La Corte Penal Internacional tras los pasos de Benedicto XVI

Luis Moreno Ocampo está tras los pasos de Benedicto XVI. El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) recibió esta semana una denuncia por crímenes contra la humanidad del Sumo Pontífice, por el supuesto encubrimiento de abusos sexuales de sacerdotes pedófilos. La acusación fue entablada por el Center for Constitutional Rights, una ONG de los Estados Unidos, y sostiene que la Iglesia diseñó un plan sistemático para encubrir y silenciar los delitos sexuales contra menores. PERFIL accedió al escrito número OTP CR 159/11, que el jurista argentino tiene en sus manos. Allí se sostiene que el Papa, junto a la cúpula de la Iglesia Católica, participó de una maniobra para garantizar la impunidad de los crímenes.

Según le confirmaron a este diario desde la CPI, Moreno Ocampo “recibió la documentación” y la examinará “de conformidad con el artículo 15 del Estatuto de Roma”. Según ese estatuto, el procurador puede abrir un caso de oficio, con previa autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares.

La denuncia sostiene que “el Papa ordenó prácticas relacionadas con el encubrimiento de reclamos por violencia sexual, la obstrucción de la Justicia y la destrucción de evidencia, decidió cambios de diócesis de sacerdotes, aplicó castigos a los miembros de la Iglesia que denunciaban y fomentó la atmósfera de secretismo, que resultó y continuará resultando en el abuso sexual de niños y de adultos vulnerables”.

Además del escrito de 84 carillas, la ONG adjuntó 20 mil páginas con reportes y evidencia de violencia sexual, recogidos a través de causas judiciales civiles y penales, investigaciones periodísticas y documentos eclesiásticos.

“El Papa no es mencionado en el escrito solamente porque es el Papa, sino porque tiene responsabilidad por los crímenes contra la humanidad”, confió a este diario Katherine Gallagher, una de las abogadas que firmó y elaboró el documento presentado en La Haya. En el documento no sólo es acusado Benedicto XVI, sino también la cúpula del Vaticano: el secretario de Estado y segundo de la Santa Sede, Tarcisio Bertone, su predecesor Angelo Sodano y el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, William Levada, que sucedió en el puesto a Joseph Ratzinger cuando fue elegido Sumo Pontífice.

“A través de sus acciones y omisiones, estos hombres diseñaron políticas y prácticas que facilitaron, toleraron y alentaron los crímenes”, completó Gallagher, que representa a víctimas de abusos sexuales y considera que por tratarse de delitos sucedidos en todo el mundo puede englobarse bajo la figura de crímenes contra la humanidad.

Ante el impacto de la denuncia, el vocero del Vacticano, el padre Federico Lombardi, eligió el silencio. A pesar de ser la primera vez que las víctimas de sacerdotes pedófilos recurren a la Justicia Internacional, aún es incierto el éxito de la demanda, ya que la Santa Sede no ratificó el Estatuto de Roma, que dio forma a la CPI. Por ese motivo, David Bondia García, doctor en Derecho de la Universidad de Barcelona, no cree que Moreno Ocampo tenga competencia para enjuiciar a Benedicto XVI. “Hay responsabilidad por encubrir los crímenes, pero en todo caso, deberían ser juzgados por los tribunales internos. No veo la existencia de una planificación para la comisión de estos delitos. Es lamentable y jurídicamente punible lo sucedido, pero no creo que la instancia competente sea la Corte Penal”, explicó a PERFIL.

Para abrir el caso, el fiscal argentino debería basarse en crímenes cometidos en países que ratificaron el Estatuto de Roma, pero que no hayan iniciado investigaciones judiciales. Algunos de esos países, citados en la denuncia que recibió Moreno Ocampo, pueden ser Irlanda, México o Perú, pero no los Estados Unidos que no ratificó el estatuto, como tampoco lo hizo el Vaticano.

Sin embargo, también hay un límite temporal: la Corte podría investigar los hechos conocidos a partir de julio de 2002, cuando empezó a funcionar el tribunal, o a partir de la fecha en que el Estado en que se produjeron los crímenes ratificó el texto.
Con los ojos del mundo enfocados en La Haya, el ex fiscal del juicio a las juntas militares estudia las pruebas que acusan a Benedicto XVI, sobre las que deberá decidir si abre una investigación contra el Papa o la desestima. Así, se le abre la posibilidad de no sólo perseguir a dictadores africanos, sino también de acusar a la máxima autoridad de la Iglesia Católica.

FUENTE: Perfil.com