratarse de un error de transcripción. En el
segundo caso se declaró constitucional una ley de la provincia de Santa
Fe que declaraba incompatible el ejercicio de las profesiones de abogado y contador
en la Provincia. La cita tiene poca relación con la cuestión.
La minoría entiende que la regulación local viola el régimen
de libre contratación que establece el Código Civil y, por ende,
invade una materia de legislación común cuya regulación
es privativa del Congreso conforme al inc. 11 del art. 67 de la Constitución
Nacional.
El fallo que cita la mayoría es el más completo dictado por el
tribunal en esta controvertida materia. Es interesante recordar, sin embargo,
que existe un precedente del tribunal en su actual composición, que se
refiere específicamente a la legislación provincial de emergencia
y que no es citado en ninguno de los votos de "Cavic". Se trata del
caso "Bosch Juan s/apel. multa".
Al declarar inconstitucional una ley provincial que establecía precios
máximos (ley 5860 de la provincia de Buenos Aires [Adla, XVIIIB,
1377]) sin ninguna ley nacional que lo autorizara, dijo la Corte que aquella
afectaba "sustancialmente el contrato de compraventa... legislado en el
Código Civil y en el Código de Comercio porque interfiere en la
libre expresión de la voluntad de los contratantes y sobre todo en la
fijación del precio que es uno de sus elementos esenciales", privándole
de vigencia local a la ley común. El principio general fijado en esa
oportunidad, fue que para resolver sobre la facultad provincial de dictar una
ley de emergencia económica, debe atenderse a la materia regulada.
En disidencia votó el doctor Chute. En armonía con su criterio
expuesto en varios votos favorable a una interpretación
menos estrecha de las facultades locales, señaló que el poder
de policía económica de emergencia es concurrente. Si la Nación
deja de ejercitarlo, pueden hacerlo las provincias, ya que el estado de emergencia
puede tener carácter local. A ello no obsta el art. 67, inc. 11 de la
Constitución Nacional puesto que esas leyes tanto nacionales
como provinciales no están destinadas a alterar el ámbito
de las relaciones privadas sino a establecer razonables limitaciones de los
derechos individuales en beneficio e interés de la comunidad (11).
(11) Setiembre 1° de 1967, "Bosch, José s/apel. multa".
V. por el autor de este artículo: "Doctrina constitucional de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación" (período 1° de
julio de 1967 al 30 de junio de 1968)" en Rev. La Ley, t. 131, p. 1404,
parág. 199.
La doctrina de la minoría en Cavic se acerca más a la del fallo
citado precedentemente, que la de la mayoría. Esta parece haber aceptado
los principios generales expuestos por el doctor Chute en su disidencia en el
caso "Bosch".
En esos supuestos, la vía sumaria se habilita con las constancias de
deudas emanadas del acreedor con arreglo a lo que disponga la ley.
Ahora bien, aunque se admita, sin perjuicio de las motivaciones de interés
general que inspiraron su creación, que Cavic, como asevera el recurrente,
no es más que una entidad privada, tal circunstancia no basta, a mi juicio,
para invalidar con base constitucional el otorgamiento de fuerza ejecutiva a
los certificados de deuda que ella expida.
Cabe estimarlo así si se piensa que no falta el caso de entes o agrupaciones
de personas a los que, aunque sólo representen intereses privados, la
ley les acuerda el derecho de utilizar procedimientos sumarios cuando se trata
de garantizarles la rápida percepción de sus recursos. Tal lo
que acontece por ejemplo, con los consorcios de propietarios regidos por la
ley 13.512. En relación con ellos, el nuevo Código Procesal Civil
y Comercial de la Nación incluye, entre los títulos que traen
aparejada ejecución, las constancias de deudas por expensas comunes,
expedidas por la administración del consorcio (ley 17.454, art. 524).
En estas condiciones, juzgo que no cabe reputar como una anomalía jurídica
violatoria de la garantía constitucional de la igualdad la atribución
conferida a Cavic por los arts. 55 y 56 de la ley 3019.
Tampoco resulta atendible, a mi criterio, el agravio fundado en la pretendida
violación del derecho de defensa. El procedimiento del apremio, en cuanto
tal, no es contrario a esa garantía constitucional cuando queda abierta
la posibilidad de intentar un ulterior juicio ordinario en el que puedan debatirse
con amplitud todas las cuestiones que hacen al fondo de la controversia. Con
ese recaudo, cabe afirmar que la vía de apremio restringe los medios
de defensa, esa restricción no resulta indebida, ya que responde a motivaciones
de celeridad procesal cuya conveniencia toca apreciar al legislador.
Por lo demás, el procedimiento legislado por el Código provincial
de la materia (arts. 829 a 842), y al cual debe de entenderse que se remite
la ley 3019 en las disposiciones cuestionadas, no ha sido impugnado en su validez
constitucional por el recurrente.
Los restantes agravios articulados con base constitucional pueden sintetizarse
en la afirmación de que la provincia de San Juan no ha podido crear válidamente
una corporación del tipo de la instituida por la ley 3019.
Ello es así, según lo pretende el recurrente, por las razones
que en resumen enuncio más abajo y que son las que estimo pertinente
tomar en cuenta, entre las muy numerosas que aquél consigna en sus escritos.
Tales razones son las siguientes:
1) El carácter obligatorio impreso a la participación de los productores
en la entidad de referencia pugna con la libertad de asociación e incide
indebidamente sobre el régimen jurídico de las sociedades, que
es materia delegada al Congreso Nacional.
2) La facultad de imponer y recaudar contribuciones viola la garantía
de la propiedad.
3) Las actividades que se quiso proteger con la sanción de la ley 3019
revisten interés nacional y escapan, en consecuencia, a la regulación
jurídica local.
Examinaré las objeciones enunciadas y adelanto, en ese sentido, mi opinión
adversa al respecto.
Acerca de los agravios fundados en que la asociación obligatoria de los
productores vitivinícolas se opone a la libertad de trabajo y de asociación
y en que la contribución que se pretende cobrar en este juicio atenta
contra la garantía del art. 17 de la Constitución, juzgo oportuno
reseñar la doctrina desarrollada en Fallos, t. 199, p. 483, donde se
debatió la constitucionalidad de la contribución exigida a los
ganaderos en virtud de la ley 11.747, lo que dio ocasión a V. E. para
abordar, además de esa cuestión, otras de indudable interés
para la que aquí se trata, como son las relativas a los poderes de la
policía económica y la validez de la agremiación de los
ganaderos impuesta por dicha ley.
Recordó en esa oportunidad el tribunal, con citas de su propia jurisprudencia,
haber admitido de antiguo la facultad del Estado para intervenir por vía
de reglamentación en el ejercicio de ciertas industrias y actividades
a efecto de restringirlo o encauzarlo en la medida que lo exijan la defensa
y el afianzamiento de la salud, la moral, el orden público y aún
los intereses económicos de la colectividad (ps. 523, 524).
Tuvo presente también la Corte haber dicho que una industria puede surgir
como simplemente privada y transformarse en el curso de su evolución
en industria que afecta intereses públicos, dignos de regulación
previsoria, siendo ajeno al cometido de los tribunales de justicia revisar esa
apreciación (ps. 527, 528) o analizar la eficacia de los medios arbitrados
para alcanzar los fines propuestos, pues sólo cabe pronunciarse sobre
su razonabilidad (ps. 530).
Con particular referencia a la libertad de trabajar, de ejercer una industria
y de asociarse que se pretendían desconocidas por la ley 11.747, fallo
en cuestión negó que así fuera. Respecto de la libertad
de asociación afirmó especialmente que no tiene características
particulares que la pongan a cubierto de las reglamentaciones, restricciones
y cargas que puedan imponerse a las demás que la Constitución
reconoce para asegurar el bienestar, salud y prosperidad del Estado.
En lo que hace a la contribución exigida a los productores, expresó
V. E. que si el Congreso tiene la facultad de imponer, en determinadas condiciones,
la agremiación de todos los ganaderos, tiene también la de proveer
los medios razonables necesarios para que ella pueda hacerse efectiva, y que
esa contribución, que no es un impuesto sino aporte, es un medio razonable
para el fin de orden común perseguido por la ley (p. 538).
Estimo, como dije antes, que esa doctrina proporciona criterios de pertinente
aplicación al sub iudice en la medida que lo permite la analogía
de situaciones.
Pienso, en efecto, en cuanto al carácter y naturaleza que la ley 3019
confirió a Cavic, que la provincia de San Juan pudo crear válidamente
esa corporación como instrumento de gobierno para resolver, o intentar
resolver al menos, los graves problemas que afectaban el normal desenvolvimiento
de la industria vitivinícola local. No cabe someter al juicio de los
tribunales la oportunidad y conveniencia de la medida tomada o el acierto en
la elección del medio empleado, y menos aún enjuiciar la constitucionalidad
de los poderes puestos en ejercicio, por los efectos que se hayan alcanzado
o dejado de alcanzar.
Desde tal punto de vista ha de reconocerse especialmente, a mi juicio, que según
resulta del articulado de la ley, si bien ésta regula la producción,
industrialización y comercialización de la uva, no lo hace en
grado tal que aparezcan aniquiladas las libertades correspondientes, puesto
que los productores no están obligados a comerciar exclusivamente con
la corporación, pudiendo hacerlo con otros adquirentes dentro y fuera
de la Provincia, sin que en este último supuesto aparezcan agravadas
sus obligaciones.
Considero que a lo dicho no obstan las conclusiones a que llegó V. E.
en la causa 0.57, L.XV ("Outon, Carlos José y otros s/amparo"),
conforme con la sentencia dictada el 29 de marzo de 1967 (Rev. LA LEY, t. 126,
p. 293, fallo 57.791). En efecto, se trataba allí de una situación
planteada en el terreno de las relaciones laborales, la que daba por resultado
que ciertos trabajadores, a menos de inscribirse en un sindicato determinado,
se encontrasen privados de la posibilidad de obtener empleo. Fue esa circunstancia
la que V. E. juzgó repugnante a la libertad de trabajar y a los principios
de la sindicación libre y democrática que la Constitución
garantiza.
Entiendo que este caso es diferente. Los productores vitivinícolas deben
inscribirse en la corporación. Adquieren así la calidad de socios
y accionistas y se hallan obligados al pago de una contribución que ingresa
a la entidad. Pero no surge del texto legal que el incumplimiento de esa obligación
o de otras que les impone la ley, como la de suministrar anualmente información
sobre cantidad y destino del producto cosechado (art. 50 de la ley), les impida
ejercer su actividad. Los hace, sí, pasibles de que se promuevan contra
ellos juicios como el presente por cobro de aportes no ingresados o de multas,
mas esta consecuencia no puede equipararse, sin duda, a la privación
del derecho que resultaba del incumplimiento de la obligación de afiliarse
en el caso a que antes hice referencia.
Otra circunstancia que merece señalarse es que los productores no se
desprenden definitivamente de las sumas que deben aportar a la entidad. Esto
es así ya que, por lo menos eventualmente, si la corporación es
bien administrada y produce beneficios, existe la posibilidad de recuperar lo
ingresado, siquiera parcialmente, por vía de retorno, bajo la forma de
distribución de utilidades como está previsto en la ley (art.
44).
Entiendo asimismo que la ley debatida en autos no invade la esfera del Congreso
Nacional en materia de legislación común (art. 67, inc. 11, Constitución
Nacional), ya que al dictarla la Provincia en uso de sus poderes de policía
económica ha instituido un organismo que, como expresé, juega
el papel de instrumento de gobierno, resultando obvio, por lo demás,
que los actos civiles o comerciales que la entidad realice quedan sujetos a
las disposiciones de la ley común nacional.
Está suficientemente claro igualmente, en mi opinión, que las
facultades conferidas a la corporación en punto al cálculo del
precio de venta de la uva lo son al solo efecto de establecer un valor indicativo
para la liquidación de las contribuciones (ver arts. 5°, 8°,
51 y sigts., ley 3019). No es del caso, por tanto, aducir que ejercita indebidas
atribuciones en materia de régimen de precios o que detenta el monopolio
para la compra del producto.
Por último es de observar que, contrariamente a lo aseverado por el recurrente,
la facultad de determinar la medida de las contribuciones puesta a cargo de
los productores y el poder de percibirlas que la corporación posee se
encuentra fundada en ley, por lo que, en tanto no se declare su invalidez, no
aparecerá desconocida la garantía del art. 17 de la Constitución.
Queda ahora por considerar si los poderes que la Provincia estimó del
caso poner en ejercicio para conjurar la crisis que aquejaba a su industria
vitivinícola son compatibles con poderes análogos delegados al
gobierno nacional.
En este orden de ideas, es oportuno y conveniente traer a colación principios
enunciados en Fallos, t. 239, p. 343 ante un caso que presenta puntos de contacto
con la situación debatida en estos autos, pues se trataba también
allí de las facultades provinciales en relación con la industria
del vino.
Tras señalar los alcances del art. 31 de la Constitución y recordar
pautas básicas en materia de reparto de poderes entre el gobierno federal
y los gobiernos locales, expresó en esa oportunidad V. E. "que el
poder de policía dejando a salvo el ámbito de la legislación
común (art. 67, inc. 11, Constitución Nacional) y el debido respeto
a las garantías constitucionales corresponde a las provincias
(Fallos, t. 7, p. 150; t. 101, p. 126; t. 154, p. 5 y otros) y esta Corte, en
una sentencia que suscribe Gorostiaga, ha establecido que en virtud de los arts.
33 y 104 de la Constitución, los actos de las legislaturas provinciales
"no pueden ser invalidados, sino en aquellos casos en que la Constitución
concede al Congreso Nacional en términos expresos un exclusivo poder,
o en los que el ejercicio de idénticos poderes ha sido expresamente prohibido
a las provincias, o cuando hay una directa y absoluta incompatibilidad en el
ejercicio de ellos por estas últimas, fuera de cuyos casos, es incuestionable
que las provincias retienen una autoridad concurrente con el Congreso"
(Fallos, t. 3, p. 131, considerando 2°).
Continuaba el tribunal expresando que un ejemplo de funciones concurrentes es
el poder de promover la industria que tienen tanto el Congreso como las provincias
(arts. 67, inc. 16 y 107, Constitución), y luego de preguntarse por el
criterio para deslindar el ejercicio de tales poderes y sobre los casos de incompatibilidad
entre ellos, respondía que para que ocurra esto último es menester
que haya repugnancia efectiva entre esas facultades, en cuyo caso y siempre
que la atribución se haya ejercido por la autoridad nacional dentro de
la Constitución, prevalecerá el precepto federal por su carácter
de ley suprema.
Desde ese punto de vista entendió V. E. que no se advertía una
repugnancia efectiva entre la ley nacional 12.372 que tuvo por finalidad proveer
lo conducente a la prosperidad del país y la ley 47 de la provincia de
Mendoza, allí cuestionada, de exclusivo imperio dentro de su territorio.
En cuanto a la policía del comercio vitivinícola que la ley 12.372
ha disciplinado en todo el territorio de la Nación, agregaba el pronunciamiento
comentado que dicho comercio se refiere, con arreglo al art. 67, inc. 12 de
la Ley Fundamental, al interprovincial o internacional, no al comercio interno
de las provincias cuya policía no ha sido delegada al gobierno nacional.
A este propósito recordaba la doctrina sentada en reiteradas decisiones
de que corresponde a las provincias la policía del comercio y la producción
locales, y a la Nación legislar sobre los aspectos de las actividades
interiores de las provincias susceptibles de menoscabar u obstruir el comercio
interprovincial y exterior, o perturbar el bienestar general en el orden nacional.
Juzgo apropiado, como referencia final, transcribir el principio enunciado en
el citado precedente de Fallos, t. 239, p. 343, el cual da razón de la
compatibilidad y coexistencia del legislaciones de distinto orden y con distintas
finalidades y que se expresa así: "El gobierno de la Nación
no puede impedir o estorbar a las provincias el ejercicio de aquellos poderes
de gobierno que no han delegado o reservado, porque por esa vía podría
llegarse a anularlos por completo".
Encuentro aplicable al sub iudice la doctrina que deriva de los principios expuestos
y considero, en consecuencia, que la provincia de San Juan al dictar la ley
3019 ha hecho uso de facultades legítimas con fundamento en la Constitución
Nacional (arts. 104 y 107), como son las que le corresponden en materia de policía
económica, sin que aparezca, por lo demás, que el ejercicio de
tales facultades, expresado en dicha ley, entrañe una repugnancia efectiva
o indebida interferencia con las regulaciones nacionales relativas a la industria
y comercio del vino.
Queda por decir que no es ésta la oportunidad de emitir un juicio sobre
el carácter pretendidamente confiscatorio de la contribución cuyo
cobro persigue Cavic. Para decidir el punto sería condición previa
establecer ciertas conclusiones de hecho a las que sólo puede llegarse
mediante la producción de las pruebas pertinentes, lo que aquí
no ha ocurrido por ser ello propio de las causas tramitadas con arreglo al procedimiento
ordinario.
Por todo lo expuesto opino, en conclusión, que corresponde confirmar
la sentencia apelada en lo que pudo ser materia de recurso extraordinario.
Mayo 23 de 1968. Eduardo H. Marquardt.
Buenos Aires, julio 8 de 1970. Considerando: 1° Que
la sentencia del juez en lo Civil. Comercial y Minería de San Juan desestimó
las excepciones opuestas por la demandada y declaró la constitucionalidad
de la ley local 3019. En su mérito, ordenó llevar adelante el
juicio de apremio deducido por la corporación actora hasta la cantidad
de m$n. 520.995,80, intereses y costas. Contra dicho pronunciamiento se interpuso
recurso extraordinario, que denegado a fs. 159/160, fue declarado procedente
a fs. 227.
2° Sostiene el apelante que la citada ley 3019 de San Juan es
inconstitucional por dos motivos fundamentales, a saber: a) atenta contra el
derecho de propiedad que consagra el art. 17 de la Constitución Nacional
en cuanto impone la compra compulsiva de acciones de la Corporación Agroeconómica,
Vitícola, Industrial y Comercial (Cavic); b) es contraria a la libertad
de asociación que garantiza el art. 14 de la misma.
3° Que el art. 5° de la ley que se cuestiona establece: "Serán
accionistas de la Corporación todas las personas de existencia visible
o jurídica, que sean titulares de una explotación vitícola,
en calidad de propietarios, arrendatarios o contratistas del inmueble objeto
de la explotación...". Y el 8° que: "El aporte del capital
accionario se materializará con la contribución que todos los
productores y cada uno de ellos efectuará con un porcentaje de hasta
el 5 % del importe de la venta de su producción anual, cualquiera fuera
el destino o el comprador del producto...".
4° Que si bien es exacto que por imperio de las disposiciones
precedentemente transcriptas en sus partes pertinentes, se impone a los titulares
de una explotación vitivinícola integrar obligatoriamente en calidad
de accionistas la Corporación Agroeconómica, Vitícola,
Industrial y Comercial, como también que esa integración trae
aparejada un aporte de igual carácter de hasta el 5 % de su producción
anual, esta Corte juzga que la correcta decisión del problema planteado
depende de la conclusión a que se arribe acerca de las razones que determinaron
la creación de Cavic.
5° Que es oportuno destacar, en ese sentido, que el art. 4°
de la ley 3019 prescribe: "El objeto fundamental de la Corporación
Agroeconómica, Vitícola, Industrial y Comercial lo constituirá
la industrialización y comercio en todas y cualquiera de sus etapas de
los productos y subproductos de la uva con destino tanto al consumo interno
como a la exportación propendiendo a la mejor regulación del comercio
de uvas y vinos para asegurar razonables beneficios para los productores e industriales".
Si esa fue la finalidad que determinó la creación de Cavic y si,
como es público y notorio, gran parte de la economía de la provincia
de San Juan reposa en la industria y el comercio vitivinícolas, obvio
aparece afirmar que la ley 3019 respondió a motivaciones de interés
general.
6° Que, siendo ello así, es de aplicación al caso,
tal como lo expresa el procurador general, la doctrina establecida por el tribunal
en la causa publicada en Fallos, t. 199, p. 483 (Rev. LA LEY, t. 36, p. 703,
fallo 18.217), donde se plantearon cuestiones sustancialmente análogas
a la de autos aunque referidas a la industria de la carne
y a cuyos fundamentos, en lo pertinente, cabe remitirse por razones de brevedad.
Sin embargo, se considera necesario transcribir algunos de los conceptos emitidos
por la Corte en esa oportunidad, porque sirven para poner de relieve dada
la similitud de situaciones que la provincia de San Juan ha podido
dictar la ley 3019 sin mengua de las garantías que se dicen desconocidas.
7° Que en lo que atañe al criterio con que debe ser interpretada
la Constitución Nacional, sostuvo la Corte que esa interpretación
debe hacerse "de manera que sus limitaciones no lleguen a trabar el eficaz
ejercicio de los poderes atribuidos al Estado a efecto del cumplimiento de sus
fines del modo más beneficioso para la comunidad, por lo que se ha reconocido
de antiguo la facultad de aquél para intervenir por vía de reglamentación
en el ejercicio de ciertas industrias y actividades a efecto de restringirlo
o encauzarlo en la medida que lo exijan la defensa y el afianzamiento de la
salud, la moral, el orden público y aun los intereses económicos
de la colectividad", agregando que "la reglamentación legislativa
no debe ser, desde luego, infundada ni arbitraria sino razonable, es decir,
justificada por los hechos y las circunstancias que le han dado origen y por
la necesidad de salvaguardar el interés público comprometido,
y proporcionado a los fines que se procura alcanzar con ella" (considerando
5° del fallo mencionado).
8° Que, dentro de ese orden de ideas, y teniendo en cuenta que
el análisis de la eficacia de los medios arbitrados para alcanzar los
fines que el legislador se ha propuesto es ajeno a la competencia de la Corte
Suprema, a la que sólo incumbe pronunciarse acerca de la razonabilidad
de los medios elegidos, o sea, si son o no proporcionados a dichos fines y,
en consecuencia, si es o no admisible la consiguiente restricción de
los derechos individuales afectados, como también lo expresó la
Corte en el precedente citado, el tribunal considera que corresponde desestimar
la impugnación que formula el apelante contra la ley 3019 de la provincia
de San Juan.
9° Que, en efecto, esta Corte comparte la opinión del
procurador general en cuanto afirma que si bien el articulado de la ley regula
la producción, industrialización y comercialización de
la uva, no lo hace en grado tal que aparezcan aniquiladas las libertades correspondientes,
puesto que los productores no están obligados a comerciar exclusivamente
con la Corporación, pudiendo hacerlo con otros adquirentes dentro y fuera
de la Provincia, sin que en este último supuesto se hallen agravadas
sus obligaciones, por lo que no se advierte la lesión al derecho de propiedad
que se invoca y que, desde luego, no puede fundarse en la contribución
obligatoria de hasta el 5 % del importe de la venta de la producción
anual, pues no demostró el demandado que ese aporte sea irrazonable por
lo desproporcionado. A lo que corresponde agregar que tampoco puede aceptarse
que aquél sea confiscatorio por la sola afirmación del interesado,
desde que la ausencia de suficientes elementos de convicción debido
al carácter sumario del presente juicio de apremio impide admitir
ese agravio.
10. Que a igual conclusión debe llegarse en lo que atañe
a la garantía del art. 14 de la Constitución Nacional, toda vez
que la libertad de asociación no tiene características particulares
que la pongan a cubierto de las reglamentaciones, restricciones y cargas que
pueden imponerse a las demás que la Constitución reconoce, y en
la especie subexamen la inscripción obligatoria como accionistas de Cavic
no impide a éstos el libre ejercicio de su actividad industrial o comercial.
Por lo demás, la agremiación obligatoria de los viñateros
no aparece como una imposición caprichosa o arbitraria del legislador,
sino como el medio de salvaguardar sus intereses y los de la economía
local frente a la crisis de la industria vitivinícola por la que atravesaba
la provincia de San Juan en esa época. Debe reconocerse, en consecuencia,
que la sanción de la ley 3019 ha mantenido en vigencia el principio de
que la libertad de la vida colectiva está sujeta a la reglamentación
que responde a fines de interés público.
11. Que la parte demandada ha sostenido también como fundamento
de su apelación, que las actividades amparadas por la ley 3019 revisten
interés nacional y escapan, por tanto, a la regulación jurídica
local. Tampoco en este aspecto es atendible el agravio del recurrente. En efecto,
desde sus primeros fallos, esta Corte ha dicho "que es un principio de
derecho constitucional que la policía de las provincias está a
cargo de sus gobiernos locales, entendiéndose incluido en los poderes
que se han reservado, el de proveer lo conveniente a la seguridad, salubridad
y moralidad de sus vecinos; y que, por consiguiente, pueden lícitamente
dictar leyes y reglamentos con estos fines, no habiéndose garantido por
el art. 14 de la Constitución Nacional a los habitantes de la República
el derecho absoluto de ejercer su industria o profesión, sino con sujeción
a las leyes que reglamentan su ejercicio" (Fallos, t. 7, p. 150).
12. Que tal doctrina, reiterada en numerosos pronunciamientos, fue
ampliada con posterioridad, reconociéndose a las provincias la facultad
de dictar leyes y reglamentos y que en defensa del interés económico
de la colectividad (Fallos, t. 200, p. 450 [Rev. La Ley, t. 37, p. 561. fallo
18.533]; t. 217, p. 468 [Rep. La Ley, XII, p. 169, sums. 43 a 45]), siempre
que ellas sean razonables, es decir, proporcionadas a los fines perseguidos
por el legislador. Así, en la causa "Sociedad Com. e Ind. Vargas
Hnos. c. Provincia de Mendoza" (Fallos, t. 239, p. 343 [Rev. La Ley, t.
89, p. 616, fallo 41.722]), donde se discutía la facultad de la autoridad
provincial para imponer multas en razón de haberse puesto en circulación
una partida de vino en infracción a las disposiciones locales, el tribunal
puntualizó que "el poder de policía, dejando a salvo el ámbito
de la legislación común y el debido respeto a las garantías
constitucionales, corresponde a las provincias. Ello no obsta a que, de acuerdo
con lo preceptuado por los arts. 67, inc. 16, y 107 de la Constitución
Nacional, tanto el Congreso como las provincias tengan el poder de dictar leyes
sobre promoción de la industria, esto es, funciones concurrentes que,
manteniéndose en sus propias esferas jurisdiccionales, permitan su coexistencia
legislativa", y que "corresponde a las provincias la policía
del comercio y la producción locales, y a la Nación, legislar
sobre los aspectos de las actividades interiores de las provincias susceptibles
de menoscabar u obstruir el comercio interprovincial y exterior o perturbar
el bienestar general en el orden nacional". Por aplicación de esos
principios, la Corte resolvió que la provincia de Mendoza había
podido dictar válidamente la ley 47 y sus reglamentaciones, de exclusivo
imperio dentro de su territorio, con el objeto de promover su industria vitivinícola.
13. Que todo lo dicho halla plena confirmación con la ley
nacional 17.615, de fecha 18 de enero de 1968, publicada en el Boletín
Oficial el 22 de enero de ese mismo año, mediante la cual el Poder Ejecutivo
Nacional declaró intervenida la Corporación Agroeconómica,
Vitícola, Industrial y Comercial (Cavic). Tal medida fue dispuesta de
conformidad con lo solicitado por el Ministerio del Interior en el mensaje respectivo,
en el cual se expresa que: "El 80 % del producto bruto de la provincia
de San Juan está dado por su producción vitivinícola y
por ello su situación económica se encuentra estrechamente unida
a los resultados de la comercialización de esa producción".
Se agrega después que "para dar intervención a los productores
en todo el proceso productivo, industrial y comercial vitivinícola se
constituyó por ley provincial la Corporación, cuya situación
económica actual impone su intervención a fin de que pueda cumplir
con las finalidades que inspiraron su creación", disponiendo el
art. 3° de la ley que "el interventor designado tendrá las mismas
facultades que por ley y estatutariamente corresponden a las autoridades naturales
de la Corporación y actuará conforme a las directivas que le imparta
el gobierno nacional...".
14. Que la citada ley 17.615 y las posteriores 17.658,
17.874 y 17.948, que complementaron la primera ha venido a respaldar
explícitamente el acto legislativo que determinó la sanción
de la ley provincial 3019, por lo que quedan sin apoyo las razones de orden
constitucional invocadas por el recurrente para impugnar su validez, desde que
el gobierno de la Nación, en defensa de la industria vitivinícola
de la provincia de San Juan y de sus propios productores, ha estimado necesario
apoyar la actuación de la Corporación a fin de solucionar el problema
económico financiero que soporta por imperio de diversos factores, y
que excede manifiestamente el ámbito de la economía local, según
así se expresa en el referido mensaje. Debe entenderse, por tanto, que
tal actitud del gobierno de la Nación importa reconocer, a la vez que
la legitimidad de la creación de Cavic, la conveniencia de que continúe
desarrollando sus actividades con el objeto de posibilitar el cumplimiento de
los fines de interés general expresados en el art. 4° de la ley.
15. Que si bien es cierto que la ley 17.615 es de fecha muy posterior
a la de la traba de la litis, el tribunal estima que no puede dejar de ser mencionada
como un elemento de juicio corroborante para el reconocimiento por esta Corte
de la validez constitucional de la ley impugnada, todo ello con prescindencia
de que en la especie subexamen la ley local 3019 se sostiene por sí misma,
puesto que ha sido dictada por la provincia de San Juan en ejercicio legítimo
de su poder de policía y sin invadir la esfera que le corresponde a la
Nación de acuerdo con lo dispuesto por el art. 67, inc. 16, de la Constitución
Nacional, cuyo alcance se precisó anteriormente.
16. Que la solución a que se llega en los considerandos precedentes
torna igualmente infundada al margen de su insuficiente argumentación
la queja que se formula contra los arts. 55 y 56 de la ley 3019, con sustento
en las garantías de la igualdad y de la defensa en juicio, en cuanto
las ejecuciones podrán ser despachadas con "certificado expedido
por el directorio y suscripto por el contador, en el que conste el importe adeudado
y la cantidad de uva declarada", y que "los juicios que por cobro
de multas o cobro de aportes no ingresados debe tramitar la Corporación
serán por vía de apremio".
17. Que aun admitiendo el carácter de entidad privada que
el apelante le asigna a Cavic, no es irrazonable que la ley haya considerado
suficiente para la ejecución el certificado de deuda expedido por la
Corporación y estatuido el procedimiento de apremio para el cobro de
los aportes adeudados por los accionistas, pues él asegura a la entidad
u organismo la vía más rápida para la percepción
de los fondos o recursos destinados a los fines de interés general que
el legislador tuvo en mira al crear aquélla, con tanta mayor razón
si se tiene en cuenta que el art. 829 del Cód. de Proced. en lo Civil,
Comercial y de Minas de San Juan, al referirse a la vía de apremio, dispone
que ella tendrá lugar, entre otros "en los demás casos expresamente
señalados por la ley" (inc. 6°), y este texto legal no fue impugnado
por el demandado. No se advierte entonces, y el apelante tampoco lo ha demostrado,
dónde y en qué medida se encuentra afectada la garantía
del art. 16 de la Constitución Nacional, garantía que, como lo
ha decidido conocida jurisprudencia del tribunal, no es otra cosa que el derecho
a que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo
que se concede a otros en iguales circunstancias, supuesto que, desde luego,
no se da en el "sub lite".
18. Que el hecho de que la ley 3019 haya establecido el procedimiento
de apremio para el cobro de los aportes adeudados por los accionistas no viola
la garantía del art. 18 de la Constitución Nacional, como aduce
el demandado, toda vez que la inviolabilidad de la defensa en juicio consiste
en dar al litigante la oportunidad de ser oído y encontrarse en condiciones
de ejercer sus derechos en la forma y con las solemnidades que establecen las
leyes procesales (Fallos, t. 165, p. 290; t. 193, p. 408; t. 242, p. 234 [Rev.
La Ley, t. 27, p. 869, fallo 14.131; v. La Ley del 29/3/59, fallo 950S]
entre otros), y en esta causa aquél ha sido oído y opuesto las
excepciones a que se consideraba con derecho, de acuerdo con las prescripciones
de la ley de procedimientos local. Por otra parte, tampoco puede fundar el agravio
la circunstancia de que por la naturaleza sumaria del apremio se restrinjan
los medios de defensa, ya que ello responde a exigencias de celeridad procesal
propias de esa clase de demandas, sin perjuicio del ulterior juicio declarativo
que le acuerda al ejecutado el art. 839 del Cód. de Proced. de la provincia
de San Juan.
Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por el procurador general, se
confirma la sentencia apelada de fs. 105/115 en lo que pudo ser materia del
recurso extraordinario interpuesto a fs. 122/145. Eduardo A. Ortiz
Basualdo (según su voto). Roberto E. Chute. Marco
A. Risolía (en disidencia). Luis C. Cabral (en disidencia).
José F. Bidau.
Según su voto. Considerando: 1° Que la Corporación
Agroeconómica, Vitícola, Industrial y Comercial (Cavic) inició
juicio de apremio contra Juan Maurin y Cía. S. R. L., ante el juez en
lo Civil, Comercial y de Minería de San Juan, por la cantidad de m$n.
520.995,80 en concepto de aporte obligatorio y multa. Las excepciones que opuso
la demandada fueron desestimadas, resolviéndose en la sentencia llevar
el apremio adelante, con intereses y costas. Contra esa sentencia se interpuso
recurso extraordinario que, denegado a fs. 159, se declaró procedente
a fs. 227.
2° Que la ley provincial 3019, que creó y organizó
la Corporación actora, es impugnada por la recurrente como inconstitucional,
porque al imponer obligatoriamente la compra de acciones de Cavic atenta contra
el derecho de propiedad, garantizado por el art. 17 de la Constitución
Nacional y porque afecta la libertad de asociación, de trabajar, de ejercer
toda industria lícita y de comerciar, garantizados también en
el art. 14.
3° Que la mencionada ley 3019 fue sancionada por la legislatura
de San Juan el 7 de febrero de 1964 y por ella se creó la Corporación
actora, cuyo objeto fundamental es "la industrialización y comercio
en todas y cualquiera de sus etapas de los productos y subproductos de la uva,
con destino, tanto al consumo interno como a la exportación, propendiendo
a la mejor regulación del comercio de uvas y vinos para asegurar razonables
beneficios para los productores e industriales" (arts. 1° y 4°).
Organizó la Corporación bajo la forma de una sociedad, regida
por un directorio, cuyos miembros los elige la asamblea general de delegados
de los accionistas y fiscalizada por un síndico titular y otro suplente
y por un consejo de inspección, todos ellos elegidos también por
la asamblea (arts. 11, 19 y 22).
4° Que el capital de la sociedad está formado "con
la contribución que todos los productores y cada uno de ellos efectuará
con un porcentaje de hasta el 5 % del importe de la venta de su producción
anual, cualquiera fuera el destino o el comprador del producto" (art. 8°).
Agrega después el mismo artículo que "el porcentaje de hasta
el 5 % se determinará sobre el precio que el Cavic establezca para las
operaciones de compra o el obtenido en la comercialización de su producción
si éste es mayor". A su vez, el art. 9° determina que es la
asamblea de delegados la que anualmente debe establecer el porcentaje mínimo
del aporte, siempre dentro del límite fijado en el art. 8°.
5° Que estas disposiciones se complementan con el art. 5°,
según el cual "serán accionistas de la Corporación
todas las personas de existencia visible o jurídica, que sean titulares
de una explotación vitícola, en calidad de propietarios, arrendatarios
o contratistas del inmueble objeto de la explotación". Los accionistas
no tienen nada más que un voto cada uno de ellos, cualquiera sea el número
de sus acciones, que son nominativas, y no pueden transmitirse sino a quienes
sean productores vitícolas y con intervención del directorio (arts.
5° y 7°). A su vez, esas acciones serán rescatadas por la Corporación
cuando cese la explotación, por transferencia del dominio del inmueble
o cese del arrendamiento o por causa de muerte del titular, cuando sus herederos
no continúen la explotación del causante y no fueren titulares
de una explotación vitícola (art. 5°).
6° Que de las disposiciones transcriptas se desprende que la
Corporación ha sido creada con fines de utilidad común, como son
la mejor regulación del comercio de uvas y vinos y el procurar razonables
beneficios para productores e industriales. La producción vitícola
es de importancia vital para la Provincia, porque constituye la principal fuente
de trabajo para sus habitantes y la uva es la más importante productora
de riqueza, tanto para quienes cultivan la vid como para quienes comercian con
sus frutos o los industrializan y "Cavic" se creó para asegurar
la continuidad y mejoramiento de esa producción y comercio y como instrumento
para frenar y combatir combinaciones o acuerdos que fijen precios arbitrarios
para la uva y el vino de traslado y para prevenir y neutralizar las crisis periódicas
que han afectado a los productores.
El medio de que el ente se vale para cumplir esos fines es su participación
en el mercado mediante la compra de la uva y del vino que los productores quieran
libremente venderle, en los precios que establece anualmente sobre la base de
los resultados de la vendimia y del interés del mercado consumidor.
7° Que así, aun cuando a la Corporación no se la
ha organizado como ente estatal, sino que se le ha dado la forma de entidad
privada y su dirección y gobierno se ha puesto en manos de los productores,
sin ninguna injerencia del Estado provincial, no puede desconocerse su carácter
de establecimiento de interés público que resulta de los fines
perseguidos con su creación. Sus móviles no son de lucro, sino
que ha sido creada para promover y estimular la prosperidad general, mediante
su participación activa en el mercado de la uva y del vino, en defensa
de los productores.
8° Que en causa que guarda con ésta notoria similitud,
se dijo que "esta Corte Suprema, interpretando la Constitución de
manera que sus limitaciones no lleguen a destruir ni trabar el eficaz ejercicio
de los poderes atribuidos al Estado a efecto del cumplimiento de sus elevados
fines del modo más beneficioso para la comunidad, ha reconocido de antiguo
la facultad de aquél para intervenir por vía de reglamentación
en el ejercicio de ciertas industrias y actividades a efecto de restringirlo
o encauzarlo en la medida que lo exijan la defensa o el afianzamiento de la
salud, de la moral y el orden público" y "aun los intereses
económicos de la colectividad".
Se expresó en ese mismo fallo que ese poder reglamentario, dentro del
cual tienen fácil cabida todas las restricciones y disposiciones impuestas
por los intereses generales y permanentes de la colectividad, sin otra valla
que la del art. 28 de la Constitución, debe contemplárselo con
criterio amplio, por estar así más de acuerdo con ésta,
que no ha reconocido derechos absolutos de propiedad ni de libertad, sino limitados
por las leyes reglamentarias de los mismos, en la forma y extensión que
el Congreso, en uso de su atribución legislativa lo estime conveniente
a fin de asegurar el bienestar general, cumpliendo así, por medio de
la legislación, los elevados propósitos expresados en el Preámbulo.
Añadió, sin embargo, que "la reglamentación legislativa
no debe ser, desde luego, infundada o arbitraria sino razonable, es decir, justificada
por los hechos y las circunstancias que le han dado origen y por la necesidad
de salvaguardar el interés público comprometido, y proporcionado
a los fines que se procura alcanzar con ella" (Fallos, t. 199, p. 483).
9° Que las consideraciones transcriptas son el resumen o condensación
de principios enunciados por la Corte en una larga serie de pronunciamientos
que se citan en el fallo y que definen el criterio que ha de presidir la interpretación
de leyes que, como la que aquí se examina, han sido sancionadas para
promover la prosperidad general y evitar la ruina de una de las principales
fuentes de riqueza del Estado. Desde luego, y parece superfluo añadirlo,
que todo cuanto se expresa en esos fallos dirigido a juzgar la validez constitucional
de leyes del Congreso, tiene igual vigencia con relación a los actos
de las Legislaturas provinciales, en tanto esos actos se hayan producido dentro
de los límites prescriptos por los arts. 104, 107 y 108 de la Constitución
Nacional.
10. Que es con ese criterio de interpretación con el que ha
de juzgarse este caso, dados los fines perseguidos con la sanción de
la ley provincial 3019 y su trascendencia económica y social sobre una
fuente de riqueza de vital importancia para la provincia de San Juan. No corresponde
a los jueces pronunciarse sobre la eficacia y acierto del medio escogido para
la defensa y estímulo de esa rama de la producción económica,
por ser materia ajena a sus atribuciones. Tan sólo ha de examinarse si
la creación y organización de "Cavic" está justificada
por la necesidad de salvaguardar el interés público comprometido,
si es proporcionada a los fines que se propone alcanzar y si no lesiona los
derechos fundamentales de la demandada, que ésta considera agraviados.
11. Que la lectura del debate que precedió a la sanción
de la ley registrado en el D. de ses. de la Cámara de Representantes,
correspondiente a las sesiones del 3 al 7 de febrero de 1964 pone
de manifiesto que con ella se ha procurado poner remedio a una grave situación
económica y social, originada fundamentalmente por la forma de comercialización
de la uva. Fruto éste típicamente perecedero, exige su rápida
cosecha al llegar a la madurez y su pronta venta, tanto para el consumo como
para la elaboración del vino, según sea la clase de la uva producida.
Aquí es donde entran a gravitar factores que, alterando el libre juego
de la oferta y la demanda, han sido en gran medida los causantes de esa situación.
Fuertes industriales, dueños de grandes bodegas, que para la elaboración
de sus vinos adquieren la casi totalidad de la producción, fija, en forma
coincidente, precios a la uva para vinificar, que han sido calificados de ruinosos
para los productores. La enorme mayoría de éstos poseen viñedos
de reducida extensión y la única salida de sus productos la tienen
en la venta a las bodegas industrializadoras. Es así como éstas
adquirían la uva a los precios unilateralmente fijados por ellas y no
por acuerdo con los vendedores. Procedimientos similares se han utilizado en
la comercialización de la uva de mesa.
Ese modo de obrar ha producido a través de los años el empobrecimiento
de los productores, que no han visto compensados los gastos de cultivo y cosecha
ni los esfuerzos de su trabajo, situación agravada por la modalidad de
pago comúnmente adoptada por los compradores, quienes escalonan sus pagos
hasta en 20 y 30 mensualidades, sin documentar la deuda, sino acreditando en
cuenta corriente el importe de la compra.
Todo esto se ha puesto de manifiesto por los legisladores provinciales en el
debate, sin que nadie lo negara y esas circunstancias determinantes de la sanción
de la ley no han sido, por cierto, desvirtuadas en este juicio.
12. Que la ley 3019 tiende a restablecer el equilibrio económico,
alterado artificialmente por esos procedimientos especulativos. Los fines esenciales
perseguidos con su sanción han sido: anular esos procedimientos, estimulando
una sana competencia que normalice el comercio de la riqueza más importante
de la Provincia; impulsar la producción mediante el pago de precios remunerativos
que permitan a los productores extender y mejorar sus cultivos; promover estudios
e investigaciones sobre viticultura en busca de nuevas variedades de uva, mejoras
técnicas de cultivo, procedimientos eficaces para combatir las enfermedades
de los viñedos, diversificación de procesos de industrialización,
etcétera.
El legislador provincial se ha propuesto con esa ley promover el bienestar general
e impulsar una industria de trascendental importancia para San Juan. Ha obrado
así conforme con los propósitos enunciados en el Preámbulo
de la Constitución Nacional y dentro de los límites del art. 107
y la ley es constitucionalmente inobjetable en cuanto tiende a defender un indudable
interés público comprometido, mediante procedimientos razonablemente
adecuados a ese fin.
13. Que el aporte obligatorio para todos los productores de uva lo
tacha la recurrente como confiscatorio.
El aporte se efectúa sobre cada venta de la producción anual de
uva, dentro de un límite máximo fijado por la ley, pero que se
regula anualmente según sea la situación del mercado. Si bien
es la asamblea de delegados de "Cavic" quien debe fijar cada año
el porcentaje del aporte a efectuar en cada venta, éste no puede exceder
el límite que la ley establece.
Es esa ley, entonces, la que determina el monto máximo, de modo tal que
no hay en ese aspecto delegación de facultades legislativas como pretende
la recurrente, sino la organización de un procedimiento flexible que
permita adecuar el aporte anual a las verdaderas necesidades del mercado y del
organismo creado, de manera tal que cuente éste con los fondos necesarios
que le permitan cumplir sus fines esenciales de regulación económica
y de freno a la especulación.
No es de ninguna manera confiscatorio ese aporte, porque es siempre proporcional
al precio de venta y esa proporción es del 5 % como máximo, no
habiendo demostrado la recurrente que ese porcentual absorba una parte irrazonable
y desmesurada del precio ni de las utilidades.
Si para procurar los propósitos de bienestar general que se propone el
legislador provincial, puede constitucionalmente gravar, en medida razonable
a la producción local y destinar lo recaudado al cumplimiento de esos
fines, no se advierte obstáculo de esa naturaleza para que la administración
e inversión de lo que se recaude por ese concepto se confíe a
los propios interesados, más aún, cuando quien paga no pierde
la propiedad de la contribución, pues ella se le acredita en acciones,
que son susceptibles de producirle utilidad, y que le es devuelta al cesar en
su actividad productiva o industrializadora, mediante el rescate de las acciones.
14. Que son igualmente infundadas las objeciones de la demandada
respecto a pretendidas trabas a su libertad de trabajar y de ejercer una industria
lícita, dado que la única carga que la ley le impone es la del
aporte pecuniario, pero sin que "Cavic" tenga ninguna ingerencia en
la explotación de sus fincas ni de la bodega.
La demandada, como todos los demás productores, dirige a su libre arbitrio
tanto la tarea agrícola como la industrial. Tiene la más absoluta
libertad para seleccionar las variedades de uva que ha de producir y para vender
su producción y lo mismo ocurre con su bodega, donde puede elaborar el
tipo de vino que le convenga y venderlo a quien le parezca y al precio que quiera,
sin que esté sometida a directivas ni a intervención de ningún
género de la Corporación, ni a vender a ésta los productos
de sus viñedos ni los vinos elaborados en su bodega. No están,
entonces, limitadas ni afectadas las libertades que invoca.
15. Que las cuestiones anteriormente examinadas son las únicas
que corresponde considerar a esta Corte, por ser las que le han sido traídas
a su conocimiento por la vía del recurso extraordinario de fs. 122/145.
Por ello y de conformidad con lo dictaminado por el procurador general, se confirma
la sentencia apelada, en lo que ha podido ser materia del recurso extraordinario.
Eduardo A. Ortiz Basualdo.
Disidencia. Considerando: 1° Que en estos autos,
Juan Maurín y Cía., S. R. L., impugna la constitucionalidad de
la ley 3019 de la provincia de San Juan sobre cuya base la Corporación
Agroeconómica, Vitícola, Industrial y Comercial ("Cavic")
le ha iniciado juicio de apremio por la cantidad de m$n. 520.995,80; de los
cuales m$n. 473.632,80 corresponden al aporte obligatorio establecido por el
art. 8° de aquel texto legal y los m$n. 47.363 restantes a la multa fijada
por el art. 51.
2° Que la sentencia del juez en lo civil, comercial y minería
de San Juan desestimó las excepciones opuestas por la demandada y declaró
la constitucionalidad de la ley local 3019. En seguida, ordenó llevar
adelante el apremio por la cantidad reclamada, intereses y costas. Contra dicho
pronunciamiento se interpuso el recurso extraordinario, que, denegado a fs.
159/160, fue declarado procedente por esta Corte a fs. 227.
3° Que el apelante sostiene que la citada ley 3019 de la provincia
de San Juan es inconstitucional por dos motivos fundamentales: a) porque atenta
contra el derecho de propiedad que consagra el art. 17 de la Constitución
Nacional en cuanto impone compulsivamente la compra de acciones de "Cavic";
b) porque es contraria a las libertades de asociación, de trabajar y
de ejercer toda industria lícita y de comerciar, que también consagra
el art. 14 de la Ley Suprema.
4° Que el art. 5° de la ley que se cuestiona establece: "Serán
accionistas de la Corporación todas las personas de existencia visible
o jurídica que sean titulares de una explotación vitícola,
en calidad de propietarios, arrendatarios o contratistas del inmueble objeto
de la explotación...". Y el art. 8° que: "El aporte del
capital accionario se materializará con la contribución que todos
los productores y cada uno de ellos efectuará con un porcentaje de hasta
el 5 % del importe de la venta de su producción anual, cualquiera fuera
el destino o el comprador del producto...".
5° Que de las disposiciones indicadas resulta claro, pues, que
se impone a los titulares de una explotación vitícola integrar
obligatoriamente la Corporación actora, como también que esa integración
trae aparejado un aporte de igual carácter y de hasta el 5 %, en bruto,
del volumen de venta de su producción anual; porcentaje que se determina
sobre el precio que establezca la Corporación para sus operaciones de
compra (art. 8°, "in fine").
6° Que de las disposiciones indicadas y de otras que las complementan
resulta claro, también, que "Cavic" es un ente estructurado
de un modo singular. No obstante ser una creación del Estado, éste
no tiene participación en ella, ya que se la organiza como una sociedad
privada, para cumplir actividades industriales y comerciales de igual índole.
Empero, "Cavic" no se da sus propios estatutos, que surgen directamente
de la ley; y aunque es, como se ha visto, entidad privada, su directorio expide
títulos ejecutivos y goza de la atribución de imponer multas de
carácter penal a socios y a terceros (arts. 51, 52 y 54), determinando
a veces su volumen en forma discrecional por no hallarse previstos los límites
legales, como ocurre en el supuesto del último párrafo del art.
5°. "Cavic" reviste, pues, la forma jurídica de una sociedad,
bien que sin "affectio societatis". Es, en suma, una sociedad privada
de creación estatal, que goza de facultades propias de la autoridad pública,
que no tiene origen en contrato alguno y a la que concurren como integrantes
no quienes voluntariamente desean adherir a su régimen, sino todos los
productores de uva de San Juan, lo quieran o no.
7° Que según el art. 4° de la ley 3019, el objeto
fundamental de la Corporación así organizada es "la industrialización
y comercio, en toda y cualquiera de sus etapas, de los productos y subproductos
de la uva con destino tanto al consumo interno como a la exportación,
propendiendo a la mejor regulación del comercio de uvas y vinos para
asegurar razonables beneficios a los productores e industriales".
8° Que, en consecuencia, la Corporación actora sostiene,
en abono de la constitucionalidad de la ley, que su creación respondió
a motivos de interés general, particularmente notorios desde que gran
parte de la economía de la provincia de San Juan reposa en la industria
y el comercio vitivinícolas; y que es de aplicación al caso como
también se expresa en el dictamen de fs. 278/284 la doctrina
sentada por esta Corte en Fallos, t. 199, p. 483, donde se plantearon cuestiones
sustancialmente análogas, aunque referidas a la industrialización
y comercialización de la carne.
9° Que en aquel caso se dijo que la Constitución no consagra
derechos absolutos y que puede justificarse la reglamentación de una
actividad o negocio cualquiera para impedir la ruina de las fuentes de riqueza
y preservar los intereses económicos de la colectividad, siempre que
esa reglamentación sea razonable, justificada por los hechos y las circunstancias
que le dan origen y proporcionada a los fines que se procura alcanzar con ella.
Por tanto, aunque no incumbe a la justicia el análisis del criterio legislativo
y de la eficacia de los medios arbitrados por el legislador, es obvio, pues,
que para decidir si es o no admisible la restricción de los derechos
individuales que se invocan en el sub júdice, esta Corte deberá
por fuerza examinar la ley local cuestionada a la luz de los arts. 14, 17, 28
y 31 de la Constitución Nacional y formar juicio sobre la razonabilidad
y legitimidad de la restricción reglamentaria que motiva los agravios
del apelante.
10. Que, en primer término, esta Corte cree oportuna señalar
que no considera estrictamente aplicable al sub júdice la doctrina del
pronunciamiento de Fallos, t. 199, p. 483. Las circunstancias determinantes
no son las mismas; a) no se analiza aquí una ley nacional sino provincial;
b) las razones que condujeron a su sanción no son, pues, de carácter
general, vinculadas inclusive a la política exterior de la República,
sino simplemente locales; c) no existe identidad en la estructura de los organismos
nacidos de la ley ni paridad en el aporte que se exige a los contribuyentes;
d) por último no puede decirse, como lo dijo la Corte en aquel caso,
que los resultados acreditan la bondad del sistema, supuesto que los resultados
sirvan para determinar la razonabilidad de una restricción reglamentaria,
aunque no la constitucionalidad de una ley.
11. Que, en efecto, la ley nacional 11.747 creaba una entidad de
derecho público la Junta Nac. de Carnes, facultada
para crear, a su vez, entidades comerciales o industriales en las que los ganaderos
serían accionistas, sobre la base de una contribución de hasta
el 1 1/2 % del importe de las ventas de ganado bovino, ovino y porcino destinado
al consumo interno y a la exportación (arts. 1°, 5°, inc. g],
6°, 17 y 18).
La Corte consideró en su fallo: a) que esa ley había sido dictada
para contrarrestar una grave emergencia nacional, que afectaba a la economía
del país entero; b) que no podía cuestionarse la razonabilidad
de los medios arbitrados por el Congreso para forjar como se dijo
en el mensaje del Poder Ejecutivo un instrumento de lucha contra la
organización que dominaba el comercio mundial de las carnes, lograr un
mayor consumo interno y externo y abaratar el producto, acercándolo a
los consumidores y mejorando la calidad; c) que la ley establecía una
contribución no permanente y muy moderada, con destino a gastos generales
de administración, propaganda interior y exterior, estadística,
etc., y a suscribir el capital de las entidades comerciales e industriales que
integrarían y manejarían los ganaderos, con total independencia
de la Junta, en la manera determinada por las leyes de fondo; d) que el apoyo
de las instituciones ganaderas, los resultados inmediatos obtenidos y la circunstancia
de no existir otras demandas similares, afirmaban la bondad del sistema; e)
que, por todo ello, el principio de solidaridad social y la defensa de los intereses
nacionales frente a una situación calamitosa, autorizaban a admitir como
razonable la restricción de los derechos de asociación y propiedad,
en la medida señalada.
12. Que las particularidades apuntadas no se dan, sin duda, en el
sub júdice: a) la ley sanjuanina 3019, como antes se ha dicho, crea un
ente provincial, regulador de la producción y comercialización
de la uva, con el carácter de una entidad de derecho privado pero
con un régimen que resulta de la ley y no del contrato, cuyo
patrimonio se forma con el aporte obligatorio de quienes serán eventualmente
sus competidores; b) el sistema, nacido de una regulación local fundada
en los poderes de policía, involucra casi toda la economía provincial
sometiéndola a una dirección que halla su base en la voluntad
del Estado, según una concepción económica y jurídica
extraña, en principio, a la orientación de nuestra Ley Suprema
y de nuestra ley común (art. 67, inc. 11, Constitución Nacional;
arts. 1137, 1197, 1648, 1653, inc. 1°, 1161 y concs., Cód. Civil);
c) el aporte obligatorio que se exige a propietarios, arrendatarios o contratistas
asciende a un porcentaje bruto que se traduce, dado el monto de las inversiones
que demanda la producción y comercialización de la uva, en un
alto porcentaje del producido neto; d) esa contribución se determina
"sobre el precio que el ente creado por la ley provincial («Cavic»)
establezca para las operaciones de compra o el obtenido en la comercialización
de su producción si éste es mayor" (art. 8°); y a pesar
de ser "Cavic" una entidad privada, puede conviene reiterarlo
exigir informes, hacer actuar a las bodegas particulares como agentes de retención,
expedir títulos ejecutivos y aplicar penas (arts. 50 a 56); e) por último,
los resultados, de toda evidencia, que han obligado a la Provincia a llamar
a la Nación en su auxilio, impetrando y obteniendo la moratoria de las
obligaciones particulares del ente y la cobertura de su déficit, no acreditan,
por cierto, la eficacia que la Corte atribuyó al ente estatal creado
por la ley 11.747.
13. Que, en las condiciones señaladas al margen
del juicio de valor que la Corte, en su actual integración, pudiera formular
respecto de la doctrina expuesta en Fallos, t. 199, p. 483, resulta
claro que no puede asimilarse el caso de la ley nacional 11.747 al de la ley
sanjuanina 3019, ni decidir en el sub júdice sobre la base de aquel precedente,
cuyo alcance, por lo demás, quedó precisado en pronunciamientos
ulteriores.
En efecto, poco tiempo después, en el caso de Fallos. t. 203, p. 100
(Rev. La Ley, t. 40, p. 405, fallo 19.786), se dijo: "El derecho de asociarse
con fines útiles es una consecuencia de la libertad civil y lleva implícito,
por tanto, el derecho a no ser compulsado a formar parte de una asociación
determinada. Es claro que no hay derechos absolutos y que éstos deben
soportar las limitaciones necesarias a fin de asegurar el bienestar general,
pero éstas deben ser razonables, justificadas por los hechos, por la
necesidad de salvaguardar el interés público, sin conducir, en
ningún caso, a la destrucción del derecho. La libertad de asociarse
sería ilusoria, y hasta destruida, a poco que se generalizara el sistema
de las asociaciones oficiales por medios compulsivos, como condición
para trabajar o ejercer cualquier otro derecho constitucional" (ps. 520
y 521).
14. Que corresponde, pues, entrar al análisis de la ley sanjuanina
3019, con especial referencia a los agravios que expone el recurrente y que
se resumen en el consid. 3°.
15. Que en cuanto al derecho de asociación cabe afirmar, como
principio, que una ley que obliga a aportar capital a una sociedad determinada,
en calidad de accionista, sin consultar la voluntad del interesado, es sin duda
contraria a la norma que en la Constitución Nacional lo garantiza; porque
si la Constitución consagra el derecho de asociarse con fines útiles,
va de suyo también que ese derecho implica el de no asociarse, según
la libre estimación del sujeto. Todo lo cual es, por otra parte, congruente
con el espíritu de nuestra legislación de fondo, pues siendo un
principio inconcuso el de la libre contratación (art. 137, Cód.
Civil), es obvio que no puede haber sociedad si no hay libertad para constituirla
o para desvincularse de ella (id., arts. 1648, 1643, inc. 1°, 1769 y concs.).
Nadie puede ser obligado a integrar una sociedad a la que no quiere pertenecer;
y en la medida en que la ley de San Juan obliga a los productores de uva a integrar
"Cavic" y a contribuir forzadamente a la formación de su capital,
contraría directamente la legislación uniforme de fondo que rige
la materia, violando las disposiciones de la Carta Fundamental que reservan
tales asuntos al Gobierno de la Nación (arts. 67, inc. 11 y 108).
16. Que en el mismo orden de ideas, esta Corte, en su actual composición,
tiene resuelto que la asociación coactiva no puede cohonestarse, como
principio, con supuestas razones de bien común; que la Ley Suprema propugna
una asociación libre y consciente, sin sujeción a la férula
de una aceptación forzosa; que el derecho de asociarse con fines útiles
es una consecuencia de la libertad civil y lleva implícito, por tanto,
el de no ser compelido a formar parte de una asociación determinada;
y que una concepción diferente conspira contra la libertad de trabajo
y puede ser la base de un odioso sistema de sumisiones y preeminencias ilegítimas
(doc. de Fallos, t. 267, p. 215 [Rev. La Ley, t. 126, p. 293, fallo 57.791]).
No contradice ese criterio la circunstancia aducida en el sub júdice
de que la inscripción obligatoria como accionistas de "Cavic"
no impide a los actores su particular actividad industrial o comercial. La libertad
de asociación no sólo no es compatible con la afiliación
y el aporte compulsivo de los competidores, sino que deriva además en
evidente violación de las libertades de ejercer industria lícita,
trabajar y comerciar cuando, como en el subexamen, la ley crea un ente privilegiado,
nutrido en lo patrimonial con el propio esfuerzo de aquéllos; un ente
que, pese a su naturaleza jurídica sociedad privada
fija precios, exige aportes según esa fijación, investiga la actividad
de sus competidores y aplica penas; no obstante lo cual y como consecuencia
de su quebranto económico, debió recurrir a la ayuda del Estado
nacional, que cubre su déficit y decreta la moratoria para sus obligaciones
particulares. Bien entendido que no puede argüirse sobre el punto con el
precedente de Fallos, t. 199, p. 483, porque la contribución de la ley
11.747 no fue exigida a los ganaderos en calidad de socios, con el carácter
de una cuota de capital (art. 17, inc. d]); porque la misión de la Junta
Nac. de Carnes ente de derecho público no fue desarrollar
actividades privadas sino proteger la ganadería, actuando como organismo
fiscalizador y regulador en todo el país (art. 5°); porque se aseguró
a los ganaderos integrantes de las entidades comerciales o industriales constituidas
de acuerdo con lo que prescribe el art. 5°, inc. g) el derecho a no continuar
como socios, sin perjuicio de la eventual devolución de aportes (art.
19); y, por último, porque no se privó a los ganaderos, directa
o indirectamente, entre otras cosas, del derecho a no vender o a vender por
el precio que quisieran (consid. 8°).
17. Que tampoco cubre los vicios de la ley sanjuanina 3019 la manifestación
genérica de que "Cavic" responde a motivaciones de interés
general y llena fines de conveniencia pública. No cabe duda ya
se ha dicho que los superiores intereses de la comunidad sujetan a
restricciones razonables el ejercicio de los derechos. Pero las mismas consideraciones
vertidas en Fallos, t. 199, p. 483 y sobre todo, las expuestas en Fallos, t.
203, p. 100, que antes se transcriben, deben hacer reflexionar sobre las graves
proyecciones que puede tener para la vigencia de nuestro sistema de garantías
la aceptación de que es constitucionalmente válida la creación
de entidades de la naturaleza de "Cavic". Toda actividad humana que
cumpla fines útiles para la sociedad reviste interés público
y, como tal, es susceptible de ser protegida. Pero si esa protección
ha de traducirse en la obligación de asociarse de todos aquellos que
la desarrollen, es claro que la libre iniciativa y la sana competencia quedarán
cegadas en su fuente, a través de un proceso de colectivización
progresivo que no sólo redundará en detrimento de los factores
económicos, sino que alterará la ecuación constitucional
a cuyo amparo se forjaron las instituciones libres de la República. Es
indudable el beneficio que reporta la composición de las energías
individuales para el logro de una empresa común. Mas ese beneficio no
será tal y se convertirá exactamente en su opuesto si el modo
de alcanzarlo es la asociación forzada. Bajo la apariencia de una entidad
privada es posible entonces que funcione realmente y la facultad de
imponer sanciones penales lo acredita en el sub júdice una
persona pública, con todo el aparato de fuerza y la carga imperativa
que es propia del Estado. Se abre así el camino a una forma de actividad
extraña a nuestro sistema de vida; forma que no es la que fluye de nuestro
régimen de garantías constitucionales y que, en particular, no
es compatible con las que aseguran la propiedad privada y el derecho de asociarse
libremente, a las que deben sumarse, por lógica implicancia, las de trabajar,
comerciar y ejercer toda industria lícita.
18. Que no puede, por tanto, entenderse comprendido en los límites
de una restricción razonable al ejercicio de tales derechos, impuesta
por objetivos de utilidad pública, ni en los propios de una regulación
local fundada en poderes de policía, el sistema compulsivo que somete
la principal actividad económica de la provincia de San Juan a una conducción
que halla su base en la voluntad del Estado, con detrimento para la actividad
de los particulares, según una concepción que se reitera
es extraña al espíritu de la Constitución Nacional y de
la legislación común y uniforme.
19. Que al apreciar la legitimidad y razonabilidad de esa regulación
local, la Corte tiene en cuenta, muy especialmente, las medidas que debió
adoptar el Gobierno de la Nación según leyes 17.615, 17.658, 17.874
y 17.948. Por la primera de las leyes citadas, el Gobierno de la Nación
intervino a "Cavic", de conformidad con lo solicitado por el Ministerio
del Interior. Los propios términos del mensaje que apoyó la medida
revelan la imposibilidad de cumplir las finalidades que inspiraron ostensiblemente
la creación de "Cavic" y la necesidad de que el Gobierno de
la Nación se hiciera cargo de su quebranto e impartiera en lo sucesivo
las directivas para su acción y desarrollo, sobrepasando los escrúpulos
que debe suscitar el ejercicio de facultades locales. No parece razonable que
se obligue a integrar por fuerza y a contribuir para formar el patrimonio de
un ente que muestra signos de convertirse en un mal negocio, transformando así
el aporte en una forma compulsiva de subsidiar una empresa deficitaria. Eventualidad
que, en el caso, es más que verosímil, como lo demuestran las
disposiciones que se ha visto obligado a adoptar el Gobierno central, a tenor
de otras leyes que se citan ut supra. Y esa actitud de la Nación no cura
la invalidez constitucional de la ley sanjuanina 3019 en razón de su
origen, porque es obvio que el auxilio de la Nación para solucionar la
grave emergencia financiera por que atraviesa "Cavic" no saca el asunto
de sus límites institucionales y legales ni legitima creaciones que nacen
transgrediendo los principios y las normas de nuestro derecho positivo.
20. Que las consideraciones que anteceden bastan para acreditar,
sin otros desarrollos, la lesión específica del derecho de propiedad.
Ello no obstante es útil añadir que la lesión del derecho
de propiedad no ha de juzgarse, en el caso, con referencia a la cuantía
de la contribución que se exige, sino atendiendo al papel que, en relación
con los derechos también invocados de trabajar, comerciar y asociarse
con fines útiles, juega el de propiedad, objeto y fin de múltiples
aspiraciones y realizaciones del hombre, que vierte en su patrimonio los frutos
materiales de un esfuerzo protegido y estimulado por la ley.
21. Que en consecuencia, de todo lo expuesto, cabe afirmar que el
análisis de la ley sanjuanina 3019 evidencia que, merced a sus normas,
se impone la asociación obligatoria a una entidad mercantil privada,
con propósitos de lucro no logrados, según una concepción
estatista desarrollada en ámbito provincial, que comporta una restricción
patente al derecho de asociarse con fines útiles, lesiona el derecho
de propiedad e hiere, a todas luces, la libre contratación y los derechos
de ejercer industria lícita, trabajar y comerciar. Nada de eso se compadece
con el funcionamiento normal de las instituciones de la República (Fallos,
t. 184, p. 361 [Rev. La Ley, t. 15, p. 917, fallo 7831]). No se objeta la posibilidad
de que el Estado sanjuanino regule razonablemente las actividades privadas para
sanear el proceso económico de una industria que es de vital importancia
para la Provincia; sino, en concreto, el sistema de la ley 3019, cuyas características,
antes señaladas, la perfilan como un instrumento inspirado en concepciones
extrañas al régimen de garantías y derechos que consagra
nuestra Constitución Nacional.
22. Que, en tales condiciones, la ejecución por cobro de cuotas
de capital y multas que ha promovido la Corporación actora no puede prosperar.
Por ello, oído el procurador general, se revoca la sentencia apelada,
no haciéndose lugar a la acción de apremio promovida por la Corporación
Agroeconómica, Vitícola, Industrial y Comercial ("Cavic")
contra Juan Maurín y Cía., S. R. L. Marco A. Risolía.
Luis C. Cabral.-
