Buenos Aires, diciembre 26 de 1979.
Cuestión: "Si cuando un acreedor solicita, en un concurso, la verificación
de su crédito fundado en la existencia de pagarés atribuidos al
fallido, el incidentista debe acreditar a esos efectos la causa de la obligación".
El doctor Martiré dijo:
Al hacerme cargo de mi empleo de esta Excma. Cámara, se encontraba en
pleno trámite el plenario de autos habiendo dejado escrito mi antecesor,
el doctor Eduardo M. Guzmán, su voto. Como comparto plenamente sus consideraciones
y conclusión, me permito reproducirlo, señalando su paternidad,
para lo cual ocioso será decirlo cuento con la conformidad del doctor
Guzmán.
Decía el colega:
I El tema sometido a plenario tiene una indudable trascendencia, no sólo
por la cantidad de casos que a diario se plantean en los juicios concursales,
sino también por la peculiaridad de un título de crédito
circulatorio como el pagaré, de preponderante gravitación en el
tráfico mercantil y por la distinta interpretación que le ha dado
la jurisprudencia al caso en estudio, que en resumen se ha dividido, en dos
sentidos diametralmente opuestos, que sin necesidad de abundar en citas numerosas
que obran en casi todos los repertorios especializados, pueden sintetizarse
de la siguiente manera: a) Los que propician que dada la autonomía, literalidad
y completividad que presenta el pagaré como papel de comercio, no es
necesario que su beneficiario justifique la causa del mismo, surgiendo sus derechos
de los arts. 30, 60, 104 y concs. del dec.ley 5965/63, por lo que, sin más,
y si no se hubiese negado la firma o en este supuesto se hubiese acreditado
su autenticidad debe verificarse el crédito reclamado por el incidentista,
criterio aún más aplicable al endosatario, en virtud de lo dispuesto
en el art. 18 de la disposición legal citada (conf. entre otros CNCom.,
sala C del 22/11/68 en Rev. LA LEY, t. 134, fallo 62.199 en "Rosso s/quiebra,
incidente de verificación por Totimo José R.", del 29/8/69
y en "Fontana, Atilio c. Engopel S. A." del 6/6/73; sala D en "Casa
Samblí, S. C. A., verificación de créditos por González
Winkler y otro" del 19/6/74; en "First National City Bank c. Acuario,
S. C. A. s/quiebra" del 25/5/74: sala A en "Guarasi, Saveiro c. Natazon
Uszer, Jacobo" del 30/10/70 y en "Lewkowicz, Boris (Textil Berna)
c. Menalled José s/incidente de verificación de crédito"
(con disidencia del doctor Parodi) del 29/12/71, entre otros; b) Los que sostienen
que el proceso de pleno conocimiento llamado en el caso incidente de verificación
de crédito tiene por finalidad determinar el carácter de acreedor,
para lo cual resulta indispensable demostrar fehacientemente el ingreso del
contravalor en el patrimonio del concurso. Sólo así resultará
legitimado para ingresar a la masa de acreedores y participar de esa manera
en la eventual distribución igualitaria del activo de la deudora. No
basta, como lo afirma el actor, intentar para ello la acción cambiaria,
aun por la vía ordinaria, toda vez que ella tiene por finalidad a través
de la ejecución individual, asegurar los derechos del tenedor del título.
En cambio, en el concurso universal, éste debe ser completado por la
prueba concreta que en el negocio jurídico celebrado, la deudora ya ha
recibido la correspondiente contraprestación, y en esa necesidad se encuentra
tanto el beneficiario, como el tenedor legítimo de la letra; debiendo
destacarse que la mera circunstancia del libramiento de títulos de crédito,
no autoriza a tener por satisfechos los extremos indispensables para el progreso
de la acción. Su inclusión dentro de los títulos que traen
aparejada ejecución (arts. 523, inc. 5º, Cód. Procesal y
52, 53, 56, 59 y 60 del dec.ley 5965/63), resulta idóneo para ser acogido
en la ejecución individual, pero no en la colectiva en la que rigen principios
distintos; debiendo por lo tanto el acreedor, conforme con las reglas que rigen
la carga probatoria, acreditar los extremos fácticos de su pretensión
y su congruencia con las normas jurídicas invocadas (conf. sala B Baccaro,
Areal, Caibisso en American Bank y Trust Co. c. Mattar S. A. s/incidente de
verificación de crédito del 3/3/75; en "Mello Bank International
c. Mattar, S. A." del 3/3/75; en "Martínez Rodolfo D. c. El
Cóndor, E. T. S. A. s/incidente de verificación de crédito,
del 27/3/74; en "Nascovetra Carolina c. Reattur s/incidente de verificación
de crédito, del 28/6/74 y "Díaz José, Fanelukes de
Villegas Silvia y Frela de Villa Elsa c. Reattur" del 28/6/74; misma sala
Halperín, Vásquez, Parodi en "Calvera David R. c. Alquitranadora,
S. R. L." del 4/4/73; y sala C en "Banus Ricardo c/Ardohaim Jorge"
del 5/12/74, Rep. La Ley, t. XXXV, JZ, p. 1428, sum. 146. Rev. La Ley, t. 1975A,
p. 782; fallo 32.190S entre otros).
II Aun cuando pueda estimarse suficientemente conocida la definición
y elementos que integran los llamados títulos de créditos o circulatorios,
con sus características especiales de abstracción, literalidad
y autonomía, considero por lo menos ilustrativo señalar, a grandes
rasgos, un por de aquéllos, derivados de la opinión de tratadistas
y de las disposiciones legales de que emanan. Y así para Obarrio, dentro
del tecnicismo del derecho comercial, se da generalmente el nombre de billete,
vale o pagaré, al documento de crédito que, reconociendo la existencia
de una deuda de dinero por cantidad líquida, contiene la promesa de su
pago por el mismo suscriptor, en el momento de su presentación, o en
un intervalo de tiempo más o menos próximo o lejano (Curso de
derecho comercial, t. II, núm. 298). Legón por su parte expresa
que se trata de un título de crédito perteneciente a la categoría
de los abstractos, que contiene la promesa de pagar a una persona o a su orden,
cierta cantidad de dinero en el plazo fijado en el mismo documento. El pagaré,
es pues, un documento por el cual el firmante se compromete incondicionalmente
a pagar una suma cierta de dinero a determinada persona o a su orden, en el
plazo especificado en el mismo. ("Letra de cambio y pagaré",
p. 29). Y por último, Rébora manifiesta que con la palabra billete
se designa en el lenguaje jurídico un escrito bajo forma privada que
contiene reconocimiento de deuda y promesa de pagarla. El vale y el pagaré
son variedades del billete y todos ellos sustituyen a la letra de cambio en
sus diversas funciones económicas que ésta desempeña y
con ella se mezclan en la actividad de las transacciones, facilitando la circulación
de las riquezas, conforme a la moderna teoría del crédito y las
leyes que gobiernan estas manifestaciones sociales. ("Letra de cambio",
núm. 366).
A su vez el Código de Comercio, antes de su última reforma, establecía
en su art. 739 que: un vale, pagaré o billete a la orden es una promesa
escrita por la cual una persona se obliga a pagar por sí misma una suma
determinada de dinero. Posteriormente el dec.ley 5965/63, de actual vigencia,
señala en su art. 101 el contenido que debe tener el vale o pagaré
y enumera sus requisitos, por lo que sus características pueden resumirse
en las siguientes: a) estructura de promesa directa, unilateral y obligatoria
de un hecho propio: la prestación dineraria; b) título de crédito
abstracto; c) finalidad circulatoria y siendo a la orden se produce por endoso.
Sus requisitos intrínsecos son los comunes a todo negocio jurídico,
o sea, capacidad, declaración de voluntad, objeto idóneo y causa
lícita y los extrínsecos los señalados por el citado art.
101, con las salvedades del art. 102 del referido dec.ley 5965/63, cuyo régimen
legal le es aplicable, de acuerdo con su naturaleza jurídica, diferente
en ciertos aspectos, a la letra de cambio, ya que el librador de ésta
promete el hecho de un tercero (girado y sólo en su defecto el hecho
propio, en tanto el pagaré es una verdadera promesa "ab initio"
del hecho propio.
III Las precedentes y someras características del pagaré a que
se ha hecho referencia y su indudable trascendencia en la función económica
como instrumento de crédito circulatorio, han determinado una protección
jurídica especial, que dentro del ámbito jurisdiccional de vigencia
de nuestro Código Procesal, le otorga el privilegio a que hace mención
el art. 523, inc. 5º, al incluirlo entre los títulos que traen aparejada
ejecución, facilitando al acreedor a promover un proceso rápido
y eficaz, tendiente a obtener la liquidación particular de los bienes
de su deudor, vedándole a éste el discutir la existencia de legitimidad
de la causa de la obligación (art. 544, inc. 4º).
Pero ello no puede ser igual en el proceso concursal y con tal manifestación
estoy adelantando el sentido de mi voto, ya que en tal supuesto resultan de
aplicación normas de forma o de fondo distintas, en especial los de la
ley 19.551 que nos rige actualmente, que determina un procedimiento especial.
En primer término debe tenerse presente que tanto en la antigua ley 11.719
como en la anteriormente citada, se establece para el caso de apertura de la
convocatoria, la suspensión de los trámites de los juicios de
contenido patrimonial contra el concursado (salvo las ejecuciones prendarias
o hipotecarias y los procesos de expropiación o referidos a relaciones
de familia) y la prohibición de deducir nuevas acciones de aquel contenido
patrimonial (art. 22) y para el supuesto de declaración de quiebra, se
determina que todos los acreedores quedan sometidos a las disposiciones de esta
ley (art. 129, ley 19.551), disponiéndose para ambos supuestos el procedimiento
de verificación que señalan los arts. 28 a 30 y 33 a 41 (arts.
130 y 194).
Ahora bien, este procedimiento reglado por los arts. 303 a 309, por más
que tenga el carácter de "incidente", con las limitaciones
en cuanto a la prueba, propias de los mismos, conforme también con las
reglas de los incidentes y de los juicios sumarios señalados en el Código
Procesal, no modifican a mi juicio su alcance y finalidad de una verdadera demanda
judicial, de pleno conocimiento, pero por supuesto no ya con el privilegio a
que se ha hecho referencia en el primer apartado de este punto.
Debe observarse, por lo demás, que salvo para el acreedor que se presenta
tardíamente, no debe promoverse dicho incidente ante el juez, sino que
previamente el acreedor debe formular al síndico el pedido de verificación
de su crédito, indicando su monto, causa y privilegio, en la forma y
con los efectos que establece el art. 33 de la citada ley 19.551 y este funcionario
debe realizar todas las compulsas necesarias en los libros y documentos del
concursado, y en cuanto corresponda, en los del acreedor, valiéndose
asimismo de todos los elementos de juicio que estime útiles, y luego
de ello, redactar un informe sobre cada solicitud en particular, debiendo además
de otros requisitos, reseñar la información obtenida y expresar
opinión fundada sobre la procedencia de la verificación del crédito
y del privilegio (arts. 34 y 35).
De esta manera, cae el procedimiento especial que el Código Procesal
acuerda al tenedor de un pagaré, ya que aquel funcionario (el síndico),
debe determinar si a la emisión del título cambiario, correspondió
un efectivo ingreso del contravalor en el patrimonio del deudor, ponderando
así aspectos que tienden a fijar, en su oportunidad, una distribución
igualitaria del patrimonio del deudor y abandonando de esa manera cánones
tradicionales del proceso singular de ejecución.
Y ello es así, pues mientras en la ejecución individual, el acreedor
goza de la protección jurídica especial que se ha señalado,
en el concurso se trata de lograr, conforme también se expresara, una
distribución igualitaria de un patrimonio que es prenda común
de todos los acreedores (conf. doctrina de los arts. 505, 955, 961, 1196, 3474
y concs. Cód. Civil), por lo que el título cambiario, en la medida
que se encuentra desvinculado de su causa, no resulta idóneo por sí
solo para justificar el crédito, y al no ser aceptado por el síndico
obliga al presunto acreedor a iniciar el respectivo incidente de verificación.
En estas condiciones, al introducir el acreedor ya ante el juez una pretensión
respecto de un proceso ya constituido provoca un juicio incidental o un incidente
(una especie de "microproceso", referente al cual debe aportar, no
sólo el documento el pagaré, en el cual principalmente se fundamente,
sino también ofrecer y allegar todos los otros medios probatorios que
confirmen la causa de su acreencia, ya que se está en un proceso de conocimiento
pleno, que lo obliga a acreditar los extremos fácticos de su pretensión
y su congruencia con las normas jurídicas que invoque en apoyo de su
derecho.
Si al decir de Alsina, probar es la comprobación judicial, por los modos
que la ley establece de la verdad de un hecho controvertido, del cual depende
el derecho que se pretende "Tratado", p. 173, ed. 1942), y no existiendo
en los Códigos de procedimientos, disposiciones de las que pueda inducirse
un concepto integral de la prueba, salvo la del art. 377 de nuestro Cód.
Procesal, que no clarifica mucho la cuestión, aunque establece la carga
de la prueba de la parte que afirme un hecho controvertido, y dejando de lado
por no ser fundamental para la resolución del debate, el régimen
legal de la prueba, las disposiciones instrumentales en los códigos de
procedimientos, en los códigos de fondo o en el derecho sustancial, estimo
que en el caso sometido a plenario, al negarse por el síndico en el incidente
respectivo de verificación, el hecho constitutivo afirmado por el actor,
que para ello cuenta sólo con el pagaré, se está frente
a una negativa de hecho simple, por lo que no debe requerirse que la prueba
la haga el que niegue, ya que le basta su simple negativa, lo cual no sucedería
en el caso de negativa calificada, que siempre importa una afirmación,
por lo menos implícita, como cuando se dice que no se renunció
o no se contrajo espontáneamente una obligación, por lo que allí
sí se afirma implícitamente un hecho, que puede ser violencia,
error, dolo, etc. (ob., cit., p. 189).
De ahí que por más que puedan haber perdido algo de vigencia,
las normas que en materia de carga de la prueba nos legara el derecho romano,
frente a la técnica moderna, o resultaran inexactas en algunos casos,
mantienen todo su rigor para supuestos como el que analizamos, en el que evidentemente
frente a la negativa del síndico, que por lo demás carece de elementos
de juicio, por la naturaleza de sus funciones y del desconocimiento de los actos
del concursado, para probar su negativa, que por otra parte no es calificada,
como para convertirlo en excepcionante y determinar la inversión de la
prueba ("reus in excipiendo fit actor"), deben aplicarse lisa y llanamente
las máximas generales del "onus probandi incumbit actoris"
y "ei incumbit probatio ei qui dicit, non ei qui negat", por lo que
al decir de Bonnier, la insuficiencia de la prueba de parte del que está
encargado de producirla, lleva consigo la denegación de su pretensión
("actore non probante, res absolvitur"). La prueba no sería
una carga, si el no verificarla no fuera fatal a la parte que debe probar y
luego de hacer algunas observaciones a que ese principio no se ha observado
siempre en los casos dudosos, como lo proponía a veces Aulio Gelio ("Noches
Aticas", lib. 14, cap. 2º), no echando suertes, o cortando la diferencia
por la mitad, o en base a las reputaciones del actor y demandado, o considerando
que en conjunto tiene razón la mayoría de los demandantes, señala
que los resultados así obtenidos no autorizan a suponer que los que no
consiguieron probar tenían razón en el fondo, además de
que admitiéndose semejantes criterios, se abriría la puerta a
los litigios más escandalosos a las más intolerables vejaciones,
por lo que termina expresando que debemos atenernos a la máxima tan antigua
como sabia, que protege el statu quo, la presunción de propiedad o de
libertad que surge en favor del demandado (Bonnier, "Tratado de las Pruebas",
t. 1, ps. 26 y subsiguientes).
V No desconoce el suscripto que su voto por la afirmativa o sea que el acreedor,
tenedor de un pagaré del concursado, deba acreditar la causa de la obligación
que lo generó, puede acarrear en algunos supuestos de deudores de mala
fe, que se presentan en convocatoria o solicitan o se les requiere por un tercero
la quiebra, perjuicios a acreedores verdaderos, pero ese será "el
fin no querido por la ley" al decir de Ihering, y por cierto que serán
mucho menos que los casos de colusión entre acreedores simulados y deudores
de mala fe, que con la simple creación de un título fraguado,
lograrán obtener la mayoría necesaria para un concordato preventivo,
o en caso de quiebra de uno resolutorio o para que revierta al patrimonio del
deudor el crédito o parte de él, que pudiera corresponder a tales
acreedores simulados, en la distribución del remanente.
Con la solución que se propugna, el supuesto de mayorías preparadas
a los fines de la ley concursal fracasa y los principios del crédito
aparecen debidamente salvaguardados, determinando asimismo que los verdaderos
acreedores, deben tomar en el futuro, todos los recaudos del caso, para tener
en su poder medios probatorios que protejan sus intereses de los deudores de
buena o mala fe y puedan así demostrar el ingreso del contravalor en
el patrimonio de estos. Por último para el caso que el pagaré
se halle en manos de un endosatario, la tesis adoptada tampoco resultaría
incoherente o perjudicial para éste, dado que en su condición
de tenedor, puede dirigir su acción contra su endosante, ya que al haber
mediado negociación entre ellos, no existe obstáculo para que
utilice la ejecución particular.
Por todo ello, propongo al acuerdo se establezca que cuando un acreedor solicita,
en un concurso, la verificación de un crédito fundado en la existencia
de pagarés atribuidos al fallido, el incidentista debe acreditar a esos
efectos, la causa de la obligación:
El doctor Alberti dijo:
I Es menester decidir si el "acreedor que solicita, en un concurso, la
verificación de su crédito fundado en la existencia de pagarés
atribuidos al fallido, debe acreditar la causa de la obligación"
(tema del plenario según decreto de fs. 69).
II A) Para responder me coloco en una situación de hecho más avanzada
respecto de la referida en el párrafo anterior: descarto que se trata
de pagarés (u otras cambiales) emanados efectivamente del fallido. El
concepto de atribuidos al fallido, utilizando en la convocatoria a tribunal
plenario, es científicamente insuficiente. La duda de hecho sobre la
autoría del título debe ser dirimida previamente en cada causa;
y cuando esté determinado que el título emana del insolvente cabrá
entrar al aspecto de derecho puro cuestionado acá.
Digo esto porque los argumentos de estricto derecho juegan como dirimentes de
las causas una vez que los hechos no ofrecen controversia. Resultaría
superabundante preguntarse por la admisibilidad en un concurso de un título
no emitido ni suscripto por el fallido.
B) Por otro lado, tampoco es absolutamente precisa la noción de "causa
de la obligación", cuando está referida a un título
circulatorio. La causa formal de la obligación pretendida con base en
un título cartular es el instrumento mismo. Pero aplicar este primer
significado posible de la expresión "causa" reduciría
el tema del acuerdo a una tautología: es de toda obviedad que quien pretenda
verificación debe producir (esto es, exhibir) título en forma
extrínseca ajustada a derecho.
Entiendo pues la idea de "causa de la obligación" empleada
en la citación a este acuerdo está referida a la causa sustancial
subyacente bajo la regularidad formal o extrínseca del título
mismo.
C) Finalmente, cabe distinguir la significación del término "causa"
desde el punto de vista de los sujetos participantes en las relaciones emergentes
del título cambiario. Tanto puede ser empleada para aludir al vínculo
entre emisor y tomador o primer acreedor, cuanto a aquellos otros que aparecen
sucesivamente entre endosante y endosatario. En este aspecto la distinción
de significación debe ser harto prolija: para el tomador la "causa"
residirá en los móviles que llevaron al librador a otorgarle la
cambial; pero para un endosatario ella residirá en esos antecedentes
en cuanto fuere los propios del endosante que le transmitió un título
preexistente.
Pienso que para mantener la univocidad del lenguaje que nos sirve como herramienta
del trabajo jurídico, debiéramos convenir ahora en que la frase
"causa de la obligación" utilizada por nuestra convocatoria
alude a tal fuente con relación a la creación o emisión
originaria del título; denominando diferenciadamente "causa de la
transmisión" las mismas circunstancias cuando operan entre endosante
y endosatario.
D) La determinación previa de estos aspectos no constituye un mero preciosismo
retórico. Antes bien, resulta imprescindible depurar el lenguaje, porque
es a la vez el medio de expresión de la norma y el elemento de su interpretación.
Así, pues, el jurista está obligado a buscar la precisión
del lenguaje forense; tal como el científico experimental cuida el funcionamiento
libre de errores de sus aparatos de medición, o el artesano pule sus
herramientas para asegurar la perfecta adecuación del producto a lo querido.
III La verificación introducida en un concurso constituye una pretensión
dirigida tanto respecto del insolvente como contra los demás acreedores.
Esto es obvio: el deudor soportó el desapropio de los bienes constituyentes
de su patrimonio, pero conserva una expectativa al remanente de los pagos a
su pasivo. Por esto le agravia la incorporación al pasivo de nuevas cantidades;
aunque en doctrina ello no fuere así pues el proceso concursal no es
una controversia entre cada acreedor y su deudor. En cambio, para cada uno de
los acreedores la verificación de otros nuevos origina un gravamen sensible,
computable en derecho; por efecto de cada nueva verificación disminuye
correlativamente el porcentaje o dividendo por recibir de la liquidación
concursal.
Hemos determinado entonces que el conflicto suscitado por la demanda de verificación
debe ser regulado como una contienda entre el verificante de un lado, y el fallido
y los demás acreedores legítimos, del otro.
Ello sentado veamos cuáles son las reglas sobre las cargas de alegar
y de probar que regirán ese conflicto de derecho. Utilizo las nociones
de carga de pedir y de carga de probar, separadamente, aunque habitualmente
solamente es tenida en cuenta la carga probatoria. Es claro que esta juega como
consecuencia de la carga de invocar o pedir, puesto que quien nada arguye nada
debe tampoco probar.
IV El proceso de verificación es sustancialmente juicio de pleno conocimiento.
Esto desecha como decisivas para nuestro tema todas las reglas procesales que
benefician la persecución de títulos abstractos por la vía
ejecutiva.
Sólo aplicaré para fundar mi voto normas de derecho sustancial,
cuya jerarquía sea similar a la que tiene la ley de bancarrotas a tenor
del art. 31 de la Constitución Nacional.
V Entro al meollo del tema.
La cambial puede ser esgrimida como base del pedido de verificación por
quien la tomó del fallido, esto es, el beneficiario del pagaré
suscripto por el fallido o el endosatario de un título endosado inmediatamente
antes por el fallido. Aludo al supuesto en que el vínculo cambiario sea
inmediato, entre el portador del título y el sujeto pasivo del concurso
donde es pretendida la verificación.
En esta estructura de las relaciones jurídicas resulta manifiesto que
el portador conoce la causalidad sustancial o motivación determinante
de la emisión del papel. Debe entonces declararla (carga de invocar)
y aún probarla (carga probatoria), si fuera razonablemente controvertida
por los sujetos de ese proceso de verificación. Sobre quienes son los
"contradictores", que resultan encarnados en la persona del síndico,
me remito a la 1ª parte del parág. III de este voto.
Para concluir en lo expuesto no es necesario esgrimir doctrinas muy laboriosas
sobre las cargas procesales. Ellas pesan sobre el verificante por la simple
razón de que es el único sujeto en aptitud de poseer los antecedentes
y elementos de juicio necesarios para cumplimentarlas. Es clarísimo que
los demás acreedores concursales no pueden conocer los orígenes
de los papeles de comercio girados por el fallido. En cambio, el tomador que
hubo esos valores del propio fallido conoce las circunstancias económicas
que determinaron su emisión o su transmisión.
Debe entonces cumplir con el deber de declarar la causa.
No bastará al verificante argüir en su favor la presunción
de causalidad del art. 500, del Cód. Civil. Ella rige para las relaciones
entre los sujetos de un acto, pero no contra los acreedores de cualquiera de
esos sujetos, porque como éstos no participaron de la génesis
del vínculo no cabe oponerles presunciones relativas al título
que les es extraño. Esta diferencia de tratamiento de las relaciones
"verificante fallido" y "verificante acreedores del fallido",
tiene muchos ejemplos. Uno entre varios: el deudor debe soportar la prenda carente
de documentación escrita; mas la falta de ésta la hace inoponible
a los acreedores del deudor prendario (art. 581, Cód. de Comercio).
Queda examinada así la situación del solicitante de verificación
que fuere derechohabiente inmediato del fallido, según el vínculo
cambiario. En este aspecto, coincido con el primer votante.
VI a) Los títulos cambiarios están destinados a la circulación,
por su misma naturaleza. Es normal en derecho, y habitual en los hechos, que
ellos sean presentados como sustento de solicitudes de verificación formuladas
por portadores que los han recibido por sucesivos endosos, determinantes de
la existencia de uno o más sujetos interpuestos entre el fallido y el
portador verificante.
En este supuesto el portador actual (solicitante de la verificación)
no está colocado en situación que permita exigirle el conocimiento
de las causas económicas por las cuales el fallido omitió la cambial.
Al ser así resulta jurídicamente inválidos imponerle la
declaración de cual hubiera sido esa causa, y menos la prueba consiguiente,
porque el verificante nunca pudo hacerse de los antecedentes imprescindibles
para contestar tal requerimiento. Una exigencia como esa implicaría condenar
al fracaso toda pretensión de tal índole, y hacerlo "ab initio"
y sin forma de juicio, lo que a su vez implica privar al justiciable, por razones
de mero rito, del amparo jurisdiccional que los tribunales deben darle, afectando
el art. 18, de la Constitución Nacional.
b) Cuando la solicitud de verificación es formulada por un portador sin
vinculación cambiaria inmediata con el fallido, no está obligado
a declarar ni a probar la causa del acto cambiario otorgado por el fallido.
Esta es la consecuencia de las ideas generales que dejo expuestas, y es lo normado
por el art. 18 del dec.ley 5965/63, que mantiene vigencia aún ante la
falencia del obligado.
La falencia puede alterar las reglas concernientes al cumplimiento o a la resolución
y liquidación de los vínculos; pero no las relativas a la estructura
del vínculo mismo ni a su causa o título. No existe ninguna disposición
de derecho concursal que permite sostener una modificación tal de las
vinculaciones jurídicas por obra del concurso del deudor.
Ello sentado, es fácil concluir en la ilegitimidad de requerir al portador
de un título el conocimiento y la prueba de circunstancias que el derecho
no le exige conocer, ni probar, por la sola circunstancia posterior al título
mismo de la bancarrota de un obligado precedente.
c) Solamente puede ser requerido del verificante que se hallare en esta situación
la invocación y la prueba de los negocios por los cuales hubiere sido
constituido en endosatario del papel de comercio. Esto es exigible porque es
conocido por el solicitante de la verificación. Pero ello no tiene por
finalidad complementar, ni bonificar, el título mismo en cuanto elemento
objetivo en juego. Con la exhibición de la causa de adquisición
del papel se acredita un elemento subjetivo, relativo a la personal del verificante;
su buena fe, puesta en evidencia por la regularidad comercial de la adquisición
del papel.
Lo dicho últimamente disipará la aprensión que pudieran
alentar mis distinguidos colegas, en el sentido de que con una doctrina como
la sustentada hasta ahora los fallidos fraudulentos podrían crear fácilmente
verificaciones ficticias a través de prestanombres, quienes exhibirían
una aparente situación de portadores cambiarios sin vínculo inmediato
con el quebrado. No bastará mostrar un título en el cual el verificante
aparezca como extraño al fallido será menester invocar y probar
la adquisición del papel en el curso de operaciones mercantiles regulares.
Pero lo que no podemos hacer es exigir a rajatabla, del portador de un título
circulatorio, que declare y pruebe una circunstancia que ninguna norma jurídica
impuso indagar al constituirse en endosatario de ese papel. Dije antes que la
exigencia sería inconstitucional, por imponer una carga no prevista por
el derecho (arts. 17, Constitución Nacional).
d) Argumentará alguien que una doctrina como ésta permite al fallido
emitir instrumentos cambiarios carentes de contraprestación económica,
y con tan sencillo medio desposeer o "vaciar" su patrimonio propio.
La puntualización es indiferente en derecho, y además constituye
un sofisma lógico en los hechos. Diré por qué:
Siempre los fallidos pueden desbaratar la prenda común en los acreedores,
por este o mediante cualesquiera otros medios. Los tribunales no deben juzgar
sobre los derechos individuales de los litigantes movidos por consideraciones
más o menos medrosas respecto de los artificios inmorales que los malos
deudores puedan arbitrar. Cabrán, en todo caso, utilizar los medios de
punición previstos para el defraudador, o proponer que sean establecidas
normas en ese sentido, si el régimen sancionatorio adoleciera de vacíos.
Pero es contrario a la razón vital negar a una generalidad de personas
lo que les corresponda en derecho, porque hipotéticamente y en algún
caso la figura jurídica en juego pudiera ser empleada como medio para
defraudar.
En la realidad será difícil llevar a cabo la maniobra que se teme,
porque exige contar con un cómplice idóneo. Este cómplice
deberá aparentar solvencia suficiente para haber tomado la cambial; porque
sin tal extremo su colusión con el fallido será ostensible y quedará
expuesto a la persecución prevista para los defraudadores. Además,
y para que la hipotética maniobra resulte fructífera, el tomador
y cómplice habrán de hallarse en negociaciones regulares con algún
tercero, extraño a la maquinación, al cual pueda endosar la cambial
en el curso de operaciones comerciales ordinarias. De no ser así, resultará
que el tercero tampoco podrá obtener verificación de esta cambial,
según lo señalé en el apart. c) de este mismo parág.
VI. Y si el tercero portador no consigue la verificación en el concurso,
no hay maniobra que temer.
e) Desarrollaré analíticamente estos aspectos para disipar la
aprensión que pudiera quedar en algunos espíritus. Pero ahora
que eso está hecho, señalaré un razonamiento de estricto
rigor jurídico que autoriza para desechar toda hesitación: el
fallido que libra letras o pagarés sin contraprestación, comete
un delito, dirigido contra el patrimonio de sus acreedores. El delito es cometido
en el momento del libramiento de esos papeles; y desde ese mismo momento existe
el gravamen consiguiente, el cual no consiste en la verificación de un
acreedor, más en el concurso, sino en la falsa creación del acreedor,
pida este verificación en el futuro, o no lo haga. Negar verificación
al portador del título equivale a trasladar el daño emergente
del ilícito, de sus víctimas originarias los acreedores al portador
sucesivo del papel inocente de la maquinación en la cual es usado como
medio involuntario. No podemos sacrificar el interés general del tráfico
patrimonial, amparado por reglas como las del art. 18 del dec.ley 59/63 y art.
212, del Cód. de Comercio, para proteger a algunos acreedores concursales
de una hipotética maniobra no querida por el solicitante de la verificación.
Una consecuencia como la postulada en el voto precedente implica trasladar los
efectos patrimoniales del ilícito, de sus víctimas a un tercero,
traslación que no tiene sustento normativo ni es concebida por la doctrina
como posible.
No se diga que el tercero portador, al cual es negada la verificación
al exigirle una declaración y una prueba que le resultará imposible
aportar, puede resarcirse accionando contra su endosante. Esta acción
estuvo, desde siempre, entre los derechos del portador de la cambial, según
el art. 51 del dec.ley 5965/63. Por lo tanto, no puede ser ofrecida como sustitutivo
patrimonial de la negativa de una verificación a la que dan derecho los
ya mencionados arts. 18, del dec.ley 5965/63 y 212, del Cód. de Comercio.
Ofrecer tal reemplazo es dar una cáscara vacía para justificar
la privación concreta de un derecho fundado en ley. Más bien cabe
decir que es el concurso quien debe soportar la verificación del título
mal librado, porque este padecimiento es retribuído con una acción
resarcitoria: el concurso, que acepta como acreedor a un tercero, inocente portador
de una cambial sin causalidad económica, podrá perseguir a quien
hubo ese papel del fallido y lo transmitió luego al verificante. Esta
persecución contra el cómplice necesario del fallido, emisor de
cambiales sin causa, tendrá hasta el rigor propio de la acción
criminal, porque el concurso hará perseguir una maniobra defraudatoria,
se ve así que la acción resarcitoria a costa de ese sujeto interpuesto,
cómplice necesario del fallido, adquiere mayor fuste cuando concedemos
la verificación y forzamos al concurso a denunciar el ilícito.
Con lo dicho señalo que en el conflicto entre el interés de los
acreedores concursales, y el del portador inocente de la cambial, no es erróneo
sacrificar a aquéllos en favor de este último. Eso resulta del
derecho vigente, pero es también la que conforme con ese derecho positivo
abre mejores vías resarcitorias del daño económico que
fatalmente sufrirán unos (los acreedores concursales) u otro (el portador
de la cambial), por obra de una conducta ilícita anterior (la emisión
de papeles de comercio sin contraprestación), conducta que es punible
luego, pero ya no evitable.
f) Añado un argumento final, corroborante de la solución que postulo.
Es indiscutido que todo acreedor debe ser incorporado al concurso, aún
al proveniente de la condenación impuesta al fallido para resarcir los
ilícitos que hubiere cometido. Aún la reparación patrimonial
de un homicidio el más grave de los delitos que hubiere cometido el fallido,
debe ser incluida como pasivo en el concurso. Esto muestra absolutamente que
los créditos no son verificados porque haya mediado una contraprestación
patrimonial concreta, incorporada a la prenda común del concurso, sino
solamente porque existe título jurídico para esa admisión.
O dicho de otra manera: el acreedor no necesita probar haber dado contraprestación
ninguna al fallido, para ser verificado. La confusión viene de que en
las relaciones convencionales onerosas. La causalidad legítima queda
confundida con la prestación dada por el contratante "in bonis".
Mas tal habitualidad no excluye que existen acreedores sin prestación
ninguna dada al fallido.
Ahora bien, al negar verificación al portador de la cambial, por la falta
de causa económica en el acto otorgado sobre ella por el fallido le inferimos
un daño. Este daño está constituido por la privación
de una expectativa cierta: la responsabilidad de todos los firmantes (art. 51,
dec.ley 5965/63 ya cit.). Este daño es consecuencia de un ilícito
incluso del derecho criminal: el ardid fraudulento del fallido, consistente
en emitir títulos que presumen una negociación real como motivación,
más que en el caso carecen de ella y que por esta misma carencia no lograrán
verificación concursal.
El verificante así rechazado reclamará del fallido la reparación
de ese daño patrimonial. Para el éxito de esta pretensión
no le es menester probar haber ingresado contravalor ninguno al patrimonio del
insolvente. Antes bien, la causa del daño invocado (constituida por la
emisión de instrumentos con apariencia mercantil, más sometidos
a un vicio intrínseco consistente en la "falsa causa" de emisión)
resultará probada por el rechazo de la anterior solicitud de verificación.
Y este nuevo reclamo que no encontrará el óbice de la cosa juzgada,
porque será distinta la causa invocada resultará paradojalmente
admitido, llegándose por vía indirecta al resultado negado mediante
el primer proceso...
VII Por ello contesto el tema del plenario diciendo que el portador de títulos
cambiarios emitidos, o en cualquier concepto girados por el fallido (fuere aceptable,
librador, suscriptor de pagarés o endosante) soporta la carga de explicar
y consiguientemente acreditar la causa de adquisición del título,
que obviamente se confunde con la de la emisión si la figuración
cambiaria en que estuviere colocado ese tercero portador, fuere inmediato con
relación al acto cambiario del fallido y las contingencias procesales
lo requieran así.
Pero no está obligado a esa alegación y prueba el presentante
del instrumento que sea, con relación al fallido, un portador mediato
de los mencionados por el art. 18 del dec.ley 5965/63. Esto último sin
perjuicio de que durante el proceso de verificación sea indagada la inocencia
("id est:" buena fe) de ese portador, investigando con tal finalidad
la adquisición legítima y regular de la cambial, por parte de
tal portador, y con respecto de quien hubiera sido transmitente en favor de
ese portador. Paréceme obvio y quedó insinuado antes que el verificante
debe colaborar en esta indagación dando razón, y aun evidencia,
de lo que llamé al comienzo (v. parág. II, C) de este voto) la
"causa de la transmisión", esto es, las circunstancias jurídicamente
válidas justificativas de su adquisición de la calidad de portador
legitimado.
Prescindo de desarrollar las contingencias procesales concretas que resultarán
de la aplicación de estos principios, porque ellas son claras para el
hombre de derecho y exhiben, cómo, sin desmedro de los principios legales
que llevan a la solución expuesta, es posible perseguir el fraude con
un mínimo de celo en la vigilancia de las causas, mas sin privar de derechos
a los terceros inocentes.
El doctor Bosch se adhirió al voto anterior.
El doctor Williams dijo:
El tema del plenario convocado en las presentes actuaciones fue analizado por
el suscripto en la nota al fallo de la sala que integro de fecha 21 de abril
de 1975: "in re": "Batitú, S. A. s/convocatoria, titulado
"El pedido de verificación de créditos y la causa del crédito"
(Rev. LA LEY, t. 1976C, ps. 355 y siguientes).
En dicho trabajo y a modo de conclusión sostuve que "el criterio
a seguirse en la verificación de una obligación instrumentada
en un título de crédito deberá ser el siguiente:
a) si se tratare de un título de crédito causal, basta con la
presentación del mismo, por lo cual la no indicación de la causa
no puede ser obstáculo para la verificación;
b) si se tratare de un papel de comercio que no ha circulado, el tomador o beneficiario
deberá indicar la relación fundamental por la cual se creó
o emitió el título;
c) si se tratare de un papel de comercio que ha circulado, el portador legítimo
deberá indicar la causa en virtud de la cual el documento le ha sido
transmitido salvo el caso de endoso en procuración, en el cual la indicación
deberá recaer en la relación fundamental existente entre su endosante
y el endosante precedente;
d) si se tratare de papel o efecto de comercio con el último endoso en
blanco o de un cheque al portador, el acreedor no puede quedar liberado de su
obligación de indicar la causa, con precisión, para este caso,
de la persona a quien lo uniera la relación fundamental para evitar,
de tal forma, la creación y ulterior negociación de títulos
de complacencia pura.
Las precedentes conclusiones resultan de aplicación al pagaré
en lo que hace a los puntos B), C) y D) debiendo agregar, en esta oportunidad,
que al expresar en el referido trabajo que tanto el beneficiario como el portador
legítimo debían indicar la causa en virtud de la cual se creó
o emitió el título o mediante la cual se transmitió el
documento según se trate de títulos que no han circulado, como
de aquellos que han sido objeto de ulteriores negociaciones o de documentos
con el último endoso en blanco, tanto dicho beneficiario como el portador
legítimo deberán aportar la prueba de la relación fundamental
por la cual el documento se creó o emitido, se transmitió o ha
llegado a manos del portador.
Con lo expresado, voto por la afirmativa.
El doctor Jarazo Veiras dijo:
Los distinguidos colegas que me preceden en orden en el plenario convocado en
esta litis, dividen el tratamiento de la cuestión tomando en consideración
las hipótesis que pueden presentarse.
Así surge que dentro del proceso de verificación cuyas connotaciones
y perfiles el doctor Anaya en el voto que precede ha delineado con minuciosidad
y fundamentación jurídicodoctrinaria elocuentes, cuando quien
pretende insinuarse en el proceso apoyando su derecho en la existencia de un
título de crédito (letra de cambio, pagaré, cheque) es
necesario examinar si corresponde hacer distinciones según se trate de
una insinuación demandada por quien respecto del cual el concursado es
un obligado inmediato o en cambio cuando se trata de un acreedor cambiario,
con una relación mediata frente al concursado.
Atingente a la primera hipótesis señalado, esto es, relación
inmediata, ya fuere entre tomador y librador, endosante o endosatario, la solución
que sustentan los colegas aludidos se ajusta a mi entender a derecho y a sus
conclusiones jurídicodoctrinarias sobre el particular me remito, puesto
que todos ellos confluyen a un mismo objetivo, esto es, que en tales circunstancias
el acreedor que solicita la verificación debe invocar y acreditar la
causa de la relación subyacente o extracartácea. Para este particular
supuesto, la exigencia del art. 33 de la ley concursal y la naturaleza del nexo
vinculatorio invocado, gobernado por disposiciones específicas de fondo
no se excluyen coherentemente interpretadas imponiéndose entonces al
acreedor la carga de denunciar y justificar la causa fuente de la obligación,
ya que se halla a su alcance el medio de convicción para lograrlo y con
ello conseguir la positiva tutela jurisdiccional.
La situación en cambio varía cuando el título sobre el
que reposa la pretensión del acreedor cambiario, emerge de una relación
mediata, planteándose entonces un árduo problema en torno a la
prueba de la causa fuente o subyacente de la que obviamente respecto de aquél,
no participó al concursado, cual es, el de resolver si no obstante esa
elisión, también a tal acreedor debe imponérsele el cumplimiento
no sólo de la invocación de por sí necesaria, observo,
sino también la demostración de la relación causal, obligándosele
a producirla respecto de la que se refiere a la derivada de su propio nexo con
el tercero de quien recibió el título en el curso de la circulación.
Pienso que en la hipótesis en cuestión la única relación
jurídica que permite a ese acreedor verificar su crédito en el
concurso, es la cambiaria y nada más que ella.
La circunstancia de que le esté vedado a tal acreedor cambiario recurrir
si pretende hacer efectivo su derecho ante el concurso a otra vía que
no sea la que le impone la ley 19.551, esto es el proceso de verificación
típico y necesario estructurado por la ley mentada, no desnaturaliza
ni por tanto borra la relación cambiaria referida y sus propias y específicas
connotaciones legales en que se ampara la emisión y circulación
del título que presente (dec.leyes 5965/63 y 4776/63), toda vez que si
la acción para hacer efectiva la acreencia u obtener la declaración
de certeza que fluye de una decisión jurisdiccional aun en el supuesto
de ejecución singular, pudo ventilarse igualmente por vía de un
proceso pleno de conocimiento sin que el acreedor se viera privado en tal supuesto
del derecho sustancial que rige a tales títulos, tampoco advierto óbice
que ello ocurra para el caso de concurso del deudor, o sea de una ejecución
colectiva.
Y ello así lo conceptúo compartiendo criterios jurisprudenciales
seguidos por este mismo tribunal, al sostenerse que el carácter cambiario
o causal de una acción es una cuestión enraizada directamente
en el derecho sustantivo, como que depende de la fuente origen del crédito
según sea ella el título mismo, en su carácter de autónomo
y abstracto o la convención originaria y causal que entre obligados directos
e inmediatos de nacimiento a la emisión y transmisión del título
(CNCom., sala C, 10/4/70, "in re": "Sánchez, Roberto A.
c. Schaad, Luis"). La pretensión de quien se encuentra situado respecto
del deudor concursado en una relación mediata se fundamenta pura, exclusiva
y excluyentemente en el título. Debe así considerarse toda vez
que el art. 212 del Cód. de Comercio es de aplicación a todos
los supuestos, desde que la imposición legal de insinuación en
el concurso no es capaz de modificar la aplicación de derecho de fondo
en tal hipótesis, que rige la creación, emisión y circulación
de los títulos en cuestión, que se mantiene intacta en toda su
pureza.
Debe entonces concluirse que si por la vía que prevé la Parte
Primera, título II, cap. III, sec. III de la ley 19.551 se ventila el
reconocimiento judicial del crédito así instrumentado, el juez
del concurso no puede elípticamente apartarse de la regulación
legal sustancial específica a que están sometidos los títulos
aludidos imponiendo al portador legitimado una carga impropia para decidir la
verificación del crédito.
Denunciada la adquisición formal del título de crédito
peticionada su verificación en el concurso por el acreedor pretensor,
reuniendo el título los recaudos que fija la ley sustancial bajo cuyo
amparo fue creado, es evidente que a su respecto resulta de aplicación
como lo adelantara, lo previsto por el art. 212 del Cód. de Comercio
como se sostuviera en el precedente ya citado (conf. Rev. LA LEY, t. 102, ps.
1/4 reiterado por otros tribunales (Rev. LA LEY, t. 122, ps. 634 y sigts. y
fallos allí citados). Y esa situación no se altera ni desmejora
por el hecho de que el portador pretenda insinuarse en el concurso de uno de
los obligados cambiarios mediatos impelido por la ley concursal. En suma, no
está demás anotar que no se advierte colisión entre ambos
ordenamientos legales sustanciales, sino que simplemente se trata de conjurar
la interacción que fluye de tales cuerpos prescriptivos a los fines de
la adecuada decisión del caso particular.
Denunciado por el acreedor en cuestión, en oportunidad de impetrar la
verificación de su crédito el origen y la causa de su adquisición,
si la misma es discutida por la sindicatura, será de aplicación
al supuesto, las previsiones que rigen los títulos presentados (dec.ley
5965/63 y dec. 4776/63 en cuanto fuere pertinente), porque es la sindicatura
quien tiene que analizar la naturaleza del título que se le presente
y realizar todas las compulsas e investigaciones necesarias en los libros y
documentos del concursado y en cuanto corresponda en los del acreedor, pudiendo
valerse de todos los elementos de juicio que estime útiles, recabando
las informaciones que aprecie como necesarias para fundamentar su dictamen,
y en caso de negativa a suministrarlos por quienes correspondiere, solicitar
del juez de la causa las medidas conducentes para completar su información
(art. 34, ley 19.551). De cualquier modo, tanto la masa cuanto el acreedor,
tendrán la garantía jurisdiccional que las circunstancias impongan
y los recursos que la ley acuerda por la vía y en la oportunidad debida
contra la decisión que recaigo.
Vale decir, que si como principio general, la carga con que grava la ley concursal
a los señores acreedores sin distinción, de denunciar y probar
el origen del crédito de modo apropiado y bien determinado, poniendo
al alcance de la sindicatura los elementos necesarios eficaces y congruentes
con su pretensión, resulta razonable en aquellas acreencias que surgen
de las negociaciones cambiarias inmediatas con el concursado, y su omisión
obstativa a la verificación, no es menos exacto que cuando la relación
es mediata y deviene naturalmente de una vinculación cartular, prima
facie regularmente constituida, el acreedor denunciará con la misma minuciosidad
el origen de su calidad de portador legítimo y si el funcionario de ley
advirtiera una irregularidad de la que el acreedor pudiera haber participado
capaz de influir negativamente en los derechos del pretensor, la carga de la
prueba en esa hipótesis debe correr por cuenta de quien intenta la descalificación,
por ser principio rector en materia de títulos de crédito, sin
perjuicio desde luego, que frente a esa situación, el acreedor cartular
deba, según fueran las circunstancias, proporcionar los medios convictivos
aclaratorios que le asistan ante la resistencia del funcionario del concurso,
pues de no actuar el acreedor impugnado dentro de ese marco de razonabilidad,
estaría conculcando los principios de lealtad, prioridad y buena fe que
deben presidir en justicia, con olvido del deber moral de todo postulante de
colaborar en el esclarecimiento de la verdad, corriendo con los riesgos de su
propia conducta, que en definitiva y como lo adelantara, serán decididos
por el juez del concurso. Relativo a los principios enunciados y conductas requeridas,
su observancia, congruencia y prudencia se torna tanto más exigible dado
la naturaleza jurídica de la ejecución colectiva y la base y complejidad
de la función desempeñada por la sindicatura.
Por tanto así dejo expresado mi voto.
El doctor Patuel se adhirió al voto del doctor Alberti.
El doctor Anaya dijo:
I Las contradicciones jurisprudenciales que dan origen a la convocatoria del
tribunal para resolver en fallo plenario, se origina en las dificultades que
presenta la armonización entre las reglas del derecho cambiario y las
del derecho concursal. La cuestión resulta por ende, con proyecciones
más amplias que las previstas en el tema fijado a fs. 69, pero en consonancia
con el mismo he de circunscribir mi voto al solo supuesto del pagaré
atribuido al fallido. Naturalmente he de partir del supuesto de una correcta
atribución formal del título, sea en su emisión, sea en
su circulación, al obligado cambiario que posteriormente es declarado
en quiebra. Ni el supuesto del fallido que no ha firmado (arts. 51 y 103, dec.ley
5965/63) ni el caso del pagaré por el que se ha obligado el fallido después
de la declaración de su quiebra (arts. 108, 111, 113, 129 y concs., ley
19.551), ofrecen dificultad alguna y no se vinculan con los antecedentes que
dan lugar a este plenario.
II Sin necesidad de entrar en la consideración de las interpretaciones
sentadas en torno a la causa de los títulos de crédito o en la
controversia sobre si puede predicarse una causa negocial u obligacional de
un pagaré, en tanto la emisión de éste no importaría
un negocio sino un acto jurídico de documentación (Rubio, J.,
"Derecho cambiario", ps. 40 y 146), no resulta dudoso que cuando el
tema del plenario se refiere a la necesidad de acreditar la causa por parte
del acreedor que pide la verificación de un crédito fundado en
pagaré, se está aludiendo a la relación fundamental o subyacente,
básica, causal o extracartácea, según la variada terminología
de que se sirven los autores. Ello resulta claramente de los términos
en que se plantea la contradicción que provoca este plenario y es lo
que fluye de los tipos de controversias en que se puede cuestionar la causa
de la cambial (art. 212, Cód. de Comercio: Cámara H., "Letra
de cambio y vale o pagaré", t. I, p. 277: "El concurso preventivo
y la quiebra", t. I, p. 665).
III La normativa cambiaria aplicable al pagaré está enderezada
a una enfática tutela del interés en la circulación del
crédito, mediante reglas que actúan una simplificación
o síntesis analítica del supuesto de hecho, protegiendo la seguridad,
simplicidad y celeridad negocial. Sobre tales bases se asientan las prerrogativas
cambiarias y los principios o caracteres relativos a su literalidad, autonomía
y abstracción.
La preceptiva legal del pagaré, sin embargo, no permanece insensible
frente a los fenómenos que manifiestan la impotencia patrimonial de los
deudores, según resulta de lo establecido por el art. 47, apart. b),
incs. 2º y 3º y por el art. 48 del dec.ley 5965/63. Pero sufre especialmente
la incidencia de las reglas concursales, que son fuente subsidiaria del derecho
cambiario (G. de Semo, "Tratato di Diritto Cambiario", núm.
37 3ª ed.) y la someten a limitaciones y derogaciones (Purcaro D., "Il
credito cambiario nel fallimento", en Revista II diritto fallimentare e
della società comerciale, eneroabril de 1973, año XLVIII, núms.
12, ps. 19/20).
IV Lo precedentemente expuesto abre capítulo sobre el influjo que la
legislación concursal ejerce en la respuesta de la cuestión planteada.
Si bien los concursos tienen una urdimbre inequívocamente procedimental,
parece asimismo innegable que la disciplina concursal no es una mera regulación
procesal, a punto que la comisión redactora de la ley 19.551 destaca
en la Exposición de Motivos su concepción del concurso como fenómeno
de derecho sustancial, primordialmente. Se participe o no de ella, lo que resulta
incontestable es que se trata de una legislación con amplia y profunda
repercusión en el derecho material. Tal es lo que puede constatarse con
relación al derecho de obligaciones frente a lo dispuesto por la ley
19.551 acerca del pago o dación en pago por tercero (art. 126), a la
compensación (arts. 134 y 205) o a la solidaridad (art. 139); o respecto
de los contratos, ante la regla general sentada por el art. 147 o las que en
particular se establecen para la locación (art. 161), la renta vitalicia
(art. 162), la donación (arts. 116 y 117) y los seguros (arts. 145 y
1558), etc.; o en orden al derecho societario (arts. 153 a 156, 164 y 168) y
aún al derecho sucesorio (arts. 109, 115 y 116) y de familia (art. 112,
inc. 3º).
Pero lo que presenta mayor interés aún por su relación
inmediata con el tópico y porque revela que la normativa cambiaria no
se mantiene incólume frente a la apertura del concurso de un deudor obligado
como librador o endosante de un pagaré, es lo que resulta de las diversas
normas de la ley 19.551 que establecen reglas particulares relativas a los títulos
de crédito y que respaldan la doctrina según la cual también
éstos, en el ámbito de la quiebra, deben adaptar su disciplina
a las exigencias y condicionamientos de la ley concursal, la cual respeta las
reglas cambiarias hasta el límite en que no perjudican las exigencias
fundamentales del concurso (Purcaro, loc. cit.). Es así que frente a
lo establecido por el art. 44 de la ley cambiaria en orden al valor de los créditos
en moneda extranjera, la ley concursal fija las reglas de los arts. 20 y 131;
que lo dispuesto por los arts. 51 y 53 de la ley cambiaria debe vincularse con
lo establecido en el art. 140 de la ley de concursos, que intereses a que se
refieren los arts. 52 y 53 de la ley cambiaria deben armonizarse con la suspensión
dispuesta por el art. 133 de la ley concursal; que la constancia del pago del
dividendo concursal anotada por el secretario (art. 218) importa una solución
particular frente a la de los arts. 42, 54 y 55 de la ley cambiaria, que la
norma del art. 159 replantea cuestionamientos de larga data en nuestra doctrina
(v. las referencias en Fernández R. L., "Fundamentos de la quiebra",
núms. 619 a 629) por su difícil conciliación con lo reglado
por el art. 48 de la ley cambiaria.
V Con lo hasta aquí expuesto, estamos en condiciones de afrontar los
puntos de fricción entre la normativa cambiaria y concursal en lo que
se refiere a la causa del pagaré en el pedido de verificación,
los que giran en torno a los principios cartulares y los llamados recursos cambiarios,
por una parte, y los principios concursales y la verificación de créditos,
por otra.
Como bien se ha dicho, la autonomía, la literalidad y la abstracción
delos títulos de crédito solamente tiene la plenitud de sus efectos
en las acciones ejecutivas cambiarias: "fuera del juicio ejecutivo, aquellos
atributos o desaparecen o al menos se atenúan marcadamente" (Maffía,
O. J., "Los títulos valores en el proceso de insinuación
al pasivo falimentario", E. D., t. 66, p. 690). Ahora bien, la apertura
del concurso o la declaración de la quiebra importan la aplicación
de reglas a las que deben someterse todos los que quieran hacer valer sus créditos
en estos procedimientos universales (arts. 22, 33, 129, 130, 136 y concs., ley
19.551) que son incompatibles con las acciones de ejecución individual,
inclusive las cambiarias. Más aún, vedan que los portadores de
los títulos puedan ingresar como concurrentes por la vía de los
llamados recursos judiciales cambiarios.
VI La verificación de los créditos es un proceso necesario y típico
para la comprobación de los créditos, según se expresa
en la Exposición de Motivos. Es excluyente de la deducción de
acciones distintas que podrían haber correspondido de conformidad con
la naturaleza del crédito contra el deudor, pero que resultan desplazadas
por este procedimiento genérico para todos los que quieran ingresar como
acreedores concurrentes a la ejecución colectiva. En el derecho positivo
argentino la verificación puede lograrse: a) mediante la insinuación
del crédito, peticionada al síndico, con informe favorable de
éste y no mediando impugnaciones del deudor ni de otros acreedores, cuando
es resuelta favorablemente por el juez (arts. 33 a 37 y 194, ley 19.551); b)
por la declaración judicial de admisibilidad, cuando en el procedimiento
anterior se levantaron oposiciones, si transcurrieron treinta días desde
la última reunión de la junta de acreedores y no se cuestionó
la resolución judicial (arts. 37 y 38); c) a través del incidente
de revisión del crédito declarado admisible o inadmisible o del
incidente de verificación tardío (arts. 38 y 67). En ningún
caso puede entenderse que esta demanda importa una acción dirigida contra
el deudor y los demás acreedores. Es verdad que los eventuales intereses
encontrados, pueden hacerse valer mediante la contradicción que, en distinta
medida y según los casos, es admitida por la preceptiva concursal o,
en todo caso, por la actuación de los poderes de control que, por sí
o a través de la sindicatura, les esté reconocida. Ello no convalida
la equiparación de este procedimiento con una demanda contra el deudor
concursado. Cabe advertir, en tal sentido, que la falta de impugnación
o aun el reconocimiento expreso del crédito por éste, no son decisivos
para la verificación. Es más, la calidad de acreedor del fallido
podría resultar de una sentencia recaída en juicio seguido contra
el deudor con anterioridad a la apertura del concurso y aún con posterioridad
a la misma, como suele suceder en los casos de créditos laborales.
Pues bien, esta inequívoca calidad de acreedor declarada por sentencia
firme, no los exime de la carga universal de verificación para que se
los declare acreedores concurrentes (Liebman, E. T., "La contestazione
de crediti nel fallimento", en "Studi di diritto commerciale in onore
di Cesare Vivante", p. 679). Esto es una consecuencia del principio de
unidad de acción, que caracteriza el estado resultante del concurso y
sus predicados, a saber, la universalidad de los acreedores, el tratamiento
unitario bajo las reglas concursales y el mantenimiento de la paridad entre
los que se encuentran en las mismas condiciones y circunstancias (CNCom., sala
C, 7/3/77, "Patanian, Jorge y otros c. HotTur s/quiebra s/sumario"
Rep. La Ley, t. XXXVII, JZ, p. 1278, sum. 52). A lo que cabe agregar, todavía,
que no todo acreedor del concursado estará legitimado para ser acreedor
concurrente, como claramente resulta del régimen establecido por el art.
122. Es en orden a estos principios que encuentra fundamento la jurisprudencia
de esta Cámara con relación a los créditos laborales declarados
por sentencia firme de los tribunales del trabajo, cuya plena eficacia contra
el deudor, en tanto media autoridad de cosa juzgada, no vincula en término
absoluto al juez del concurso para la determinación de la medida en que
procede la admisión como acreedor concurrente en el juicio universal
(CNCom., sala C, 3/4/77, "Editorial Codex s/quiebra, incidente de verificación
por Raúl R. Carman" y sus citas).
El proceso de verificación, en síntesis, está enderezado
a la declaración judicial del derecho a ingresar como acreedor concurrente
en el concurso. Aunque atiende a los intereses encontrados del deudor y los
demás acreedores, no está dirigido contra ellos. Al juez le incumbe
una participación activa en el procedimiento y no queda siquiera vinculado
por la conducta seguida por el síndico, debiendo velar por el interés
general y por el amparo de los acreedores conocidos y desconocidos (CNCom.,
sala B, 10/4/72, "Isafer S. C. A. c. Ascensores Itesa, S. A.; sala C, 28/2/78,
"Goffman, Mario c/Nogoyá S. A. C. I. F. I.").
VII La vigente legislación concursal establece con un alcance inequívoco
la necesidad de que el acreedor exprese, al demandar la verificación,
la causa de su crédito (arts. 33 y 94). Difiere en esto de otras legislaciones
que no se refieren explícitamente a tal exigencia (Códs. de Comercio
de Colombia, arts. 197 y sigtes.; de Honduras, arts. 1492 y sigts.; de Bolivia,
arts. 1311 y sigts.) o que aluden al "origen del crédito (art. 82,
ley de falencias del Brasil V. de Miranda Balverde, T. "Comentários
de lei de falencias", 3ª ed., vol. II, núm. 556, p. 111, para
quien el origen debe entenderse como la causa cierta de la que deriva la obligación)
o al "título" del cual deriva el crédito (art. 93, ley
italiana del 16/3/42, que según interpretación mayoritaria solo
impone la simple indicación de la cambial: Purcaro, op. cit. p. 15 y
nota 4). Esto conduce a que las interpretaciones de la doctrina y jurisprudencia
extranjera sobre esta materia deben ser ponderadas con extremada prudencia.
Ha de tenerse en cuenta, a tal respecto, que la declaración de la causa
requerida al acreedor en su demanda de verificación, no es una exigencia
ocasionalmente introducida en la norma, sino que resulta sistemáticamente
coherente con la relevancia que a la misma se asigna en toda disciplina concursal.
Adviértase, en tal sentido, que la indicación de la causa de las
deudas está impuesta al deudor como requisito formal de la petición
de concurso preventivo (art. 11, inc. 5º), que la causa de cada crédito
ha de ser expresada por el síndico en los correspondientes informes individuales
(art. 35); que la causa es relevante para la admisibilidad o eficacia del crédito
ante el concurso (art. 122) y en función de ello puede ser fundamento
de impugnación (art. 36) o de acciones por dolo (arts. 38 y 39); que
también la determinación de la causa resulta significativa para
la impugnación y nulidad del acuerdo y para decidir su homologación
(arts. 59, 61 y 71); que ha de incidir en la calificación de conducta
(art. 235, inc. 3º) del deudor o en la determinación de complicidades
(art. 240, inc. 2º); que su conocimiento puede gravitar en la extensión
de la quiebra, con aplicación del art. 165 o en la determinación
de responsabilidades conforme al art. 166, etcétera.
Concluyo pues que, ante el derecho positivo argentino, la invocación
y prueba de la causa del crédito está a cargo del acreedor que
demanda la verificación, regla general que no reconoce excepción
para el caso del portador de un pagaré.
VIII La naturaleza de la demanda de verificación y el insoslayable cumplimiento
de lo concerniente a la causa del crédito como requisito de la misma,
marca una incompatibilidad con las prerrogativas cartulares que excluye toda
posibilidad de verificar bajo las reglas de las acciones cambiarias. Ha de tenerse
en cuenta que, conforme quedó dicho, esta demanda no es una acción
contra el deudor concursado, por lo que, tampoco tendría sentido someter
a las reglas de los recursos cambiarios las demandas que no se encuentran dirigidas
contra quienes son obligados cambiarios.
Esto dicho, cabe examinar ahora si corresponde efectuar distinciones según
se trate de una verificación demandada por un acreedor respecto del cual
el deudor concursado es su obligado cambiario inmediato o, en cambio, se trate
de un acreedor cambiario mediato.
IX La invocación y prueba de la relación fundamental en los supuestos
de verificación demandada por el tomador en el concurso del librador
o por el endosatario en la quiebra de su endosante, no origina dificultades.
Otro tanto debe predicar cuando el obligado cambiario en cuyo concurso se demanda
la verificación ha librado o endosado el pagaré con la cláusula
"no a la orden" (arts. 12 y 103, dec.ley 5965/63), desde que el portador
demandará como cesionario. La solución, por lo demás, se
manifiesta como razonable pues, mientras el concurso puede carecer de elementos
fehacientes para el conocimiento de la causa y tendría que remitirse
a la no siempre confiable versión del deudor y aún podría
carecer inclusive de ésta, en las hipótesis de los arts. 2º,
incs. 2º y 8º, y 109 de la ley 19.551, la relación fundamental
no puede ser ignorada por el acreedor que demanda su verificación.
X En distinta situación se encontrará el tercero portador del
pagaré, que ha permanecido ajeno a la relación causal entre el
deudor cambiario concursado y el beneficiario o, en su caso, endosatario. La
causa que en este caso resulta requerible del portador que demanda su verificación
no puede estar referida sino a la relación que determinó la transmisión
que a él se le efectuó. No puede dejar de tenerse en cuenta para
arribar a tal conclusión que, cuando el pagaré llega a mano del
portador, no incumbe a éste la indagación sobre las relaciones
extracartáceas que mediaron entre el librador y el beneficiario ni tampoco
acerca de los vínculos entre los tenedores anteriores. Ello es así
en tanto que el portador del pagaré, conforme a las reglas inherentes
a su circulación, fundare su legitimación en el exclusivo dato
formal emergente de la serie ininterrumpida de endosos (art. 17, dec.ley 5965/63);
por lo que salvo el caso de mala fe, ha de prescindirse de lo concerniente a
la causa en las relaciones anteriores y le son inoponibles las defensas fundadas
en las relaciones personales con el librador o con los tenedores anteriores
(arts. 212, Cód. de Comercio y 18, dec.ley 5965/63). El decaecimiento
de los principios cambiarios frente al concurso, no puede llevare hasta el extremo
de hacer proyectar retroactivamente la incidencia de tal efecto sobre las reglas
que presidieron la transmisión de los títulos hasta la apertura
de la ejecución colectiva. Esta interpretación resulta asimismo
coherente con la disciplina de la acción causal (art. 61, dec.ley 5965/63)
que solamente compete contra la parte inmediata con quien el portador tiene
una vinculación extracartular (Cámara, "Letra de cambio"
cit. t. III, p. 420: "El concurso", cit. t. I, p. 672).
Lo precedentemente expuesto funda mi convicción en el sentido de que
el portador de un pagaré legitimado por una cadena regular de endosos,
dará satisfacción a la exigencia del art. 33 de la ley 19.551
con respecto a la causa de su crédito, vinculándola con la relación
subyacente o negocio que determinó su transmisión por parte de
quien endosó el título, sea o no ésta una operación
mercantil. Al síndico, por su parte, incumbirá actuar con la diligencia
debida y ejercitando las amplias facultades que la ley confiere (arts. 34 y
298) a fin de aventar toda sospecha sobre la buena fe del portador demandante
e indagar, en su caso, la ineficacia respecto del concurso en que pueden hallarse
incursos actos del deudor bajo la forma de obligaciones cambiarias. La cuestión
queda así situada en un ámbito mucho más amplio que el
concerniente a la posible comisión de delitos del derecho penal. Destaco
en tal sentido, que cuando la legislación concursal se refiere a los
actos ineficaces o inoponibles (arts. 18, 19, 95, inc. 5º, 113, 122, 123,
124, 126, 127) involucra en ellos a los que siendo válidos en sus elementos
y presupuestos y perfectos, formal y sustancialmente padecen de un impedimento
para lograr sus efectos (absoluta o relativamente) o las consecuencias que normalmente
deberían haber producido por una circunstancia que es ajena al negocio
considerado en sí mismo (Diez Picazo, L., "Fundamentos del derecho
civil patrimonial", p. 283; Cariota Ferrara, L., "El negocio jurídico",
núms. 82, 92 y 93; Fargosi, H. P., "La noción de actos ineficaces
y el anteproyecto de la ley de concurso mercantiles", Rev. LA LEY, t. 140,
p. 1281: Bergel, S. D., "Los conceptos de nulidad, anulabilidad, impugnación,
revocación, ineficacia, e inoponibilidad con relación a la acción
revocatoria concursal", en Rev. Derecho Comercial y de las Obligaciones,
1970, p. 685). De donde, se sigue, por consiguiente, que a los efectos concursales
no se manifiesta la necesidad de promover acciones criminales para develar maniobras
delictuosas, puesto que la ley tutela a los acreedores más allá
de los actos fraudulentos, alcanzando inclusive a negocios u operaciones que
entre las partes celebrantes mantienen su plena validez (Sampaio de Lacerda,
J. C., "Manual de direito falimentar", núm. 75, 8ª ed.).
En orden a la ineficacia de una obligación del concursado resultante
del libramiento o endoso de un pagaré, el caso más frecuente ha
de ser sin duda el vinculado con los títulos que la doctrina francesa
conoce como efectos de complacencia (Roblet, R. op., "Les effets de commerce",
núm. 618), los italianos llaman "cambiale di favore" (De Semo,
op. cit., núms. 317 y sigts.) y los belgas "efectos de circulación",
(Frederico L. y Debacker, R., "Traité de Droit Commercial Belge",
t. X, núm. 61). No es la oportunidad de examinar aquí la compleja
problemática que se plantea respecto de estos títulos, pero creo
oportuno puntualizar que su libramiento no importa necesariamente un ilícito,
debiendo distinguirse entre los buenos o reales y los malos o de complacencia
pura; los primeros, que comprenden a ciertos libramientos financieros como los
efectos de caución, son ilícitos (me remito al prolijo estudio
de Jorge Williams. "El pedido de verificación de los créditos
y la causa del crédito", en Rev. LA LEY, t. 1976C, p. 355). Además,
no siempre el hecho de que el deudor haya librado pagarés o endosado
dichos títulos sin contraprestación, importará la comisión
de un delito, sin perjuicio de lo cual podría configurar un acto concursalmente
ineficaz.
XI En síntesis: la declaración y prueba de la causa requerida
para la verificación de créditos, incumbe a todos los acreedores
y no están exceptuados los que demandan en su carácter de portadores
legítimos de un pagaré. Cuando el deudor es un obligado mediato
del verificante, por tratarse de un título que ha circulado, el portador
cumple con el requisito de la ley concursal invocando y probando la causa por
la que se le transmitió.
Con este alcance y por los fundamentos expuestos. Voto por la afirmativa.
Los doctores Quintana Terán y Barrancos y Vedia, se adhirieron al voto
anterior.
El doctor Quinterno dijo:
El doctor Alberti en tesitura compartida por el doctor Jarazo Veiras ha expuesto
con claridad la necesaria distinción entre el portador mediato e inmediato
en el controvertido problema de la necesidad de acreditar la causa de la obligación
en una verificación de crédito concursal para concluir que aquél
no está obligado a su prueba mientras que éste deberá comprobar
la causa de adquisición del título.
Compartiendo, así, sus argumentos adhiero a su voto.
El doctor Etcheverry dijo:
I El concurso se destaca entre otros procesos, por ser juicio colectivo, universal,
contradictorio, sumario, de carácter público y forzoso (Germano,
L. N., "Derecho concursal", p. 37, ed. de La Universidad de Belgrano:
D'Avack, C., "La naturara giuridica del fallimento", passim); contiene
normas de carácter sustancial, como también reglas procesales
(Garrigues, "Curso de derecho mercantil", t. II, p. 399).
Estos caracteres no deben ser solamente proyectados en función de la
protección del crédito, sino que es preciso apuntar a otro fin
de gran valor económicosocial, cual es la protección, desarrollo
y saneamiento de la actividad empresarial (confr. Requiao, "Curso de direito
falimentar", t. II, p. 247 y siguientes).
Teñidos por estas consideraciones axiológicas, aparecen los tres
principios fundamentales del derecho concursal, que son, el de la universidad
patrimonial, el de la colectividad o generalidad de los acreedores y el de la
comunidad de pérdidas (Broseta Pont., "Manuel de derecho mercantil",
p. 565).
Desde aquella afirmación de Ripert: "la quiebra es una institución
comercial" ("Tratado Elemental de Derecho Comercial", t. IV,
p. 209, trad., de Sola Cañizares, es mucho lo que ha evolucionado el
instituto, siendo Francia uno de los países de vanguardia en esta materia.
Cámara ("El concurso preventivo y la quiebra", vol. I, p. 98)
recuerda la preponderancia del interés colectivo en el derecho concursal
y opina que los acreedores no son los más afectados sino el Estado, "en
cuanto implica la liquidación de una empresa con los graves trastornos
que acarrea, a quien compete la seguridad del tráfico jurídico
y la tutela de la colectividad". Advertimos claramente la dimensión
del instituto, lo que se ha traducido en la ley actual, en la medida compatible
con nuestro estado social y nuestra idiosincrasia. La ley 11.719, envejecida,
no contemplaba, dice Alegría "los coetáneos problemas sociales
de la empresa, la ubicación del trabajo como elemento fundamental, la
concentración como fenómeno natural de esa selección, las
distorsiones de la competencia imperfecta, la necesidad de conservación
de las unidades económicas útiles, el interés público
comprometido y la paz social, los planes económicos, la creciente intervención
del Estado en la economía y en la gestión empresarial, la diversificación
de los medios técnicos del crédito, el llamado deterioro de los
términos de intercambio que impulsaron a nuestro país a modificar
su estructura agropastoril y al nacimiento de la industria con sus problemas
propios, la concentración urbana que ella genera, etcétera"
("Algunas cuestiones de derecho concursal", ps. 53/54).
En suma, los distinguidos juristas que intervinieron en la redacción
de la ley, dejaron expresado en la Exposición de Motivos, la clara coincidencia
de dar un paso hacia adelante en esta materia, concorde a la evolución
del país y teniendo en cuenta la dogmática moderna.
II La ley 19.551 regula en su art. 33 las condiciones de presentación
de la demanda de verificación; el deudor debe indicar monto, causa y
privilegios mediante escrito por duplicado, debiendo constituirse domicilio
procesal.
La cuestión planteada al plenario radica en saber si cuando un acreedor
solicita en un concurso, la verificación de un crédito fundado
en la existencia de pagarés atribuídos al fallido, el incidentista
debe acreditar a esos efectos la causa de la obligación.
Esta Cámara, por la sala que integro, ya ha expresado, en diversas oportunidades,
que el pedido de verificación a través del incidente previsto
en la ley concursal, constituye un verdadero proceso de conocimiento pleno (confr.
"Panamericana de Televisión, S. A." del 20/3/79 publicado en
Rev. LA LEY, t. 1979C, p. 388 del 16/8/79 y v. jurisprudencia allí cit.).
La demanda de verificación, busca lograr la inserción de un crédito
en la masa pasiva o conjunto de acreedores; el resultado del examen y reconocimiento
de los créditos se hará para satisfacer la triple finalidad señalada
por Provinciali: comprobar la existencia de acreencias contra el quebrado; comprobar
si existen los presupuestos que justifican la apertura de la ejecución
colectiva de su patrimonio y finalmente, conocen el número, la entidad
y la naturaleza de los créditos concursales.
La ley dice que el deudor debe indicar la causa de su crédito: el planteo
de esta convocatoria se concreta a preguntar si debe acreditarla. La distinción
entre una simple manifestación y la prueba de la misma, no tiene prácticamente
vigencia en derecho procesal, porque quien afirma un hecho debe probarlo, para
poder ser oído por la jurisdicción (autos de la sala A cits.,
art. 377, Cód. Procesal, aplicable conforme al art. 301, ley 19.551).
Si llegamos a tener la certeza que el deudor debe indicar la causa de su obligación,
fuerza en concluir que debe acreditarla, no bastando una mera manifestación
en ese sentido; de otro modo, la norma legal sería totalmente inoficiosa.
Ello se compadece con lo dispuesto por el art. 499 del Cód. Civil, porque
cada obligación debe poseer naturalmente la causa que le sirva de soporte.
No debe sorprender que se discuta procesalmente sobre la causa de una obligación
instrumentada en un título de crédito me refiero a la causa de
emisión porque ello se da con plena validez en los procesos ordinarios
y cuanto más en el concursal que es universal, colectivo y público.
Procesalmente, coincidimos con la jurisprudencia anterior y con Maffía
("El deber de indicar la causa del crédito en la etapa concursal
de verificación" en Rev. LA LEY, t. 1978C, p. 800, apart. VII) al
sostener la inoperancia del reconocimiento causal del concursado.
III Lograda la primera respuesta afirmativa por mi parte, es preciso considerar
a qué concepto jurídico se refiere la ley cuando expresa su mandato
imperativo de "indicar la causa..." del crédito.
Yadarola, en su trabajo "Títulos de crédito" y en otros
estudios, desarrolló el problema de la causa en el derecho cambiario,
a partir del Código Civil, proyecta esa noción hacia el derecho
cartular, no coincidiendo con la solución de Ascarelli, precisamente
en base a la complejidad del tema.
Ascarelli señaló en su momento la diversidad de posiciones, en
su trabajo de 1933 en la "Revista de Diritto Commerciale" y en sus
obras, muy conocidas. No es posible ni procedente desarrollar aquí tales
discusiones, que aún perduran. El maestro italiano dejó sentada
su opinión, desarrollando la creación del "pactum de cambiando"
que expusiera ya el ilustre Nonelli en 1904 (Rivista del Diritto Commerciale,
1904, 1ª parte, p. 191) y coincidiendo con él, Francesco Ferrara
(h.) en su "La girata della cambiale" (ps. 301 y sigts.). En la misma
línea podemos inscribir, entre tantos otros, a Messineo, que sostiene
el "pactum cambii".
Pero estas concepciones no pueden identificarse, a mi juicio, con lo que ha
querido significar la norma en estudio; ello adquiere certeza legal en la regla
legal sustentada en el art. 212 del Cód. de Comercio, que tiene estrecha
relación con los arts. 18 y 61 del dec.ley respectivo (conf. con esto
último, Cámara en su "Letra de cambio y vale o pagaré",
t. I, p. 272, con citas de Lange y Garrigues; v. también p. 276; v. además:
Williams, Jorge N., "Acciones cambiarias", p. 104 y "Títulos
de crédito", vol. I, ps. 102 y sigts.).
Los jueces reunidos en acuerdo enfrentamos el caso de un título abstracto
como es el pagaré, límite en el cual este tribunal ha colocado
el tema sub examen; personalmente no creo que el título de crédito
abstracto, en virtud del principio de autonomía, tenga una causa única.
Coincido con el eminente Yadarola en que la relación fundamental es la
causa de los títulos de crédito, entre las partes que se relacionan
mediante ese negociobase; es decir, en tanto el documento abstracto circula,
existen otras tantas causas de transmisión del título.
Opinando de esta forma me ubico en una de las posiciones extremas a que se han
referido Richard y Montesi (su ponencia en las "Jornadas de Derecho Concursal",
Rosario, marzo de 1979: a) la no expresión de causa fundada en la abstracción
y b) la necesidad de expresión de causa de emisión en todos los
supuestos, eligiendo la segunda alternativa pero solamente para el caso concursal.
De otra manera se desconocerían palmariamente los principios de abstracción
y autonomía, propios de los papeles de comercio.
Bien aprecio una opinión intermedia, como la que forma la mayoría
en este plenario; ella coincide con las formulaciones doctrinarias de muchos
de los autores (incluye a la mayoría de opiniones en el Instituto de
Derecho Comercial de la Facultad de Derecho de Córdoba, por noticias
que ha obtenido a través del profesor De Arteaga). Mas no crea cumplida
la finalidad de la ley si no se llevan sus palabras hasta las consecuencias
límites.
IV No debe alarmar que pueda exigirse la prueba de la causa, ya que el derecho
cambiario, bien que formal, no puede erigirse en un sistema que ideado para
agilizar la circulación y proteger el crédito, por una suerte
de hipóstasis tiranice sin límites al resto del ordenamiento;
es noción ya recibida en derecho que ningún instituto o conjunto
normativo puede existir por sí y para sí, como un fin en sí
mismo, sino al servicio de los valores supremos de cada comunidad.
La prueba de la causa, así, aparece como imperativa para quien se presenta
a verificar su crédito; deberá exponer y probar cuál es
la causa o el negocio que justifica su tenencia legítima del papel de
comercio. En esto coincido con los distinguidos colegas que me han precedido
en el voto, y en la solución general con fallos anteriores de esta Cámara
("in re": "Díaz de Realtor", sala B, del 28/6/74:
"Damonte c. Batití", ídem, del 21/4/75).
Es improbable que ciertos tenedores legitimados de un pagaré conozcan
las distintas causas o negocios bases que dieron origen a la circulación
del título que poseen; no pueden ignorar la que corresponde a la llegada
del papel a sus manos, pero no es lícito exigirles que sepan las causas
o negocios de toda la cadena de transmisión cambiaria.
No se me escapa que si la télesis de la norma concursal en estudio, trata
de evitar la colusión dolosa entre el fallido y un acreedor, con solo
hacer circular en apariencia el pagaré o la letra de cambio, se eludiría
la previsión legal. Mas para intentar evitar estas situaciones, la normativa
prevé que el síndico "debe" realizar "todas las
compulsas necesarias en los libros y documentos... del acreedor" (art.
34, ley 19.551); la citada regla legal autoriza una interpretación amplia
de las palabras "y, en cuanto corresponda", porque no puede olvidarse
la perspectiva global de interpretación de la ley, que no debe ser otra
que la expuesta en su Exposición de Motivos.
En base a estos presupuestos normativos, el síndico puede investigar
la circulación completa de un pagaré o letra de cambio, a fin
de evitar el posible fraude, tan perjudicial para los restantes acreedores y
el interés general (conf. Maffía, "Los títulos del
art. 33 de la ley 19.551" en E. D. del 22/6/79).
No será ajeno a estas investigaciones el propio magistrado judicial a
cargo del concurso, quien se halla investido legalmente como el principal órgano
del proceso falencial y que cuenta con un primer dique de contención
al admitir, verificar o declarar inadmisible el crédito (arts. 37, 38
y concs. ley 19.551); la ley también da lugar a la intervención
de los demás acreedores en defensa del régimen común (art.
36).
En suma, de la confrontación de los arts. 33 de la ley 19.551, 499 y
500 del Cód. Civil; 212 del Cód. de Comercio y arts. 17 y 18 del
dec.ley 5965/63 (y art. 20, dec. 4776/63 para los cheques) y teniendo especialmente
en cuenta que: a) el proceso concursal es de orden público; b) el régimen
cambiario no lo es, sino que se erige con particularidades especiales en orden
a necesidades mercantiles; c) que pese a los principios de abstracción
y de autonomía cambiarios, en muchas ocasiones debe aplicarse el derecho
común; d) la necesidad de dar preeminencia a la protección de
todos los acreedores concursales antes que al portador de buena fe y e) la inclusión
concreta de una exigencia en la ley concursal, voto por que todo acreedor que
se presente a verificar su crédito en el concurso debe indicar y probar
la causa de la cambial, entendida en el sentido del negocio base que le dio
origen (en el caso de primer beneficiario) o del contrato de derecho común
en cuya virtud se transfirió el título a un endosatario.
El doctor Morandi dijo:
Los distinguidos colegas de Cámara que me han precedido en el orden de
votación dispuesto en estas actuaciones, podría decirse que han
agotado los argumentos que puedan sustentarse sobre el asunto que es materia
de este plenario, circunstancia por la cual sólo me resta expresar mi
adhesión a alguna de las bien fundadas e ilustradas opiniones que se
han vertido anteriormente.
No puedo dejar de reconocer que tanto quienes sostienen la posición más
restrictiva en esta materia, como los que se han adherido a la más amplia,
están acompañados de múltiples razones que se respaldan
no sólo en fundamentos estrictamente jurídicos, sino también
en aquellos otros extraídos de una larga experiencia judicial en tema
de concursos.
Frente a todas estas opiniones, adhiero a la expuesta por mi distinguido colega
de Cámara, doctor Anaya, quien ha efectuado un exhaustivo análisis
de los dos cuerpos legales que deben ser compatibilizados a través de
una interpretación ajustada. Me refiero a la ley de concursos 19.551
y al dec.ley 5965/63, cuya coexistencia en la emergencia plantea sin duda alguna
problemas que se han puesto de relieve en los votos que me han antecedido.
Deseo aclarar por último que esta adhesión debe ser entendida
sin mengua de las facultades que tiene el juez del concurso y el síndico
para investigar la circulación completa del pagaré que se presenta
para la verificación del crédito, como lo ha puesto también
de relieve el doctor Etcheverry, a fin de evitar posibles fraudes a la masa
de acreedores y al interés general.
Con lo expresado, voto por la afirmativa sobre el asunto que ha dado lugar al
llamado a plenario en estos actuados.
Por los fundamentos del acuerdo que precede se resuelve que el solicitante de
verificación en concurso, con fundamento en pagarés con firma
atribuida al fallido, debe declarar y probar la causa, entendidas por tal las
circunstancias determinantes del acto cambiario del concursado, si el portador
fuese su beneficiario inmediato, o las determinantes de la adquisición
del título por ese portador de no existir tal inmediatez. Jorge N. Williams.
Juan C. Quintana Terán. Edgardo M. Alberti. Fernando N. Barrancos y Vedia.
Raúl A. Etcheverry. Manuel Jarazo Veiras. Juan C. F. Morandi. Eduardo
Martiré. Jaime L. Anaya. Héctor A. R. Patuel. Francisco M. Bosch
y Julio A. Quinterno. (Sec.: Luis H. Díaz).-
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