La Corte intima a la Provincia de Salta por los desmontes

El Máximo Tribunal exhortó a la provincia y a la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación a que remitan, en un plazo de cinco días, los estudios sobre impacto ambiental en los departamentos provinciales en los que la propia Corte, en marzo pasado, había ordenado frenar los desmontes y la tala indiscriminada.

Fuentes de la Corte Suprema de Justicia aseguraron que el Máximo Tribunal concedió un plazo de cinco días al gobierno de Salta para que informe sobre los últimos desmontes que autorizó y remita un estudio de impacto ambiental en la zona.

Los voceros señalaron que el gobierno salteño firmó un decreto en el que autorizó nuevas talas en lugares, que, según dijeron los funcionarios provinciales, eximían los departamentos de Orán, San Martín, Rivadavia y Santa Victoria. La Corte prohibió, en marzo último, efectuar desmontes en esas zonas a pedido de comunidades wichis y guaraníes de la región.

Cuatro meses atrás, los ministros del Máximo Tribunal habían ordenado a la Provincia y a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación a que en un plazo de 90 días presentaran un estudio de impacto ambiental. Hoy, a pocos días de cumplirse la fecha límite, aún no llegó el informe.

Por eso los ministros exhortaron a las autoridades a que remitan ese estudio de impacto ambiental en un plazo no mayor a cinco días.

En el fallo de marzo, la Corte sostuvo que la tala y los desmontes de aproximadamente un millón de hectáreas tendrá un efecto sobre el ambiente que no se puede ignorar. En su resolución, los jueces citaron los dichos del representante de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable que, en la audiencia pública del 18 de febrero, expresó que el efecto seguramente será negativo.

Por otro lado, los voceros del Máximo Tribunal adelantaron que el martes próximo los ministros de la Corte tienen previsto evaluar y si es posible decidir algunos planteos relacionados con la extracción compulsiva de sangre y la obtención por la misma vía –sin consentimiento- de pruebas mediante métodos alternativos.

En el caso Prieto y otros similares, la Cámara Federal ya ordenó que se practicaran medidas alternativas a la extracción de sangre e invocó el derecho de los familiares de los niños sustraídos a sus padres asesinados durante la última dictadura militar.

En ese sentido, en junio del año pasado, por unanimidad, la Cámara del Crimen avaló la constitucionalidad de la extracción compulsiva de sangre del imputado como medio de prueba. Los jueces consideraron que ello no viola la garantía contra la autoincriminación y destacaron que la muestra se extrae con arreglo a las técnicas corrientes en la medicina sin resultar humillantes ni degradantes.

Además, los voceros de la Corte aseguraron que en los próximos días el Máximo Tribunal remitirá al Procurador General de la Nación, Esteban Righi, media docena de causas sobre el Consejo de la Magistratura para que aquel dictamine sobre su eventual acumulación.

Una de las causas fue iniciada por un letrado y luego se sumó el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. El profesional sostuvo que la representación de los abogados en el Consejo es “insuficiente”. El número de abogados en el organismo se redujo a la mitad (de cuatro a dos) en 2007, cuando el cuerpo pasó de 20 a 13 integrantes, por la reforma impulsada por el oficialismo.