Fallo Villar de Puenzo, Leticia C. c. Provincia de Buenos
Aires
Fallos Clásicos
modelos contratos comerciales civiles penales
Villar de Puenzo, Leticia C. c. Provincia de Buenos Aires
SC Buenos Aires, febrero 20-984. - Villar de Puenzo, Leticia C. c. Provincia
de Buenos Aires
La Plata, febrero 20 de 1984.
Considerando: I Que la excepción se sustenta argumentando que no existe
en el caso resolución de "autoridad administrativa" en los
términos de los arts. 149, inc. 3º de la Constitución Provincial,
1º, 3º y 28 del Cód. Procesal respectivo, en tanto la actora
pretende la anulación de decisiones de la Suprema Corte de Justicia provincial
adoptadas en consecuencia de un contrato de suministro celebrado entre ambas
partes (res. 1745 del 3/X/78 que rechazó la entrega de muebles comprendidos
en la orden de compra núm. 598/77; res. 112 del 3/11/79 que desestimó
el pedido de reconsideración, y res. 355 del 27/lIP79 que resolvió
el contrato).
El letrado de la Fiscalía cita en su apoyo pronunciamientos anteriores
de la Corte que niegan aptitud a las decisiones de los Poderes Legislativo y
Judicial para ser revisados en vía contenciosoadministrativa, en, la
inteligencia de que no son dictadas por la "autoridad administrativa"
a que dichos preceptos se refieren, entendida exclusivamente como Poder Ejecutivo.
II - Que la doctrina jurisprudencial elaborada en tomo al concepto expuesto
por la excepcionante, lo ha sido en mérito a consideraciones que, a juzgar
por la evolución operada en la material corresponde revisar para verificar
su adecuación a los principios generales de derecho administrativo.
En primer lugar, cabe destacar que los actos de los Poderes Legislativo y Judicial
que sistemáticamente fueran excluidos de revisibilidad judicial por esta
vía, han sido los vinculados con el nombramiento o remoción del
personal y con el ejercicio del poder disciplinario (causas B.43.545 "Medone"
9/VI/1959, "Acuerdos y Sentencias", 1959-11 p. 245; B. 45.261 "Cantero"
29/X/1968, D. J. B. A., t. 85, p. 301 -Rep. La Ley, t. XX, p. 217, sum. 23;
Rev. La Ley, t. 133, p. 502; B. 46.306 "Giménez" res. 29/XII/70,
Sensus, t. V, p. 59; B. 46.565, "Cortina" res. 3/VIII/71; B. 47.836
"Basso" res. 27/IX/77; B. 48.218 "Bertoldi y Blanc" res.
del 21/VIII/79). Y si bien el fundamento reiteradamente expuesto consistió
en la imposibilidad reconocida de subsumir a tales poderes en el concepto de
"autoridad administrativa" mencionado en el art. 149, inc. 3º
de la Constitución, excepcionalmente se reconoció a los actos
de los mismos emanados en esas materias, el carácter de "actos administrativos"
(conf. causa B. 46.306 "Giménez", citada).
b) En el caso, la vinculación jurídica de la actora con la Corte
provincial nació de la adjudicación operada por res. 1541 de fecha
27 de diciembre de 1977, emanada en el expediente 3003-1280/77 -Poder Judicial-
Dirección de Administración (art. 4º, apart. F) de conformidad
con el dec. 3300/72 y el Reglamento de Contrataciones para el Poder Judicial,
y documentada luego en la orden de compra núm. 598 de fecha 29/XII/77
para la provisión de ficheros metálicos, casilleros metálicos
para Mesa de Entradas, archivos metálicos y una caja de seguridad (ver
expte. agregado sin acumular).
El 3 de octubre de 1978, teniendo en cuenta lo establecido en los arts. 64 y
66 del dec. 3300/72 reglamento de la ley de contabilidad 7764 y lo dispuesto
en el art. 2º, párr. 2º de la res. 209/77, el tribunal resolvió
rechazar la entrega de algunos de los muebles contratados (res. 1745/78); y
el 27 de marzo de 1979 -resuelta ya la reconsideración interpuesta contra
ese acto- rescindió el contrato formalizado para la provisión
de los mismos.
c) El art. 3º del Cód. de Proced. Contenciosoadministrativo autoriza
a impugnar por demanda contenciosoadministrativa todas las resoluciones administrativas
de las autoridades administrativas que rescindan, modifiquen o interpreten contratos
celebrados por aquéllas, en su carácter de poder público,
incluyendo el codificador en tal categoría a los contratos celebrados
para las "provisiones de elementos o efectos de aplicación pública"
(nota al precepto citado; conc. D.J.B.A., t. 28; p. 781; causa B. 47.489 "Cegelec",
8/VII/80, D.J.B.A., t. 119, p. 602 -Rep. LA LEY, t. XL, A-1, p. 493, sum. 6-).
Y la Corte ha interpretado con criterio amplio tal norma, incluyendo en la competencia
contenciosoadministrativa a las incidencias a que den lugar la interpretación
y realización de los contratos administrativos ("Acuerdos y Sentencias",
serie 18a, t. IX, p. 101 y demos allí citados; conc. Ac. 27.713 "Cesacatti"
3/VI/80, D.J.B.A., t. 119, p. 489; Act. 27.701 "Constructora del Oeste,
S. C. A." 25/IX/79, D.J.B.A., t. 117, p. 312, B. 47.931 "Babic S.
A." 19/V/81, D.J.B.A. t. 121, p. 109 -Rep. La Ley, t. XLI, A-1, p. 582,
sum. 37- entre otras).
III - Que con tales antecedentes, ningún obstáculo o razón
suficiente se advierte para excluir el conocimiento y decisión de las
mismas cuestiones cuando el contrato para las "provisiones de elementos
o efectos de aplicación pública" (conf. nota al art. 3º)
ha sido celebrado por el Poder Judicial aplicando las normas administrativas
que rigen con carácter general en materia de contrataciones de la Provincia.
a) La doctrina moderna reconoce la existencia de actividad administrativa en
el ámbito del Poder Judicial en base a la distinción entre el
Poder del Estado, único y sus diversas funciones (Villegas Basavilvaso,
"Derecho administrativo", t. I, p. 75; Marienhoff, "Tratado de
derecho administrativo", t. 1, ps. 38 y sigts. y 79 con cita de André
de Laubadere, "Traité élémentaire de droit administratif"
núms. 274 a 300; Fiorini "Derecho administrativo", t. I, p.
34; Gordillo, "Tratado de derecho administrativo" p. VII-10; Sayagués
Laso "Tratado de derecho administrativo" t. I, ps. 34 y sigts.). Y
si bien la función administrativa es realizada principalmente por el
Poder Ejecutivo y sus órganos centralizados o descentralizados, nacional,
provincial o municipal, nada obsta a la existencia de actividad administrativa
en el ámbito de los restantes poderes constitucionalmente reconocidos,
cuando éstos no ejercen su función primordial sino que se vinculan
con los particulares para proveer a la infraestructura u organización
necesarias para el desarrollo de esa función (conf. Fiorini, ob. cit.,
t. I, ps. 25 y sigts., y cap. II aparts. I y II).
b) En tal inteligencia, no subsumirse el contrato de suministro celebrado por
la Corte en algunos de los actos estatales autorizados constitucionalmente.
Y si la celebración del contrato y la actividad consecuente en manera
alguna encuadran la esencia de la función judicial, en tanto modo de
dirimir contiendas para cumplir la finalidad estatal de evitar la justicia por
mano propia, es obvio su naturaleza administrativa y su imputación a
la Provincia de Buenos Aires en tal carácter funcional, sin perjuicio
del órgano provincial que lo haya concertado (Marienhoff, ob. cit., t.
I, ps. 33 y 1336 y t. III-A, ps. 34 y sigts.). El particular contratista se
vincula a la Provincia de idéntica manera que si se hubiera contratado
por el Poder Ejecutivo y éste es el alcance que debe atribuirse a la
expresión constitucional "autoridad administrativa" (art. 149,
inc. 3º), reiterada en el art. 3º del Cód. de Procedimientos
en lo Contenciosoadministrativo, precepto aplicable por excelencia al caso.
Es autoridad en función administrativa sin perjuicio de la órbita
del Poder al que pertenezca el órgano y superando así la mera
discriminación subjetiva u orgánica de las actividades del Estado
para reconocer la diferencia en base a un criterio sustancial o funcional (conf.
Villegas Basavilbaso, ob. cit., ps. 71 y siguientes).
c) La conclusión se corrobora con sólo advertir que el elemento
fundamental esgrimido por el codificador para determinar la materia contenciosoadministrativa,
ha sido la existencia de un derecho administrativo lesionado, entendido como
la situación jurídica preexistente reconocida a favor del particular
por una ley, o un acto administrativo de alcance general o particular (nota
al art. 1º). Tal situación jurídica de naturaleza administrativa,
nace, en el caso de los contratos, por el carácter administrativo de
la vinculación jurídica del particular con la Provincia. Y no
puede admitirse, que la situación del particular varíe de esencia
por la mera circunstancia de que la vinculación se operó con el
Poder Judicial actuando éste en función ajena a su cometido final
de dictar sentencias dirimiendo contiendas.
Sobre todo, cuando el Código dictado para la Provincia de Buenos Aires
descartó la enumeración de todos los casos en que procede la acción
contenciosoadministrativa, adoptando en su lugar el sistema opuesto para aceptar
la revisión judicial de "todas las reclamaciones fundadas en la
violación de las obligaciones impuestas a la administración por
las leyes o reglamentos que la rigen o por los contratos que ella suscribe"
procediendo "como poder administrador" (nota citada).
IV. - Que por ende, corresponde desestimar la excepción de incompetencia
del tribunal imponiendo las costas en el orden causado por no ser el caso del
art. 17 del Cód. de Proced. en lo Contenciosoadministrativo.
Por ello, el tribunal resuelve desestimar la excepción de incompetencia
del tribunal opuesta por la Fiscalía de Estado, quien deberá contestar
la demanda en el plazo legal (arts. 39, inc. 1º, 46, 47 y conc., Cód.
de Proced. en lo Contenciosoadministrativo). - Augusto M. Morello. -Juan A.
Ortiz - Martín J. Lasarte. - Pedro L. Soria (h.). - José L. Villada.
- María A. Fernández Arancibia. - Sara E. Rozas de Sora. - Ofelia
Jimeno.-
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