Declaran inconstitucional un allanamiento realizado por Microsoft

La Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Bahía Blanca determinó que el allanamiento que sufrió una cooperativa por parte de Microsoft fue inconstitucional.

En enero de 2008, la multinacional difundía los allanamientos que había realizado a pequeños comercios y usuarios por el presunto uso de software ilegal. Además de la Argentina, los realizó en Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

Sin embargo, una modesta cooperativa agraria de la localidad bonaerense de Tres Arroyos logró que la Justicia determinara que el allanamiento que sufrió fue inconstitucional.

Microsoft había utilizado a un perito para realizar un detallado inventario de los equipos informáticos de la cooperativa, incluyendo soportes de almacenamiento, como discos compactos y rígidos.

Para realizar ese procedimiento, solicitó a la Justicia un allanamiento, donde estuvieron presentes la perito seleccionada -una contadora-, el apoderado de Microsoft y otras personas autorizadas por la compañía; junto con la apoderada y el gerente de Sistema Operativo de la Cooperativa Agraria de Tres Arroyos, y dos abogados.

Sin embargo, inmediatamente la cooperativa se presentó también ante la Justicia para informar que no había sido citada para estar en el procedimiento y pidió, por lo tanto, su nulidad. La cooperativa argumentó que su ausencia impidió controlar el procedimiento, cuyo resultado podría concluir en prueba de una práctica ilegal.

Asimismo, cuestionó a la perito designada, consideró que, al no ser idónea, no podía cotejar el proceso técnico efectuado para determinar el contenido del software relevado.

La cámara calificó a la diligencia como una "una excursión de pesca", ya que no existía una denuncia concreta, sino la intención de "constatar la probable utilización indebida de los productos".

"Bajo la apariencia de una prueba anticipada se desarrolló, con la anuencia del órgano jurisdiccional, una tarea investigativa impropia y reñida con el propósito del ordenamiento procesal civil de neto corte dispositivo, a lo que se suma el haber afectado la protección constitucional a la correspondencia y a los papeles privados", consideró el tribunal.