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Fallos Clásicos |
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Vicente Robles SAMCICIF c/Estado Nacional s /Nulidad
Considerando:
1) Que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo contenciosos Administrativo
Federal (fs. 391/396) confirmó la sentencia dictada en la instancia anterior
y, en consecuencia, rechazó la demanda tendiente a obtener la nulidad
de las resoluciones del Servicio Nacional de Parques Nacionales y del Ministerio
de Agricultura y Ganadería de la Nación por las que se estableció
que, una vez finalizado el contrato que une a las partes, los edificios construidos
de acuerdo con las cláusulas contractuales pasarán sin cargo a
ser propiedad del Estado Nacional.
2) Que contra ese pronunciamiento la vencida dedujo recurso ordinario de apelación que fue concedido y es formalmente procedente toda vez que se trata de una sentencia definitiva, recaída en una causa en que la Nación es parte y el valor debatido, actualizado a la fecha de la interposición del recurso, supera el mínimo fijado por el Art. 24, inc. 6°, apartado a), del decretoley 1285/58, sus modificaciones y resolución N° 1242/88 de esta Corte.
3) Que la presente litis versa sobre el destino que deberá darse a los edificios construidos por la demandante al concluir el contrato de concesión celebrado por las partes. En tanto la actora sostiene que para obtener su transferencia el Estado deberá abonar el precio que se determine de acuerdo con lo oportunamente pactado, el demandado alega que el referido traspaso debe operarse sin cargo alguno.
4) Que el origen de la controversia radica en lo dispuesto en las cláusulas
generales, las especiales y el contrato interpretativo y aclaratorio suscripto
entre los litigantes, por lo que resulta conveniente transcribir las disposiciones
en que las partes basan sus pretensiones.
El Art. 28 del pliego de condiciones generales dice: "Finalización
y renovación de la concesión: al finalizar la concesión,
el Servicio Nacional de parques Nacionales podrá optar por exigir el
retiro de las construcciones y/o mejoras introducidas, por cuenta del concesionario
o por la adquisición de las mismas al valor de la tasación que
realice el Tribunal de Tasaciones o el organismo que lo haya reemplazado".
El Art. 24 de las cláusulas particulares dispone: "terminación
del contrato: al finalizar el plazo de explotación, por denuncia del
contrato al termino del plazo original o el de sus eventuales prórrogas,
el adjudicatario asume la obligación de retirar todas las instalaciones
efectuadas, dentro del termino que expresamente le fije el Servicio Nacional.
En caso de que así no lo hiciere, se considerarán abandonadas
a favor del Servicio Nacional, que podrá retirarlas por cuenta del adjudicatario
o alternativamente conservarlas y continuar directamente con su explotación.
En este caso el adjudicatario no tendrá derecho a indemnización
alguna. En cuanto a los edificios, construidos en función del Art. 3,
inc. F) y alternativamente en la cumbre de Punta Nevada según el Art.
8, los mismos pasarán sin cargo a ser de propiedad del Servicio Nacional".
Por último, en el artículo 33 del contrato firmado entre las partes
el 30 de agosto de 1977 se convino lo siguiente: "al termino de la concesión,
el Servicio Nacional podrá optar por exigir el retiro de las construcciones
y/o mejoras introducidas, por cuenta de la concesionaria, o por la adquisición
de las mismas al valor de tasación que realice el Tribunal de Tasaciones
o el organismo que lo haya reemplazado."
5) Que el a quo estimó que, en atención a la índole de
las cuestiones planteadas y la naturaleza del contrato con el que se vinculan,
debía aplicarse exclusivamente al caso la documentación que formó
parte de las contratación (pliego de cláusulas generales, pliego
de cláusulas particulares, oferta y contrato) sin tener en cuenta lo
agregado por la actora al expresar agravios.
Asimismo afirmó que si bien el Art. 28 del pliego de condiciones generales
estableció claramente una opción, fue ambiguo e impreciso respecto
de los bienes a que ella iba dirigida, toda vez que no parecía posible
que edificios de las características de los construidos pudiera llevárselos
la adjudicataria al finalizar el contrato.
A ello agregó que el Art. 24 de la cláusulas particulares es claro
y preciso respecto del destino de los edificios a la expiración del contrato
y no se contradice con el con el 28 de las condiciones generales, ya que en
cuanto a los inmuebles precisa el concepto y tiene prioridad según el
orden de prelación establecido en el Art. 1° del Contrato. La contradicción
entre ambas normas se verifica sólo en lo atinente a la suerte de las
instalaciones.
Sostuvo, a su vez, que tales circunstancias no pudieron pasar inadvertidas a
l oferente en virtud de la incidencia que tenían en el monto de la licitación
que por ello es tardío alegar que las cláusulas eran confusas
si no se pidió aclaratoria en las oportunidades previstas en el procedimiento
de la licitación.
Por último, expuso que no podía otorgarse preeminencia al Art.
33 del contrato interpretativo sin lesionar el principio de igualdad que debe
presidir toda licitación y que , de lo contrario, el acto debía
considerarse nulo por ilegítimo.
6) Que la actora se agravia alegando la existencia de contradicciones y omisiones
en el pronunciamiento, con lo que intenta, en realidad sostener su tesis de
que el Art. 33 del contrato zanjó toda duda acerca del destino de los
edificios y derogó en su totalidad la cláusula 24 del pliego de
condiciones particulares.
7) Que, en primer lugar, es menester recordar que esta Corte ha sostenido reiteradamente
que los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe y
de acuerdo con lo que las partes verosímilmente entendieron o pudieron
entender, obrando con cuidado y previsión (confr. Fallos: 311:971 y sus
citas).
8) Que dicha regla tiene singular importancia en los contratos administrativos,
en los cuales se supedita su validez y eficacia al cumplimiento de las formalidades
exigidas por las disposiciones legales vigentes en cuanto a la forma y procedimientos
de contratación, entre los que se encuentra la licitación pública,
que se caracteriza como aquél mediante el cual el ente público
invita a los interesados para que, de acuerdo con las bases fijadas en el pliego
de condiciones, formulen propuestas entre las que se seleccionará la
más conveniente. La ley de la licitación o ley del contrato es
el pliego donde se especifican el objeto de las contrataciones y los derechos
y obligaciones del licitante, de los oferentes y del adjudicatario (Fallos:
308:618).
9) Que, al ser ello así, corresponde analizar cuál fue el destino
que se previó en los pliegos para los bienes inmuebles una vez que concluyera
la concesión.
Sobre el punto el Art. 28 de las cláusulas generales contemplo la suerte
que correrían en ese momento las "construcciones y/o mejoras",
en tanto el Art. 24 de las condiciones particulares estableció dos supuestos
diferentes: las "instalaciones" y los "edificios", determinando
que estos últimos pasarían "sin cargo alguno a ser de propiedad
del Servicio Nacional".
10) Que el Diccionario de la Lengua Española (vigésima edición,
Real Academia Española, Madrid, 1984) establece que construcción,
"tratándose de edificios" significa "obra construida"
(tercera acepción), motivo por el cual la proponente pudo entender que
dicho vocablo (contenido en la condición general 28) involucraba también
a los edificios. No obstante, la clara distinción efectuada en el Art.
24 de las cláusulas especiales determinó expresamente lo contrario,
frente a los cual la adjudicataria debió atender a lo allí dispuesto.
Por tal motivo y ante la existencia de una duda cierta acerca de cual era el
efectivo destino de los edificios al concluir la concesión, estaba obligada
a pedir que se aclarara el tema, máxime si se advierte la importancia
económica que ello tenía sobre la ecuación financiera contractual
y la consecuente determinación del canon.
11) Que, en efecto, al formular su propuesta, la concesionaria debió
obrar con pleno conocimiento de las cosas (arg. Art. 902 del Código Civil),
pues la magnitud de los intereses en juego le imponía actuar de modo
de prever cualquier eventualidad que pudiese incidir negativamente en el resultado
económico del contrato, adoptando a ese efecto las diligencias apropiadas
que exigían las circunstancias de persona, tiempo y lugar (Art. 512 del
código civil, doctrina de Fallos: 300:273); y si la oferente incurrió
en error en la interpretación de la cláusulas contractuales, éste
provendría de una negligencia culpable que impide su invocación
(arg. Art. 929 del Código Civil; Fallos: 303:323, considerando 10).
12) Que, por lo demás, si la actora conoció la contradicción
y ello generó una duda razonable respecto de un elemento de real importancia
para la determinación del precio del contrato, pudo y debió subsanarla
o aclararla mediante la oportuna consulta a la autoridad competente (confr.
Doct. De Fallos: 311:1181) y la falta de ejercicio de dicha facultad sólo
resulta atribuible a su propia conducta discrecional, lo que determina la improcedencia
de su invocación para apoyar su reclamo.
13) Que a ello corresponde agregar que si lo convenido en los pliegos, la oferta
y adjudicación fue que los edificios pasaran al Servicio Nacional de
Parques Nacionales sin cargo alguno, no cabe admitir que tal circunstancia pudiera
válidamente modificarse con posterioridad, mediante la firma de un contrato
aclaratorio.
En primer termino porque la Administración niega que tal haya sido la
finalidad del Art. 33 del citado contrato y, en segundo lugar, porque frente
a esa negativa no puede entenderse que esa modificación haya podido válidamente
efectuarse después de la adjudicación, sin ocasionar la nulidad
del acto por violación al principio de igualdad que debe presidir toda
contratación administrativa.
14) Que esta Corte ha sostenido que la adjudicación que no respete estrictamente
lo establecido en las cláusulas contractuales está viciada de
ilegitimidad y que nada debe tomarse como concedido sino cuando es dado en términos
inequívocos o por una implicancia igualmente clara. La afirmativa necesita
ser demostrada, el silencio es negación y la duda fatal para el derecho
del concesionario (Fallos:308:618).
15) Que en esas condiciones cabe concluir en que, aún admitiendo la contradicción
entre las cláusulas en debate, sólo pudo la concesionaria resolverla
a su favor mediante su aclaración en tiempo oportuno, y que, la posterior
firma del contrato interpretativo, al no derogar expresamente lo establecido
en la condición especial 24, no puede entenderse en el sentido de que
tenía tal alcance frente a lo allí expresamente establecido respecto
del destino de los edificios.
16) Que a ello no obsta que la actora haya sido la única interviniente
en la situación, pues de admitirse su postura, bastaría con que
los pliegos contuvieran condiciones que determinaran la no participación
de otras empresas por no resultar atractivo el negocio y después de conseguida
la adjudicación por la oferente se cambiaran los términos de aquellos
para que ésta obtuviera un beneficio que no le había sido acordado,
burlándose así el principio de igualdad de licitación.
Por lo expuesto, se confirma la sentencia apelada, con costas a la vencida (Art.
68, primera parte, del Código Procesal Civil y comercial de la Nación).
Notifíquese y devuélvase RICARDO LEVENE (H) - MARIANO AUGUSTO
CAVAGNA MARTINEZ - RODOLFO C. BARRA - CARLOS S. FAYT - EDUARDO MOLINE O CONNOR
(en disidencia) - ANTONIO BOGGIANO.
DISIDENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON EDUARDO MOLINE O CONNOR
Considerando:
1) Que la chamarra nacional de apelaciones en lo contencioso administrativo
federal confirmó la sentencia dictada en la instancia anterior y, en
consecuencia , rechazó la demanda tendiente a obtener la nulidad de las
resoluciones del Servicio Nacional de Parques Nacionales del Ministerio de Agricultura
y Ganadería de la Nación por las que se estableció que,
una vez finalizado el contrato que une a las partes, los edificios construidos
de acuerdo con las cláusulas contractuales pasarán sin cargo a
ser propiedad del Estado Nacional (fs. 391/396).
2) Que contra ese pronunciamiento la vencida dedujo recurso ordinario de apelación
que fue concedido y es formalmente procedente toda vez que se trata de una sentencia
definitiva, recaída en una causa en que la Nación es parte y el
valor debatido, actualizado a la fecha de la interposición del recurso,
supera el mínimo fijado por el Art. 24, inc. 6, apartado a), del decretoley
1285/58, sus modificaciones y resolución N° 1242/88 de esta Corte.
3) Que la presente litis versa sobre el destino que deberá darse a los
edificios construidos por la demandante al concluir el contrato de concesión
celebrado por las partes. En tanto la actora sostiene que para obtener su transferencia
el Estado deberá abonar el precio que se determine de acuerdo con lo
oportunamente pactado, el demandado alega que el referido traspaso debe operarse
sin cargo alguno.
4) Que sobre la base de la documentación que encontró aplicable
al caso, pues no admitió la agregada por la actora al expresar agravios,
el a quo afirmó que si bien el Art. 28 del pliego de condiciones generales
estableció claramente una opción, fue ambiguo e impreciso respecto
de los bienes a que ella iba dirigida, toda vez que no parecía posible
que edificios de las características de los construidos pudiera llevárselos
la adjudicataria al finalizar la concesión. Por el contrario, dijo, el
Art. 24 de las cláusulas particulares es claro y preciso respecto del
destino de aquellos y no se contradice con la precitada norma ya que en cuanto
a los inmuebles precisa el concepto y tiene prioridad según el orden
de prelación establecido en el Art. 1° del Contrato. Afirmó
la chamarra que la contradicción entre ambas normas se verifica solo
en lo atinente a la suerte de las instalaciones. Sostuvo, a su vez, que tales
circunstancias no pudieron pasar inadvertidas a la oferente en virtud de la
incidencia que tenían en el momento de la licitación y que por
ello es tardío alegar que las cláusulas eran confusas si no se
pidió aclaratoria en las oportunidades previstas en el procedimiento
de la licitación. Por ultimo, expuso que no podía otorgarse preeminencia
al Art. 33 del contrato interpretativo sin lesionar el principio de igualdad
que debe presidir toda licitación y que, de lo contrario, el acto debía
considerarse nulo por ilegítimo.
5) Que el alcance y extensión de las críticas de la recurrente
respecto de la decisión precedentemente reseñada conducen a un
replanteo íntegro de la cuestión en debate razón por la
cual no será menester seguir estrictamente el orden en que los agravios
fueron planteados desde que éstos encontrarán, en cuanto resulte
pertinente, adecuada respuesta en las consideraciones que siguen.
6) Que por medio de la licitación pública N° 26 (Expte. N°
2797/76) el servicio Nacional de Parques Nacionales llamó a licitación
pública para la concesión de uso de la superficie necesaria en
la Hoya del Cerro Catedral, Reserva Nacional Nahuel Huapi (zona Gutiérrez)
en el Parque Nacional Nahuel Huapi, para construir y explotar un sistema de
medios de elevación e instalaciones complementarias con destino a esquiadores
(fs, 61 del Expte. Adm. N° 2797/76. Corresp. N° 58).
7) Que en ese marco y en lo que resulta materia de discusión corresponde
tener presente que el Art. 28 del pliego de condiciones generales establece:
"Finalización y renovación de la concesión: al finalizar
la concesión, el Servicio Nacional de Parques Nacionales podrá
optar por exigir el retiro de las construcciones y/o mejoras introducidas, por
cuenta del concesionario o por la adquisición de las mismas al valor
de tasación que realice el Tribunal de Tasaciones o el organismo que
lo haya reemplazado". Por su parte, el Art. 24 de la cláusulas particulares
dispone: "Terminación del contrato: al finalizar el plazo de explotación,
por denuncia del contrato al termino de plazo original o el de sus eventuales
prorrogas, el adjudicatario asume la obligación de retirar todas las
instalaciones efectuadas, dentro del termino que expresamente le fije el Servicio
Nacional. En caso de que así no lo hiciere, se consideraran abandonadas
a favor del servicio Nacional, que podrá retirarlas por cuenta del adjudicatario
o alternativamente conservarlas y continuar directamente con su explotación.
En este caso el adjudicatario no tendrá derecho a indemnización
alguna. En cuanto a los edificios, construidos en función del Art. 3°,
inc. F) y alternativamente en la cumbre de Punta Nevada según el Art.
8, los mismos pasarán sin cargo alguno a ser de propiedad del Servicio
Nacional".
8) Que respecto de los alcances de la evidente contradicción entre el
pliego de condiciones generales y las cláusulas particulares a las cuales
estaba sometida la licitación, esta corte considera que no existen elementos
que brinden convicción suficiente para afirmar que la previsión
del referido Art. 28 de las condiciones generales no abarca, en la generalidad
de su contenido, a los "edificios". Ello es así, no solo porque
construcción, "tratándose de edificios", significa "obra
construida" (tercera acepción del Diccionario de la Lengua de la
Real Academia Española, 20°, Madrid 1984), sino también porque
esa es al única referencia del pliego de condiciones generales vinculada
al destino de los bienes incorporados por la concesionaria al termino del contrato,
por lo que no resulta posible excluir algunos de ellos sin razón suficiente
que lo justifique. Por otra parte, las características de las "mejoras"
de que se trata restan entidad al argumento basado en la supuesta imposibilidad
de aplicar esa disposición también a los edificios.
9) Que, establecida la contradicción existente entre los documentos aludidos,
el sentido de la voluntad de las partes debe buscarse en el resto de los documentos
agregados en la causa. Y, para ello, resulta ineludible remitirse al contrato,
otorgado el 30 de agosto de 1977, que constituye la culminación de la
licitación a que se refiere esta litis, y que dispone (de modo explícito),
las reglas de interpretación a l que esta sometido y el orden de prelación
establecido para resolver posibles colisiones en el contenido normativo de las
disposiciones aplicables a las condiciones convenidas entre la concedente y
la concesionaria.
10) Que, en efecto, en dicha pieza "se procede a instrumentar, interpretar
y complementar....el contrato celebrado entre las partes... del que forman parte
integrante el pliego de cláusulas generales, pliego de cláusulas
particulares y oferta formulada por la concesionaria, en base a los cuales se
realizó la adjudicación por resolución N° 272/77";
y allí s hizo categórica referencia a que "en la interpretación
del contrato se tendrá en cuenta el siguiente orden de prevalencia: a)
el presente instrumento; b) las cláusulas particulares de la licitación;
c) la oferta; d) las cláusulas generales de la licitación"
(Art. 1, fs. 43 del expte. Adm. Cit)
11) Que, en tales condiciones, al establecer el Art. 33 del aludido contrato
que "al termino de la concesión, el servicio nacional podrá
optar por exigir el retiro de las construcciones y/o mejoras introducidas, por
cuenta de la concesionaria, o por la adquisición de las mismas al valor
de tasación que realice el Tribunal de Tasaciones o el organismo que
lo haya reemplazado", no cabe sino concluir que la expresa voluntad e las
partes, fue la de superar de modo definitivo la contradicción existente
en ambos pliegos y optar por el mecanismo que prevía el de las condiciones
generales (Art. 28). A ello conduce necesariamente, fuera de cualquier discusión
admisible, el específico "orden de prevalencia" admitido por
las partes y la expresada reiteración, prácticamente literal,
del texto de la norma citada.
12) Que, como lógica consecuencia, debe reconocerse que cuando la previsión
contractual mencionada (Art. 33) habla de "construcciones" se refiere
de un modo concreto a los "edificios" pues, como hemos visto, recoge
ese sentido de su antecedente, el Art. 28 del pliego de condiciones generales,
pero además, y ello adquiere especial importancia, ese significado resulta
coincidente con las restantes disposiciones que sobre el tema contiene el contrato
ya que éstas reservan el termino "mejoras" para todas las demás
"instalaciones".
13) Que, por otra parte, no puede perderse de vista que en las actuaciones que
precedieron a este litigio la administración otorgó a los términos
en juego idéntico significado. En efecto, repetidamente empleo el vocablo
mejora como sinónimo de "instalación" y, paralelamente,
"construcción" en incuestionable alusión a un "edificio".
14) Que la norma del ya mencionado Art. 33 resulta entonces de observancia obligatoria
para la demandada sin que forme obstáculo para ello la oportunidad de
su incorporación pues, como lo tiene decidido esta Corte, la ley de la
licitación o ley del contrato está constituida por el pliego donde
se especifican el objeto de la contratación y los derechos y obligaciones
del licitante, de los oferentes y del adjudicatario, con las notas de aclaración
o reserva que en el caso correspondan o resulten aceptadas por las partes al
perfeccionarse el contrato respectivo (confr. Fallos:311:28231 y sentencia del
4 de junio de 1991 in re: N. 132.XXII. "Necon SA c/Dirección Nacional
de vialidad s/ordinario"), extremo, este último, que concurre en
el sub lite.
15) Que, en tal sentido, corresponde puntualizar que, en los contratos administrativos,
el acuerdo de voluntades puede concretarse mediante la adhesión del particular
a las condiciones previamente establecidas por la administración o a
través de una elaboración conjunta que sea el resultado de la
libre discusión entre las partes. Respecto de las licitaciones, rige
como regla general que la notificación de la adjudicación al favorecido
perfecciona el contrato; pero excepcionalmente, el perfeccionamiento se concreta
mediante la redacción de un documento ad hoc.
El argumento referente a la alegada ambigüedad e imprecisión de
la documentación no puede utilizarse, como lo hace el a quo, en perjuicio
del concesionario, pues si nos encontráramos en la hipótesis del
"contrato de adhesión", sabido es que en este tipo de convenciones
predispuestas, las cláusulas de significado dudoso deben interpretarse
a favor de la parte a la cual se le impusieron las condiciones pactadas (contra
stipulator); y si por el contrario, el contenido del contrato fuera el resultado
de la libre determinación de ambas partes, no cabría la posibilidad
de apartarse de lo pactado en el documento final. Lo cual, con toda evidencia,
quita sustento a la decisión adoptada, objeto del recurso sub examen.
16) Que, otra parte, a los jueces no les está permitido alterar el texto
inequívoco de los contratos con el argumento de que de otro modo resultarían
nulos. Si esto es así, es decir, en la hipótesis de nulidad del
acuerdo convencional de que se trate, lo que corresponde no es hacer una interpretación
desvirtuadora (para salvar la pretendida invalidez del texto) sino declarar
de manera explícita, si fuera permitido en el caso, la nulidad de que
se estima configurada, y de este modo, descalificar a la cláusula interpretada,
invalidándola. Proceder de manera distinta, como lo ha hecho el tribunal
a quo, que tuvo por valido al contrato aclaratorio, y, no obstante, dejó
de lado su clara significación con el confeso propósito de poner
a salvo el principio de igualdad de los oferentes (al cual consideró
aplicable en el sub lite) importa separarse de aquel contrato bajo el pretexto
de interpretarlo. Así como es inadmisible una interpretación que
equivalga a prescindir de la norma en tanto no medie concreta declaración
de inconstitucionalidad (Fallos: 285:358 y muchos otros), de igual forma es
también desechable la exégesis judicial que prescinde de un contrato
o de alguna forma de sus partes sin previa declaración de nulidad.
17) Que, por lo demás, el Estado Nacional no ha planteado la nulidad
de la cláusula primera del contrato, que establece (como se ha visto)
el orden de prelación de los documentos en caso de colisión de
su contenido, y que dispone la primacía del "presente instrumento"
(el contrato) por encima de las cláusulas particulares, la oferta y las
condiciones generales de la licitación. Omisión que obliga, en
caso de la duda o ambigüedad a que alude la chamarra, a referirse al contrato,
por imperio de esa previsión no impugnada, cuya cláusula 33 exige
al Estado Nacional el pago del valor de tasación de las construcciones
y mejoras introducidas si desea conservarlas pues no existe posibilidad de apartarse
de una cláusula contractual vigente, que goza de los efectos atribuidos
a las convenciones entre las partes por el Art. 1197 del código civil,
si ninguna de ellas ha planteado su nulidad; que en hipótesis como la
de esta causa, no puede declararse de oficio (Art. 1048 código cit.).
Una interpretación diversa vendría directamente a conculcar en
el caso la garantía establecida en el Art. 17 de la Constitución
Nacional cuando esta Corte ha sostenido de un modo específico que no
es dable admitir una inteligencia de los contratos administrativos que contradiga
las normas de nuestra Ley fundamental (Fallos: 291:290).
18) Que, asimismo, es imperativo señalar que si la documentación
resultaba de contenido dudoso, era el Estado Nacional y no el particular la
parte llamada a formular las aclaraciones previas sobre un aspecto económicamente
tan importante como las construcciones sobre las que versa esta litis. Y si
aquel alentaba esas dudas lo que resulta evidente en la resolución N°
179, Art. 7, fs. 3 del expte, adm. Donde "recuerda" al concesionario
que los edificios quedarían gratuitamente a favor del concedente), debió
ponerlas de manifiesto antes de que la empresa comenzara las obras, ejecutadas
en función de un contrato cuyo contenido literal -y de aplicación
prevalente respecto del resto de la documentación estipulaba otra solución.
Ello, por aplicación del principio de buena fe; porque si había
mediado error en la redacción del contrato, el Estado Nacional se encontraba
-antes del comienzo de aquellas en posición de anular la adjudicación
por haber mediado ese vicio de la voluntad y evitar así las ingentes
inversiones si existía tan grave divergencia sobre los alcances del acuerdo.
19) Que, a esta altura, también resulta necesario advertir que no se
presenta en la especie un supuesto de duda acerca del alcance de lo que se debe
tomar como concedido a favor del concesionario y menos aún de la interpretación
que corresponde en materia de franquicias o privilegios. Como ya se ha visto,
se trata, en rigor, de dilucidar -frente a una inconciliable contradicción
cuál es la norma que hay de regir el destino fina de determinados bienes
amparados, como principio, también en materia de concesiones, por la
inviolabilidad de la propiedad (Fallos:201:432; 204:626).
20) Que tampoco es acertado el juicio de la chamarra sobre una presunta violación
del principio de igualdad que debe presidir toda contratación administrativa
puesto que, como ha sido anteriormente señalado, más allá
de que la actora haya sido la única interviniente en la licitación,
no ha mediado en el sub lite una "modificación" en los términos
del contrato con posterioridad a la adjudicación susceptible de acarrear
ese resultado. Y, por lo demás, el remedio a esas situaciones debe proveerse
en tiempo oportuno; sea por la impugnación promovida por el resto de
los oferentes o por la anulación de la adjudicación, resuelta
por el propio Estado, si ese vicio se materializara. En esta última hipótesis,
de acuerdo a lo ya señalado, la actuación de la administración
debería ser necesariamente anterior al comienzo de las obras por parte
de la concesionaria. De otro modo, la omisión de los deberes de fiscalización
generaría un inadmisible beneficio en favor del órgano remiso
en el debido cumplimiento de sus funciones de control de las licitaciones.
21) Que, por ultimo, resulta ser decisiva la circunstancia de que a la licitación
que origina esta causa haya concurrido un solo oferente, hecho que fue literalmente
aducido por la actora en su memorial ante la chamarra y que esta omitió
considerar, lo cual, desde luego, implicó el rechazo tácito de
la alegación (Fallos:304:191, considerando 8, entre otros). Pero el referido
hecho es exacto y no puede ser ignorado, toda vez que el recurrente lo invoca,
con énfasis, en los fundamentos de su apelación. El principio
de igualdad de los oferentes es una regla viva que tutela valores inmediatamente
ligados a la idea de justicia y que ciertamente no se aplica cuando no concurren
las circunstancias que la generan ni están en juego los derechos que
tiende a resguardar. Tal lo que acontece en el caso. Habida cuenta de que en
la aludida licitación jubo un solo oferente, la aplicación mecánica
de aquel principio, dirigida a asegurar el derecho a la igualdad de terceros
inexistentes, significaría prescindir en la solución del caso
de la verdad jurídica objetiva y desconocer la esencia de la regla que
se invoca.
Por estas consideraciones se resuelve revocar la sentencia apelada de fs. 391/396
y, al hacer lugar a la demanda, se declara la nulidad de las resoluciones N°
179 del 6 de febrero de 1980, 1330 del 15 de agosto de 1980, 1966 del 13 de
noviembre de 1980 y 425 del 15 de octubre de 1981 dictadas por el Servicio Nacional
de Parques Nacionales, las tres primeras, y por el Ministerio de Agricultura
y Ganadería, la restante, en el expte. N° 2797 (corresponde N°
58), en cuanto establecieron que los edificios a construirse de acuerdo a la
licitación pública N° 26 pasarían sin cargo a propiedad
del mencionado Servicio Nacional de Parques Nacionales al finalizar la concesión.
Costas a la accionada en todas las instancias (Arts. 68 y 279 del código
procesal civil y comercial de la nación). Notifíquese y remítase.
EDUARDO MOLINE O CONNOR.-
