A fs. 30 se presentaron J. S. y N. A. D. de S., por sus propios derechos, en
su carácter de padres de la menor C. G. S. y D. y solicitaron la autorización
judicial para que dicha menor donara uno de sus riñones a su hermano
J. I. S. y D. Fundamentaron su pedido en el padecimiento de una insuficiencia
renal crónica de su hijo, que sólo sobrevive mediante un tratamiento
artificial de hemodiálisis y que ha sido trasplantado en el año
1975 con un riñón de su madre, operación que tuvo sólo
relativo éxito, toda vez que el riñón injertado funcionó
en los 6 meses posteriores en un 35 %, pero a partir de ese momento solamente
lo hizo en un 11 %. Afirmaron que de los exámenes clínicos realizados
en centros especializados, el único dador posible era C. G., quien tenía
un estudio de compatibilidad del tipo "A" es decir: histoidéntico.
Como fueron informados por los médicos que el trasplante no podría
realizarse sin la previa autorización judicial, por ser la donante menor
de 18 años, es que efectúan esa presentación.
A pedido de la jueza, a fs. 34/41, se produjo un dictamen de los médicos
forenses, cuyas conclusiones a esa época resultan las siguientes: 1)
El estado de J. I. S. es de crónica gravedad, no obstante debe tolerar
físicamente una espera hasta el día 30 de diciembre de 1980 (fecha
en que la donante cumplirá los 18 años), sin que se practique
dicho trasplante; 2) El peligro de muerte existe en el paciente desde que se
diagnosticó la enfermedad, causa de la insuficiencia renal bilateral;
3) Para evaluar las consecuencias inmediatas y futuras, al realizar la ablación
de un riñón de una menor de 17 años, debe considerarse:
a) Si la menor posee suficiencia renal en cada uno de sus riñones, por
lo que se deberá hacer el estudio de éstos por separado, luego
de descartar que no es portadora de riñón único; b) De
todos modos, la dadora quedará con una debilitación permanente
de una función de vital importancia para su futuro como mujer; 4) El
porcentaje de éxito respecto a la parte técnicoquirúrgica
puede ser alto, no pudiendo informar lo mismo respecto al futuro y a la evolución.
A este respecto, según las estadísticas del VIII Informe del Registro
de Trasplantes para el año 196869, al año de sometido a la operación,
había un 78 % de éxito y a los dos años un 75 %. Sólo
las 2/3 partes de los pacientes receptores efectuaron una actividad normal;
5) De acuerdo a la ley de trasplantes cardíacos, es el Centro Unico Coordinador
de Ablación e Implante (CUCAI), perteneciente a la Secretaría
de Estado de Salud Pública, el que puede disponer de los órganos
cadavéricos para su trasplante.
A fs. 51 se produjo el dictamen de la asesora de Menores quien, con fundamento
en el art. 13 de la ley 21.541, por considerar que en el caso concreto la menor
no estaría capacitada para evaluar las gravísimas consecuencias
de la ablación de un órgano tan vital como un riñón,
ni tampoco sus progenitores, trastornados emocionalmente por el sufrimiento
de su otro hijo y con base en las conclusiones del peritaje médico, aconsejó
negar la autorización solicitada.
A fs. 65 los padres de los menores impugnaron el dictamen médico y las
conclusiones de la asesora de Menores, efectuando extensas consideraciones de
contenido médico en cuanto a la necesidad inminente de un trasplante
y a los escasos riesgos que se provocarían en el dador. Invocaron asimismo
argumentaciones de tipo ético y legal.
A fs. 78 obra un nuevo dictamen de los médicos forenses quienes insistieron
en su posición anterior, desaconsejando la autorización.
A fs. 82 hay un resumen de historia clínica del Centro de Estudios Nefrológicos
y Terapéuticos en donde se informa respecto al estado actual del enfermo
y se llega a la conclusión de que refleja una tendencia al desmejoramiento
progresivo.
A fs. 85 la jueza interviniente dictó sentencia y, con fundamento en
la minoría de edad de la pretensa donante y lo dispuesto por los arts.
55 y sigts. del Cód. Civil y los arts. 11, 12 y 13 de la ley 21.541,
resolvió denegar la autorización para que la menor done uno de
sus riñones.
Apelada dicha sentencia, a fs. 99 se produjo un nuevo informe del Centro de
Estudios Nefrológicos y Terapéuticos sobre la salud del menor,
en el que se afirmó que la posibilidad del trasplante renal debía
ser evaluada de inmediato. no aportándose nuevos elementos de juicio.
El asesor de Menores de Cámara, por razones coincidentes con las de la
asesora de Menores de 1ª instancia y de la jueza interviniente, solicitó
el rechazo de la autorización.
A fs. 101/105, por el voto de la mayoría de la sala A de la Cámara
en lo Civil, fue confirmada la sentencia. El vocal doctor de Igarzábal,
en su voto en disidencia, sostuvo una posición favorable a la concesión
de la autorización.
Contra este último pronunciamiento, se interpuso a fs. 108/116 recurso
extraordinario federal. Los fundamentos de dicha apelación son: 1) Que
la Cámara de Apelaciones se apartó y negó el derecho natural
del ser humano a la vida, a la subsistencia y a la integridad. Se afirma al
respecto que el art. 13 de la ley 21.541 no prohíbe la donación
de órganos en vida a los menores de 18 años sino que se argumenta
éstos pueden donar igualmente un órgano, aunque previo consentimiento
de sus padres y autoridad judicial. Se invoca el art. 19 de la Constitución
Nacional. Finalmente, se expresa que no existe mayor diferencia entre una menor
de 18 años recién cumplidos y, como en el caso de autos, una menor
de 17 años y 8 meses de edad. 2) Que los jueces se apartaron de la ley
21.541, toda vez que se basaron en el dictamen de médicos no especialistas
y desecharon la opinión del equipo de médicos que habría
de operar a los menores, que son los únicos autorizados por la mencionada
ley, para efectuar los trasplantes. 3) Que existe arbitrariedad en la sentencia
apelada, ya que se arguye aquélla sólo tiene fundamento aparente
toda vez que los jueces, dicen los recurrentes, se basaron para arribar a sus
conclusiones en fundamentos dogmáticos y extralegales. Afirmar, además,
que pese a haber existido una entrevista personal entre la donante y el tribunal,
este último arribó a la conclusión denegatoria de la autorización,
pero sin expresar las razones fundamentales que tuvo para llegar a esa conclusión
final. Invocan violación de los arts. 18 y 19 de la Constitución
Nacional y, por ende, solicitan que V. E. otorgue la autorización solicitada.
A fs. 117 el a quo, por considerar que la cuestión debatida en autos
suscitaba gravedad institucional, concedió el recurso extraordinario
A fs. 118 vta. se me corrió vista de la apelación extraordinaria,
respecto de la cual paso a expedirme.
En mi opinión, los jueces de la causa han resuelto el caso de autos efectuando
una inteligencia posible de normas de estricto derecho común como son
las contenidas en la ley 21.541 y las relativas a la capacidad y discernimiento
de las personas contenidas en el Código Civil.
En efecto, no considero aceptable la posición de los recurrentes en cuanto
sostienen que el art. 13 de la ley 21.541 no prohíbe la ablación
de órganos de un ser vivo en menores de 18 años. El sentido y
alcance de dicho artículo se encuentra claramente explicado en el mensaje
de elevación de la mencionada ley cuyos párrafos pertinentes transcribo
a continuación: "... Uno de los aspectos sobre los que no se advierten
discrepancias importantes entre quienes han abordado el estudio de esta materia,
es el relativo a la disposición de órganos o materiales anatómicos
provenientes de personas vivas, cuya supervivencia se trata de asegurar, por
lo que la cuestión no ofrece dificultades verdaderamente importantes
en el plano conceptual..." No obstante, en ese orden creemos que los antecedentes
estudiados señalan adecuada atención en lo relativo a los menores
de edad, punto que consideramos verdaderamente crucial dadas las especiales
características de inestabilidad emocional, dependencia de influencias
externas, inexperiencia para valorar certeramente las consecuencias de sus actos,
etc., etc., circunstancias todas que hacen de ellos, sujetos que requieren muy
especial protección jurídica. Esa protección debe extremarse
a todos los efectos previstos en el proyecto.
"A esa firmísima convicción se debe la actitud restrictiva
adoptada al eliminar como posibles dadores a los menores de edad".
Como se puede observar, tales conclusiones no derivan de una afirmación
dogmática de los jueces carente de sustento legal, sino de las propias
palabras del legislador, que, como lo afirmó la Cámara, va aún
más allá de la norma concretada en definitiva y se refiere a la
prohibición a los "menores de edad".
A mi parecer, pues, los argumentos del apelante aparecen, más como la
desesperación comprensible ante lo que creen una irrazonable negativa
de los jueces, que una crítica concreta y razonada al basamento del fallo,
el cual, estructurado en el irrenunciable principio de la esclavitud de los
jueces a la ley, no observo que se haya visto conmovido por los agravios contenidos
en el remedio federal intentado.
Por otra parte, es del caso señalar que ni en el recurso extraordinario
ni en ninguna otra oportunidad del proceso se ha invocado la inconstitucionalidad
de las disposiciones legales aplicadas por los jueces.
No dejo de advertir, empero, que el argumento de los recurrentes, respecto a
que dentro de apenas 2 meses y 10 días la menor podrá decidir
por sí misma y efectuar la donación pudiendo la demora resultar
fatal conmueve al ánimo de quien no tenga plena conciencia de los principios
básicos sobre los que se asienta el orden jurídico vigente en
nuestra sociedad, pero carece de fuerza de convicción si se tiene presente
que no es tarea de los jueces juzgar la bondad de las leyes ni atribuirse el
rol del legislador y crear excepciones no admitidas por aquél.
Hoy son 17 años y 8 meses, ¿cuál será mañana
la edad exceptuada?
Que el derecho sea seguro, que no sea interpretado y aplicado hoy y aquí
de una manera, mañana y allá de otra, es, al mismo tiempo, una
exigencia de la justicia (Radbruch, Gustav, "Arbitrariedad legal y derecho
supralegal", p. 36).
Por las consideraciones expuestas, opino que la apelación extraordinaria
de fs. 108/116 debe ser declarada improcedente. Octubre 20 de 1980. Mario J.
López.
Buenos Aires, noviembre 6 de 1980.
Considerando: 1°) Que mediante el pronunciamiento de fs. 101/105, la sala
A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó, por
mayoría, la sentencia de 1ª instancia que no hizo lugar a la solicitud
formulada por los progenitores de la menor C. G. S. y D., en su representación,
a fin de que se autorizara la ablación de uno de sus riñones para
ser injertado en su hermano J. I. Contra esa decisión aquéllos
dedujeron el recurso extraordinario de fs. 108/116, en el cual sostienen que
el fallo del a quo es arbitrario, toda vez que la interpretación que
efectúa del art. 13 de la ley 21.541 resulta violatoria de las diversas
garantías constitucionales que enuncia.
2°) Que el problema a resolver se relaciona con la edad necesaria para disponer
la ablación en vida de un órgano del propio cuerpo con fines de
trasplante terapeútico a un hermano. La norma específica (art.
13, ley 21.541) ha de ser interpretada considerando armónicamente la
totalidad del or denamiento jurídico y los principios y garantías
de raigambre constitucional, para obtener un resultado adecuado, atento a las
excepciona les particularidades de esta causa, pues la admisión de soluciones
notoriamente disvaliosas no resulta compatible con el fin común tanto
de la tarea legislativa como de la judicial (Fallos, t. 255, p. 360; t. 258,
p. 75; t. 281, p. 146; causa "Mary Quant Cosmetics Limited c. Roberto L.
Salvarezza" del 31 de julio de 1980 Rev. La Ley, t. 112, p. 709; t. 116,
p. 13; t. 146, p. 687, fallo 28.856, t. 1980D, p. 394). Ello así, porque
no debe prescindirse de las consecuencias que naturalmente derivan de un fallo
toda vez que constituye uno de los índices más seguros para verificar
la razonabilidad de la interpretación y su congruencia en el sistema
en que está engarzada la norma (Fallos, t. 234, p. 482 Rev. La Ley, t.
82, p. 690). Sobre tales bases no es dable la demora en la tutela de los derechos
comprometidos que requiere en cambio, consideración inmediata, oportuna
y adecuada a su naturaleza, todo lo cual impone la superación de ápices
formales, como necesario recaudo para el pertinente ejercicio de la misión
constitucional de esta Corte.
3°) Que según resulta de autos, el menor J. I. S. y D., que nació
el 31 de diciembre de 1960, padece de insuficiencia renal crónica terminal
en condiciones de riesgo, hallándose en tratamiento de diálisis
que compromete la vida del paciente, debiéndose destacar que el equipo
médico al que alude el art. 3° de la referida ley informa a fs. 99:
"Creemos que la posibilidad del trasplante renal debe ser evaluada de inmediato,
dada la reversibilidad con el mismo de gran parte de estos padecimientos"
y el jefe del equipo médico que realizaría la operación
de trasplante expresa en su declaración ante esta Corte "que en
los dos meses próximos el receptor está expuesto al mismo riesgo
de muerte que ha venido sobrellevando hasta ahora, máxime porque no tiene
otro acceso vascular que la cánula de Thomas. La diálisis, por
los accidentes que pueden producirse durante su funcionamiento, genera riesgos
propios de muerte".
4°) Que corresponde, en primer lugar, señalar debidamente las particularidades
de orden fáctico que surgen de las constancias de autos con respecto
a la operación en sí misma y a sus eventuales consecuencias para
el receptor y la dadora.
El informe de los médicos forenses carece de las necesarias conclusiones
asertivas en su fundamentación, habida cuenta de que la casi totalidad
del dictamen se compone de interrogaciones que no permiten extraer consecuencias
con fuerza de convicción.
Al iniciar la serie de esos interrogantes dicen los médicos forenses:
"...pero nos preguntamos y preguntamos a los facultativos intervinientes"
y al terminarla expresan: "estimamos que todas estas preguntas deberán
responder los médicos del equipo quirúrgico a los padres del paciente
y de la probable y futura dadora..."
Frente a la situación reseñada y a la urgencia en resolver esta
causa ante el riesgo de muerte del receptor. esta Corte citó inmedíatamente
y con habilitación de días y horas al jefe del equipo médico
que se encargaría del trasplante, y le efectuó una serie de preguntas
y pedidos de explicaciones, que constan en el acta de fs. 131/132.
5°) Que sobre la base de los elementos de juicio que obran en la causa,
este tribunal acoge con fuerza de convicción bastante para llegar a una
certeza moral suficiente para adoptar una decisión conforme a la naturaleza
y características del caso, las siguientes conclusiones:
a) Desde el punto de vista inmunológico la compatibilidad entre dador
y receptor es buena; uno y otro son histoidénticos, lo cual permite la
viabilidad del trasplante y aleja la posibilidad del rechazo.
b) De no haber rechazado luego de la operación, el receptor podría
llevar una vida normal y el "medio interno" se soluciona con la operación
de trasplante.
c) Se puede descartar que el receptor tenga en la actualidad alguna enfermedad
sistemática que le pueda afectar específicamente al nuevo riñón.
d) Que en los dos meses próximos el receptor está expuesto al
mismo riesgo de muerte que ha venido sobrellevando hasta ahora, máxime
porque no tiene otro acceso vascular que la cánula de Thomas. La diálisis,
por los accidentes que pueden producirse durante su funcionamiento, genera riesgos
propios de muerte.
e) Que por la experiencia personal del declarante le constan casos de personas
que han vivido hasta 13 años con riñón trasplantado, pero
la experiencia mundial registra casos de personas que han vivido 25 años,
no pudiendo registrarse mayores lapsos porque tales operaciones comenzaron a
realizarse hace aproximadamente 25 años.
f) Que con anterioridad al trasplante se reactualizarán los exámenes
inmunológicos a fin de asegurar la improbabilidad del rechazo, así
como también, se volverán a evaluar la situación del receptor
en cuanto a su osteopatía, polineuropatía, estado cardiovascular,
etc., y también el estado anatómico y funcional de los órganos
urinarios a fin de determinar su capacidad de funcionamiento. La última
vez que examinó al paciente alrededor de mes y medio llegó a la
conclusión que se estado físico era capaz de soportar la operación
y el postoperatorio.
g) Con respecto a la dadora, expresa el declarante que: "... los riegos
de la intervención que requiere la ablación son remotos dado el
estado de salud de la menor. La internación en general es de una semana.
La vida de los dadores con un sólo riñón es plenamente
normal y no significa ninguna invalidez. Los inconvenientes podrían derivar
de un accidente que sufriera en el único riñón. El riñón
subsistente no está especialmente expuesto a enfermedades que no pudiera
padecer de tener ambos. La dadora podrá llevar vida normal en su matrimonio
y maternidad".
h) Agrega el médico en su declaración que, a su juicio, la menor
donante es plenamente consciente de las implicancias de la ablación y
que su decisión se muestra como totalmente libre, apreciación
que coincide en un todo con la obtenida por los suscriptos en la detenida conversación
que mantuvieron a solas con la menor y posteriormente con sus padres, según
acta de fs. 128. Asimismo dejan constancia los suscriptos de su convencimiento
de que no media inestabilidad emocional en la menor donante en cuanto a su firme
y serena decisión, como tampoco inexperiencia para valorar las consecuencias
de sus actos ni dependencia de factores externos: basta señalar su espontánea
manifestación de que, sin conocimiento de sus padres, concurrió
a hacerse todos los exámenes y análisis necesarios para establecer
su compatibilidad para el trasplante de un riñón a su hermano
y, al concluirse que aquélla era total, sólo entonces comunicó
a sus progenitores la decisión de donar su riñón, circunstancia
ésta que luego ratificaron sus padres. Con lo expuesto precedentemente
en este párr. h) se puede dar por satisfecha, con intervención
de los órganos jurisdiccionales, la especial protección jurídica
de la menor referida en el art. 11 y en la nota de elevación del proyecto
de la ley 21.541.
No existiendo en autos prueba fehaciente que haga poner en duda la opinión
del equipo especializado que realizaría el trasplante, como primera conclusión
de lo expuesto en este considerando, cabe afirmar dentro de la limitación
propia de las previsiones humanas en cuestión tan delicada como la que
aquí se trata que en tanto el menor J. I. está en una situación
actual y permanente de riesgo de muerte, la ablación del riñón
a su hermana C. G., aparte de ofrecer sólo riesgos remotos propios de
toda intervención quirúrgica, no le produciría ninguna
invalidez y podría llevar una vida plenamente normal, incluso en su eventual
matrimonio y maternidad.
6°) Que sentado lo que precede en cuanto a las circunstancias fácticas
de la causa, corresponde abordar la interpretación de la norma específica
en la materia a fin de conjugarla con aquéllas y con el todo orgánico
del ordenamiento jurídico. El art. 13 de la ley 21.541 establece: "Toda
persona capaz, mayor de 18 años, podrá disponer de la ablación
en vida de algún órgano o de material anatómico de su propio
cuerpo para ser implantado en otro ser humano, en tanto el receptor fuere con
respecto al dador, padre, madre, hijo o hermano consanguíneo...".
A la dadora, en el caso, le faltan a la fecha dos meses para cumplir la edad
señalada por la ley.
El quid del problema reside entonces en optar por una interpretación
meramente teórica, literal y rígida de la ley que se desinterese
del aspecto axiológico de sus resultados prácticos concretos o
por una interpretación que contemple las particularidades del caso, el
orden jurídico en su armónica totalidad, los fines que la ley
persigue, los principios fundamentales del derecho, las garantías y derechos
constitucionales y el logro de resultados concretos jurídicamente valiosos.
7°) Que las excepcionales particularidades de esta causa, precedentemente
expuestas, comprometen al tribunal, en su específica misión de
velar por la vigencia real y efectiva de los principios constitucionales, a
ponderar cuidadosamente aquellas circunstancias a fin de evitar que la aplicación
mecánica e indiscriminada de la norma conduzca a vulnerar derechos fundamentales
de la persona y a prescindir de la preocupación por arribar a una decisión
objetivamente justa en el caso concreto lo cual iría en desmedro del
propósito de "afianzar la justicia" enunciado en el Preámbulo
de la Constitución Nacional, propósito liminar y de por sí
operativo, que no sólo se refiere al Poder Judicial sino a la salvaguarda
del valor justicia en los conflictos jurídicos concretos que se plantean
en el seno de la comunidad. La misión judicial, ha dicho esta Corte,
no se agota con la remisión a la letra de la ley, toda vez que los jueces,
en cuanto servidores del derecho y para la realización de la justicia,
no pueden prescindir de la "ratio legis" y del espíritu de
la norma; ello así por considerar que la admisión de soluciones
notoriamente disvaliosas no resulta compatible con el fin común tanto
de la tarea legislativa como de la judicial (doctrina de Fallos, t. 249, p.
37 y sus citas Rev. La Ley, t. 104, p. 29. con nota de Próculo).
8°) Que, sobre la base de las pautas orientadoras "supra" expuestas,
cuadra señalar ante todo que si bien la ley 21.541 se preocupa de precisar
las distintas condiciones que han de cumplirse para la procedencia del trasplante
entre personas vivas, entre ellas las que debe reunir el dador, no puede dejar
de tenerse presente que el espíritu que movió a la sanción
de esa norma y el fin último por ella perseguido consisten primordialmente
en proteger la vida del paciente, permitiendo que, al no haber otra alternativa
terapéutica para la recuperación de su salud, se recurra a la
ablación e implantación de órganos, que considera son ya
de técnica corriente y no experimental (conf. art. 2°, ley 21.541).
Es, pues, el derecho a la vida lo que está aquí fundamentalmente
en juego, primer derecho natural de la persona preexistente a toda legislación
positiva que, obviamente, resulta reconocido y garantizado por la Constitución
Nacional y las leyes (adviértase que en la nota al art. 16 del Cód.
Civil, que remite a los principios generales del derecho, el codificador expresa:
"Conforme al art. 7° del Cód. de Austria", y éste
se refiere a "los principios del Derecho Natural"; vide igualmente
el art. 515 y su nota). No es menos exacto, ciertamente, que la integridad corporal
es también un derecho de la misma naturaleza, aunque relativamente secundario
con respecto al primero, por lo cual la ley de la materia se ocupa de las condiciones
que debe reunir el dador (art. 13).
Se trata, pues, de la valoración comparativa de dos intereses jurídicamente
protegidos con el fin de salvaguardar en la mejor forma posible a ambos, dentro
de los criterios axiológicos que surgen del mismo orden jurídico
y de la medida de protección que el legislador ha considerado digno de
revestir a uno y otro.
La cuestión radica entonces en valorar ambos derechos en las especiales
circunstancias de la causa y en el conjunto orgánico del ordenamiento
jurídico.
9°) Que en cuanto a lo primero baste con hacer remisión al consid.
5° de la presente y a la conclusión de su último párrafo,
de lo que cabe deducir que frente al derecho a la vida del receptor en riesgo
permanente de muerte se opone el derecho a la integridad corporal de la dadora,
que se puede admitir no está prácticamente amenazado.
10) Que en cuanto a lo segundo cuadra reconocer, por cierto, que el límite
de edad establecido en el art. 13 de la ley 21.541 es una de esas presunciones
rígidas de la ley, exigida por la naturaleza del derecho y la técnica
jurídica.
Sin embargo, cabe observar en primer lugar que la norma citada no prohíbe
suplir la ausencia del citado requisito de edad por el asentimiento expreso
de sus padres como ocurre en el caso o por la venia judicial. situación
que no puede dejar de tenerse especialmente en cuenta en las singulares circunstancias
de autos en que a la dadora le faltan sólo dos meses para llegar a cumplir
los 18 años y en ese lapso la vida de su hermano receptor está
expuesta permanentemente al riesgo de muerte. Frente a esta última situación,
el tribunal no puede dejar de expresar su convicción de que cumplidos
esos dos meses la menor mantendría su consentimiento, argumento corroborante
que sólo adquiere validez, por cierto, frente al derecho a la vida de
su hermano gravemente amenazado en ese lapso. Nada indica razonablemente que
en sólo dos meses la madurez psicológica, el grado de discernimiento,
responsabilidad y estabilidad emocional de la dadora (v. nota de elevación
del proyecto) pueda experimentar un cambio relevante.
En este orden de ideas cabe recordar lo dispuesto en el art. 921 del Cód.
Civil en cuanto al discernimiento de los menores adultos y los arts. 58 y 62
relativos al modo y alcance de suprimir los impedimentos de la incapacidad y
que la representación se extiende a todos los actos de la vida civil
que no fueren exceptuados, con lo cual cobra fuerza la razón "supra"
expuesta sobre la base de que la ley 21.541 no prohíbe a los padres completar
el asentimiento de la menor dadora (conf. art. 19, inc. 3 "in fine",
ley 17.132). Por lo demás, conforme a lo expresado en el consid. 5°
apart. h) y en el presente, es válido concluir que se encuentran reunidos
los requisitos de los actos voluntarios previstos en el art. 897 del Cód.
Civil.-
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