Crisis financiera mundial y "estatización" de las
Dejo este artículo que salió publicado el día de la fecha en el Newsletter de El Derecho; estimo que no habrá problemas de autoría teniendo en cuenta que el mismo es de distribución gratuita y a pie de página se cita la fuente original
Crisis financiera mundial y "estatización" de las AFJP (Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones). El Estado Nacional como "socio a palos" de las principales empresas argentinas ("¡cosas vederes Sancho, que non crederes!")
I
La crisis nacional y mundial: perfiles
“Los inversores huyen de la Argentina y venden lo que tienen a mano” (de un inversor en compañías argentinas con presencia en Wall Street, tras difundirse la “estatización” de las AFJP)(1).
No representa ninguna hipérbole destacar que la República Argentina hoy, pese a encontrarse en una situación de mayor solidez económica y financiera que en otras épocas aciagas de su pasado reciente, atraviesa por uno de sus peores momentos a nivel de imagen internacional.
Efectivamente, si de escoger señales negativas se trata –y la selección es absolutamente personal– tenemos:
– Desde febrero/marzo de 2008 hasta las jornadas parlamentarias de mediados de año, el PEN se involucró en forma directa en una batalla (que perdió) contra el único sector económico nacional que es mundialmente competitivo, o sea, el campo, abriéndose un estéril debate en torno a la tristemente célebre “resolución 125”, en un momento en que la soja –ese “yuyito”, según nuestras más altas esferas, que aún hoy constituye el commoditie de mayor colocación internacional– se acercaba a US$ 600 la tonelada, mientras que hoy, cuando callaron “los perros de la guerra” (para utilizar la célebre frase de Larteguy), cotiza a menos de la mitad y en baja(2).
– A partir de la pérdida por parte del Gobierno de la jihad promovida contra el agro, se advierte un claro bloqueo de las exportaciones que, si bien desnutren al campo y operan como castigo por lo actuado anteriormente por éste, privan a la Argentina de divisas imprescindibles para el mantenimiento y desarrollo del aparato productivo nacional(3).
– La inflación proyectada –según la UADE, estimada en guarismos cercanos al 30%– fue sistemáticamente negada, para lo cual virtualmente se “desguazó” el INDEC, careciendo hoy el país de índices de actualización confiables, por otra parte inútiles, por seguir en vigencia la prohibición legal de indexar.
– La carencia absoluta de confiabilidad de los títulos de nuestra deuda soberana ajustados –precisamente– por los índices anteriormente referidos ha vuelto prácticamente imposible su colocación overseas, habiéndose afirmado desde una de las carteras oficiales (Interior) que no se les puede reconocer el rendimiento real “...porque cada punto extra que aumenta la inflación cuesta 1800 millones de pesos más de deuda”(4).
– La salida de divisas del tercer trimestre –según el Banco Central de la República Argentina– fue de US$ 5003 millones, ascendiendo la sangría de los primeros nueve meses (enero-septiembre) a US$ 12.236 millones, si se computa el pago de la amortización de los BODEN 2012, y la lamentable colocación de títulos a la República Bolivariana de Venezuela, en la cual nuestro país pagara la tasa más elevada de todos los mercados (16%)(5).
– En el período transcurrido hasta septiembre, también se produjo una caída interanual del 55% de las operaciones de compra y venta de empresas (de US$ 13.539 millones registrados entre enero y septiembre de 2007, a US$ 6012 millones en idéntico período de 2008), lo que fue tenido por Marcelo Aquino –de Pricewaterhouse-Coopers (PwC)– como una consecuencia del pasado reciente del país(6).
– Finalmente, y en el dato que, en lo personal, juzgo más preocupante, el Ministerio de Educación difundió en estos días un informe que da cuenta de que hay en las aulas de los colegios secundarios 70.000 chicos menos cursando que en el año 2002, y que más de 250.000 adolescentes repiten cada año, acercándose a la deserción(7).
Todos los datos precedentemente transcriptos apuntan a lo grave de la coyuntura presente, pero el último hace avizorar el gravísimo panorama que se nos avecina; esto es, lo gravísima que puede llegar a ser la coyuntura futura.
¿Y por el exterior cómo andamos?
Si nos remitimos a la historia financiera norteamericana reciente –como recordará el lector que ha de haberlo visto en los titulares de todos los diarios–, el cuarto Banco de Inversión más grande de los EE.UU. –estoy hablando de Lehman Brothers, cuya representación en el país hablaba de “la montaña rusa argentina”(8) mientras recomendaba a sus clientes que reduzcan sus inversiones aquí por la “inminencia” de otro default o una reestructuración forzosa de nuestra deuda– virtualmente “explotó”, generando la “bola de nieve” que produciría luego el colapso de todo el sistema financiero norteamericano.
Dicha situación, que para nosotros no pasa de ser una simple anécdota, conmovió hasta el tuétano a los norteamericanos, dado que Lehman –que tenía 158 años de existencia– era una entidad sobreviviente no sólo de la Guerra de Secesión, sino también de las dos Guerras Mundiales, de la invasión de Afganistán y la de Irak, y constituía –en lo financiero– algo tan emblemático para nuestros hermanos “gringos” (según solía llamarlos Jorge Luis Borges) como las Twin Towers (Torres Gemelas) lo eran en lo arquitectónico y en todo lo referido al orgullo de los vecinos del norte de América.
Sin que nada de lo que aquí se diga implique ignorar los gravísimos yerros de nuestra conducción política y económica, y aun teniendo presente aquello de que “mal de muchos consuelo de tontos”, creo que –necesariamente– debemos ponderar todo lo sucedido recientemente en los EE.UU. para restaurar la confianza de los argentinos en nuestro destino histórico.
Obviamente, lo actuado por la élite intelectual arrogante que gerenciaba Lehman y los demás Bancos de Inversión norteamericanos hoy en quiebra, ha sido “un rumbo en la línea de flotación” en el casco de la economía mundial. Y ello, porque el “castigo” por lo sucedido no sólo está alcanzando a los inversores y contrapartes de la entidad liquidada, sino que el llamado “efecto cascada” propio de la debacle institucional en mercados financieros neurálgicos –como el de Nueva York– siempre se extiende a un vastísimo plexo de instituciones nacionales e internacionales (como hemos visto, el “antrax” propio del derrumbe de Lehman ha alcanzado a los Bancos Centrales de diversos países, a Bancos Públicos Nacionales, Bancos Comerciales, Bancos y Fondos de Inversión, a empresas y personas físicas de altos patrimonios).
Si de hacer números se trata, se calcula que solamente a quienes invirtieron en “títulos de deuda” los perjudica en US$ 155.000 millones(9).
Es decir, aproximadamente nuestra deuda externa.
Obviamente, la “pregunta del millón” reside en determinar qué ha motivado que el gobierno de la nación capitalista líder del mundo se haya visto arrastrado al torbellino de la crisis de su sector más capitalista(10).
Más allá de la respuesta a la que pudiera arribarse –y, en lo personal, ya se ha ensayado en este diario una respuesta cuando el default no se había convertido en algo tan generalizado(11)–, lo cierto es que a la anteriormente mencionada quiebra de Lehman, siguió la subrepticia venta de Merrill Lynch al Bank of America, y el rescate por el Estado Federal Norteamericano de American International Group (AIG), la aseguradora más grande del mundo.
Para concretar esta última situación, lo que se hizo en sólo 48 horas por la inminencia de la caída de la misma fue el otorgamiento por parte del Gobierno Federal de un crédito por US$ 85.000 millones con “tasas de interés testigo” (!), siendo ello sólo el comienzo(12), dado que, prácticamente de inmediato, el Presidente de la Reserva Federal, Ben Bernake, y el Secretario del Tesoro de los EE.UU., Henry Paulson, comenzaron un proceso de “nacionalización” de la economía que carecía allí de antecedentes prácticamente desde los tiempos del New Deal de Franklin Delano Roosevelt.
Fue en el marco de ese contexto, que las autoridades financieras federales impulsaron al JP Morgan Chase para que auxilie al Banco Bear Stearns –preferido de no pocos inversores argentinos para colocar sus ahorros en el exterior–, todo ello en el ámbito de un plan de “nacionalización” compulsiva de entidades financieras que virtualmente “pulverizó” a los accionistas de dos instituciones líderes de la Banca de Inversión estadounidense (Fannie Mae y Freddie Mac)(13).
Ha sido tan radical y traumático lo ocurrido detrás del Río Grande que, por lo menos si se analiza la situación desde los cánones de la ortodoxia, puede decirse que nos hallamos ante “lo que queda del capitalismo”.
¿Por qué alguien se atreve a aventurar tamaña opinión?
Pues, porque si nos remitimos a la posición actual de referentes financieros históricos de Wall Street como Goldman Sachs, Merrill Lynch y la desaparecida Lehman Brothers, consultados frecuentemente por numerosos ex ministros de economía de la República Argentina, descubrimos que los mismos llegaron a acumular deudas por montos entre veinticuatro y treinta y una veces superiores a sus propios patrimonios(!), cuando el estándar recomendado por el Banco Internacional de Basilea –que es el Banco Central de todos los Bancos Centrales– no debe exceder de doce(14).
Valga como ejemplo de lo ocurrido en estos últimos meses en los EE.UU. el caso del Washington Mutual Bank, el sexto Banco Comercial de los EE.UU., que tras sufrir una de las peores bancarrotas de la historia financiera norteamericana –perdió US$ 16.700 millones de dólares en sólo un par de días– fue “vendido”(?) al JP Morgan Chase, para evitar su liquidación, en únicamente US$ 1900 millones.
¿Por qué sus accionistas procedieron de ese modo?
Lisa y llanamente, porque su cartera “se había convertido en humo”(15).
¿Y por Europa, cómo andamos?
En un primer momento, y tal como habían hecho al caer Enron y Worldcom, los operadores europeos sostuvieron que se trataba de una problemática puramente norteamericana de imposible ocurrencia en el Viejo Mundo.
Hasta que “se cayó” estrepitosamente la italiana Parmalat.
Lo mismo ha ocurrido ahora, porque los operadores financieros europeos han pasado del schadenfreude (deleite malicioso) a la desesperación, cuando comenzaron a derrumbarse los bancos del viejo continente.
La primera entidad financiera en quebrar fue Fortis, obligando a Bélgica, Holanda y Luxemburgo a nacionalizarlo parcialmente, mediante un “flujo de fondos” de 11.200 millones de euros para evitar su derrumbe.
Después “se cayó” Dexis, debiendo intervenir conjuntamente los gobiernos de Francia, Bélgica y Luxemburgo para reunir los 6400 millones de euros que evitaron su liquidación.
En Gran Bretaña, el Gobierno de la Corona debió “nacionalizar” al Bandford & Bingley Bank, imponiéndole la venta de todas sus sucursales al Banco de Santander, por considerar severamente afectada su solvencia por la crisis internacional.
Por similar situación –aunque no tan grave como la de la institución anterior– estaría atravesando el gigante británico Barclays PLC, con una caída de más del 35% de sus ganancias en sólo un trimestre, con cargos adicionales por US$ 198 millones, para cubrir pérdidas ligadas al mercado español de bienes raíces(16).
En el caso del Hypo Real Estate (HRE), muy comprometido por la crisis de las hipotecas subprime de los EE.UU., sólo pudo escapar de la quiebra a raíz del otorgamiento de una “línea de créditos” blanda por US$ 50.500 millones, de los cuales el gobierno alemán garantizó los primeros US$ 39.000 millones.
Finalmente, y cuando la crisis financiera llegó a Islandia, el gobierno debió aplicar cerca de US$ 900 millones para nacionalizar el 75% del capital del Banco Glitnir, que se encontraba al borde del colapso(17).
Llegada la crisis de los mercados de los EE.UU. a España –cuya industria de la construcción ya se encontraba recesiva desde el año 2007– se ha producido una severa afectación de toda la economía, con epicentro en el área financiera, habiendo la calificadora de riesgo Moody’s Investors Services bajado sus calificaciones a cinco bancos grandes y medianos de la Península, incluyendo a la gigantesca Caja de Ahorros del Mediterraneo, a raíz del rápido deterioro de los indicadores de calidad de activos(18).
A su vez, y como ocurre en toda gran crisis, los protagonistas de la misma intentan “socializar” sus efectos.
Precisamente con tal finalidad, tres de los más grandes bancos norteamericanos –me refiero al JP Morgan Chase, al Morgan Stanley y al Wachovia (ex Prudential)–, tras colapsar el mercado de algunos instrumentos financieros –como las ARS (auction - rate securities)–, probablemente con la intención de “acolchar” o para mitigar su propia problemática, habrían ofrecido en forma engañosa ciertos activos a sus clientes, en lo que las autoridades federales consideraron una verdadera “comercialización de deuda”.
Advertido de tal situación, el Fiscal General de Nueva York, Andrew Cuomo, en representación del Gobierno Federal, les ordenó a aquéllos devolverles los fondos a sus dadores, lo que involucra –sólo en esta primera etapa– más de US$ 20.000 millones, lo que fuera dispuesto en el marco de múltiples reclamos a los bancos efectuados tanto por la ya mencionada Fiscalía de Nueva York, como por la Securities Exchange Comission (SEC), equivalente a nuestra Comisión Nacional de Valores.
Obviamente, de traducirse lo expuesto en una “catarata” de juicios, agravaría aún más el clima de incertidumbre actual que predomina en Wall Street.
Para concluir, y pese a los miles de kilómetros que separan ambos lugares, la crisis de la banca norteamericana terminaría “infectando” también a Rusia que, en un solo día –el lunes 6-10-08– perdió US$ 102.205 millones. Y no sólo el indicador de la principal Bolsa de Valores rusa, denominado RST (Russian Trading System), tuvo en dicha oportunidad la pérdida anteriormente mencionada sino que, al volverse las pérdidas “de dos dígitos, las autoridades de Moscú tuvieron que buscar caminos de alternativa, suspendiendo las operaciones de Bolsa tres veces, en un lapso de escasas horas”(19).
II
Las AFJP (Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones), “flujo de caja” e importancia de las mismas en el mercado de capitales y la vida corporativa argentina
1. AFJP y “flujo de caja”. Importancia
Si de establecer la verdadera importancia de las AFJP en el alicaído –por no decir inexistente– mercado de capitales se trata, debe ponderarse el siguiente dato: en los prácticamente 150 días que duró la reyerta entre el PEN y el campo, por la intención del Ejecutivo de quedarse con las llamadas “retenciones móviles”, el Banco Central de la República Argentina perdió el 8% de las reservas, mientras que tras anunciarse la “estatización” de las Administradoras, sólo en las 48 horas subsiguientes al anuncio se perdió un 2% adicional(20).
La pregunta que cabe hacerse, entonces, es: ¿por qué toda noticia de esta índole referida a las AFJP causa tamaña conmoción?
¿Qué es lo que hace que automáticamente, tras el anuncio “estatizador” de las AFJP, se “cayeran” todos nuestros mercados?
Pues, como el lector no ignora, convocados los aportantes –durante el año 2007– para que pudieran optar(?) por su traspaso desde el régimen de capitalización (AFJP) al estatal de reparto, ocho de cada diez interesados decidieron quedarse en el sistema jubilatorio privado, y la cifra se eleva a nueve de cada diez, si se descuenta del cálculo a los que –por razones de edad– estaban obligados a pasarse al sistema estatal.
Ahora bien, descartando que se haya ponderado la opinión de la gente (o sea, de los interesados), al planearse la decisión (¿se la planeó?), porque de habérselo hecho jamás se hubiera procedido como se lo hizo, lo cual implica hacer caso omiso nada menos que de 9.400.000 afiliados y 3.600.000 aportantes, veamos cuál ha sido el verdadero trasfondo del asunto.
El mismo, a mi juicio, no es otro que el siguiente:
Apropiarse de:
– Una recaudación mensual de 1000 millones de pesos.
– Un “acumulado” de 94.400 millones de pesos en los últimos 14 años (que permitirá pagar en el año 2009 US$ 20.000 millones de “servicios” de la deuda externa).
– 93.500 millones de pesos en inversiones(21).
– El 55, 32% de la cartera de créditos a la Nación(22).
Pero las cosas no terminan allí porque, además, las AFJP manejan “activos clave” para el sistema financiero, que hoy ascienden a $ 7001,2 millones en depósitos “a plazo fijo”, que las Administradoras tienen invertidos en veintiocho entidades financieras de plaza(23).
Y, si bien el peso de dichos fondos en el sistema no es tan determinante –piénsese que los depósitos a plazo fijo sumaban, al 1-10-08, $ 100.034 millones– según datos suministrados por la Superintendencia de AFJP, el 50% de los 7001,2 millones de las AFJP se encuentra concentrado en sólo cuatro bancos (Macro, Galicia, Santander-Río y HSBC)(24) y, ante eventuales movimientos futuros abruptos, se teme que los ahorristas –según ha venido ocurriendo últimamente– opten por retirar sus colocaciones y “pasarse” al dólar, lo que podría originar un verdadero “cataclismo” al sistema.
Por otra parte, hay dos reflexiones adicionales que merecerían lo actuado, a saber:
La primera, en el sentido de que la estatización dispuesta endurecería en mucho la postura de los jueces extranjeros ante los cuales se tramitan reclamos de bonistas que no aceptaron el canje del 2005.
En tal sentido, se supo la última semana de octubre del año en curso, que al juez Thomas Griesa –ante cuyo tribunal los holdouts (o sea, aquéllos) reclaman miles de millones de dólares por títulos de nuestra deuda soberana defaulteados– ya le hicieron entrega de una copia traducida al inglés del proyecto que envió la Presidenta al Congreso, requiriéndole que rápidamente embargue los activos externos del país, ante la clara vocación del PEN de hacerse de cuanto fondo sea posible para enfrentar su propia crisis.
Y la segunda se refiere a lo paradojal de la medida en cuestión, que estaría hablando de la inminencia de una agudización del statu quo, puesto que esta vez –a la inversa de la tristemente célebre resolución 125 (que pretendiera conculcarle recursos al campo sin éxito)– lo llevado a cabo por el Ejecutivo estaría poniendo al borde del abismo no sólo al sistema sino –dada la concentración de capitales y depósitos premencionada– inclusive a grupos de banqueros considerados hasta el momento afines al gobierno.
Sean como fueren las cosas, lo cierto es que ni bien se difundieron estas noticias, YPF suspendió de inmediato la colocación de una emisión de Obligaciones Negociables (ON) por US$ 150 millones –se trataba de la mayor operación de financiación privada que rondaba el mercado local– porque, como nadie ignora, aquél acaba de perder al último actor natural que aportaba volumen a un mercado de capitales casi inexistente.
Ahora, con casi 100.000 millones de pesos adicionales, la ANSES pasará a ser ya no un actor más, sino el único capaz de garantizar o no el éxito de las “colocaciones” que se intenten, y tanto los bonos privados (ON), como los fideicomisos de consumo dependerán –en su vida o muerte– del pulgar de quien decida la inversión estatal.
2. AFJP y participación en las empresas (sociedades) “líderes” de la República Argentina
“Existen muchos lugares en donde no existe un daño patrimonial tan grande pero hay un tema de imagen impresionante”(25).
Amén de todo lo dicho, esto es, de la grave situación constituida por el hecho de que el Gobierno, y en particular la ANSES, serán los “creadores de mercado” de prácticamente todos los instrumentos financieros relevantes del hoy paupérrimo mercado de capitales (?) argentino(26), la nacionalización de los fondos de jubilaciones privadas y la consecuente eliminación de las AFJP traerá una gravísima consecuencia colateral, de no menor significación: el Estado argentino pasará a tener una participación –convirtiéndose en lo que mi querido amigo Osvaldo Maffía llama “socio a palos”– en cuarenta empresas de primerísimo nivel.
Este portfolio tan particular, que llega en ciertos casos al 27% del capital corporativo de la sociedad emisora, comprende verdaderas delikatessen dentro del espectro de inversiones posibles, dado que abarca desde bancos hasta petroleras, pasando por cerealeras, productoras de energía y un vastísimo etcétera(27), cuyo apropio manu militari por parte del Estado llena de incertidumbre a todos los operadores.
En efecto, todo es incertidumbre sobre los siguientes temas:
– ¿Desembarcará el Gobierno de turno en los directorios de las “líderes” con uno o varios representantes?
– En caso de ser así, ¿quién los designará?, ¿cuál será su calificación?, ¿ante quién se reportarán?
– ¿Se generará algún mecanismo de toma de decisiones que elimine la tradicional molicie de los burócratas y los aggiorne acostumbrándolos al dinamismo del day by day empresario?
– ¿Y si el Estado decide liquidar masivamente sus nuevos activos bursátiles, o sea, las acciones de todas las sociedades abiertas o cotizantes que, como “maná”, le “llovieran” al apropiarse de las AFJP?
III
La “estatización” de las AFJP y su repercusión
en el seno de las llamadas “empresas
(sociedades) líderes” de nuestro país
Problemática de “el Príncipe” como socio
Llegados al tema central de este trabajo, y más allá de destacar que lo ocurrido en el país en los días recientes implica no sólo una muestra más de la impericia y la improvisación de quien siempre parece correr detrás de los hechos sino, además, un pésimo manejo de los tiempos, nos encontramos frente a una situación inaudita –por lo única y falta de antecedentes– en la República Argentina: el Estado Nacional está pasando a ser “socio a palos” de cuarenta empresas nacionales de las llamadas “líderes” que cotizan en Bolsa.
Lo anterior implica la siguiente problemática:
Primero. Habrá que ver qué actitud habrán de adoptar los jerarcas estatales frente al Órgano de Administración societaria, ¿les interesará designar directores? y, en caso afirmativo, ¿podrán?
Si bien la ANSES, que administraría las tenencias que incorpore (activos de las AFJP que se estaticen), mediante el denominado Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Régimen Previsional Público de Reparto, ya es accionista de numerosas compañías mercantiles, porque recibió los activos de aquellos que el año pasado optaron por el traspaso al sistema de reparto, hasta ahora no ha participado en las reuniones del Órgano de Gobierno (Asambleas) de dichos entes, nada hace pensar que en lo sucesivo no ejerza una presencia mucho más proactiva, visto el crecimiento exponencial que habrá de producirse a partir de ahora en el porcentaje de sus tenencias.
Y si lo hiciera, ¿designará representantes del Estado en el Board of Directors?
La situación deberá analizarse caso por caso, por las diferentes situaciones que pueden llegar a plantearse, puesto que en muchas compañías el denominado “grupo de control” suele asegurarse la totalidad de los asientos del directorio a través de diversos mecanismos(28), como ser reservarse las acciones de voto múltiple (hasta cinco), a las que alude el art. 216 de la ley 19.550(29).
Por otra parte, recuérdese que para el ejercicio del voto acumulativo (arg. art. 263, ley 19.550), el accionista debe contar por lo menos con el 33% de los votos(30), y la ANSES no los tendrá, lo que no implica que tenga prohibido efectuar alianzas con otros socios para acceder al Directorio, ya sea informales o mediante pactos de sindicación los cuales, según lo avizoro, no habrán de ser de fácil rúbrica por parte de funcionarios públicos que –probablemente– ignoren todo en la materia y desembarquen en cada empresa con facultades originariamente acotadas.
Segundo. Qué habrá de pasar si, designado algún representante oficial en el Directorio de la sociedad participada –y como es de estilo en no pocas de nuestras grandes compañías–, le es elevada para su firma la actualización (reforma) periódica del Reglamento (arg. art. 5º, LSC(31), circunstanciado al tipo de compañía de que se trate, su objeto social, actividad y modalidades operativas), lo que habrá de imponerle, en lo sucesivo, obligaciones adicionales, ¿lo firmará?, ¿deberá obtener autorización para hacerlo?, y, en su caso, ¿de quién?
Tercero. Qué habrá de ocurrir con el tratamiento asambleario de las materias consideradas “neurálgicas” de una sociedad mercantil que, por requerir mayorías agravadas, habrán de necesitar del voto de la titular oficial de tenencias de alta significación(32).
¿Se lo podrá obtener con la celeridad necesaria para evitar una crisis? ¿Es acaso compatible el dinámico timing empresario con los siempre morosos y burocráticos tempos oficiales?
Piénsese que en estos casos, denominados “supuestos especiales” por el legislador societario, al no aplicarse la pluralidad de votos, de nada le servirá a los grupos de accionistas controlantes que se hubieran reservado las acciones de voto múltiple contar con dichas tenencias, porque los títulos de voto plural –al computarse con sólo un voto por acción(33)– habrán de darle mucha mayor relevancia a la participación de la ANSES, precisamente en los temas de mayor significatividad de la vida de la compañía.
Cuarto. ¿Qué habrá de suceder frente a la necesidad de disponer un aumento de capital si el Estado Nacional –como es habitual– está en una situación de emergencia económica? ¿Aportará igual? ¿Ejercerá el derecho de receso (arg. art. 245, LSC)? Y, de ser así, ¿en qué términos?
Quinto. Y si resuelve aportar, ¿puede llegar a acrecer hasta convertirse en controlante de la sociedad, en los términos del art. 33 de la ley 19.550(34), con todos los riesgos que ello implica?
Sexto. Frente a la necesidad vertiginosa de presentarse en concurso preventivo, ¿se contará con el aval del Director-oficial, si lo hubiere? Y, de no haberlo, ¿la ANSES prestará dentro del plazo de ley las mayorías necesarias para que el Órgano de Gobierno (Asamblea) de la compañía ratifique la decisión concursal adoptada por el Directorio? Y si la presentación concursal afectara severamente a la AFIP o a un grupo de accionistas consorciados, ¿logrará que el Estado Nacional apoye con su voto la pretensión de concursarse(35)?
Séptimo. Si la sociedad participada por la ANSES actúa como agente dañoso a raíz de decisiones ilícitas y lesivas adoptadas con el concurso o participación del director designado por el Estado (arg. arts. 272 y 248, ley 19.550), ¿responderá eventualmente este último por los desaguisados a los cuales su representante en el Board otorgó quorum y venia directorial?
Octavo. Frente a una resolución asamblearia declarada nula, a la que se arribara con el voto del representante de la ANSES, ¿responderá el Estado Nacional, por la culpa y/o dolo de su representante en lo actuado? ¿Aceptará la ANSES abstenerse de votar la remoción con causa de su representante en el Directorio de la participada, según lo impone el art. 241 de la ley 19.550?(36) ¿Aceptará hacer lo propio cuando se plantee promover una acción social de responsabilidad contra el Estado, por haber votado la resolución que diera origen a los daños “con interés contrario al social (arg. arts. 248 y 276, LSC)”?(37)
Noveno. Siguiendo con la problemática del voto, suponiendo que en una reunión de Directorio o en una Asamblea se deba adoptar una resolución en la cual los intereses de la sociedad participada no sólo no fuesen coincidentes con los del Estado sino que, por el contrario, resulten antagónicos, ¿qué hará el representante estatal en el Órgano de Administración, o en el de Gobierno (Asamblea), en el momento de votar? ¿Acaso se convertirá en un clon del famoso Arlequino de Carlo Goldoni en El servidor de dos patrones?
Décimo. Finalmente, y sin defecto de todo lo anteriormente expuesto, el traspaso compulsivo de cartera de títulos mercantiles de las AFJP tendrá una enorme significación bursátil, más allá del porcentual del capital social de la emisora de que se trate que esté alcanzado por la medida. Y ello porque –en algunos casos, como ya dije– se encuentra involucrada la casi totalidad de las acciones de cada sociedad que tienen cotización en el mercado (free float), como ser el caso de Consultatio (la compañía de real estate de Eduardo Constantini), de la cual la ANSES pasaría a controlar el 93% de los papeles que se operan en Bolsa(38).
IV
Conclusiones
“Estos son mis principios, si no les gustan, tengo otros” (Groucho Marx).
1. Como nadie ignora, hasta ahora el llamado Sistema Único de Seguridad Social (SUSS) estaba compuesto por un régimen previsional público, con base en el otorgamiento de prestaciones por parte del Estado, y un régimen previsional colateral basado en la capitalización individual.
2. El Proyecto enviado el 21 de octubre del año en curso por el PEN al Congreso tiene por finalidad eliminar el SUSS, reemplazándolo por un único régimen previsional, de carácter público, al que llama Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que, tras eliminar el actual sistema de capitalización, que es absorbido por el nuevo pergeño, resulta sustituido por un régimen único de reparto.
3. Técnicamente, la “transferencia en especie” a la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) de todos los recursos que integraban hasta ahora la capitalización individual, hará que los mismos pasen a formar parte de un Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Régimen Previsional Público de Reparto, que será administrado por la ANSES –entidad ésta que, según se dice, pasaría a gozar de autonomía financiera (?) y económica– bajo la supervisión de una Comisión Bilateral, que estaría conformada por seis senadores y seis diputados.
4. Más allá de que pueda sostenerse que –como lo creo– el Proyecto del PEN violenta derechos constitucionales tanto de los afiliados al sistema como de las AFJP, vulnerando la garantía de propiedad (arg. arts. 14 y 17, Carta Magna), porque los fondos que transferirían en especie” son de exclusiva propiedad de aquéllos (arg. art. 82, ley 24.241), y el Estado ha resuelto manu militari disponer de los mismos sin el legítimo consentimiento de sus dueños(39), y de que también se hayan emitido opiniones fundadas en sentido contrario(40), lo cierto es que el cambio de sistema –llevado a cabo de manera inconsulta y sin que tal idea haya estado siquiera en ninguna de las plataformas políticas en los comicios de los años 2003 y 2007– habrá de producir (de suyo, ya lo está haciendo) un verdadero cataclismo, tanto en el sistema bancario argentino, como en nuestro modesto Mercado de Capitales. Y ello, en el primer caso, por hallarse las AFJP entre los principales depositantes de plaza y, en el segundo, por situarse las Administradoras entre los principales inversores en acciones y en títulos públicos y privados(41) de nuestro mercado.
5. Desde otra perspectiva, el hecho de que prácticamente “a palos” el PEN pase a manejar la cuarta parte (en no pocos casos) del capital accionario de cuarenta de las compañías líderes del país, en una comunidad caracterizada por el altísimo nivel de conflictividad societaria(42), sin que se haya contemplado siquiera el más mínimo mecanismo idóneo para que se pueda, aunque más no sea monitorear la forma en que las tenencias accionarias ahora públicas van siendo empleadas, es tanto así “como jugar a la ruleta rusa con todas las balas”.
A su vez, a quien esto escribe, el hecho de que se hable de la designación de una Comisión de Notables (cinco o seis) para cumplir con tal rol, le causa desolación(43).
6. Por otra parte, la aparición compulsiva y con protagonismo relevante en la vida corporativa nacional –por esencia “dinámica”– del elefantiásico Estado Nacional, el cual –sin que ello implique ponderar la “mediación” como sistema alternativo de solución de conflictos corporativos(44)– ni siquiera se encuentra obligado a asistir a las audiencias (obligatorias para los privados) que se fijen, carece de toda flexibilidad y/o celeridad decisoria y que, en numerosos supuestos, se verá obligado a adoptar decisiones –ora como socio en las Asambleas, ora a través de su representante en el Órgano de Administración en las reuniones de Directorio– claramente encontradas con sus propios intereses como poder público, en violación –respectivamente– a los arts. 248 y 272 de la LSC, habrá de implicar un empeoramiento en la eficiencia y desarrollo de nuestras grandes sociedades.
7. Para concluir y resumiendo, creo que nos encontramos frente a “un gran salto hacia atrás”, consistente en un claro abandono del principio tradicionalmente aceptado hasta ahora de que el Estado debe abstenerse de interferir en la actividad productiva privada, y que la mente frívola que concibiera estas perversas normas lo hizo obviamente pensando sólo en la caja, razón por la cual “el árbol le impidió ver el bosque”, con injustificable olvido de que –como siempre solía recordar don Isaac Halperín– la vida, el crecimiento y la fortaleza de nuestras compañías mercantiles, en suma, su buen funcionamiento, “reviste interés nacional”(45).
voces: seguridad social - estado nacional - sociedad - empresa
FUENTE: http://www.elderecho.com.ar/index.ph...newsd=kDL7baLa
Crisis financiera mundial y "estatización" de las AFJP (Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones). El Estado Nacional como "socio a palos" de las principales empresas argentinas ("¡cosas vederes Sancho, que non crederes!")
I
La crisis nacional y mundial: perfiles
“Los inversores huyen de la Argentina y venden lo que tienen a mano” (de un inversor en compañías argentinas con presencia en Wall Street, tras difundirse la “estatización” de las AFJP)(1).
No representa ninguna hipérbole destacar que la República Argentina hoy, pese a encontrarse en una situación de mayor solidez económica y financiera que en otras épocas aciagas de su pasado reciente, atraviesa por uno de sus peores momentos a nivel de imagen internacional.
Efectivamente, si de escoger señales negativas se trata –y la selección es absolutamente personal– tenemos:
– Desde febrero/marzo de 2008 hasta las jornadas parlamentarias de mediados de año, el PEN se involucró en forma directa en una batalla (que perdió) contra el único sector económico nacional que es mundialmente competitivo, o sea, el campo, abriéndose un estéril debate en torno a la tristemente célebre “resolución 125”, en un momento en que la soja –ese “yuyito”, según nuestras más altas esferas, que aún hoy constituye el commoditie de mayor colocación internacional– se acercaba a US$ 600 la tonelada, mientras que hoy, cuando callaron “los perros de la guerra” (para utilizar la célebre frase de Larteguy), cotiza a menos de la mitad y en baja(2).
– A partir de la pérdida por parte del Gobierno de la jihad promovida contra el agro, se advierte un claro bloqueo de las exportaciones que, si bien desnutren al campo y operan como castigo por lo actuado anteriormente por éste, privan a la Argentina de divisas imprescindibles para el mantenimiento y desarrollo del aparato productivo nacional(3).
– La inflación proyectada –según la UADE, estimada en guarismos cercanos al 30%– fue sistemáticamente negada, para lo cual virtualmente se “desguazó” el INDEC, careciendo hoy el país de índices de actualización confiables, por otra parte inútiles, por seguir en vigencia la prohibición legal de indexar.
– La carencia absoluta de confiabilidad de los títulos de nuestra deuda soberana ajustados –precisamente– por los índices anteriormente referidos ha vuelto prácticamente imposible su colocación overseas, habiéndose afirmado desde una de las carteras oficiales (Interior) que no se les puede reconocer el rendimiento real “...porque cada punto extra que aumenta la inflación cuesta 1800 millones de pesos más de deuda”(4).
– La salida de divisas del tercer trimestre –según el Banco Central de la República Argentina– fue de US$ 5003 millones, ascendiendo la sangría de los primeros nueve meses (enero-septiembre) a US$ 12.236 millones, si se computa el pago de la amortización de los BODEN 2012, y la lamentable colocación de títulos a la República Bolivariana de Venezuela, en la cual nuestro país pagara la tasa más elevada de todos los mercados (16%)(5).
– En el período transcurrido hasta septiembre, también se produjo una caída interanual del 55% de las operaciones de compra y venta de empresas (de US$ 13.539 millones registrados entre enero y septiembre de 2007, a US$ 6012 millones en idéntico período de 2008), lo que fue tenido por Marcelo Aquino –de Pricewaterhouse-Coopers (PwC)– como una consecuencia del pasado reciente del país(6).
– Finalmente, y en el dato que, en lo personal, juzgo más preocupante, el Ministerio de Educación difundió en estos días un informe que da cuenta de que hay en las aulas de los colegios secundarios 70.000 chicos menos cursando que en el año 2002, y que más de 250.000 adolescentes repiten cada año, acercándose a la deserción(7).
Todos los datos precedentemente transcriptos apuntan a lo grave de la coyuntura presente, pero el último hace avizorar el gravísimo panorama que se nos avecina; esto es, lo gravísima que puede llegar a ser la coyuntura futura.
¿Y por el exterior cómo andamos?
Si nos remitimos a la historia financiera norteamericana reciente –como recordará el lector que ha de haberlo visto en los titulares de todos los diarios–, el cuarto Banco de Inversión más grande de los EE.UU. –estoy hablando de Lehman Brothers, cuya representación en el país hablaba de “la montaña rusa argentina”(8) mientras recomendaba a sus clientes que reduzcan sus inversiones aquí por la “inminencia” de otro default o una reestructuración forzosa de nuestra deuda– virtualmente “explotó”, generando la “bola de nieve” que produciría luego el colapso de todo el sistema financiero norteamericano.
Dicha situación, que para nosotros no pasa de ser una simple anécdota, conmovió hasta el tuétano a los norteamericanos, dado que Lehman –que tenía 158 años de existencia– era una entidad sobreviviente no sólo de la Guerra de Secesión, sino también de las dos Guerras Mundiales, de la invasión de Afganistán y la de Irak, y constituía –en lo financiero– algo tan emblemático para nuestros hermanos “gringos” (según solía llamarlos Jorge Luis Borges) como las Twin Towers (Torres Gemelas) lo eran en lo arquitectónico y en todo lo referido al orgullo de los vecinos del norte de América.
Sin que nada de lo que aquí se diga implique ignorar los gravísimos yerros de nuestra conducción política y económica, y aun teniendo presente aquello de que “mal de muchos consuelo de tontos”, creo que –necesariamente– debemos ponderar todo lo sucedido recientemente en los EE.UU. para restaurar la confianza de los argentinos en nuestro destino histórico.
Obviamente, lo actuado por la élite intelectual arrogante que gerenciaba Lehman y los demás Bancos de Inversión norteamericanos hoy en quiebra, ha sido “un rumbo en la línea de flotación” en el casco de la economía mundial. Y ello, porque el “castigo” por lo sucedido no sólo está alcanzando a los inversores y contrapartes de la entidad liquidada, sino que el llamado “efecto cascada” propio de la debacle institucional en mercados financieros neurálgicos –como el de Nueva York– siempre se extiende a un vastísimo plexo de instituciones nacionales e internacionales (como hemos visto, el “antrax” propio del derrumbe de Lehman ha alcanzado a los Bancos Centrales de diversos países, a Bancos Públicos Nacionales, Bancos Comerciales, Bancos y Fondos de Inversión, a empresas y personas físicas de altos patrimonios).
Si de hacer números se trata, se calcula que solamente a quienes invirtieron en “títulos de deuda” los perjudica en US$ 155.000 millones(9).
Es decir, aproximadamente nuestra deuda externa.
Obviamente, la “pregunta del millón” reside en determinar qué ha motivado que el gobierno de la nación capitalista líder del mundo se haya visto arrastrado al torbellino de la crisis de su sector más capitalista(10).
Más allá de la respuesta a la que pudiera arribarse –y, en lo personal, ya se ha ensayado en este diario una respuesta cuando el default no se había convertido en algo tan generalizado(11)–, lo cierto es que a la anteriormente mencionada quiebra de Lehman, siguió la subrepticia venta de Merrill Lynch al Bank of America, y el rescate por el Estado Federal Norteamericano de American International Group (AIG), la aseguradora más grande del mundo.
Para concretar esta última situación, lo que se hizo en sólo 48 horas por la inminencia de la caída de la misma fue el otorgamiento por parte del Gobierno Federal de un crédito por US$ 85.000 millones con “tasas de interés testigo” (!), siendo ello sólo el comienzo(12), dado que, prácticamente de inmediato, el Presidente de la Reserva Federal, Ben Bernake, y el Secretario del Tesoro de los EE.UU., Henry Paulson, comenzaron un proceso de “nacionalización” de la economía que carecía allí de antecedentes prácticamente desde los tiempos del New Deal de Franklin Delano Roosevelt.
Fue en el marco de ese contexto, que las autoridades financieras federales impulsaron al JP Morgan Chase para que auxilie al Banco Bear Stearns –preferido de no pocos inversores argentinos para colocar sus ahorros en el exterior–, todo ello en el ámbito de un plan de “nacionalización” compulsiva de entidades financieras que virtualmente “pulverizó” a los accionistas de dos instituciones líderes de la Banca de Inversión estadounidense (Fannie Mae y Freddie Mac)(13).
Ha sido tan radical y traumático lo ocurrido detrás del Río Grande que, por lo menos si se analiza la situación desde los cánones de la ortodoxia, puede decirse que nos hallamos ante “lo que queda del capitalismo”.
¿Por qué alguien se atreve a aventurar tamaña opinión?
Pues, porque si nos remitimos a la posición actual de referentes financieros históricos de Wall Street como Goldman Sachs, Merrill Lynch y la desaparecida Lehman Brothers, consultados frecuentemente por numerosos ex ministros de economía de la República Argentina, descubrimos que los mismos llegaron a acumular deudas por montos entre veinticuatro y treinta y una veces superiores a sus propios patrimonios(!), cuando el estándar recomendado por el Banco Internacional de Basilea –que es el Banco Central de todos los Bancos Centrales– no debe exceder de doce(14).
Valga como ejemplo de lo ocurrido en estos últimos meses en los EE.UU. el caso del Washington Mutual Bank, el sexto Banco Comercial de los EE.UU., que tras sufrir una de las peores bancarrotas de la historia financiera norteamericana –perdió US$ 16.700 millones de dólares en sólo un par de días– fue “vendido”(?) al JP Morgan Chase, para evitar su liquidación, en únicamente US$ 1900 millones.
¿Por qué sus accionistas procedieron de ese modo?
Lisa y llanamente, porque su cartera “se había convertido en humo”(15).
¿Y por Europa, cómo andamos?
En un primer momento, y tal como habían hecho al caer Enron y Worldcom, los operadores europeos sostuvieron que se trataba de una problemática puramente norteamericana de imposible ocurrencia en el Viejo Mundo.
Hasta que “se cayó” estrepitosamente la italiana Parmalat.
Lo mismo ha ocurrido ahora, porque los operadores financieros europeos han pasado del schadenfreude (deleite malicioso) a la desesperación, cuando comenzaron a derrumbarse los bancos del viejo continente.
La primera entidad financiera en quebrar fue Fortis, obligando a Bélgica, Holanda y Luxemburgo a nacionalizarlo parcialmente, mediante un “flujo de fondos” de 11.200 millones de euros para evitar su derrumbe.
Después “se cayó” Dexis, debiendo intervenir conjuntamente los gobiernos de Francia, Bélgica y Luxemburgo para reunir los 6400 millones de euros que evitaron su liquidación.
En Gran Bretaña, el Gobierno de la Corona debió “nacionalizar” al Bandford & Bingley Bank, imponiéndole la venta de todas sus sucursales al Banco de Santander, por considerar severamente afectada su solvencia por la crisis internacional.
Por similar situación –aunque no tan grave como la de la institución anterior– estaría atravesando el gigante británico Barclays PLC, con una caída de más del 35% de sus ganancias en sólo un trimestre, con cargos adicionales por US$ 198 millones, para cubrir pérdidas ligadas al mercado español de bienes raíces(16).
En el caso del Hypo Real Estate (HRE), muy comprometido por la crisis de las hipotecas subprime de los EE.UU., sólo pudo escapar de la quiebra a raíz del otorgamiento de una “línea de créditos” blanda por US$ 50.500 millones, de los cuales el gobierno alemán garantizó los primeros US$ 39.000 millones.
Finalmente, y cuando la crisis financiera llegó a Islandia, el gobierno debió aplicar cerca de US$ 900 millones para nacionalizar el 75% del capital del Banco Glitnir, que se encontraba al borde del colapso(17).
Llegada la crisis de los mercados de los EE.UU. a España –cuya industria de la construcción ya se encontraba recesiva desde el año 2007– se ha producido una severa afectación de toda la economía, con epicentro en el área financiera, habiendo la calificadora de riesgo Moody’s Investors Services bajado sus calificaciones a cinco bancos grandes y medianos de la Península, incluyendo a la gigantesca Caja de Ahorros del Mediterraneo, a raíz del rápido deterioro de los indicadores de calidad de activos(18).
A su vez, y como ocurre en toda gran crisis, los protagonistas de la misma intentan “socializar” sus efectos.
Precisamente con tal finalidad, tres de los más grandes bancos norteamericanos –me refiero al JP Morgan Chase, al Morgan Stanley y al Wachovia (ex Prudential)–, tras colapsar el mercado de algunos instrumentos financieros –como las ARS (auction - rate securities)–, probablemente con la intención de “acolchar” o para mitigar su propia problemática, habrían ofrecido en forma engañosa ciertos activos a sus clientes, en lo que las autoridades federales consideraron una verdadera “comercialización de deuda”.
Advertido de tal situación, el Fiscal General de Nueva York, Andrew Cuomo, en representación del Gobierno Federal, les ordenó a aquéllos devolverles los fondos a sus dadores, lo que involucra –sólo en esta primera etapa– más de US$ 20.000 millones, lo que fuera dispuesto en el marco de múltiples reclamos a los bancos efectuados tanto por la ya mencionada Fiscalía de Nueva York, como por la Securities Exchange Comission (SEC), equivalente a nuestra Comisión Nacional de Valores.
Obviamente, de traducirse lo expuesto en una “catarata” de juicios, agravaría aún más el clima de incertidumbre actual que predomina en Wall Street.
Para concluir, y pese a los miles de kilómetros que separan ambos lugares, la crisis de la banca norteamericana terminaría “infectando” también a Rusia que, en un solo día –el lunes 6-10-08– perdió US$ 102.205 millones. Y no sólo el indicador de la principal Bolsa de Valores rusa, denominado RST (Russian Trading System), tuvo en dicha oportunidad la pérdida anteriormente mencionada sino que, al volverse las pérdidas “de dos dígitos, las autoridades de Moscú tuvieron que buscar caminos de alternativa, suspendiendo las operaciones de Bolsa tres veces, en un lapso de escasas horas”(19).
II
Las AFJP (Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones), “flujo de caja” e importancia de las mismas en el mercado de capitales y la vida corporativa argentina
1. AFJP y “flujo de caja”. Importancia
Si de establecer la verdadera importancia de las AFJP en el alicaído –por no decir inexistente– mercado de capitales se trata, debe ponderarse el siguiente dato: en los prácticamente 150 días que duró la reyerta entre el PEN y el campo, por la intención del Ejecutivo de quedarse con las llamadas “retenciones móviles”, el Banco Central de la República Argentina perdió el 8% de las reservas, mientras que tras anunciarse la “estatización” de las Administradoras, sólo en las 48 horas subsiguientes al anuncio se perdió un 2% adicional(20).
La pregunta que cabe hacerse, entonces, es: ¿por qué toda noticia de esta índole referida a las AFJP causa tamaña conmoción?
¿Qué es lo que hace que automáticamente, tras el anuncio “estatizador” de las AFJP, se “cayeran” todos nuestros mercados?
Pues, como el lector no ignora, convocados los aportantes –durante el año 2007– para que pudieran optar(?) por su traspaso desde el régimen de capitalización (AFJP) al estatal de reparto, ocho de cada diez interesados decidieron quedarse en el sistema jubilatorio privado, y la cifra se eleva a nueve de cada diez, si se descuenta del cálculo a los que –por razones de edad– estaban obligados a pasarse al sistema estatal.
Ahora bien, descartando que se haya ponderado la opinión de la gente (o sea, de los interesados), al planearse la decisión (¿se la planeó?), porque de habérselo hecho jamás se hubiera procedido como se lo hizo, lo cual implica hacer caso omiso nada menos que de 9.400.000 afiliados y 3.600.000 aportantes, veamos cuál ha sido el verdadero trasfondo del asunto.
El mismo, a mi juicio, no es otro que el siguiente:
Apropiarse de:
– Una recaudación mensual de 1000 millones de pesos.
– Un “acumulado” de 94.400 millones de pesos en los últimos 14 años (que permitirá pagar en el año 2009 US$ 20.000 millones de “servicios” de la deuda externa).
– 93.500 millones de pesos en inversiones(21).
– El 55, 32% de la cartera de créditos a la Nación(22).
Pero las cosas no terminan allí porque, además, las AFJP manejan “activos clave” para el sistema financiero, que hoy ascienden a $ 7001,2 millones en depósitos “a plazo fijo”, que las Administradoras tienen invertidos en veintiocho entidades financieras de plaza(23).
Y, si bien el peso de dichos fondos en el sistema no es tan determinante –piénsese que los depósitos a plazo fijo sumaban, al 1-10-08, $ 100.034 millones– según datos suministrados por la Superintendencia de AFJP, el 50% de los 7001,2 millones de las AFJP se encuentra concentrado en sólo cuatro bancos (Macro, Galicia, Santander-Río y HSBC)(24) y, ante eventuales movimientos futuros abruptos, se teme que los ahorristas –según ha venido ocurriendo últimamente– opten por retirar sus colocaciones y “pasarse” al dólar, lo que podría originar un verdadero “cataclismo” al sistema.
Por otra parte, hay dos reflexiones adicionales que merecerían lo actuado, a saber:
La primera, en el sentido de que la estatización dispuesta endurecería en mucho la postura de los jueces extranjeros ante los cuales se tramitan reclamos de bonistas que no aceptaron el canje del 2005.
En tal sentido, se supo la última semana de octubre del año en curso, que al juez Thomas Griesa –ante cuyo tribunal los holdouts (o sea, aquéllos) reclaman miles de millones de dólares por títulos de nuestra deuda soberana defaulteados– ya le hicieron entrega de una copia traducida al inglés del proyecto que envió la Presidenta al Congreso, requiriéndole que rápidamente embargue los activos externos del país, ante la clara vocación del PEN de hacerse de cuanto fondo sea posible para enfrentar su propia crisis.
Y la segunda se refiere a lo paradojal de la medida en cuestión, que estaría hablando de la inminencia de una agudización del statu quo, puesto que esta vez –a la inversa de la tristemente célebre resolución 125 (que pretendiera conculcarle recursos al campo sin éxito)– lo llevado a cabo por el Ejecutivo estaría poniendo al borde del abismo no sólo al sistema sino –dada la concentración de capitales y depósitos premencionada– inclusive a grupos de banqueros considerados hasta el momento afines al gobierno.
Sean como fueren las cosas, lo cierto es que ni bien se difundieron estas noticias, YPF suspendió de inmediato la colocación de una emisión de Obligaciones Negociables (ON) por US$ 150 millones –se trataba de la mayor operación de financiación privada que rondaba el mercado local– porque, como nadie ignora, aquél acaba de perder al último actor natural que aportaba volumen a un mercado de capitales casi inexistente.
Ahora, con casi 100.000 millones de pesos adicionales, la ANSES pasará a ser ya no un actor más, sino el único capaz de garantizar o no el éxito de las “colocaciones” que se intenten, y tanto los bonos privados (ON), como los fideicomisos de consumo dependerán –en su vida o muerte– del pulgar de quien decida la inversión estatal.
2. AFJP y participación en las empresas (sociedades) “líderes” de la República Argentina
“Existen muchos lugares en donde no existe un daño patrimonial tan grande pero hay un tema de imagen impresionante”(25).
Amén de todo lo dicho, esto es, de la grave situación constituida por el hecho de que el Gobierno, y en particular la ANSES, serán los “creadores de mercado” de prácticamente todos los instrumentos financieros relevantes del hoy paupérrimo mercado de capitales (?) argentino(26), la nacionalización de los fondos de jubilaciones privadas y la consecuente eliminación de las AFJP traerá una gravísima consecuencia colateral, de no menor significación: el Estado argentino pasará a tener una participación –convirtiéndose en lo que mi querido amigo Osvaldo Maffía llama “socio a palos”– en cuarenta empresas de primerísimo nivel.
Este portfolio tan particular, que llega en ciertos casos al 27% del capital corporativo de la sociedad emisora, comprende verdaderas delikatessen dentro del espectro de inversiones posibles, dado que abarca desde bancos hasta petroleras, pasando por cerealeras, productoras de energía y un vastísimo etcétera(27), cuyo apropio manu militari por parte del Estado llena de incertidumbre a todos los operadores.
En efecto, todo es incertidumbre sobre los siguientes temas:
– ¿Desembarcará el Gobierno de turno en los directorios de las “líderes” con uno o varios representantes?
– En caso de ser así, ¿quién los designará?, ¿cuál será su calificación?, ¿ante quién se reportarán?
– ¿Se generará algún mecanismo de toma de decisiones que elimine la tradicional molicie de los burócratas y los aggiorne acostumbrándolos al dinamismo del day by day empresario?
– ¿Y si el Estado decide liquidar masivamente sus nuevos activos bursátiles, o sea, las acciones de todas las sociedades abiertas o cotizantes que, como “maná”, le “llovieran” al apropiarse de las AFJP?
III
La “estatización” de las AFJP y su repercusión
en el seno de las llamadas “empresas
(sociedades) líderes” de nuestro país
Problemática de “el Príncipe” como socio
Llegados al tema central de este trabajo, y más allá de destacar que lo ocurrido en el país en los días recientes implica no sólo una muestra más de la impericia y la improvisación de quien siempre parece correr detrás de los hechos sino, además, un pésimo manejo de los tiempos, nos encontramos frente a una situación inaudita –por lo única y falta de antecedentes– en la República Argentina: el Estado Nacional está pasando a ser “socio a palos” de cuarenta empresas nacionales de las llamadas “líderes” que cotizan en Bolsa.
Lo anterior implica la siguiente problemática:
Primero. Habrá que ver qué actitud habrán de adoptar los jerarcas estatales frente al Órgano de Administración societaria, ¿les interesará designar directores? y, en caso afirmativo, ¿podrán?
Si bien la ANSES, que administraría las tenencias que incorpore (activos de las AFJP que se estaticen), mediante el denominado Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Régimen Previsional Público de Reparto, ya es accionista de numerosas compañías mercantiles, porque recibió los activos de aquellos que el año pasado optaron por el traspaso al sistema de reparto, hasta ahora no ha participado en las reuniones del Órgano de Gobierno (Asambleas) de dichos entes, nada hace pensar que en lo sucesivo no ejerza una presencia mucho más proactiva, visto el crecimiento exponencial que habrá de producirse a partir de ahora en el porcentaje de sus tenencias.
Y si lo hiciera, ¿designará representantes del Estado en el Board of Directors?
La situación deberá analizarse caso por caso, por las diferentes situaciones que pueden llegar a plantearse, puesto que en muchas compañías el denominado “grupo de control” suele asegurarse la totalidad de los asientos del directorio a través de diversos mecanismos(28), como ser reservarse las acciones de voto múltiple (hasta cinco), a las que alude el art. 216 de la ley 19.550(29).
Por otra parte, recuérdese que para el ejercicio del voto acumulativo (arg. art. 263, ley 19.550), el accionista debe contar por lo menos con el 33% de los votos(30), y la ANSES no los tendrá, lo que no implica que tenga prohibido efectuar alianzas con otros socios para acceder al Directorio, ya sea informales o mediante pactos de sindicación los cuales, según lo avizoro, no habrán de ser de fácil rúbrica por parte de funcionarios públicos que –probablemente– ignoren todo en la materia y desembarquen en cada empresa con facultades originariamente acotadas.
Segundo. Qué habrá de pasar si, designado algún representante oficial en el Directorio de la sociedad participada –y como es de estilo en no pocas de nuestras grandes compañías–, le es elevada para su firma la actualización (reforma) periódica del Reglamento (arg. art. 5º, LSC(31), circunstanciado al tipo de compañía de que se trate, su objeto social, actividad y modalidades operativas), lo que habrá de imponerle, en lo sucesivo, obligaciones adicionales, ¿lo firmará?, ¿deberá obtener autorización para hacerlo?, y, en su caso, ¿de quién?
Tercero. Qué habrá de ocurrir con el tratamiento asambleario de las materias consideradas “neurálgicas” de una sociedad mercantil que, por requerir mayorías agravadas, habrán de necesitar del voto de la titular oficial de tenencias de alta significación(32).
¿Se lo podrá obtener con la celeridad necesaria para evitar una crisis? ¿Es acaso compatible el dinámico timing empresario con los siempre morosos y burocráticos tempos oficiales?
Piénsese que en estos casos, denominados “supuestos especiales” por el legislador societario, al no aplicarse la pluralidad de votos, de nada le servirá a los grupos de accionistas controlantes que se hubieran reservado las acciones de voto múltiple contar con dichas tenencias, porque los títulos de voto plural –al computarse con sólo un voto por acción(33)– habrán de darle mucha mayor relevancia a la participación de la ANSES, precisamente en los temas de mayor significatividad de la vida de la compañía.
Cuarto. ¿Qué habrá de suceder frente a la necesidad de disponer un aumento de capital si el Estado Nacional –como es habitual– está en una situación de emergencia económica? ¿Aportará igual? ¿Ejercerá el derecho de receso (arg. art. 245, LSC)? Y, de ser así, ¿en qué términos?
Quinto. Y si resuelve aportar, ¿puede llegar a acrecer hasta convertirse en controlante de la sociedad, en los términos del art. 33 de la ley 19.550(34), con todos los riesgos que ello implica?
Sexto. Frente a la necesidad vertiginosa de presentarse en concurso preventivo, ¿se contará con el aval del Director-oficial, si lo hubiere? Y, de no haberlo, ¿la ANSES prestará dentro del plazo de ley las mayorías necesarias para que el Órgano de Gobierno (Asamblea) de la compañía ratifique la decisión concursal adoptada por el Directorio? Y si la presentación concursal afectara severamente a la AFIP o a un grupo de accionistas consorciados, ¿logrará que el Estado Nacional apoye con su voto la pretensión de concursarse(35)?
Séptimo. Si la sociedad participada por la ANSES actúa como agente dañoso a raíz de decisiones ilícitas y lesivas adoptadas con el concurso o participación del director designado por el Estado (arg. arts. 272 y 248, ley 19.550), ¿responderá eventualmente este último por los desaguisados a los cuales su representante en el Board otorgó quorum y venia directorial?
Octavo. Frente a una resolución asamblearia declarada nula, a la que se arribara con el voto del representante de la ANSES, ¿responderá el Estado Nacional, por la culpa y/o dolo de su representante en lo actuado? ¿Aceptará la ANSES abstenerse de votar la remoción con causa de su representante en el Directorio de la participada, según lo impone el art. 241 de la ley 19.550?(36) ¿Aceptará hacer lo propio cuando se plantee promover una acción social de responsabilidad contra el Estado, por haber votado la resolución que diera origen a los daños “con interés contrario al social (arg. arts. 248 y 276, LSC)”?(37)
Noveno. Siguiendo con la problemática del voto, suponiendo que en una reunión de Directorio o en una Asamblea se deba adoptar una resolución en la cual los intereses de la sociedad participada no sólo no fuesen coincidentes con los del Estado sino que, por el contrario, resulten antagónicos, ¿qué hará el representante estatal en el Órgano de Administración, o en el de Gobierno (Asamblea), en el momento de votar? ¿Acaso se convertirá en un clon del famoso Arlequino de Carlo Goldoni en El servidor de dos patrones?
Décimo. Finalmente, y sin defecto de todo lo anteriormente expuesto, el traspaso compulsivo de cartera de títulos mercantiles de las AFJP tendrá una enorme significación bursátil, más allá del porcentual del capital social de la emisora de que se trate que esté alcanzado por la medida. Y ello porque –en algunos casos, como ya dije– se encuentra involucrada la casi totalidad de las acciones de cada sociedad que tienen cotización en el mercado (free float), como ser el caso de Consultatio (la compañía de real estate de Eduardo Constantini), de la cual la ANSES pasaría a controlar el 93% de los papeles que se operan en Bolsa(38).
IV
Conclusiones
“Estos son mis principios, si no les gustan, tengo otros” (Groucho Marx).
1. Como nadie ignora, hasta ahora el llamado Sistema Único de Seguridad Social (SUSS) estaba compuesto por un régimen previsional público, con base en el otorgamiento de prestaciones por parte del Estado, y un régimen previsional colateral basado en la capitalización individual.
2. El Proyecto enviado el 21 de octubre del año en curso por el PEN al Congreso tiene por finalidad eliminar el SUSS, reemplazándolo por un único régimen previsional, de carácter público, al que llama Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que, tras eliminar el actual sistema de capitalización, que es absorbido por el nuevo pergeño, resulta sustituido por un régimen único de reparto.
3. Técnicamente, la “transferencia en especie” a la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) de todos los recursos que integraban hasta ahora la capitalización individual, hará que los mismos pasen a formar parte de un Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Régimen Previsional Público de Reparto, que será administrado por la ANSES –entidad ésta que, según se dice, pasaría a gozar de autonomía financiera (?) y económica– bajo la supervisión de una Comisión Bilateral, que estaría conformada por seis senadores y seis diputados.
4. Más allá de que pueda sostenerse que –como lo creo– el Proyecto del PEN violenta derechos constitucionales tanto de los afiliados al sistema como de las AFJP, vulnerando la garantía de propiedad (arg. arts. 14 y 17, Carta Magna), porque los fondos que transferirían en especie” son de exclusiva propiedad de aquéllos (arg. art. 82, ley 24.241), y el Estado ha resuelto manu militari disponer de los mismos sin el legítimo consentimiento de sus dueños(39), y de que también se hayan emitido opiniones fundadas en sentido contrario(40), lo cierto es que el cambio de sistema –llevado a cabo de manera inconsulta y sin que tal idea haya estado siquiera en ninguna de las plataformas políticas en los comicios de los años 2003 y 2007– habrá de producir (de suyo, ya lo está haciendo) un verdadero cataclismo, tanto en el sistema bancario argentino, como en nuestro modesto Mercado de Capitales. Y ello, en el primer caso, por hallarse las AFJP entre los principales depositantes de plaza y, en el segundo, por situarse las Administradoras entre los principales inversores en acciones y en títulos públicos y privados(41) de nuestro mercado.
5. Desde otra perspectiva, el hecho de que prácticamente “a palos” el PEN pase a manejar la cuarta parte (en no pocos casos) del capital accionario de cuarenta de las compañías líderes del país, en una comunidad caracterizada por el altísimo nivel de conflictividad societaria(42), sin que se haya contemplado siquiera el más mínimo mecanismo idóneo para que se pueda, aunque más no sea monitorear la forma en que las tenencias accionarias ahora públicas van siendo empleadas, es tanto así “como jugar a la ruleta rusa con todas las balas”.
A su vez, a quien esto escribe, el hecho de que se hable de la designación de una Comisión de Notables (cinco o seis) para cumplir con tal rol, le causa desolación(43).
6. Por otra parte, la aparición compulsiva y con protagonismo relevante en la vida corporativa nacional –por esencia “dinámica”– del elefantiásico Estado Nacional, el cual –sin que ello implique ponderar la “mediación” como sistema alternativo de solución de conflictos corporativos(44)– ni siquiera se encuentra obligado a asistir a las audiencias (obligatorias para los privados) que se fijen, carece de toda flexibilidad y/o celeridad decisoria y que, en numerosos supuestos, se verá obligado a adoptar decisiones –ora como socio en las Asambleas, ora a través de su representante en el Órgano de Administración en las reuniones de Directorio– claramente encontradas con sus propios intereses como poder público, en violación –respectivamente– a los arts. 248 y 272 de la LSC, habrá de implicar un empeoramiento en la eficiencia y desarrollo de nuestras grandes sociedades.
7. Para concluir y resumiendo, creo que nos encontramos frente a “un gran salto hacia atrás”, consistente en un claro abandono del principio tradicionalmente aceptado hasta ahora de que el Estado debe abstenerse de interferir en la actividad productiva privada, y que la mente frívola que concibiera estas perversas normas lo hizo obviamente pensando sólo en la caja, razón por la cual “el árbol le impidió ver el bosque”, con injustificable olvido de que –como siempre solía recordar don Isaac Halperín– la vida, el crecimiento y la fortaleza de nuestras compañías mercantiles, en suma, su buen funcionamiento, “reviste interés nacional”(45).
voces: seguridad social - estado nacional - sociedad - empresa
FUENTE: http://www.elderecho.com.ar/index.ph...newsd=kDL7baLa
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