Dictamen del Procurador General
Suprema Corte:
V:E. me corre nueva vista en este incidente el cual, por resolución de
fs. 88/89, se dispuso devolver al señor Juez Federal de Catamarca con
la advertencia de que en lo sucesivo se abstuviera de promover innecesariamente
nuevos planteos de competencia.
A fs. 93/100 el imputado Caserta solicitó a dicho magistrado que se elevaran
los autos nuevamente al Tribunal a fin de que éste resolviera de forma
definitiva acerca de la competencia en esta causa, con base en que además
de haber reclamado su conocimiento tanto la justicia federal de Catamarca como
la provincial, también lo había hecho la Sala II de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital
Federal.
De conformidad con dicho pedido el señor Juez Federal de Catamarca dispuso
a fs. 109 elevar los autos a conocimiento de V:E.
Más allá de los reparos que, desde el punto de vista formal, pueda
ofrecer ese procedimiento, creo oportuno recordar, tal como ya lo señalé
en mi anterior dictamen de fs. 85/86, que la Sala II de la Excma. Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital
Federal declaró, mediante resolución del 29 de agosto de 1995,
la competencia de ese fuero para conocer en la causa.
El juez provincial de Catamarca, por su parte, rechazó ese planteo inhibitorio
el 28 de septiembre de ese mismo año (ver fs. 33 del expediente A-14/95
del Juzgado de Instrucción NQ 4 de Catamarca, caratulado "Actuaciones
remitidas por el Sr. Juez a/c del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional
NQ 12"). Correspondía, pues, a este último magistrado comunicar
esa decisión a la justicia federal de la Capital, a fin de que ésta
tuviera oportunidad de aceptarla, o bien la de insistir en su pedido de inhibitoria
y Someter, en tal caso, la cuestión a Conocimiento de V.E. (Fallos: 306:729
y sus citas). ,
Sin embargo y pese a que esta última contienda positiva de Competencia
no se encuentra Correctamente trabada al no haberse cumplido con ese requisito,
pienso que razones de economía procesal aconsejan, a mi modo de ver,
prescindir de esos reparos formales y resolver la cuestión, especialmente
teniendo en cuenta tanto el tiempo que, con motivo de estas incidencias, se
ha visto ya paralizado el trámite de los autos principales, Como la profusión
de decisiones que al respecto se han dictado en el caso por parte de distintos
tribunales (Fallos: 298:72; 303:328 y 306:2000).
En este sentido me remito ala opinión ya sustentada a partir del octavo
párrafo de mi dictamen obrante a fs. 85/86, cuyo contenido doy aquí
por reproducido en beneficio de la brevedad.
A los fundamentos entonces expuestos debo agregar que en el requerimiento de
instrucción obrante a fs. 580/593 de loS autos principales, que recién
en esta oportunidad tengo a la vista, ya se formula imputación contra
el doctor Roberto Dromi y Mario Caserta por su intervención en loS hechos
Como Ministro de Obras y Servicios Públicos el primero y Director de
Recursos Hídricos, Agua Potable y Saneamiento de la Nación, el
segundo, ala que luego, en la ampliación de fs. 753/ 766, se la precisa
en orden a loS delitos de fraude a la administración pública y
abuso de autoridad en concurso ideal. Posteriormente, a fs. 1655 el magistrado
interviniente dispuso recibirle declaración informativa a loS antes nombrados.
La circunstancia, reitero, de que la fiscal requirente haya concluido, en dicha
ampliación, que la actividad a ellos atribuida constituía, a su
juicio, un hecho único junto a las demás conductas materia de
investigación, y que aquélla habría tenido lugar en su
condición de funcionarios nacionales y con motivo del ejercicio propio
de sus funciones, determina la competencia de la justicia federal de la Capital,
por ser en esta ciudad donde aquéllos cumplieron loS actos motivo de
requerimiento, sin perjuicio, claro está, de lo que resulte de la posterior
investigación (Fallos: 306:1681; 307:76 y 1340).
En tal sentido opino que Corresponde resolver la contienda suscitada entre la
Sala II de la Cámara Nacional de apelaciones en lo Criminal y Correccional
Federal y el Juzgado de Instrucción N2 4 de Catamarca.
Buenos Aires, 25 de junio de 1996.
Angel Nicolás Agüero lturbe .
FALLO DE LA CORTE SUPREMA
Buenos Aires, 27 de diciembre de 1996. Autos y Vistos; Considerando:
1) Que el 19 de diciembre de 1995, esta Corte resolvió el conflicto suscitado
entre el Juzgado Federal de Catamarca y el Juzgado de Instrucción de
la 4ta. Nominación de esa provincia, que se había origina- do
como consecuencia del planteo de inhibitoria promovido por José Roberto
Dromi ante el fuero de excepción (fs. 88/89).
En ese sentido, el Tribunal decidió, en primer lugar, enviar las actuaciones
al juez remitente -el federal- en atención a la falta de cumplimiento
de requisitos formales que obstaban a la resolución de fondo del conflicto,
máxime que en esos autos se había verificado con anterioridad
idéntica contienda de competencia sin que luego se invocasen nuevas circunstancias
que permitiesen efectuar su replanteo.
2) Que devueltas estas actuaciones al juzgado federal, la defensa de otro imputado,
Mario Caserta, solicitó a su titular que diese una nueva intervención
a esta Corte Suprema. Sostuvo, tras una reseña de las circunstancias
fácticas que rodearon su participación en los hechos que se investigan,
la competencia del fuero de excepción, en virtud de lo dispuesto por
la ley de emergencia económica (fs. 93/100), planteo al que el magistrado
hizo lugar, por lo que envió nuevamente las actuaciones a esta Corte
(fs. 109).
3) Que, en primer término, corresponde poner de relieve que el juez remitente
no dio cumplimiento a lo ordenado en la anterior resolución de este Tribunal,
por lo que corresponde formular un severo llamado de atención.
A ello cabe agregar que el juez federal se limitó a considerar "de
prudente arbitrio" la remisión de estas actuaciones sin promover
la necesaria contienda de competencia para habilitar la intervención
de este Alto Tribunal. Pese a ello, razones de mejor administración de
justicia autorizan a prescindir de los reparos procesales y resolver el tema
de fondo, sin más trámite.
4) Que las presentes actuaciones se originaron con motivo de la presentación
que la fiscal de Estado de la Provincia de Catamarca, Amelia Sesto de Leiva,
había formulado ante la justicia local a raíz del decreto nacional
2035/90 por el que el Poder Ejecutivo Nacional había aprobado el convenio
suscripto entre el Ministerio de Obras y Servicios Públicos y la provincia
para la asistencia financiera por intermedio de la Dirección de Recursos
Hídricos, Agua Potable y Saneamiento de la Nación, autorizando
así la transferencia de fondos del gobierno nacional a la provincia para
la ejecución de la Obra Colectora Máxima Oeste Planta La V~ñita
-Capital (fs. 2/14 y 580/593 -requerimiento de instrucción-).
5) Que de esas constancias surge que José Roberto Dromi y Mario Caserta
suscribieron, en su carácter de funcionarios públicos a cargo
de los organismos nacionales citados en el considerando anterior, el mencionado
convenio. Como consecuencia de ello, los nombrados son imputados en autos como
responsables de los delitos previstos en los arts. 248, 174, inc. 52, en función
del art. 173, inc. 72 del Código Penal en concurso ideal, al haber autorizado
de este modo, el envío de los fondos para la realización de la
mencionada obra, a sabiendas de que el esta- do de emergencia cloacal invocado
por la provincia mediante un decreto provincial, no era tal.
6) Que, en ese sentido, esta Corte comparte y hace suyos los fundamentos del
dictamen del señor Procurador General en la medida en que la presunta
participación de los imputados, en su carácter de funcionarios
públicos nacionales y en el ámbito de esta Capital, constituyen
circunstancias que determinan, en principio, la competencia del fuero de excepción
con asiento en esta ciudad, sin perjuicio de lo que resulte de la posterior
investigación.
Por ello, y lo concordemente dictaminado por el señor Procurador General,
corresponde remitir estas actuaciones al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional
Federal N2 12. Hágase saber al titular del Juzgado Federal de Catamarca,
lo decidido en el considerando 32 y comuníquese al Juzgado de Instrucción
de la 4a. Nominación con asiento en la mencionada ciudad, con copia de
la presente.
JULIO S. NAZARENO -EDUARDO MOLINÉ O'CONNOR (según mi voto) - CARLOS
S. F AYT -AUGUSTO CÉSAR BELLUSCIO -ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI -ANTONIO
BOGGIANO -GUSTAVO A. BOSSERT -ADOLFO ROBERTO VAZQUEZ.
VOTO DEL SEÑOR VICEPRESIDENTE DOCTOR DON EDUARDO MOLINÉ O'CONNOR
Autos y Vistos:
Por los fundamentos y conclusiones del dictamen del señor Procurador
General, a los que cabe remitirse en razón de brevedad, se declara que
deberá entender en la causa en la que se originó este incidente
el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal NQ 12, al que se le
remitirá. Hágase saber al Juzgado de Instrucción de la
4a. Nominación de Catamarca, provincia homónima.
EDUARDO MOLINÉ O'CONNOR.
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