Fallo Mapfre Aconcagua Cía. de Seguros S.A. v. Instituto
Nacional de Reaseguros
Fallos Clásicos
modelos contratos comerciales civiles penales
Tribunal: Corte Sup.
Fecha: 28/09/2004
Partes: Mapfre Aconcagua Cía. de Seguros S.A. v. Instituto Nacional
de Reaseguros
DEUDA PÚBLICA - Consolidación - Ámbito de aplicación
- Instituto Nacional de Reaseguros
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DICTAMEN DEL PROCURADOR FISCAL SUBROGANTE.- Considerando: I. A fs. 1634/1638
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal -sala
1ª- confirmó la sentencia de la instancia anterior en lo principal
que decide y la modificó en cuanto a que la obligación del Instituto
Nacional de Reaseguros -en liquidación- (INdeR., en adelante) respecto
de la actora se encuentra sujeta al régimen de consolidación de
deudas de la ley 23982 Ver Texto (1) y al decreto reglamentario 2140/1991 Ver
Texto (2).
Para así resolver consideró, en lo que aquí interesa, que
aun cuando el art. 13 Ver Texto ley 25344 (3), párr. 2º, excluye
expresamente de sus disposiciones al IndeR., al ser la obligación de
causa o título anterior a la fecha de corte que fija la ley 23982 Ver
Texto , queda comprendida en el régimen que ésta instauró
y que, en consecuencia, no corresponde determinar intereses, pues están
incluidos en los bonos de consolidación que percibirá la actora.
II. Disconforme, la actora interpuso el recurso extraordinario de fs. 1647/1658,
que fue concedido sólo en lo relativo a la inteligencia y aplicación
de normas federales, lo que originó la presentación de la queja
que tramita en expte. M. 3432, L.XXXVIII.
Sostiene la actora que el pronunciamiento afecta en forma directa y actual su
derecho de propiedad, defensa en juicio, igualdad ante la ley y el principio
de seguridad jurídica.
Expresa que el objeto de la demanda fue obtener el cobro de la participación
económica que le correspondía al INdeR. por incumplimiento parcial
del contrato de reaseguros celebrado oportunamente, al no haber abonado íntegramente
a Mapfre Aconcagua Compañía de Seguros S.A. la obligación
a su cargo que se originó en las actuaciones "Bongiovanni, Rubén
N. y otros v. Montenegro, Andrés C. y otro s/sumario - daños y
perjuicios", donde la aseguradora había sido citada en garantía
en los términos de la Ley de Seguros. Si bien en ambas instancias se
hizo lugar a lo solicitado y se condenó al INdeR. a pagar la diferencia
adeudada, la Cámara declaró que dicha suma se encuentra sujeta
a las disposiciones de la ley 23982 Ver Texto y su decreto reglamentario 2140/1991
Ver Texto .
Aduce que al fallar de este modo el tribunal violó el principio de congruencia,
pues se pronunció respecto de una cuestión que no había
sido propuesta por la demandada, quien abonó una parte de la deuda en
efectivo el 27/7/1995 en la inteligencia -según interpreta- de que no
le resultaba aplicable la ley 23982 Ver Texto . Asimismo, sostiene que se apartó
de la legislación aplicable, puesto que el acto que da origen al reclamo
no es otro que el incumplimiento parcial del contrato de reaseguro, el cual
se verificó en la fecha indicada, es decir, con posterioridad al 1/4/1991,
que la Ley de Consolidación de Deudas establece como "fecha de corte".
Finalmente, ante la posibilidad de que se considere aplicable al caso el art.
62 Ver Texto ley 25565 (4) -que consolida las obligaciones del INdeR. (en liquidación)
de causa o título anterior al 31/12/2000- solicita que se declare su
inconstitucionalidad, por cuanto el art. 20 Ver Texto ley 24156 (5) veda expresamente
la inclusión de normas ajenas a la aprobación del presupuesto.
III. Considero que el recurso extraordinario interpuesto es formalmente admisible,
toda vez que se encuentra en juego la aplicación e interpretación
de normas de carácter federal -ley 23982 Ver Texto , decreto 2140/1991
Ver Texto y resolución MEyOSP. 343/1992 - y la decisión definitiva
del superior tribunal de la causa ha sido contraria a los derechos que invoca
el apelante. Asimismo, los agravios deducidos con apoyo en la doctrina de la
arbitrariedad habrán de ser tratados en forma conjunta, pese a la presentación
de la queja mencionada, pues ambos aspectos guardan entre sí estrecha
conexidad.
IV. En cuanto al fondo del asunto, estimo que corresponde desestimar los agravios
que invoca el apelante, por los motivos que se exponen a continuación.
En primer lugar, en lo relativo a que la Cámara al disponer la aplicación
del régimen de consolidación se pronunció sobre un tema
no esgrimido por la actora en tiempo oportuno, cabe señalar que la aplicación
de dicho régimen resulta inexcusable, atento al carácter de orden
público que revisten sus disposiciones (art. 16 Ver Texto ley 23982),
a lo cual no obsta que ya se hubiera abonado una parte en efectivo, puesto que
quedan alcanzadas aun aquellas obligaciones que hubiesen tenido principio de
ejecución (art. 6 Ver Texto inc. a decreto 2140/1991).
En segundo término, en cuanto al origen de la obligación de pagar,
estimo que asiste razón al a quo cuando afirma que la deuda que se reclama
en autos se encuentra comprendida en la ley 23982 Ver Texto . En este sentido,
cabe recordar que V.E. tiene dicho que la "causa" de las obligaciones,
a efectos de la consolidación, la constituyen los hechos o actos que
de modo directo e inmediato les hubiesen dado origen (Fallos 316:1775 Ver Texto
[6]; 322:3200 Ver Texto , entre otros), y en el sub lite lo relevante es el
accidente ocurrido en 1983 y no la fecha en que se presentó la liquidación,
como pretende el apelante, puesto que tanto la obligación del asegurador
como la del reasegurador encuentran su origen en el nacimiento de la deuda en
el patrimonio del primero.
Habida cuenta de lo expresado, entiendo que deviene inoficioso el tratamiento
de la inconstitucionalidad planteada por el recurrente del art. 62 Ver Texto
ley 25565 de Presupuesto para el Ejercicio 2002, que incluye a ciertas obligaciones
del INdeR. en la consolidación dispuesta por el art. 13 Ver Texto ley
25344, toda vez que la deuda que aquí se reclama está comprendida
en el régimen de la ley 23982 Ver Texto y su cancelación podrá
ser obtenida a través de títulos de la serie que corresponda,
según lo dispuesto por el art. 8 Ver Texto ley 25401 (7) y las normas
dictadas al efecto.
V. Por todo lo expuesto, opino que corresponde confirmar la sentencia apelada
en cuanto fue materia de recurso extraordinario.- Ricardo O. Bausset.
Buenos Aires, septiembre 28 de 2004.- Considerando: Que los agravios del apelante
encuentran adecuada respuesta en los fundamentos y conclusiones del dictamen
del procurador fiscal subrogante, que el tribunal comparte y hace suyos en razón
de brevedad.
Por ello, se declara procedente el recurso extraordinario y se confirma la sentencia
apelada. Con costas. Notifíquese y remítase.- Enrique S. Petracchi.-
Augusto C. Belluscio.- Carlos S. Fayt.- Antonio Boggiano.- Juan C. Maqueda.-
Eugenio R. Zaffaroni.- Elena I. Highton de Nolasco.-
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