Fallo Yusin S.A. c/ Estado Nacional D.G.I. s/ proceso de conocimiento
Fallos Clásicos
modelos contratos comerciales civiles penales
Yusin S.A. c/ Estado Nacional D.G.I. s/ proceso de conocimiento
Sumarios:
1.- El art. 31 de la ley 24.073 al art. 19 de la Ley del Impuesto a las Ganancias
sustenta por sí misma, de manera concluyente, la necesidad de que el,
contribuyente tenga utilidades en los ejercicios posteriores contra las cuales
imputar las pérdidas ya que, ,en el esquema particular de ese impuesto,
ningún provecho fiscal puede surgir de la mera existencia de quebrantos.
2.- La aplicación del límite temporal establecido por la res.
4040 de la Afip y el formulario 623 no resulta objetable porque si del régimen
instituido por el título VI de la ley 24.073 surge la necesidad de que
el contribuyente tenga ganancias gravadas en ejercicios posteriores contra las
cuales imputar las pérdidas, y si dicho régimen no puede escindirse
de lo dispuesto en el art,. 19 de la ley del impuesto (conf. doctrina de la
causa “Banco de Mendoza” precedentemente reseñada), debe
concluirse que tales ganancias deben obtenerse en tiempo en que el quebranto
conserve su aptitud para ser deducido de ellas.
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Buenos Aires, 13 de Noviembre del 2001.
Vistos los autos: Yusin S.A. c/ Estado Nacional D.G.I. s/ proceso de conocimiento”.
Considerando:
1°) Que la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal confirmó la sentencia de la anterior instancia
que rechazó la demanda promovida con el objeto de que se deje sin efecto
la resolución dictada el 10 de octubre de 1996 por la División
Quebrantos Impositivos de la Dirección General Impositiva, en cuanto
condicionó el crédito fiscal reconocido en ella a las exigencias
establecidas por la ley 24.463 (art. 30). La actora fundó su pretensión
en la tacha de inconstitucionalidad de dicha norma -porque, en su criterio,
su aplicación afectaría derechos adquiridos al amparo del texto
original de la ley 24.073- y, en subsidio, impugnó la inteligencia que
el organismo recaudador le asignó a aquélla mediante la resolución
general 4040 al disponer que rige respecto de el régimen legal el plazo
de caducidad establecido en el art. 19 de la Ley del Impuesto a las Ganancias
(t.o. en 1986 y sus modif.).
2°) Que para decidir en el sentido indicado el a quo consideró que
si bien la actora había solicitado a la Dirección General Impositiva
el reconocimiento del crédito fiscal originado en quebrantos emergentes
de sus declaraciones juradas en el impuesto a las ganancias de los ejercicios
1983, 1985, 1987, 1989, 1990 y 1991 con anterioridad a la entrada en vigencia
de la ley 24.463, la petición efectuada no reunió la totalidad
de los requisitos exigidos por la resolución general (DGI) 3540, los
que fueron satisfechos cuando ya regía la mencionada ley 24.463. Por
lo tanto, coincidió con la juez de la anterior instancia en cuanto a
que no se encontraba incorporado a su patrimonio el derecho a gozar del tratamiento
previsto por el texto original de la ley 24.073, y afirmó, en consecuencia,
que no advertía razones para que la ley 24.463 no fuese de aplicación
en el sub lite
3°) Que, por otra parte, juzgó que la improcedencia de computar importes
de quebrantos cuando ha transcurrido el plazo fijado en el art. 19 de la Ley
del Impuesto a las Ganancias -como resulta del formulario 623, que integra la
re solución general 4040- se adecua a lo establecido por la ley 24.463,
ya que ésta dispone expresamente que el crédito se considerará
deuda del Estado Nacional “a partir del ejercicio fiscal en el que hubiera
correspondido su deducción de ganancias sujetas al impuesto...”.
Puntualizó que esa expresión de la ley se refiere al procedimiento
establecido por el mencionado art. 19, y señaló que “el
crédito fiscal viene a sustituir el quebranto que no ha sido deducido
dentro del plazo fijado por la ley por lo que no tendría justificación
desligar a ese sustituto de las consecuencias de la caducidad a que estaba sujeto
el quebranto que constituye su antecedente” (fs 133).
4°) Que contra tal sentencia la parte actora interpuso el recurso extraordinario
que fue concedido en cuanto se encuentra en disputa la interpretación
de normas federales y rechazado en lo atinente a la tacha de arbitrariedad (conf.
auto de fs. 190)
5°) Que en el aspecto en que ha sido concedido, el recurso extraordinario
es formalmente admisible porque se encuentra debatida la inteligencia de normas
de carácter federal -como lo son las contenidas en las leyes 24.073,
24.463 y en la Ley del Impuesto a las Ganancias- y la sentencia definitiva del
superior tribunal de la causa es adversa al derecho que la recurrente sustenta
en ellas (art. 14, inc. 3°, de la ley 48). Por otra parte, habida cuenta
de que la cámara rechazó la apelación federal en cuanto
se hallaba fundada en la causal de arbitrariedad del pronunciamiento -y el apelante
consintió esa decisión al no deducir la respectiva queja- la jurisdicción
de esta Corte ha quedado abierta en la medida en que la ha otorgado el tribunal
a quo (Fallos: 313:1202; 315:1687; 316:562, entre muchos otros)
6°) Que, sin perjuicio de tal limitación, los agravios del apelante
fundados en que la aplicación al caso de lo establecido por la ley 24.463
-admitida por la sala- afectaría derechos adquiridos al amparo de la
ley 24.073, resultan inatendibles en razón del sentido y alcances que
esta Corte asignó a ese régimen legal en la sentencia dictada
el 8 de mayo de 2001 en la causa B.620. XXXIII “Banco de Mendoza S.A.
c/ Dirección General Impositiva si Dirección General Impositiva”,
a cuyos fundamentos, en lo pertinente, corresponde remitirse por razones de
brevedad.
7°) Que la doctrina establecida en el citado precedente conduce asimismo
a rechazar los argumentos del apelante dirigidos a cuestionar la decisión
del a quo en cuanto juzgó que resulta aplicable al régimen legal
establecido por las leyes 24.073 (título VI) y 24.463 el plazo fijado
por el art. 19 de la Ley del Impuesto a las Ganancias (t.o. en 1986 y sus modif.)
para la deducción de quebrantos.
En efecto, en la causa “Banco de Mendoza” el Tribunal puso de relieve
que la remisión efectuada por el primer párrafo del art. 31 de
la ley 24.073 al art. 19 de la Ley del Impuesto a las Ganancias “sustenta
por sí misma, de manera concluyente, la necesidad de que el, contribuyente
tenga utilidades en los ejercicios posteriores contra las cuales imputar las
pérdidas ya que, ,en el esquema particular de ese impuesto, ningún
provecho fiscal puede surgir de la mera existencia de quebrantos” (considerando
11)
En ese mismo orden de ideas, la vinculación del régimen establecido
por la ley 24.073 con lo dispuesto por el mencionado artículo de la Ley
del Impuesto a las Ganancias fue destacada reiteradamente en ese pronunciamiento.
Así, se señaló, entre otras consideraciones, que la aludida
remisión al citado art. 19 da al régimen de la ley 24.073 “un
marco preciso del que no es posible apartarse por vía de interpretación”
(considerando 15, párrafo segundo), y, en definitiva, que en dicho régimen
“s6lo se establece un particular método para la cancelación
de los créditos fiscales, producto de quebrantos impositivos, mas sin
que el Congreso de la Naci6n haya previsto el aprovechamiento de estos últimos
en supuestos en los que no existiesen ganancias a las que ellos pudiesen ser
imputados” (considerando 17)
8°) Que el art. 19 de la Ley del Impuesto a las Ganancias -texto citado-
tras establecer, en lo que interesa, que “cuando en un año se sufriera
una pérdida, ésta podrá deducirse de las ganancias gravadas
que se obtengan en los años inmediatos siguientes”, dispone que
“transcurridos CINCO (5) años después de aquel en que se
produjo la pérdida, no podrá hacerse deducción alguna del
quebranto que aún reste, en ejercicios sucesivos”.
Por su parte, el titular de la Dirección General Impositiva, invocando
las facultades conferidas por el art. 7 de la ley 11.683 dictó la resolución
general 4040, por la cual, en lo que interesa, aprobó el “formulario
de declaración jurada 623” que debía ser presentado por
los contribuyente a los efectos de obtener la conformidad de sus créditos
fiscales “con el carácter de deuda del Estado Nacional en los términos
del art. 33 de la ley 24.073, modificada por su similar 24.463’. En dicho
formulario se expresa que “no corresponderá consignar importes
de quebrantos reconocidos corno crédito fiscal cuando, conforme al período
de origen de los mismos, han transcurrido los plazos de deducción que
prevé el artículo 19 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto
ordenado en 1986 y sus modificaciones, sus normas complementarias y reglamentarias”.
9°) Que, corno se ha señalado, la aplicación de ese límite
temporal no resulta objetable porque si del régimen instituido por el
título VI de la ley 24.073 surge la necesidad de que el contribuyente
tenga ganancias gravadas en ejercicios posteriores contra las cuales imputar
las pérdidas, y si dicho régimen no puede escindirse de lo dispuesto
en el art,. 19 de la ley del impuesto (conf. doctrina de la causa “Banco
de Mendoza” precedentemente reseñada), debe concluirse que tales
ganancias deben obtenerse en tiempo en que el quebranto conserve su aptitud
para ser deducido de ellas. En otras palabras, no basta que el quebranto tenga
la calidad de “compensable” a la fecha en que entró en vigencia
la ley 24.073 (aspecto este tratado y resuelto en la causa C. 275.XXXIV “Compañía
Industrial y Comercial Sanjuanina S.A. c/ D.G.I. s/ Dirección General
Impositiva”, sentencia del 18 de septiembre de 2001), sino que es necesario
que esa calidad se mantenga al obtenerse las ganancias, pues, de no ser así
-en razón de haber vencido el plazo del art. 19- no se justifica que
el quebranto se traduzca en’un beneficio para el contribuyente.
10) Que, por lo demás, a la misma conclusi6n se llega si, como lo ha
hecho el a quo, se examina la cuestión de acuerdo con la redacción
dada por el art. 30 de la ley 24.463 al art. 33 de la ley 24.073, ya que el
texto legal se refiere expresamente al “ejercicio fiscal en el que hubiera
correspondido su deducción de ganancias sujetas a impuesto y hasta el
importe correspondiente a cada ejercicio”. En efecto, resulta indudable
que ello implica una remisión a lo establecido al respecto por la ley
de ese tributo en el ya mencionado art. 19 y, por consiguiente, al plazo fijado
por di cha norma.
Por ello, se declara procedente el recurso extraordinario con el alcance con
el que ha sido concedido, y, por los fundamentos expuestos, se confirma lo decidido
en la sentencia apelada. Costas por su orden en atención a lo complejo
y novedoso de la cuestión examinada, que involucra un régimen
legal de singulares características (art. 68, segunda parte, de]. Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación). Practica que la actora, o su
letrado, la comunicación prescripta por el art. 6° de la ley 25.344.
Fecho, devuélvanse los autos al tribunal de origen. Notifíquese.
EDUARDO MOLINE O´CONNOR.- CARLOS S. FAYT.- AUGUSTO CESAR BELLUSCIO.- GUSTAVO
A. BOSSERT.- ADOLFO ROBERTO VAZQUEZ.
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