Fallo Rolyfar S.A. v. Confecciones Poza S.A.C.I.F.I.
Fallos Clásicos
modelos contratos comerciales civiles penales
Tribunal: Corte Sup.
Fecha: 10/08/2004
Partes: Rolyfar S.A. v. Confecciones Poza S.A.C.I.F.I.
Publicado: JA 2005-I-562.
JUICIO EJECUTIVO - Excepción de inhabilidad de título - Acreedor
cesionario de una sociedad extranjera - Acto aislado - Recurso extraordinario
- Sentencia definitiva - Arbitrariedad
DICTAMEN DEL PROCURADOR FISCAL.- Considerando: I. La sala F de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil, revocó el pronunciamiento del juez
de grado, rechazando en consecuencia la ejecución hipotecaria intentada
(ver fs. 434/436 vta.).
Para así decidir, señaló que la defensa de la ejecutada,
entre otros argumentos, se circunscribió a la falta de legitimación
de la ejecutante como cesionaria del Heritage Bank Limited, sociedad extranjera
inscripta en Las Bahamas, quien -según se afirmó- actuó
sin estar autorizada para realizar actos en la República Argentina, habida
cuenta que el contrato que se ejecuta no se trata de un acto aislado.
Dijo que si bien esta excepción carece de tratamiento legal específico
en el proceso ejecutivo, procede subsumirla dentro de la inhabilidad de título,
según doctrina y jurisprudencia que allí citó.
Expuso que la circunstancia de tratarse el accionante de una cesionaria de la
sociedad antes citada que suscribió el mutuo, en nada impedía
el análisis de la validez del título cedido y que se pretende
ejecutar, en orden a que nadie puede transmitir mejores derechos que los que
tiene (art. 3270 Ver Texto CCiv.). Agregó que el art. 1474 Ver Texto
de dicho Código, autoriza al deudor a oponer al cesionario todas las
excepciones que podía hacer valer contra el cedente.
Expresó que las constancias agregadas a las presente actuaciones ponen
en evidencia que la afirmación de acto aislado que contiene el título
que se ejecuta, se ve desvirtuada con las operaciones realizadas por la sociedad
cedente en la época en que fue celebrado el mutuo base del proceso, y
que se ocupó de detallar a continuación en base a lo informado
por el Registro de la Propiedad Inmueble.
Manifestó que, asimismo, no existían elementos que permitieran
inferir que en la oportunidad de constituirse la obligación que se ejecuta,
el accionado conociera si se trataba o no de un acto aislado como lo declaró
la representación de la parte acreedora.
Con apoyo en doctrina, sostuvo que el supuesto de acto aislado debe apreciarse
con criterio realista, restrictivo y excepcional.
En virtud de las pautas establecidas y habida cuenta las operaciones realizadas
por la sociedad cedente en el período en que se constituyó en
título que se intenta ejecutar, reiteró que no podía ser
considerado este negocio como acto aislado, situación que permitía
sostener el incumplimiento de los recaudos que impone el art. 118 Ver Texto
Ley de Sociedades Comerciales (1). Añadió que tal omisión,
que resulta de suma trascendencia por tratarse de una norma de orden público,
priva en consecuencia a la acción de tutela judicial en los términos
en que ha sido planteada, pues no puede ser admitida la vía elegida para
convalidar actos u operaciones fuera del marco de la ley.
Por lo demás -prosiguió-, en el juicio ejecutivo debe admitirse
la excepción de inhabilidad de título cuando mediante ella se
pone de manifiesto la falta de alguno de los presupuestos liminares de la vía
ejecutiva, como la legitimación sustancial, sin cuya existencia no hay
título ejecutivo. Ello conforme a la jurisprudencia que allí citó.
II. Contra este pronunciamiento, la parte actora interpuso el recurso extraordinario
de fs. 448/466, cuya denegatoria de fs. 477 y vta. motiva la presente queja.
Tacha de arbitraria a la sentencia y reprocha, en primer lugar, que se ha prescindido
del texto legal.
Expone al respecto que la escritura pública que instrumenta un mutuo
con garantía hipotecaria es un título que per se trae aparejada
ejecución, y que este tipo de juicio posee un régimen específico.
Señala que el art. 544 Ver Texto CPCCN. prevé de modo explícito,
entre las únicas excepciones admisibles, a la de inhabilidad de título,
y que el inc. 4 de esta norma legal establece que el contenido de esta excepción
sólo se "...limitará a las formas extrínsecas del
título", "...sin que pueda discutirse la legitimidad de la
causa". Añade que el Código también ordena al juez
que se declare que esta excepción es inadmisible "... si no se ha
negado la existencia de la deuda".
Critica que el juzgador no se limitó a examinar las formas extrínsecas
del título, sino que so pretexto de averiguar si la apelante estaba o
no legitimada para iniciar esta acción, resolvió que la escritura
pública que instrumenta la hipoteca no es título que traiga aparejada
ejecución.
Sostiene que el tema relativo a la actuación aislada de la sociedad extranjera,
cedente del título que aquí se ejecuta, no es un fenómeno
que haga a la forma extrínseca del título.
Reprueba que toda la actividad probatoria dispuesta de oficio y como medidas
para mejor proveer, estuvo encaminada a investigar la causa de la obligación
y la actividad comercial de la acreedora cedente.
En consecuencia -prosigue-, dado que todo lo relativo a la consideración
de la frecuencia con que el Heritage Bank pudo haber actuado en el país
significa apartarse inequívocamente del análisis de aquellas formas
extrínsecas, debe concluirse que la sala F ha actuado al margen de la
ley y en contra de la prohibición expresa que le vedaba inmiscuirse en
este aspecto de la relación acreedor/deudor, con violencia manifiesta
del derecho de defensa.
En segundo lugar, advierte que en el presente caso, la ejecutada, si bien declaró
negar la existencia de la deuda, más adelante acompañó
algunos recibos de pagos parciales y solicitó una morigeración
de los intereses; es decir -sostiene- que su negativa era formal, temeraria
y autocontradictoria.
Reitera que la ley prohíbe interponer la excepción de inhabilidad
de título cuando no se niega la deuda, y se agravia porque la Cámara
admitió el tratamiento de esta excepción, a pesar de reconocer
expresamente que se habían hecho pagos parciales.
También critica que la sala se apartó de un precedente propio,
idéntico al sub lite. Manifiesta que, en este caso como en aquél,
el a quo no podía prescindir de la manifestación expresa del deudor
en la escritura en el sentido que el mutuo con garantía hipotecaria consistía
en un acto aislado, pues era una declaración deliberada, jurídicamente
relevante y plenamente eficaz.
Reprocha que la sala brindó un fundamento aparente y pautas de excesiva
latitud en sustitución de normas expresas.
Respecto de los actos aislados, sostiene que el juzgador efectuó una
afirmación dogmática, y manifiesta su desacuerdo con que la Cámara
haya considerado que cinco operaciones, correspondientes en realidad a tres
préstamos y una cesión, realizadas por el Heritage Bank a lo largo
de once años, era cantidad suficiente como para no considerarlos "actos
aislados".
Asevera, asimismo, que se ha violado la Convención sobre el reconocimiento
de la Personería Jurídica de la Sociedades (ley 24409 Ver Texto
[2]).
En cuanto a la condena, considera que no existe en el derecho argentino la sanción
que ha aplicado la sala F ante el supuesto incumplimiento del art. 118 Ver Texto
Ley de Sociedades, ya que la norma no prevé sanción específica
alguna para el caso de incumplimiento de lo allí previsto.
III. Corresponde tratar, en primer término, lo relativo a la definitividad
de la sentencia, y, al respecto, debo señalar que V.E. tiene reiteradamente
dicho que, si bien las decisiones recaídas en los juicios ejecutivos
no son, en principio, susceptibles de recurso extraordinario por no revestir
el carácter de sentencias definitivas, ello no resulta óbice decisivo
para invalidar lo resuelto cuando el tribunal provocó con su decisión
un agravio de imposible o insuficiente reparación ulterior (ver doct.
de Fallos 313:899 Ver Texto ; 315:305; 319:625 Ver Texto [3], entre otros).
Tal es lo que -a mi ver- ocurre en la especie, toda vez que se advierte que
la pretensión del ejecutante no podrá ser replanteada en un juicio
ordinario posterior ya que, conforme al art. 553 Ver Texto CPCCN., no se podrán
discutir nuevamente las cuestiones de hecho debatidas y resueltas en el juicio
ejecutivo, ni las interpretaciones legales formuladas en la sentencia, ni la
validez o nulidad del procedimiento de la ejecución.
Cabe recordar que el tribunal también ha establecido que reviste el carácter
de sentencia definitiva el fallo que revocó el de primera instancia que
había rechazado la excepción de inhabilidad de título y
ordenado llevar adelante la ejecución, pues la pretensión articulada
en el sub lite fue rechazada en forma tal que no puede ser objeto de tratamiento
ulterior en juicio (ver doct. de Fallos 301:1029 Ver Texto ).
Ahora bien, los agravios relativos a los "actos aislados", a la interpretación
que el juzgador ha hecho del art. 118 Ver Texto Ley de Sociedades, y a si existe
o no sanción para el supuesto de incumplimiento de esta norma, no pueden
ser objeto de tratamiento en esta instancia, puesto que constituyen temas de
derecho común, reservados a los jueces de la causa, y ajenos por lo tanto
a la vía extraordinaria. Las discrepancias de la recurrente con la interpretación
efectuada por la Cámara de las normas no federales aplicables, no sustenta
la tacha de arbitrariedad, aun en el supuesto de discordancia con opiniones
doctrinarias sobre la materia sometida a decisión (ver doct. de Fallos
308:2352 Ver Texto [4]; 312:195 Ver Texto , entre otros).
Cabe sí, admitir las quejas referidas a la prescindencia del texto legal
acerca de la excepción de inhabilidad de título, en orden a que
el art. 544 Ver Texto CPCCN. (5) establece que esta excepción debe limitarse
a las formas extrínsecas, cosa que no ha ocurrido en autos. En efecto,
como bien lo expresó el apelante, la investigación de la frecuencia
con que la cedente del crédito hipotecario pudo haber actuado en el país,
significó apartarse del análisis de las formas extrínsecas,
para inmiscuirse en el examen de la actividad comercial de aquélla, aspecto
que, por tratarse de un juicio ejecutivo, no correspondía evaluar.
Esta cuestión fue reconocida por la propia Cámara, que admitió
asimismo que la ejecutada aceptó en la escritura de hipoteca que se trataba
de un acto aislado de la sociedad acreedora, y que se realizaron pagos parciales
(ver fs. 432 vta.), existiendo, además, un pedido de morigeración
de los intereses (ver fs. 144). Al tener presente esto último, procede
advertir que si no se ha negado la existencia de la deuda, la defensa de inhabilidad
de título resulta inadmisible, también conforme a la norma citada.
Para acoger, pese a ello, la excepción, el juzgador argumentó,
por un lado, que se encuentran en juego "... intereses que exceden el de
los particulares o trascienden el interés económico que los vincula...",
y por otro, que "...se advierte un ejercicio notoriamente antifuncional
del derecho del acreedor..." (ver fs. 434 vta.; el encomillado me pertenece).
A mi modo de ver, estas expresiones se presentan como demasiado genéricas,
sin referencia concreta a ningún elemento de la causa, careciendo de
contenido y de entidad suficiente para dar debido fundamento a una sentencia
que pretende justificar la prescindencia del texto legal del art. 544 Ver Texto
CPCCN.
IV. En cuanto a la oportunidad del planteo, corresponde señalar que,
ante situaciones análogas (Fallos 324:547, 1344, entre otros) V.E. tiene
dicho, remitiendo al dictamen de esta Procuración, que, en principio,
el requisito de la introducción oportuna sólo rige respecto de
las cuestiones federales previstas en el art. 14 Ver Texto ley 48 (6) (ver doct.
de Fallos 308:568 Ver Texto ), que deben ser resueltas de modo previo por los
jueces de la causa a fin de dar lugar a la intervención del tribunal,
último intérprete de las mismas. Mas la arbitrariedad, como lo
ha definido la Corte, no es una cuestión federal de las efectivamente
aludidas en la reglamentación del recurso extraordinario, sino, en rigor,
la causal de nulidad del fallo por no constituir, a raíz de sus defectos
de fundamentación o de formas esenciales, "la sentencia fundada
en ley" a que se refiere el art. 18 Ver Texto CN. De allí que las
partes no tienen por qué admitir de antemano, que el juzgador podría
incurrir en ese fundamental defecto. Y por eso es que la Corte ha sido muy amplia
al respecto, y sólo ha exigido el planteo previo en el supuesto en que
la cámara confirma por iguales fundamentos la sentencia del juez de grado
y ante ésta no se hubiera invocado la tacha, desde que ello importa un
consentimiento de validez que luego no permite introducirla tardíamente.
Porque, de lo contrario, habría que reservarla siempre, como un mecanismo
indispensable, respecto de la eventual desatención de la totalidad de
las propuestas de derecho no federal o de hecho y prueba debatidas en la causa,
desde que cualquiera de ellas, es previsible, podrían ser decididas de
modo arbitrario.
Empero, el requisito de la reserva, como el tribunal lo tiene dicho, no existe,
en realidad, en el marco del recurso extraordinario -sería, obviamente,
un excesivo rigorismo-, sino que la exigencia que debe cumplirse es el oportuno
planteo de la cuestión federal, a fin de que los jueces puedan decidirla,
planteo que incluso -dijo la Corte- no requiere de fórmulas sacramentales
(ver doct. de Fallos 292:296 Ver Texto ; 294:9 Ver Texto [7]; 302:326 Ver Texto
; 304:148 Ver Texto [8], entre otros). No se trata, por consiguiente, de reservar
sino de introducir. Y la arbitrariedad, como se dijo, no es una cuestión
a decidir, que, por ende, deba ser introducida, sino el defecto de invalidez
jurisdiccional del que resguarda el art. 18 Ver Texto CN. (9) -en cuya base
ese elevado tribunal fundamentó su creación pretoriana-, y que
siempre ha de nacer, de modo indefectible, con el dictado del acto inválido.
Por todo lo expuesto, opino que corresponde hacer lugar a la queja, declarar
procedente el recurso extraordinario, y disponer vuelvan los actuados al tribunal
de origen para que, por quien corresponda, se dicte nuevo pronunciamiento con
arreglo a lo expresado.- Felipe D. Obarrio.
Buenos Aires, agosto 10 de 2004.- Considerando: que esta Corte comparte el dictamen
del procurador fiscal, y se remite a sus fundamentos y conclusiones por razones
de brevedad.
Por ello, de conformidad con lo dictaminado por el procurador fiscal, se hace
lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja
sin efecto el pronunciamiento apelado (fs. 434/436). Con costas (art. 68 Ver
Texto CPCCN.). Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que, por medio
de quien corresponda se dicte un nuevo fallo con arreglo a lo expresado. Reintégrese
el depósito de fs. 1. Agréguese la queja al principal, notifíquese
y remítanse.- Enrique S. Petracchi.- Antonio Boggiano.- Adolfo R. Vázquez.-
Juan C. Maqueda.- Eugenio R. Zaffaroni.-
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