Contra la sentencia de la sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Civil, que confirmó la de primera instancia en cuanto no hizo lugar
al planteo de inconstitucionalidad del art. 64 de la ley 2393, dedujo el peticionante
recurso extraordinario el que fue concedido a fs. 66.
Para arribar a la decisión que se impugna, sostuvo el tribunal que resultaba
de la esencia del Poder Judicial decidir colisiones efectivas de derecho y no
hacer declaraciones de género o abstractas que fijan normas para el futuro,
lo cual es propio del Poder Legislativo. Añadió el a quo que no
debían ni podían pronunciarse sobre las bondades u oportunidad
de una norma, debiendo aplicarla sin juzgar su valor intrínseco o equidad,
circunstancias que tornaban improcedente el pronunciamiento requerido.
Más allá de lo expuesto, sostuvo el tribunal con cita de un precedente
de esta Corte, que el derecho de casarse conforme a las leyes, que contempla
el art. 20 de la Constitución Nacional, no se ve cercenado, sino, por
el contrario, efectivamente ejercido por el quejoso, a lo que debía añadirse
que el derecho a obtener el divorcio vincular no se encuentra consagrado por
ningún texto constitucional, ni mucho menos puede entendérselo
como uno de los derechos no enumerados a que alude el art. 33 de la Constitución.
Esta Corte ha tenido oportunidad de pronunciar sobre una cuestión similar
a la que aquí se discute, en el fallo de fecha 7 de agosto de 1984 in
re F. 539, libro XIX, F., H. E. c. E., M. H. s/ disolución de sociedad
conyugal (Rev. La Ley, t. 1984D, p. 105) en el que se planteó la inconstitucionalidad
del dec.ley 1070/56 ratificado por la ley 14.467.
Si bien en el presente caso se ha cuestionado de manera directa la invalidez
del art. 64 de la ley de matrimonio civil no puede sino destacarse, como lo
hizo este Ministerio Público en el dictamen del precedente aludido, que
el peticionante obtuvo su divorcio en los términos del art. 67 bis de
aquel cuerpo normativo, cuyos efectos no parecen separables de lo estatuido
por el art. 64 que excluye la disolución del vínculo, sin que
se efectuara la reserva pertinente en aquella oportunidad, al proponer la acción
de divorcio.
Lo antedicho, no es susceptible de alterarse por los agravios que expone el
apelante, en orden a que la disposición cuya declaración de invalidez
persigue, estatuye una incapacidad de derecho, en tanto le impide consumar una
nueva unión bajo la protección del ordenamiento jurídico,
con todas las consecuencias que de ello se sigue.
Así lo considero, pues tales normas constituyen disposiciones de orden
común que reglamentan el derecho en cuestión y fijan los efectos
del matrimonio celebrado en el país y del divorcio a que los cónyuges
pueden acceder, situación que, como quedó expresado en la sentencia
del inferior no cuenta con una garantía de naturaleza constitucional
que ampare la disolución del vínculo y torne ilegítima
la voluntad del legislador de mantenerlo subsistente en los casos de divorcio.
A lo hasta aquí expuesto cabe agregar las consideraciones formuladas
en el dictamen producido en el día de la fecha en la causa L. 384, libro
XX, L., V. A. c. G., D. s/ disolución de vínculo matrimonial (art.
31, ley 14.394)Ó a la que me remito por razones de brevedad.
Por ello, opino que cabe confirmar el pronunciamiento apelado. Setiembre 2 de
1986. José O. Casas.
Buenos Aires, noviembre 27 de 1986.
Considerando: 11/4) Que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil,
sala C (Rev. LA LEY, 1996E, 470), confirmó el fallo de primera instancia,
que había rechazado la impugnación por inconstitucionalidad del
art. 64 de la ley de matrimonio civil, efectuada por los cónyuges divorciados
en el expediente agregado por cuerda. Contra tal decisión se interpuso
el recuso extraordinario concedido a fs. 66.
21/4) Que el recurrente aduce la inconstitucionalidad del artículo referido
y de las normas concordantes con él, en cuanto establecen la indisolubilidad
del vínculo matrimonial existente entre las partes, y solicita en consecuencia
el restablecimiento de su aptitud nupcial.
31/4) Que la propuesta es una cuestión justiciable (arts. 100, Constitución
Nacional y 21/4, ley 27), atento que el recurrente persigue un interés
concreto, punto decisivo para que esta cuestión merezca decisión
judicial, a más de lo cual ha tenido debida audiencia el ministerio público.
41/4) Que dos son las cuestiones decisivas para resolver esta causa: una es
si la de los agravios que el recurrente dirige contra el art. 64 de la ley 2393,
a más de estar correctamente enderezados hacia esa norma, están
justificados en cuanto pretenden que se hallan violados en el caso derechos
de naturaleza constitucional, la otra es si temas que secularmente se ha admitido
como propios de la esfera de atribuciones del legislador, pueden convertirse
en cuestiones que por afectar derechos superiores de índole constitucional,
se hallen sujetos al control judicial de constitucionalidad.
51/4) Que el recurrente orienta sus agravios contra el art. 64 de la ley de
matrimonio civil, lo que impone determinar si tal orientación es adecuada.
Las disposiciones de aquel artículo fueron contradichas por diversos
pasajes del art. 31 de la ley 14.394. En ocasión del dictado de ésta
el Congreso Nacional expresó claramente su voluntad en el sentido que
los cónyuges pudieran recuperar su aptitud nupcial como una consecuencia
de que se hubiese decretado su divorcio. Posteriormente, por orden de un gobierno
de facto, instrumentado como dec.ley 4070/56, se suspendió la aplicación
de aquella decisión del Congreso Nacional, mandándose paralizar
los procedimientos judiciales en trámite y disponiéndose que no
se diera curso a nuevas peticiones con miras a la recuperación de la
aptitud nupcial de los divorciados. Este decretoley fue alcanzado por la declaración
emitida por el Congreso Nacional, a través de la ley 14.467, por la que
aquéllos continuaban en vigencia, en tanto el mismo Congreso no los derogase,
en previsión, como expresó el miembro informante de la Comisión
de Negocios Constitucionales de la Cámara de Diputados (Diario de Sesiones,
1985, ps. 2893 y sigts.), de la inseguridad jurídica.
Tales leyes declarativas no pueden borrar el carácter de espurias al
orden constitucional propio de tales disposiciones. No obstante ello, la elaboración
doctrinaria y la consagración jurisprudencial de un criterio accesible
a la justificación del poder por su función, con miras a garantir
la seguridad jurídica, condujo a que esas normas coercitivas, extrañas
al sistema establecido en la Constitución Nacional, funcionaran como
si fueran derecho, en todos los ámbitos de la legislación, incluso
en materia tributaria y penal.
61/4) Que así ocurrió en la parte del derecho civil que interesa
al caso, donde sin escándalo de nadie se hizo general aplicación
del art. 64 de la ley 2393, del mismo modo que hace el a quo.
No está entonces extraviado el recurrente al enderezar su pretensión
como lo hace. Reacciona contra la norma que al serle aplicada constriñe
el derecho que pretende. En lo concreto, tanto el art. 64 mentado, como el plexo
de disposiciones del decretoley 4070/56Ó concluyen con un mismo resultado:
negar que los divorciados puedan recuperar su aptitud nupcial, lo que se conjuga
con el señalado acatamiento general que se hace del primero. No cabe
pues exigir a un justiciable indagaciones que son propias de los jueces, por
lo que es admisible que se acepte en el caso que es la aplicación efectuada
del art. 64 de la ley 2393 y disposiciones concordantes la que obsta al progreso
en la causa de las pretensiones del recurrente, máxime si se tiene en
cuenta que las consideraciones que seguirán no variarán si se
tuviese en vista el régimen instaurado como consecuencia del llamado
decretoley 4070/56Ó.
71/4) Que en relación a la pregunta sobre si el régimen del art.
64 de la ley 2393 afecta derechos constitucionales, la respuesta debe ser afirmativa.
Nuestra Constitución Nacional no enumera la totalidad de los derechos
que ampara: coherentemente su art. 33 expresa: Las declaraciones, derechos y
garantías que enumera la Constitución no serán entendidos
como negación de otros derechos y garantías no enumerados, pero
que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana
de Gobierno. Entre los derechos así amparados se halla, evidentemente,
el derecho a la dignidad humana.
81/4) Que hace a esta dignidad que las necesidades del hombre sean satisfechas
con decoro, lo que en la faz jurídica implica que la ley las reconozca,
en tanto su satisfacción no viole los límites del art. 19 de la
Constitución Nacional, es decir no ofendan el orden y a la moral pública,
ni perjudique a un tercero, de modo tal que puedan conducir a la realización
personal, posibilidad que por otra parte es requisito de una sociedad sana.
91/4) Que en el matrimonio, como institución jurídica, se reconocen
necesidades humanas esenciales, como la de satisfacer su sexualidad a través
de una relación con características de permanencia; con miras
a la constitución de una familia, y, regularmente, a la procreación.
Esta disposición a constituir una familia se halla ínsita en la
naturaleza humana; las formas que esta institución ha adoptado son las
más variadas, como nos lo enseñan la antropología y la
historia, ya que si bien la familia es universal, al igual que todas las demás
instituciones es un producto social sujeto a cambios y modificaciones; pero
cualesquiera sean las hipótesis sobre su evolución y la influencia
de las condiciones del desarrollo económico social, ella constituye el
nudo primario de la vida social. Gozan tanto el matrimonio como la familia de
un reconocimiento constitucional expreso (arts. 14 nuevo y 20, interpretando
a fotiori, Constitución Nacional).
10) Que en el sub examine, tras seguir los pasos que establecen las normas de
los derechos de fondo y de forma, se llegó a decretar el divorcio de
los cónyuges, esto es, la sanción judicial que reconoce la inviabilidad
del matrimonio. No parece entonces irrazonable la pretensión del recurrente
de que, admitido el fracaso matrimonial por la justicia, la satisfacción
de aquellas necesidades mentadas, que la Constitución Nacional reconoce
y ampara, no se le nieguen ahora como no sea al margen de las instituciones
jurídicas del matrimonio y de la familia. Caso contrario los vínculos
afectivos que en el futuro deseen anudar en tal sentido deberán soportar
la marca de aquello que la ley no reconoce, la que se afectaría también
a su descendencia procreada en tales condiciones.
11) Que esta aseveración es sostenible al margen de que otros hombres
y en otras épocas hayan estatuido el régimen legal en cuestión
y que el mismo puede entonces haber sido un criterio legislativo adecuado, más
allá de su carácter opinable.
No incumbe a esta Corte emitir juicios históricos, ni declaraciones con
pretensión de perennidad. Sólo debe proveer justicia en los casos
concretos que se someten a su conocimiento, lo que exige conjugar los principios
normativos con los elementos fácticos del caso, cuyo consciente desconocimiento
no se compadece con la misión de administrar justicia (Fallos, t. 302,
p. 1611 Rev. LA LEY, t. 1981C, p. 68). Carece de sentido, para resolver la causa,
preguntarse por las razones que animan debates seculares que sería de
una presunción imprudente pretender zanjar aquí.
12) Que es también atendible desde el punto de vista constitucional el
argumento referente a que, en caso de mantenerse la indisolubilidad del vínculo
matrimonial, el derecho de casarse se agotaría normalmente con un solo
ejercicio. La posibilidad de segundas nupcias sólo existe en la legislación
actual en caso de viudez, lo que resulta inadmisible si se atiende a las conclusiones
a que ha arribado, que permiten sostener que la indisolubilidad del vínculo
matrimonial en vida de los esposos afecta derechos esenciales del ser humano.
Esto porque sólo a través de una relación conyugal armoniosa
pueden articularse las restantes relaciones de familia por ser como es la unión
de los cónyuges de origen y la base de aquélla. Y si se tiene
en cuenta que como se señaló; la familia goza de protección
constitucional (art. 14 nuevo, Constitución Nacional) cabe concluir que
así se conjugan armoniosamente hechos propios de la esfera de la intimidad
de las personas (protegidos por el art. 19, Constitución Nacional) con
otros que la trascienden y acaban por interesar a la sociedad toda (obvio objeto
de protección del orden normativo). Grave agravio es para la buena organización
de la sociedad obligarla a contener en su seno células de resentimiento
y fracaso, sentimientos negativos que a más de malograr a los individuos
que conforman el núcleo conyugal, se extienden como consecuencia inevitable
a sus hijos. Se conjugarían así una desdicha individual con otra
de innegable alcance social.
13) Que lo sea, a más de disvalioso, contraría el principio de
igualdad ante la ley establecido en el art. 16 de la Constitución Nacional.
Es del espíritu de ella, y de las leyes dictadas en su ejercicio, así
como sentimiento general de la comunidad la atención y cura de los enfermos,
la rehabilitación de los discapacitados, la reinserción en el
cuerpo social de quienes han delinquido, en otros términos, el brindar
aun a quienes son víctimas de sus propios desaciertos, la posibilidad
de recomponer su existencia. Ofende a aquel principio de igualdad que no se
reconozca a los divorciados esa posibilidad.
14) Que la corrección de tal ofensa al principio de igualdad en modo
alguno lleva a la equiparación del concubinato con el matrimonio. El
primero supone una unión caracterizada por una voluntad de permanencia,
pero realizada al margen de la regulación legal del matrimonio. Lo que
así es dable afirmar es que la recuperación de la aptitud nupcial
por los divorciados no les dejará como única posibilidad, en caso
de establecer una tal vinculación con posibilidad de permanencia, la
de hacerlo por la vía del concubinato. Es decir que cesará el
sin sentido de que la ley en vez de convertirse en el cauce regular de los impulsos
humanos, obligue a un grupo de personas a no poder desarrollarlos sino al margen
de ella, caso que entra acabadamente en el supuesto típico de violación
del principio de igualdad tal como de larga data lo caracterizó esta
Corte (confr. Fallos, t. 182, p. 355; t. 234, p. 655; t. 249, p. 596; t. 254,
p. 204; t. 299, ps. 146, 181; t. 302, ps. 192, 457 Rep. LA LEY, t. XXII, p.
570, sum. 5; t. XXIII, p. 696, sum. 1; Rev. LA LEY, t. 1978C, p. 168; Rep. LA
LEY, t. XLI, aI, p. 1601, sums. 3 y 1; Rev. LA LEY, t. 1980C, p. 506, entre
otros).
15) Que en relación al segundo interrogante planteado en el consid. 41/4,
esta Corte ha afirmado que la misión más delicada de la justicia
es saberse mantener dentro del ámbito de su jurisdicción, sin
menoscabar las funciones que incumben a otros poderes y ha reconocido el cúmulo
de facultades que constituyen la competencia funcional del Congreso de la Nación,
como órgano investido de poder de reglamentar los derechos y garantías
reconocidos por la Constitución Nacional con el objeto de lograr la coordinación
entre el interés privado y el interés público (causa R.401.XX.
Rolón Zappa, Víctor F., del 30 de setiembre de 1996 Rev. LA LEY,
1986E, 151). Pero esa afirmación no puede interpretarse como que tales
facultades puedan ejercerse desconociendo derechos constitucionales, pues en
nuestro ordenamiento jurídico la voluntad del constituyente prima sobre
la del legislador (art. 31, Constitución Nacional), por lo que atenta
las facultades de control de constitucionalidad de las leyes confiado por la
Constitución Nacional al Poder Judicial, corresponde que éste
intervenga cuando tales derechos se desconozcan.
16) Que el control judicial de constitucionalidad no puede desatenderse de las
transformaciones históricas y sociales, La realidad viviente de cada
época perfecciona el espíritu de las instituciones de cada país,
o descubre nuevos aspectos no contemplados antes, sin que pueda oponérsele
el concepto medio de una época en que la sociedad actuaba de distinta
manera (Fallos, t. 211, p. 162 Rev. LA LEY, t. 51, p. 255). Esta regla de hermenéutica
no implica destruir las bases del orden interno preestablecido, sino defender
la Constitución Nacional en el plano superior de su perdurabilidad y
la de la Nación misma para cuyo gobierno pacífico ha sido instituida
(fallo citado), puesto que su interpretación auténtica no puede
olvidar los antecedentes que hicieron de ella una creación viva, impregnada
de realidad argentina, a fin de que dentro de su elasticidad y generalidad siga
siendo el instrumento de la ordenación política y moral de la
Nación (Fallos, t. 178, p. 9 Rev. LA LEY, t. 6, p. 989).
Esta Corte que no rechazó el desconocimiento de los derechos electorales
de la mujer, mantendría esa postura si todavía hoy el legislador
no los hubiera reconocido? Cuestiones que no hieren la sensibilidad de una época
pueden ofender profundamente a la de las que siguen; los tormentos y azotes
que proscribió la Constitución de 1853 fueron detalladamente previstos
en legislaciones anteriores, y constituyeron una práctica judicial corriente
universalmente no por uno sino por muchísimos siglos.
Cabe entonces admitir que esas transformaciones en la sensibilidad y en la organización
de la sociedad coloquen bajo la protección de la Constitución
Nacional situaciones que anteriormente se interpretó que no requerían
su amparo.
17) Que así esta Corte admitió reiteradamente la creación
legislativa de cuerpos administrativos con facultades jurisdiccionales (confr.
la larga lista de casos contenida en Fallos, t. 247, p. 646, consid. 11 Rev.
LA LEY, t. 100, p. 63), pero señaló que ningún objetivo
político, económico o social tenido en la vista por el Poder Legislativo,
cualquiera sea su mérito alcanzaría a justificar la transgresión
de principios constitucionales (Fallos, t. 247, p. 646 citado).
18) Que es sin embargo en la esfera patrimonial donde encontramos el más
acabado ejemplo de cómo una materia reconocida como propia de la esfera
del legislador se tornó por la fuerza de los hechos y de la falta de
una adecuada transformación legislativa en objeto de decisión
jurisdiccional de modo que esta Corte debió reconocer que estaban siendo
afectados derechos constitucionales. Este caso es el de la admisión del
ajuste por depreciación monetaria. Esta Corte, en prolongado lapso, rechazó
pretensiones de actualización de créditos, pues entendió
que aun cuando el valor de la moneda se establece en función de las condiciones
generales de la economía, la fijación del mismo estaba reservada
al Estado nacional por disposiciones constitucionales expresas y claras, por
lo que no cabría pronunciamiento judicial, ni decisión de otra
autoridad, ni convención de particulares, que tendiere a la determinación
de aquél (Fallos, t. 225, p. 135; t. 226, p. 261 Rev. LA LEY, t. 70,
p. 399; t. 71, p. 759); agregó a estos argumentos otros referentes al
valor de la litiscontestación (Fallos, t. 237, p. 865; t. 241, p. 73
Rev. LA LEY, t. 89, p. 394; t. 92, p. 85; t. 242, p. 35; t. 262, p. 281) y sostuvo
que en modo alguno cabría sobrepasar en la condena el monto inicialmente
demandado (Fallos, t. 224, p. 106; t. 241, ps. 22, 185; t. 242, p. 264 Rep.
LA LEY, t. XIX, p. 547, sum. 125; p. 540, sum. 128; Rev. LA LEY, t. 93, p. 706)
aun en los casos de responsabilidad aquiliana en los que hasta aquel máximo
se atendía a la depreciación monetaria (Fallos, t. 249, p. 320;
t. 255, p. 317; t, 258, p. 94; t. 261, p. 426 Rev. LA LEY, t. 108, p. 486; t.
112, p. 360; Rep. LA LEY, t. XXV, p. 441, sum. 378; t. XXVI, p. 445, sum. 569).
Sin embargo, posteriormente, cambió su criterio pues entendió
que la cuestión habría alcanzado a afectar disposiciones de la
Constitución Nacional, que le imponían atender el imperativo de
afianzar la justicia (Fallos, t. 298, p. 466; t. 300, p. 655; t. 301, p. 319
Rep. LA LEY, t. XLI, AóI, p. 1179, sum. 365; Rev. La Ley, t. 1979óB,
441), que se hallaba afectado el derecho de propiedad (Fallos, t. 298, p. 466;
t. 300, p. 655; t. 301, p. 759 Rev. LA LEY, t. 1980óB, p. 699), la exigencia
de una indemnización justa en las expropiaciones (Fallos t. 268, p. 112;
t. 300, p. 1059 Rev. LA LEY, t. 127, p. 164), el derecho a una retribución
justa (Fallos, t. 301, p. 319), etcétera.
19) Que un protagonista de esa transición el juez de esta Corte José
F. Bidau, cuya postura es de especial interés por cuanto suscribió
muchas de las sentencias anteriores al cambio de criterio referido y posteriormente
adhirió a su modificación, expuso razones en Fallos, t. 268, p.
112 que es oportuno reiterar en esta ocasión. Dijo allí que la
persistencia de la anterior doctrina, pese a la evidente transformación
de la realidad, se basaba en la esperanza de que se detuviera el proceso inflatorio
y de que el legislador contemplara su repercusión jurídica. Agregó
a continuación Avista la persistencia de ese fenómeno y los extremos
que alcanza al presente, no es posible mantener principios jurídicos
que se han convertido en ficticio. Que en consecuencia, no resulta admisible
que los jueces adviertan con claridad las transformaciones operadas en cuestiones
patrimoniales, y que puedan escapar a su percepción cuestiones como las
ventiladas en esta causa directamente relacionadas con la condición y
naturaleza humana, el desarrollo de la personalidad y la dignidad del ser humano.
20) Que todo lo antedicho conduce a que lo dispuesto en el art. 64 de la ley
2393 y todas aquellas normas que resultan concordantes con ese texto legal en
cuanto privan a los divorciados de la posibilidad de recuperar la aptitud nupcial
deban ser declarados inconstitucionales.
Por ello, habiendo dictaminado el Procurador General, se hace lugar al recurso
extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada de manera que el expediente
deberá volver a fin de que por quien corresponda se dicte una nueva como
consecuencia de lo aquí declarado, restableciendo en consecuencia la
aptitud nupcial de las partes al quedar disuelto su vínculo matrimonial.
Carlos S. Fayt.
Voto del doctor Petracchi.
Considerando: 11/4) Que el pronunciamiento de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Civil, sala C, confirmatorio del de primera instancia, rechazó
la impugnación de inconstitucionalidad del art. 64 de la ley de matrimonio
civil que formularon los cónyuges divorciados en el expediente agregado
por cuerda. Contra tal decisión dedujo el recurrente el recurso extraordinario
de fs. 41 y sigts. que, previa vista del fiscal de Cámara fue concedido
por el a quo a fs. 66.
21/4) Que la recurrente persigue mediante la acción instaurada en autos
la declaración de inconstitucionalidad del citado art. 64 de la ley 2393,
y de sus concordantes, en la medida en que éstos establecen la indisolubilidad
del vínculo matrimonial que une a ambos peticionarios solicitando, en
consecuencia, el restablecimiento de su aptitud nupcial.
31/4) Que la intervención en estos autos de A. M. Z. a fs. 13, se produce
por el traslado decidido en primera instancia como medida para mejor proveer
con motivo de la incidencia que en su estado civil podría tener una eventual
decisión favorable a la petición del actor. Esa presentación
reduce a adherir a lo solicitado por el acto en punto a que se tenga por disuelto
el vínculo matrimonial.
41/4) Que, primeramente, corresponde destacar el carácter justiciable,
en los términos de los arts. 100 de la Constitución Nacional y
21/4 de la ley 27 que posee el caso sub examine, y que ha sido negado por la
Cámara a quo.
Al efecto, debe tenerse en cuenta que los argumentos de fondo, que también
ha dado el a quo para rechazar la acción intentada, consisten en que
el derecho de casarse conforme las leyes que contempla el art. 20 de la Constitución
Nacional no se vería cercenado por la disposición impugnada, según
expresó el Procurador General en el dictamen de Fallos, t. 306, p. 928
Rev. LA LEY, t. 1984óD, p. 105, y que en dos decisiones recientes, las
recaídas in re: Lorenzo, Constantino c. Gobierno nacional comp. núm.
515.XX, y Klein, Guillermo W. s/ amparo, K.29.XX, de fechas 12 de diciembre
de 1985 y 29 de agosto de 1986, respectivamente, esta Corte ha puesto de relieve
que el Poder Judicial de la Nación, conferido a la Corte Suprema de Justicia
y a los tribunales nacionales por los arts. 94, 100 y 101 de la Constitución
Nacional, se define, de acuerdo con invariable interpretación que el
Congreso argentino y la jurisprudencia de este tribunal han recibido de la doctrina
constitucional de los Estados Unidos como el que se ejercita en las causas de
carácter contencioso a las que se refiere el art. 21/4 de la ley 27.
Y se añadió que tales causas son aquellas en las que se persiguen
en concreto la determinación de un derecho debatido entre partes adversas
(doctrina de Fallos, t. 156, p. 318, consid. 51/4, p. 321).
Agregó la Corte que, en consecuencia, no se da una causa o caso contencioso
que permita el ejercicio del Poder Judicial conferido a los tribunales nacionales
cuando se procura la declaración general y directa de inconstitucionalidad
de las normas o actos de los otros poderes (Fallos, t. 243, p. 176 y t. 256,
p. 104, consid. 51/4, párr. 21/4 Rev. LA LEY, t. 96, p. 370; t. 112,
p. 558). Y precisó el tribunal que, desde sus inicios (Fallos, t. 1,
ps. 27 y 292), negó que estuviese en la órbita del Poder Judicial
de la Nación la facultad de expedirse en forma general sobre la constitucionalidad
de las normas emitidas por los Poderes Legislativo y Ejecutivo (Fallos, t. 12,
p. 372; t. 95, p. 51 y t. 115, p. 163).-
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