Y VISTOS: Y CONSIDERANDO:
I- Que las presentes actuaciones se elevan a conocimiento y decisión
de este Tribunal en virtud de los recursos de apelación interpuestos
por las defensas de Martín Antonio Balza, Carlos Saúl Menem, Guido
Di Tella, Antonio Erman Gonzalez y Raúl Julio Gomez Sabaini, contra la
decisión del Sr. Juez de grado que en copias se encuentra glosada a fs.
1/270 del incidente, mediante la cual dispuso los procesamientos de los nombrados
por los hechos allí indicados.
II- Al resolver el incidente registrado en esta Sala bajo el número 15.810,
este Tribunal sostuvo que la identidad de hechos y personas involucradas en
las actuaciones tornaban necesario un profundo análisis sobre la posible
conexión existente entre la presente pesquisa y las que tramitan por
ante la justicia en lo penal económico de esta ciudad.
En tal oportunidad se indicó al instructor que analizara lo relativo
a la competencia en este sumario, citando en apoyo de dicha postura precedentes
tanto de esta Sala como de la Sala Segunda de la Cámara Nacional de Casación
Penal (causas n? 13.138 ?Sesto?, rta. el 10/4/97, reg. n? 14.096 y causa 1288
?Ruiz?, rta. el 20/6/97, reg. n? 1469, respectivamente), referidos ambos a la
vinculación entre determinados delitos y el de contrabando.
Con posterioridad a ello, el titular de la Fiscalía n? 1 ante los Tribunales
Orales en lo Penal Económico, Dr. Gustavo Bruzzone, en el marco de su
intervención respecto de las causas que fueran elevadas parcialmente
a juicio por parte de los Juzgados N? 3 y 7 de ese fuero, libró oficio
al Dr. Urso con fecha 11 de abril del corriente (ver fs. 18.682 de la causa
principal, reiterándolo a fs. 20.349), requiriéndole la remisión
de fotocopias de la totalidad de las actuaciones que se generaron con posterioridad
a la resolución de esta Sala, fundado ello en que:
?...ante el hecho concreto de ser el fiscal que se encuentra preparando el juicio
respecto de un expediente que guarda íntima relación con los hechos
que VS investiga...el pedido está motivado en la posible y eventual formulación
de un planteo que tienda a unificar todas las diferentes cuestiones que hacen
a la investigación que lleva adelante VS....?.
Sin embargo, ni el Sr. Juez de grado adoptó ningún temperamento,
ni las partes promovieron aquí acciones en el sentido antes sugerido,
por lo que ahora -y luego de un exhaustivo análisis, tanto de estas actuaciones
como del objeto procesal de aquellas que se ventilan ante el fuero en lo penal
económico- será esta Sala la que, de oficio, se pronuncie con
el fin de aventar perjuicios para los imputados, preservar una buena marcha
del proceso y evitar eventuales nulidades.
III- DESARROLLO DE LA INSTRUCCION:
La presente investigación se inició en el año 1995 a raíz
de la denuncia de la que se da cuenta a fs. 1/4, oportunidad en la cual se informó
sobre la salida al exterior de material bélico al amparo del Decreto
103/95, el que si bien consignaba como destino Venezuela, habría sido
enviado a Ecuador.
A medida que se avanzaba con esa investigación, se incorporaron nuevas
probanzas que determinaron al instructor a ampliar el objeto de la pesquisa
hacia similares maniobras detectadas en relación a la exportación
de toneladas de armamento a destinos no autorizados, esta vez relacionadas con
los decretos 1697/91 y 2283/91, como así también con el decreto
1633/92.
Habilitada esta Alzada para analizar las resoluciones de mérito que habían
sido dictadas por el Sr. Juez a quo, se ordenó en esa ocasión
la realización de diversas medidas de prueba necesarias para dilucidar
acabadamente los hechos investigados y sus presuntos responsables, señalándose
además que ella debía dirigirse hacia aquellas personas con capacidad
decisoria para llevarlos adelante.
Así, mediante resolución de fecha 19 de abril de 1996, se indicó
la necesidad de ?...que esta pesquisa se encamine hacia aquellos sujetos con
nivel decisorio capaz -en principio- para organizar y ejecutar cuestiones de
esta trascendencia...?, pues ?...a esta altura de la instrucción, no
aparece como factible que los hechos materia de esta pesquisa no hayan desbordado
la esfera del ex Director de Fabricaciones Militares...? (en causa n? 11.902
?Monner Sans?, reg. n? 13039, glosada a fs. 1265/73 del ppal.).
En similar sentido se expidió esta Sala en las diversas oportunidades
en las que le tocara intervenir (resolución dictada el 30 de mayo de
1997 en causa n? 13.088 ?Camilión?, reg. n? 14.247, obrante a fs. 4232/43
de la causa principal), hasta llegar a las resoluciones dictadas por este Tribunal
el 4 de abril del corriente año, en cuya oportunidad se reiteró
-entre otras medidas-, la imperiosa necesidad de reencaminar la pesquisa en
relación al aspecto económico de los ilícitos en cuestión,
cuya vinculación con el ilícito previsto por el artículo
210 fue destacada por los suscriptos al resolver el incidente n? 16.852.
A partir de allí, la causa tomó un nuevo impulso que desembocó
en la producción de numerosas diligencias y la detención de varias
personas, a la par que fueron conformándose más nítidamente
los hechos analizados, pues los nuevos elementos daban una imagen más
precisa y, a su vez, más compleja de las maniobras desplegadas y sus
presuntos responsables, pudiendo señalarse -sólo a título
de ejemplo-, que conductas que eran consideradas constitutivas de un incumplimiento
de los deberes del funcionario público, se precipitaron hacia una imputación
mas amplia, como ser la participación en la falsedad de los decretos
que autorizaron la ilegal venta de armas al exterior.
Por su parte, también fue en este último tiempo que se advirtió
un progresivo pero importante avance en las pesquisas que son objeto de conocimiento
por ante el fuero en lo penal económico, tal como surge de las fotocopias
anexadas a este incidente provenientes tanto del Juzgado Nacional en lo Penal
Económico N? 7, Secretaría N? 13, que investiga la salida de material
bélico amparado por el Decreto 103/95, como del Juzgado N?3, Secretaría
N? 6 de dicho fuero donde se analiza el contrabando de dicho material y de pólvora
mediante las autorizaciones otorgadas por los Decretos 1697/91 y 2283/91.
Sobre la base de los argumentos que seguidamente se expondrán, se patentiza
de manera indiscutible que continuar con investigaciones paralelas sobre estos
hechos sería tolerar violaciones a los principios constitucionales que
protegen la defensa en juicio y contra el doble juzgamiento, pudiendo darse
el caso, además, de estar ante la escisión de hechos únicos
en base a calificaciones legales.
Es que del análisis de lo actuado, fundamentalmente durante este último
tiempo, se desprende que las actividades que están siendo investigadas
en ambos fueros no se desarrollaron como actos independientes, aislados entre
sí y desconectados de lo que sería su consecuencia, sino que respondieron
a una sola finalidad: vender ilegítimamente armas al exterior, lo cual,
por su destino y envergadura, requirió acciones complejas y coordinadas
por un número indeterminado de personas.
La falsedad de los certificados de destino final, la tramitación de las
autorizaciones de exportación, la recolección de los elementos,
la preparación de los embarques y la firma de los decretos, se conformaron
aquí como pasos necesarios y previos para llevar a cabo los planes propuestos,
en el caso, las ilegales ventas de material bélico al exterior con la
necesaria burla al control aduanero.
Como se sostuviera en una anterior oportunidad, el origen de las maniobras investigadas
no se ubicó en el ámbito de la Dirección General de Fabricaciones
Militares, sino que fue esta última la que -en virtud de un mandato superior-,
se encargó de elaborar los expedientes administrativos que habrían
de dar cobertura a las exportaciones ya convenidas (ver resoluciones de esta
Sala ut supra citadas).
IV- SOBRE EL HECHO ÚNICO:
Ahora bien, sentado lo anterior, en relación a la nitidez con que ahora
se aprecian los sucesos investigados y la íntima vinculación existente
entre todos los sumarios acerca de la ilegal venta de armas al exterior, cabe
puntualizar lo atinente a la existencia de hechos únicos.
En punto a ello, esta pesquisa se está llevando a cabo tanto en esta
sede como ante el fuero en lo penal económico, ha de señalarse,
como su mejor exponente, lo relativo a la falsificación de documentos
públicos -en este caso los decretos a los que se hiciera referencia y
por los cuales están procesados Luis E.A. Sarlenga, Erman Gonzalez, Guido
Di Tella, Carlos Menem, entre otros-, y el contrabando agravado por la presentación
ante el servicio aduanero de documentos adulterados o falsos, previsto en el
artículo 865, inciso ?f? del Código Aduanero, figura por la que
también están procesados los nombrados y llamado a prestar declaración
indagatoria Carlos Menem.
A modo de ejemplo, en la causa n? 8830 del Juzgado Nacional en lo Penal Económico
N? 3, cuyo objeto procesal se vincula al contrabando de material bélico
y pólvora a través de los buques que salieran bajo el amparo de
los Decretos 1697 y 2283 del año 1991, el Sr. Juez de grado sostuvo en
relación a los mismos que:
?Considero oportuno pues...evaluar los alcances de los documentos referidos,
poniendo especial atención en los decretos del Poder Ejecutivo sujetos
a estudio, aludiendo, puntualmente, a la vinculación existente entre
estos documentos emanados del Poder Ejecutivo, la documentación aduanera
y el delito de contrabando...?
Manifestando además en esa decisión que:
?...Previo a abocarme al análisis de la conducta desplegada por el imputado
Antonio Erman Gonzalez, entiendo, que corresponde, nuevamente, destacar las
conclusiones a las que he arribado con relación al parentesco existente
entre los decretos del Poder Ejecutivo números 1697 y 2283, su compromiso
y preeminencia sobre las resoluciones de la aduana y los delitos de contrabando
ya acreditados. Todo ello, en el entendimiento de que, los decretos del Poder
Ejecutivo, han sido parte absolutamente esencial para el cumplimiento de los
permisos de embarque y, allén de que los decretos o su supuesta falsedad,
puede ser enmarcada dentro del ámbito del medio u ardid como antecedente
necesario como para determinar el delito de contrabando, los mismos, no dejan
de ser -también- documentos aduaneros ?per se? debido a que, por su naturaleza,
se han arrogado las facultades que ostentaba otro organismo también parte
del propio Poder Ejecutivo como es la aduana, asumiendo funciones que, en el
común denominador de las exportaciones, sólo la nombrada en último
término podía cumplir...?(ver copia de la resolución dictada
el 22/5/01 obrante a fs. 69/102 del Anexo ?C? que por cuerda corre a la presente).
En oportunidad de ser analizado dicho decisorio por la Sala B de la respectiva
Cámara de Apelaciones, mediante resolución de fecha 20 de julio
del corriente indicó:
?...por las razones expresadas, corresponde establecer que, en atención
a las particulares características que tenía el trámite
referente a la exportación de material bélico en la época
de los hechos investigados, los decretos del Poder Ejecutivo Nacional Nos. 1697
y 2283 no se encuentran desvinculados, como se pretende, de la ejecución
de los presuntos delitos que se imputan; por el contrario, aquellos decretos
resultaron necesarios, condicionantes y complementarios de las declaraciones
del exportador y su contenido, como se destacó anteriormente, habría
resultado idóneo para conformar el ardid mediante el cual se sustrajo
al material exportado del control aduanero...? (fs. 3/24 del Anexo ?D?).
A su vez, esa misma Sala B sostuvo el 18 de septiembre del corriente que:
?...sin embargo, mediante el examen de los elementos de convicción que
se encuentran incorporados al legajo (o que se encuentran reservados) y que
fueron merituados por la resolución apelada, corresponde estimar que
no hubo alguna negociación real con Panamá para la venta y para
la exportación del material que fue descripto en el decreto N? 1.697
del Poder Ejecutivo Nacional, sino que, desde un inicio, la intención
fue la de exportar un material distinto a un destino también distinto
de los cuales se hacía referencia en los antecedentes de aquél
decreto. En consecuencia, lo relevante no sería lo que Carlos Alberto
Carballo hubiese estado en condiciones de imaginar o de prever en el año
1.991, ni si la cuestión habría dependido de alguna idea gestada
recién en el año 1.993, sino que se trata de lo que el entonces
Subsecretario de Producción para la Defensa conocía en cuanto
a los fines que se perseguían mediante el dictado del decreto y la autorización
de la comisión, y de lo que aquél se encontraba en condiciones
de verificar con respecto a lo que ya estaba ocurriendo en aquella época
(1.991)...? (ver copia de la resolución glosada a fs. 36/49 del Anexo
?D?).
Lo expuesto hasta aquí ya había sido analizado y valorado por
esta Sala meses antes, cuando al resolver el incidente n? 17.062 el 4 de abril
próximo pasado refirió:
?...Ahora, en esa línea de razonamiento y atendiendo a todo el material
probatorio que se ha ido colectando a lo largo del sumario, puede sostenerse
que la totalidad de las maniobras que aquí se investigan no se desarrollaron
como un evento aislado, sino que lo han sido de forma metódica e implicaron
la comisión de diversos ilícitos a los fines de ocultar el verdadero
destino que habría de darse al material bélico a exportar...?
(ver causa citada caratulada?Gonzalez?, reg. n? 18.531).
En otra decisión, el titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico
n? 3, Secretaría N? 6 sostuvo que:
?...Con lo expresado, resulta ineludible mencionar que, previo a la exportación
aquí investigada, se habían efectuado entregas de material propiedad
del Ejército Argentino, bajo una apariencia de remisión para reparación
integral, como en el caso de los cañones, o bien para su remisión
a la sede central de F.M., como en el caso de la munición de distinto
calibre, o en cumplimiento de los ya extensamente analizados ?convenios?, surgiendo
de estos episodios las evidentes responsabilidades del imputado...? (ver resolución
de fecha 9/8/01 obrante a fs. 104/45 del Anexo ?C?).
Esta Alzada señaló al resolver el incidente n? 16.852 ?Sarlenga?,
rta. el 4/4/01, reg. n? 18538 que:
?...Distinto es lo ocurrido en el caso de autos, pues se ha pretendido dar visos
de legalidad a las entregas de armamento modificando el verdadero motivo de
su remisión. Y ello así, pues no se trata ya de munición
excedente o fusiles peligrosos para su uso, sino que los nuevos envíos
involucraban -entre otros elementos-, material de artillería que se encontraba
operativo en las respectivas unidades...?.
Pero en similar sentido se expidieron también aquellos a quienes les
tocara intervenir en la investigación. Así, en el requerimiento
fiscal de elevación a juicio parcial correspondiente a la causa n? 5017
que tramita en el Juzgado en lo Penal Económico n? 7, Secretaría
n? 13 -ex-causa 10.338 del Juzgado n? 6, Secretaría n? 11 del mismo fuero,
que lleva adelante la investigación del contrabando efectuado al amparo
del Decreto 103/95, se consigna que:
?...fue justamente el dictado del Decreto 103/95 la herramienta que habilitó
a la Dirección General de Fabricaciones Militares, a tramitar la operación
de exportación ante el Servicio Aduanero, tanto en los embarques aéreos
como en el marítimo...En lo que al proyecto de decreto se refiere, hay
que destacar que el mismo fue elaborado, incluyendo una cantidad de material
bélico sensiblemente mayor, del que supuestamente se habría solicitado,
lo que permitiría contar con un permiso a futuro para exportar dichos
productos...? (dictamen de fecha 9/10/00 cuya copia obra a fs. 110/225 del Anexo
?A? que por cuerda ha sido incorporado al presente).
Esta Alzada manifestó de manera coincidente con lo hasta aquí
transcripto, al señalar:
?...es de destacar que mediante el Decreto 103/95, se autorizó a la Dirección
General de Fabricaciones Militares a exportar con destino a Venezuela gran cantidad
de armamento bélico...Sin embargo, resulta sugestiva la importante diferencia
existente entre el material cuyo pedido de cotización fuera solicitado
(fs. 4 anexo 1), y aquél que en definitiva fue gestionado y autorizado
a vender mediante el decreto en cuestión...? (ver de esta Sala causa
n? 15.928 ?Camilión?, rta. el 4/4/01, reg. n? 18.536).
Puede advertirse así que distintos tribunales, en distintas oportunidades,
han analizado idénticos elementos de juicio y llegado a conclusiones
muy similares entre sí.
En el caso, la serie de conductas imputadas en las presentes actuaciones, si
bien aisladamente resultan típicas, se conforman como actos concatenados,
preparados y ejecutados con el único objetivo de exportar el material
al exterior. Desde un punto de vista estrictamente procesal, su persecución
ante distintos tribunales impide apreciar en su conjunto el alcance de las maniobras
desarrolladas y las responsabilidades que de ellas emergen, pero más
grave aún, genera la posibilidad de la eventual escisión de un
hecho único.
Ha sido reiterada la jurisprudencia en tal sentido, habiendo sostenido la Cámara
Nacional de Casación Penal -al analizar la concurrencia del delito previsto
por el artículo 865, inciso ?f? del Código Aduanero y el artículo
292 del Código Penal-, que ?...el tipo citado del Código especial
prevé un delito complejo o compuesto, construido por la concurrencia
de otros dos distintos como el contrabando y la falsificación de documentos
públicos, en el que este último carece de encuadramiento autónomo
en las disposiciones del Código Penal...Si se trata, pues, de un delito
complejo, no puede haber entre las figuras que se refunden en el tipo concurso
de delitos, sino concurso de leyes o aparente. Media, al decir de Soler, una
hipótesis de subsidiaridad tácita, en la que la imputación
separada de los dos hechos violaría el principio non bis in idem, que
prohíbe sancionar dos veces la misma conducta...?. Agregándose
además que ?En tal infracción se incurriría en el sub examine
de mantenerse el criterio de la sentencia, desde que resulta de toda evidencia
que la adulteración del DNI...se efectuó con el fin de realizar
el contrabando del automóvil, finalidad frustrada por la intervención
de la Gendarmería Nacional en pleno iter criminis...? (Conf. Cámara
Nacional de Casación Penal, Sala I, causa n? 2.111 ?Perezlindo?, rta.
el 19/3/99, reg. n? 2666; causa n? 541 ?Cabrera?, rta. el 13/10/95, reg. n?
771; y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos 247:691 y
298:693).
Como quedara expuesto, es a partir de las decisiones del 4 de abril del corriente
que se ha acrecentado en forma significativa la posibilidad de desdoblar un
hecho único, a punto tal que de una simple lectura de las resoluciones
de mérito que obran en los anexos que corren por cuerda al presente surge,
de manera palmaria, la existencia de múltiples imputaciones sobre la
base de un mismo hecho, aunque reiterado en varias ocasiones.
Los numerosos pronunciamientos dictados en esta última etapa en ambas
sedes, y los fundamentos en ellos plasmados, han puesto de manifiesto de manera
contundente la vinculación a la que se hace referencia, lo que conlleva
una necesidad impostergable de unificar la dirección de la investigación
adoptando una decisión que ponga fin al tema en estudio.
En las causas que ante el otro fuero se sustancian fue necesario valorar abundantes
antecedentes que hacen a la imputación de la presente, pues -como quedara
expuesto-, la relación con el delito de contrabando está dada
a raíz de que los primeros tuvieron como fin la comisión del segundo.
Es claro entonces que la división de competencias a que fueron sometidos
los hechos están basados en un criterio que, lejos de responder a aspectos
estrictamente jurídicos, se relacionan a momentos distintos en que se
desarrollaron tales acontecimientos. Así, este fuero investiga la venta
de armas desde su gestación y aspecto económico, mientras que
el otro encaminó la pesquisa en relación a la salida del material
bélico a través de la aduana nacional.
Seguir con la postura hasta ahora adoptada, en definitiva, conspira contra una
adecuada administración de justicia y del pleno ejercicio del derecho
de defensa de las partes. A ese respecto, no se trata aquí de objetar
la aplicación tanto por parte de este fuero como del penal económico
de las figuras penales en cuestión, pues debe reconocerse que -aisladamente-,
las conductas desplegadas por los imputados constituyen ilícitos penales,
pero no menos cierto es que las constancias incorporadas a las causas adquieren
pleno sentido apreciadas en su conjunto, y todos los hechos investigados no
son sino elementos integrantes de una misma modalidad delictiva, desplegada
en reiteradas oportunidades, con parcial identidad de imputados y finalidad
común.
V- ACERCA DE LA CONEXIDAD:
Sin perjuicio de lo que hasta aquí se viene sosteniendo, se presentan
también en el caso otras circunstancias que justifican reunir en un solo
tribunal la investigación de los hechos. Ello, pues la identidad de pruebas
e imputados determinan la conexidad de las actuaciones mediante la estricta
aplicación de las reglas contenidas en los artículos 41 a 43 del
Código Procesal Penal de la Nación.
Es que si bien se da en la investigación la unidad a la que se ha venido
haciendo referencia, debe señalarse que respecto del delito de asociación
ilícita la cuestión pasa a encontrarse delimitada por otros presupuestos,
en razón de que el artículo 210 del Código Penal, como
delito de peligro, reprime la conducta de integrarla ya sea como jefe, organizador
o miembro, y se configura independientemente de la efectiva realización
o no del plan propuesto. Es en dicho caso que corresponde hacer jugar las reglas
de conexidad aludidas.
Veamos. El inciso 1? del artículo 41 del ordenamiento procesal prevé
como primera hipótesis de conexión si ?Los delitos imputados han
sido cometidos simultáneamente por varias personas reunidas; o aunque
lo fueren en distinto tiempo y lugar, cuando hubiere mediado acuerdo entre ellas?.
Este supuesto aparece nítidamente conformado al analizar la aplicación
del delito previsto por el artículo 210 del Código Penal precedentemente
aludido.
Por su parte, el inciso 2? del artículo que se analiza indica ?Un delito
ha sido cometido para perpetrar o facilitar la comisión de otro, o para
procurar al autor o a otra persona su provecho o la impunidad?. Cabe aquí
remitirse a lo expresado en el párrafo precedente.
Finalmente, el tercer supuesto de conexidad refiere ?Si a una persona se le
imputaren varios delitos?. He aquí uno de los supuestos que no admite
mayores comentarios, pues basta con cotejar los nombres de las personas que
son imputadas en ambos fueros para advertir, sin más, atendiendo a los
fines que inspiran a esa norma y en el caso, la concurrencia de tal hipótesis
-Sarlenga, Balza, Gonzalez de la Vega, Di Tella, Camilión, Gonzalez,
Menem, entre muchos otros-.
Mas notorio se presenta lo hasta aquí sostenido si se analizan, por ejemplo,
las diferentes decisiones dictadas por los distintos tribunales en relación
a la situación procesal de Teresa Irañeta de Canterino.
El Juzgado N? 3, Secretaría N? 6, en causa ya citada, al decretar el
procesamiento de la nombrada el 22 de mayo de 2000 sostuvo:
?...Por lo expuesto, no puede más que deducir que, la Sra. Canterino
además de conocer que las declaraciones por ella expuestas en los Permisos
de Embarque son palmariamente falsas, habría actuado distinguiendo que
la mercadería, embarcada en los buques de referencia, no era la autorizada
en los Decretos del Poder Ejecutivo del año 1991...? (fs. 5/67 del Anexo
?C?).
En el decisorio dictado en el marco de la causa 5017 del Juzgado Nacional en
lo Penal Económico N? 7 el 30 de marzo del corriente año, se afirmó
entre los fundamentos de su sobreseimiento:
?...Que de los elementos de prueba incorporados al proceso y que se detallaran
en los considerandos precedentes de la presente resolución queda acreditada
la falta de conocimiento de Teresa Hortensia Irañeta respecto del verdadero
destino del material bélico exportado y del carácter de usado
del mismo...? (fs. 76/9 del Anexo ?A?).
Cuatro días después de este último pronunciamiento, y contrariamente
a lo allí sostenido, esta Sala sostuvo en el incidente n? 16.852:
?...Tal suma de irregularidades solo resulta compatible con el conocimiento
y participación de la nombrada en los ilícitos que fueron llevados
a cabo en el ámbito del organismo en el que se desempeñaba...?.
Frente a lo expuesto, es claro a esta altura que, en relación a determinadas
conductas, no estamos en presencia de uno sino de todos los casos de conexión
previstos en el artículo 41 del Código Procesal Penal de la Nación.
Si a ello se suma la comunidad probatoria advertida, quedaría huérfana
de fundamento cualquier otra decisión que al respecto pudiera adoptarse.
En tal sentido, numerosos son los pronunciamientos que remiten a las pruebas
colectadas en el marco de la presente causa, entre ellos el requerimiento fiscal
de elevación a juicio de la causa n? 5017 que tramitara ante el Juzgado
Nacional en lo Penal Económico n? 7, Secretaría 13, en el que
expresamente se remite a las declaraciones indagatorias prestadas por Sarlenga,
De La Torre, Muzi y Stancanelli, entre otros, en el marco de esta causa (ver
Anexo B).
Sobre el punto, es de destacar que en varias oportunidades han sido los propios
imputados quienes, al ser convocados por un tribunal, han ratificado los dichos
prestados ante otro (ver fs. 110/225 del citado anexo que por cuerda corre al
presente incidente).
Idénticas circunstancias se verifican en el resto de las copias incorporadas
a la presente, tal como surge del análisis del requerimiento parcial
de elevación a juicio efectuado en el marco de la causa 10.338 del Juzgado
6, Secretaría 11 del mismo fuero.
Por último, debe repararse en lo dispuesto por el Tribunal Oral en lo
Penal Económico N? 3 -que fuera el que resultara desinsaculado para intervenir
en las actuaciones n? 5017 y 8830/97 de los juzgados n? 7 y 3 respectivamente-
el que, mediante resolución de fecha 3 de mayo de 2001, resolvió
unificar ambas causas del registro de ese Tribunal, en base a las disposiciones
del artículo 41, inciso 3? del Código Procesal Penal de la Nación
(ver fs. 250/1 del Anexo ?B?).
En esa dirección, numerosos son los precedentes jurisprudenciales que
así lo han entendido, habiendo sostenido la Corte Suprema de Justicia
de la Nación que ?...Tratándose de hechos que, sin ser indivisibles,
se hallan unidos por una relación que excede los límites de la
simple conexidad, es manifiesta la conveniencia de que sean juzgados por un
solo magistrado...? (Fallos 256:342).
También sostuvo el más alto Tribunal que para evitar la posibilidad
de que se dicten en jurisdicciones distintas resoluciones que en definitiva
resulten contradictorias, corresponde acumular los procesos, habiendo señalado
también que, en determinados casos, el juzgamiento de los hechos por
separado importa violar la prohibición de la doble persecución
penal, cuyo rango constitucional fuera reconocido por la Corte (Fallos 311:
441 y 1329).
Sentado todo ello, y en forma concurrente con la unidad de hechos a la que se
hiciera referencia en el Considerando IV, es que corresponde resolver aquí
en similar sentido, concentrando en un solo tribunal la totalidad de la investigación.
VI- TRIBUNAL COMPETENTE:
Habiéndose determinado que estaríamos ante hechos únicos,
así como también la conexidad existente entre los sumarios vinculados
a las ilegítimas ventas de material bélico al exterior, toca ahora
determinar quien resulta ser el Tribunal que deberá seguir entendiendo
en la investigación.
Varios son los ilícitos por los que se encuentran procesados los imputados
en esta causa, siendo el que prevé mayor pena el previsto por el artículo
210, segundo párrafo del Código Penal, cuya escala penal se encuentra
comprendida entre los 5 y 10 años de prisión, siendo los restantes
los contenidos en los artículos 248, 277, inciso 1?, 261, 292 y 293,
del citado ordenamiento.
Por su parte, las figuras por las cuales responden los mismos imputados en la
investigación que se desarrolla ante la justicia en lo penal económico
son las previstas por los artículos 863, 864, 865 y 867del Código
Aduanero.
Ahora bien, si bien no escapa a los suscriptos que el contrabando resulta ser
la figura que atrae a los delitos que con él concurran, a esta altura,
ninguna duda cabe que es este fuero el que se encuentra investigando con mayor
amplitud las maniobras desplegadas, esto es, no sólo desde su gestación
sino también en lo que respecta a lo que se ha dado en llamar la ruta
del dinero, habiendo sido necesario para tal fin la adopción de numerosas
medidas que requirieron la colaboración de organismos y tribunales extranjeros
para su correcta dilucidación, en atención a la complejidad de
las maniobras desplegadas, las que a su vez -y conforme lo señalaran
los suscriptos al resolver el incidente n? 17.062 (resuelto el 4/4/01)-, podrían
estar vinculadas a otras investigaciones que están siendo llevadas a
cabo por otros juzgados de este fuero.
Lo expuesto, a su vez, implica la existencia de más elementos de juicio
que permiten apreciar en su conjunto la totalidad de las probanzas reunidas,
lo cual, con el objeto de favorecer una correcta y total investigación
sobre el asunto, habilitan el conocimiento por parte del Juzgado N? 8 del Fuero.
En consecuencia, es que corresponde -con la urgencia que el caso requiere en
virtud de encontrarse personas detenidas-, requerir a los Sres. Jueces de la
justicia en lo Penal Económico de esta ciudad que tienen a su cargo las
causas n? 8830 y n? 5017 que se inhiban de seguir entendiendo en las investigaciones
que llevan adelante en relación a las ventas ilegítimas de material
bélico al exterior, y remitan de manera inmediata a este Fuero la totalidad
de tales expedientes y sus correspondientes anexos a los fines señalados
en los Considerandos precedentes.
VII- SITUACIONES PROCESALES:
En base a lo que aquí habrá de resolverse, es que no habrán
los suscriptos de expedirse -de momento- sobre las apelaciones deducidas, pues
adoptar cualquier decisión al respecto antes de la unificación
resultaría a todas luces violatoria del debido proceso, la defensa en
juicio -existiendo la posibilidad de homologar la escisión de hechos
únicos en base a meras calificaciones legales-, y el doble juzgamiento,
ya que la manifiesta unidad de hechos imputados, notoriamente evidenciados en
los pronunciamientos de estos últimos tiempos, y la concurrencia de los
supuestos de conexidad, tanto objetiva como subjetiva, llevan como ineludible
consecuencia -y hasta tanto se cuente con la totalidad de los elementos de valoración-,
una inhabilitación por parte de este Tribunal para resolver sobre el
fondo de la cuestión.
Es en virtud de lo precedentemente expuesto que se RESUELVE:
I- DECLARAR que en las causas 8830 y 5017 del Juzgado Nacional en lo Penal Económico
N? 3, Secretaría N? 6 y Juzgado Nacional en lo Penal Económico
N? 7, Secretaría N? 13, respectivamente, corresponde seguir interviniendo
al Juzgado N? 8 de este Fuero.
II- SOLICITAR al Sr. Juez a cargo del Juzgado Nacional en lo Penal Económico
N? 3, Secretaría N? 6 SE INHIBA de seguir entendiendo en las actuaciones
n? 8830 del citado Tribunal, y la REMITA en forma urgente junto a sus correspondientes
anexos al Juzgado N? 8 de este Fuero, de conformidad con los fundamentos vertidos
en la presente resolución -artículo 54 del Código Penal
y 41 del Código Procesal Penal de la Nación-.
III- SOLICITAR al Sr. Juez a cargo del Juzgado Nacional en lo Penal Económico
N? 7, Secretaría N? 13 SE INHIBA de seguir entendiendo en las actuaciones
n? 5017 del citado Tribunal, y la REMITA en forma urgente junto a sus correspondientes
anexos al Juzgado N? 8 de este Fuero, de conformidad con los fundamentos vertidos
en la presente resolución -artículos 54 del Código Penal
y 41 del Código Procesal Penal de la Nación-.
IV- LIBRAR OFICIO al Sr. Juez a cargo del Juzgado N? 8 del Fuero, como así
también al Tribunal Oral en lo Penal Económico N? 2, a fin de
ponerlos en conocimiento de lo aquí resuelto.
V- NO EMITIR PRONUNCIAMIENTO sobre las apelaciones deducidas hasta tanto se
de cumplimiento a la unificación aquí resuelta, de conformidad
con lo expuesto en el Considerando VII de la presente resolución.
Regístrese, líbrense los oficios aquí ordenados junto con
copia de la presente, notifíquese y estése en el presente incidente
a la espera de la remisión de las causas solicitadas. : Dr.Cattani, Dr.Irurzun,
Dr. Luraschi, Jueces de Cámara Dr. Garay, Secretario.-
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