¿Derogación del código de justicia militar?
El Senado tratará hoy el proyecto que establece la derogación del Código de Justicia Militar, que actualmente permite que los miembros de las Fuerzas Armadas puedan someterse a tribunales especiales, y que a partir de la sanción de la ley deberán hacerlo ante la Justicia ordinaria por cualquier delito contemplado en el Código Penal.
En la sesión prevista para las 15, la Cámara alta también tendrá el temario del proyecto de Ley del Nombre y la creación de una comisión bicameral que se encargará de investigar las exportaciones realizadas por las cerealeras en los últimos meses.
El proyecto de derogación del Código de Justicia Militar, que implica la desaparición de los tribunales especiales, obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados en noviembre pasado.
Concretamente, establece que los miembros de las Fuerzas Armadas deben someterse a la Justicia ordinaria ante cualquier delito contemplado en el Código Penal y que éstos puedan apelar las sanciones militares ante la Justicia Federal.
El proyecto de Ley del nombre, impulsado por el Poder Ejecutivo, tiene como objetivo principal sumar como obligatorio el apellido de la madre al del padre, en segundo lugar.
Además, el proyecto del Ejecutivo propone la eliminación de la preposición "de" en el apellido de casados (optativo tanto para la mujer como para el hombre) y la posibilidad de certificar la maternidad desde el primer formulario realizado por el obstetra para quitar cualquier posibilidad de fraude.
En relación a la comisión bicameral investigadora de presuntas irregularidades cometidas por las exportadoras de cereales, se analizarán proyectos del oficialismo y de la oposición, para lo que ya existe un preacuerdo entre la mayoría de las bancadas.
El monto de la presunta evasión que se investigará serían aproximadamente 1.750 millones de dólares, y las principales empresas que se someterán a estudio son Cargill, Molinos Río de la Plata, Bunge Argentina y Loius Dreyfuss, entre otras
FUENTE: TÉLAM
En la sesión prevista para las 15, la Cámara alta también tendrá el temario del proyecto de Ley del Nombre y la creación de una comisión bicameral que se encargará de investigar las exportaciones realizadas por las cerealeras en los últimos meses.
El proyecto de derogación del Código de Justicia Militar, que implica la desaparición de los tribunales especiales, obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados en noviembre pasado.
Concretamente, establece que los miembros de las Fuerzas Armadas deben someterse a la Justicia ordinaria ante cualquier delito contemplado en el Código Penal y que éstos puedan apelar las sanciones militares ante la Justicia Federal.
El proyecto de Ley del nombre, impulsado por el Poder Ejecutivo, tiene como objetivo principal sumar como obligatorio el apellido de la madre al del padre, en segundo lugar.
Además, el proyecto del Ejecutivo propone la eliminación de la preposición "de" en el apellido de casados (optativo tanto para la mujer como para el hombre) y la posibilidad de certificar la maternidad desde el primer formulario realizado por el obstetra para quitar cualquier posibilidad de fraude.
En relación a la comisión bicameral investigadora de presuntas irregularidades cometidas por las exportadoras de cereales, se analizarán proyectos del oficialismo y de la oposición, para lo que ya existe un preacuerdo entre la mayoría de las bancadas.
El monto de la presunta evasión que se investigará serían aproximadamente 1.750 millones de dólares, y las principales empresas que se someterán a estudio son Cargill, Molinos Río de la Plata, Bunge Argentina y Loius Dreyfuss, entre otras
FUENTE: TÉLAM
Respuestas
Josegon Cursando Materias
Creado: 06/08/08
Respecto de la ley de nombre... me parece una tontenria que tenga que ser obligatorio el apellido materno..
Tiene que seguir siendo optativo..
caroeli Premium II
Creado: 06/08/08
Si, concuerdo con ustdes, por ejemplo en Uruguay estamos obligados a usar el doble apellido, así que en mi caso (Barboza Garín, que es re largo y encima por culpa de eso que lo escribieron mal en mi acta de matrimonio tuve que hacer un papelerío terrible para la rectificación)ya desde que hice los trámites acá se me mantuvo el doble apellido y es bastante incómodo a veces tener que decir los dos cuando hacés un trámite,así que creo que debería ser optativo y no que te lo impongan así de esa manera.
Cambiando de tema, que bueno sería que los legisladores pusieran ese énfasis que tienen para estas nimiedades en cosas mucho más importantes no les parece??.
Saludos,
CARO,
Cambiando de tema, que bueno sería que los legisladores pusieran ese énfasis que tienen para estas nimiedades en cosas mucho más importantes no les parece??.
Saludos,
CARO,
\"Como la velocidad de la luz es mayor a la del sonido, ciertas personas parecen brillantes antes de que escuchemos las estupideces que dicen\"
EJA Moderador
Creado: 06/08/08
Ya ha sido aprobado el proyecto por el Senado que establece la derogación del Código de Justicia Militar.
Igualmente creo que hay un error en la noticia, y Nadia pensabas lo correcto.
Se está mezclando los fueros personales, subsistentes en el derecho indiano, con los fueros reales, los cuales gozan de tutela constitucional. Los fueros personales ya fueron prohibidos en la Constitución de 1853, al redactarse el Art. 16. De no ser así, se estaría violando inminentemente el principio de igualdad, pues los militares serían juzgados, en cualquier caso, por un tribunal especial, lo que sería contrario a lo establecido en el Art. 18 de la Constitución.
Cabe aclarar que los fueros personales, como lo dice su nombre, recaen sobre la persona, y en este caso particular, sobre los militares. Es decir, que los militares gozan del privilegio de ser juzgados por normas y jueces distintos a los naturales, con lo cual, reitero, se infringe el principio fundamental de la igualdad. En cambio, los fueros reales recaen sobre la materia y no sobre las personas, tal como el fuero militar, que tiene sustento constitucional en el Art. 75 inc. 27 de la Ley Fundamental. Dicho fuero no resulta ya una mera prerrogativa, sino que existe para la efectiva organización y gobierno de las Fuerzas Armadas, y "su vigencia solamente se extiende sobre los delitos cometidos con motivo de actos de servicio que afectan la existencia de la institución militar" (Badeni).
Los fueros personales, siempre son de estrictiva interpretación y nunca extensiva a situaciones que se encuentran fuera del marco de la Constitución.
Con la existencia del fuero militar, señala Badeni, los militares "están sujetos a la jurisdicción penal ordinaria, sin perjuicio de las sanciones administrativas aplicables en el área militar".
De esta forma, completa expresando, "las sentencias que dictan los tribunales militares con motivo de la comisión de un hecho delictivo, siempre son susceptibles de revisión judicial. En principio, no acontece lo propio cuando se trata de sanciones aplicadas por infracciones disciplinarias, a menos que se acredite su arbitrariedad o la manifiesta lesión del principio del debido proceso legal".
En conclusión, los delitos comunes no son alcanzados por el fuero real militar. Sí lo son los delitos cometidos con ocasión de sus funciones y las infracciones que den lugar a sanciones administrativas.
En cuanto a la modificación de la ley del nombre, concuerdo plenamente con lo observado por Nadia.
Saludos.
Igualmente creo que hay un error en la noticia, y Nadia pensabas lo correcto.
Se está mezclando los fueros personales, subsistentes en el derecho indiano, con los fueros reales, los cuales gozan de tutela constitucional. Los fueros personales ya fueron prohibidos en la Constitución de 1853, al redactarse el Art. 16. De no ser así, se estaría violando inminentemente el principio de igualdad, pues los militares serían juzgados, en cualquier caso, por un tribunal especial, lo que sería contrario a lo establecido en el Art. 18 de la Constitución.
Cabe aclarar que los fueros personales, como lo dice su nombre, recaen sobre la persona, y en este caso particular, sobre los militares. Es decir, que los militares gozan del privilegio de ser juzgados por normas y jueces distintos a los naturales, con lo cual, reitero, se infringe el principio fundamental de la igualdad. En cambio, los fueros reales recaen sobre la materia y no sobre las personas, tal como el fuero militar, que tiene sustento constitucional en el Art. 75 inc. 27 de la Ley Fundamental. Dicho fuero no resulta ya una mera prerrogativa, sino que existe para la efectiva organización y gobierno de las Fuerzas Armadas, y "su vigencia solamente se extiende sobre los delitos cometidos con motivo de actos de servicio que afectan la existencia de la institución militar" (Badeni).
Los fueros personales, siempre son de estrictiva interpretación y nunca extensiva a situaciones que se encuentran fuera del marco de la Constitución.
Con la existencia del fuero militar, señala Badeni, los militares "están sujetos a la jurisdicción penal ordinaria, sin perjuicio de las sanciones administrativas aplicables en el área militar".
De esta forma, completa expresando, "las sentencias que dictan los tribunales militares con motivo de la comisión de un hecho delictivo, siempre son susceptibles de revisión judicial. En principio, no acontece lo propio cuando se trata de sanciones aplicadas por infracciones disciplinarias, a menos que se acredite su arbitrariedad o la manifiesta lesión del principio del debido proceso legal".
En conclusión, los delitos comunes no son alcanzados por el fuero real militar. Sí lo son los delitos cometidos con ocasión de sus funciones y las infracciones que den lugar a sanciones administrativas.
En cuanto a la modificación de la ley del nombre, concuerdo plenamente con lo observado por Nadia.
Saludos.
RAB Usuario VIP
Creado: 07/08/08
Opino como Nadia sobre el apellido, comento que aca en la Pcia. de Cba. hay como una moda de ponerse varios apellidos (si recuerdan hubo un par de post sobre el tema y de cordobeses), la verdad no me cabe los dobles apellidos, y personalmente tampoco los segundos nombres, me gustan nombres cortos y tradicionales; nada al estilo de Washitong Catriel Sanchez Perez (perdon si alguien se llama asi) 
Y sobre nimiedades de los legisladores ¿alguin sabe que paso con el proyecto que obligaba a los maridos a lavar los platos? ¿Se acuerdan?.
Sobre el codigo de justicia militar, nunca lo vimos en la Facu, algo lei por ahi pero ni idea de ese tema.
Saludos
Y sobre nimiedades de los legisladores ¿alguin sabe que paso con el proyecto que obligaba a los maridos a lavar los platos? ¿Se acuerdan?.
Sobre el codigo de justicia militar, nunca lo vimos en la Facu, algo lei por ahi pero ni idea de ese tema.
Saludos
Nadia Moderador
Creado: 07/08/08
Empezado por EJA
Si se trata de un fuero real (aclaramos por la materia) .... entonces el motivo real de la modificacion es de transfondo politico y nada más. Con esta bandera que tiene el actual gobierno de los derechos humanos, que no me parece mal que los proteja, pero si que haga demagogia, politiqueria, etc.... "Ya ha sido aprobado el proyecto por el Senado que establece la derogación del Código de Justicia Militar.
Igualmente creo que hay un error en la noticia, y Nadia pensabas lo correcto.
Se está mezclando los fueros personales, subsistentes en el derecho indiano, con los fueros reales, los cuales gozan de tutela constitucional. Los fueros personales ya fueron prohibidos en la Constitución de 1853, al redactarse el Art. 16. De no ser así, se estaría violando inminentemente el principio de igualdad, pues los militares serían juzgados, en cualquier caso, por un tribunal especial, lo que sería contrario a lo establecido en el Art. 18 de la Constitución.
Cabe aclarar que los fueros personales, como lo dice su nombre, recaen sobre la persona, y en este caso particular, sobre los militares. Es decir, que los militares gozan del privilegio de ser juzgados por normas y jueces distintos a los naturales, con lo cual, reitero, se infringe el principio fundamental de la igualdad. En cambio, los fueros reales recaen sobre la materia y no sobre las personas, tal como el fuero militar, que tiene sustento constitucional en el Art. 75 inc. 27 de la Ley Fundamental. Dicho fuero no resulta ya una mera prerrogativa, sino que existe para la efectiva organización y gobierno de las Fuerzas Armadas, y "su vigencia solamente se extiende sobre los delitos cometidos con motivo de actos de servicio que afectan la existencia de la institución militar" (Badeni).
Los fueros personales, siempre son estrictiva interpretación y nunca extensiva a situaciones que se encuentran fuera del marco de la Constitución.
Con la existencia del fuero militar, señala Badeni, los militares "están sujetos a la jurisdicción penal ordinaria, sin perjuicio de las sanciones administrativas aplicables en el área militar".
De esta forma, completa expresando, "las sentencias que dictan los tribunales militares con motivo de la comisión de un hecho delictivo, siempre son susceptibles de revisión judicial. En principio, no acontece lo propio cuando se trata de sanciones aplicadas por infracciones disciplinarias, a menos que se acredite su arbitrariedad o la manifiesta lesión del principio del debido proceso legal".
En conclusión, los delitos comunes no son alcanzados por el fuero real militar. Sí lo son los delitos cometidos con ocasión de sus funciones y las infracciones que den lugar a sanciones administrativas.
En cuanto a la modificación de la ley del nombre, concuerdo plenamente con lo observado por Nadia.
Saludos."
RAB me hiciste reir muchisimo
ahora me surgio una duda con respecto al nombre:
si se hace obligatorio el apellido de la madre conjunto.... los apellidos se vuelven sumatorios o lo mismo hay que renunciar al doble apellido cuando se los vas a poner al hijo?
Esto me da gracia... pero suponganse
Esta Pancracia Blanca Garcia Fernandez y Su marido se llama Felipe Miguelon Sanchez Gimenez (ambos tienen el doble apellido obligatorio)
y tienen un hijo....
como se llama el hijo?
Panchito Sanchez Gimenez Garcia Fernandez (cosa que seria horrible y complicada)
o
Panchito Sanchez Garcia (y todos renuncian al segundo apellido) Cosa que demuestra que todo esto es en vano...
No se...
alguien puede subir el proyecto de ley???... no le encuentro sentido, ninguno...
Moderandote(?)
Poné tu granito de arena:
Colaborá y Agradecé cuando te ayudan!
"Como será de noble este país que tenemos quinientos años de estar tratando de acabar con el, y todavía no lo logramos"
Poné tu granito de arena:
Colaborá y Agradecé cuando te ayudan!
"Como será de noble este país que tenemos quinientos años de estar tratando de acabar con el, y todavía no lo logramos"
EJA Moderador
Creado: 07/08/08
Es una buena pregunta la tuya Nadia. Habrá que ver con cual sale el P.E.N. esta vez. No pude leer el proyecto, pero esa es una de las dudas que me surgen.
También, como pude leer por ahí, parece que si el padre del recién nacido está ausente, el menor tendrá doble apellido, pero en este caso el de la madre dos veces. Esto me parece irrisorio y discriminador. O sea que, todos los "González González" o "Pérez Pérez", serían hijos de padres ausentes. Es una forma de discriminar al menor que se encuentra bajo dicha circunstancia, lo cual sería perjudicial en sus primeros años y sobre todo en el colegio, que todos sabemos lo que pasa. Creo que nadie tiene por qué saber de movida la situación "penosa" del otro, ni mucho menos.
En mi opinión debería ser optativo como lo es hasta el momento.
Estoy de acuerdo con la eliminación de la preposición "de" en el apellido marital, siendo éste optativo tanto para el hombre como para la mujer.
Por otro lado, me parece un acierto la reforma en cuanto a la inscripción de oficio, por parte del Registro Civil, de los menores nacidos. Tal vez así, se solucione definitivamente el problema de los no inscriptos (que conozco varios) e "inexistentes para la ley", y en consecuencia, se pueda también restringir de alguna manera la trata y el tráfico de niños.
Saludos.
También, como pude leer por ahí, parece que si el padre del recién nacido está ausente, el menor tendrá doble apellido, pero en este caso el de la madre dos veces. Esto me parece irrisorio y discriminador. O sea que, todos los "González González" o "Pérez Pérez", serían hijos de padres ausentes. Es una forma de discriminar al menor que se encuentra bajo dicha circunstancia, lo cual sería perjudicial en sus primeros años y sobre todo en el colegio, que todos sabemos lo que pasa. Creo que nadie tiene por qué saber de movida la situación "penosa" del otro, ni mucho menos.
En mi opinión debería ser optativo como lo es hasta el momento.
Estoy de acuerdo con la eliminación de la preposición "de" en el apellido marital, siendo éste optativo tanto para el hombre como para la mujer.
Por otro lado, me parece un acierto la reforma en cuanto a la inscripción de oficio, por parte del Registro Civil, de los menores nacidos. Tal vez así, se solucione definitivamente el problema de los no inscriptos (que conozco varios) e "inexistentes para la ley", y en consecuencia, se pueda también restringir de alguna manera la trata y el tráfico de niños.
Saludos.
Nadia Moderador
Creado: 07/08/08
aca encontre esto...
El proyecto
Modificatorio de la Ley del Nombre Nº 1 8,248 y sus modificatorias.
En este sentido, se parte del concepto de que el nombre, al individualizar a una persona, la inviste de un atributo sustancial para actuar como sujeto de derechos.
Siguiendo estos lineamientos, se propone una modificación integral de la Ley del Nombre Nº 18.248 con un criterio más amplio, a fin de contemplar las mutaciones que presenta la sociedad argentina hoy.
Así, por el articulo lº, se propone incorporar expresamente al texto actual, los conceptos de individualización e identificación, por ser bastos la razón misma de la Ley del Nombre.
Se mantiene el criterio de que la elección del nombre de pila corresponde a los padres, y se reafirma que se trata de un derecho que podrá ser ejercido en forma indistinta por cualquiera de los progenitores, con la finalidad de evitar conflictos posteriores a la inscripción del recién nacido.
Entre otros aspectos, se instituyen los criterios utilizados en Ley No 18.248, en la que, entre otros, se expresaba que el derecho de elegir el nombre se ejercerá libremente, ya que el principia de libertad se halla amparado en la Constitución Nacional, y resulta mas apropiado Únicamente indicar, cuales son las prohibiciones expresas respecto al nombre de pila, incorporándose un concepto más amplio y abarcativo, prohibiendo la inscripción de los nombres cuando fueren lesivos a la dignidad de la persona.
También se ha modificado lo atinente al Juzgado o Tribunal competente para recurrir las Resoluciones denegatorias del nombre por parte del Registro de Estado Civil y Capacidades de las Personas, dejando, por razones constitucionales, que sean las propias jurisdicciones quienes lo determinen por tratarse de materia procesal y no de fondo. Con el fin de dotar de mayor precisión a esta normativa, se ha especificado que el plazo de quince días sea computado como "días hábiles".
Se propone solucionar el problema que se suscitaba con la reiteración de nombres idénticos a los de uno o más nombres de hermanos vivos siempre y cuando, al menos uno de los nombres de pila, permita identificar e individualizar a un hermano de otro.
Asimismo, se incorpora una trascendente modificación en cuanto a determinar expresamente que 'la filiación determina los apellidos, especificándose en cada caso como se aplicara dicha regla general. De ese modo se pone fin a los múltiples conflictos que suscita la normativa vigente que requiere el acuerdo de ambos progenitores para la adición del apellido materno. Es dable destacar que la modificación precitada representa un avance sustantivo en el concepto y resguardo del derecho a la identidad de los menores, consagrado en la Convención Sobre los Derechos del Niño y en la Ley Nº 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
A la vez que significara la adopción de medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer, en concordancia con la Convención Sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Tratado con jerarquía constitucional a partir de la última reforma de la Constitución Nacional
Asimismo, la norma, al fijar que el orden de los apellidos será el paterno y materno, por imperativo legal, mantiene la tradición y costumbre arraigada en nuestro país de inscribir a los hijos con el apellido paterno.
Se ha creído conveniente, como excepción y mediante el ejercicio conjunto de ambos progenitores de la posibilidad de solicitar ante el Registro Civil la inscripción del hijo con el apellido compuesto del padre, haciendo extensiva la posibilidad de adicionar el apellido compuesto de la madre, con la limitación de no exceder de cuatro (4) apellidos.
Se fija un límite a los progenitores en la inscripción de sus hijos determinando la obligatoriedad de registrar el mismo apellido a todos los hermanos del mismo vinculo, a fin de mantener la seguridad jurídica y no atentar contra la unidad entre ellos.
Se contempla el caso de que toda persona mayor de dieciocho (18) años que careciere de apellido, pueda solicitarlo ante el REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS. La presente reforma propone por razones de seguridad jurídica, que dicha petición se realice en sede judicial.
Se propone ampliar la opción para la mujer casada de añadir a su apellido el de su marido precedido por la preposición "de" y, a fin de modificar normativas discriminatorias respecto de género, se hace extensiva dicha opción al marido.
Se equipara la separación personal y el divorcio vincular a los efectos de la perdida del derecho de uso del apellido del cónyuge que hubiere optado por utilizarlo
Se hacen extensivos al marido, los derechos que la norma actual acuerda a la mujer, respecto al uso del apellido para los casos de viudez, nulidad, separación personal y divorcio.
Resulta importante destacar que se ha adecuado el texto de la norma a fin de adecuado a la Ley de Adopción No 24.779, incorporada al Código Civil, a fin de integrar y armonizar las normas sobre la materia.
Asimismo, se modifica la edad para pedir el cambio de nombre de pila o la adición de otro nombre en los casos de adopción, estableciéndola en CINCO (5) años, adecuándola a las normativas nacionales que establecen la facultad de actualizaci6n del Documento Nacional de Identidad, a partir de dicha edad. También se incorpora un párrafo referido al derecho del menor, a ser oído en sede judicial, a partir de los doce años de edad, con la finalidad de nuestra Carta Magna desde la reforma Constitucional de 1994.
Finalmente, y atento a la relevancia de la reforma legislativa que se impulsa, se solicita a Vuestra Honorabilidad otorgue un tratamiento preferente al presente proyecto, en el convencimiento de que los cambios que se propone introducir redundarán en un grado mayor de igualdad de las personas, eliminando de ese modo distintas pautas discriminatorias que subsisten en nuestra legislación y que no sean acordes con el espíritu democrático de la sociedad argentina actual.Fuente
y aca esta el proyecto de ley
camara de diputados
El Senado y Cámara de Diputados,...
MODIFICACION DE LA LEY DEL NOMBRE DE LAS PERSONAS NATURALES N° 18.248
Artículo 1°.-Modifícase el art. 3ero. De la ley 18248, el que quedará redactado de la siguiente forma:
El derecho a elegir el nombre de pila se ejercerá libremente.
Podrán inscribirse nombres aborígenes o derivados de voces aborígenes autóctonas y latinoamericanas.
No podrán inscribirse:
1) Los nombres que sean extravagantes, ridículos, contrarios a nuestras costumbres, o que susciten equívocos respecto del sexo de la persona a quien se impone.
2) Los nombres extranjeros de difícil o imposible pronunciación o que no se ajustaren a las disposiciones del inciso anterior. Queda exceptuado de esta prohibición el nombre que se quisiera imponer a los hijos de los funcionarios o empleados extranjeros de las representaciones diplomáticas o consulares acreditadas ante nuestro país, y de los miembros de misiones públicas o privadas que tengan residencia transitoria en el territorio de la República.
3) Los apellidos como nombre.
4) Más de tres nombres
Las resoluciones denegatorias del Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas, serán recurribles ante el Tribunal de Apelaciones en lo Civil dentro de los quince días hábiles de notificadas.
Artículo 2°:Derógase el artículo tres bis de la ley 18.248.
Artículo 3°.-Modifícase el artículo 4 de la ley 18248, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Los hijos llevarán el primer apellido de la madre. A pedido de los progenitores podrá inscribirse el apellido compuesto de la madre o agregarse el paterno. Si el interesado deseara llevar el apellido compuesto materno o el paterno, podrá solicitarlo ante el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas desde los dieciocho años .
Una vez adicionado ,el apellido no podrá suprimirse
Artículo 4° .- Modifícase el art. 5 de la ley 18248, el que quedará redactado de la siguiente forma:
El hijo reconocido por uno solo de sus progenitores adquiere su apellido. Si es reconocido por ambos simultánea o sucesivamente adquiere el apellido de la madre.
El padre que reconociere al hijo con posterioridad a su nacimiento podrá solicitar la inscripción adicional de su apellido.
El hijo cuyo reconocimiento materno fuese posterior a su nacimiento, podrá con autorización judicial, dentro de los dos años de haber cumplido los dieciocho o de su emancipación, solicitar la inscripción del mismo .
Artículo 5°.-Modifícase el art. 7 de la ley 18.248 el que quedará redactado de la siguiente forma:
Los extranjeros, al solicitar la nacionalización argentina, podrán pedir a la autoridad que la acuerde, la adaptación gráfica y fonética de acuerdo a las disposiciones del Artículo 3.
Artículo 6°.- Deróganse los artículos ocho ,nueve ,diez y once de la ley l8.248
Artículo 7°.- Modifícase el art. 12 de la ley 18248, el que los quedará redactado de la siguiente forma:
Los hijos adoptivos llevarán el apellido del adoptante, pudiendo,
A pedido de este, agregarse el de origen. El adoptado podrá solicitar su adición ante el registro del Estado Civil desde los dieciocho años.
Si mediare reconocimiento posterior de los padres de sangre, se aplicará la misma regla.
Cuando los adoptantes fueren cónyuges, regirá lo dispuesto en el artículo cuatro.
Artículo 8°.- Derógase el artículo trece de la ley 18.248.
Artículo 9°.- De forma
El proyecto
Modificatorio de la Ley del Nombre Nº 1 8,248 y sus modificatorias.
En este sentido, se parte del concepto de que el nombre, al individualizar a una persona, la inviste de un atributo sustancial para actuar como sujeto de derechos.
Siguiendo estos lineamientos, se propone una modificación integral de la Ley del Nombre Nº 18.248 con un criterio más amplio, a fin de contemplar las mutaciones que presenta la sociedad argentina hoy.
Así, por el articulo lº, se propone incorporar expresamente al texto actual, los conceptos de individualización e identificación, por ser bastos la razón misma de la Ley del Nombre.
Se mantiene el criterio de que la elección del nombre de pila corresponde a los padres, y se reafirma que se trata de un derecho que podrá ser ejercido en forma indistinta por cualquiera de los progenitores, con la finalidad de evitar conflictos posteriores a la inscripción del recién nacido.
Entre otros aspectos, se instituyen los criterios utilizados en Ley No 18.248, en la que, entre otros, se expresaba que el derecho de elegir el nombre se ejercerá libremente, ya que el principia de libertad se halla amparado en la Constitución Nacional, y resulta mas apropiado Únicamente indicar, cuales son las prohibiciones expresas respecto al nombre de pila, incorporándose un concepto más amplio y abarcativo, prohibiendo la inscripción de los nombres cuando fueren lesivos a la dignidad de la persona.
También se ha modificado lo atinente al Juzgado o Tribunal competente para recurrir las Resoluciones denegatorias del nombre por parte del Registro de Estado Civil y Capacidades de las Personas, dejando, por razones constitucionales, que sean las propias jurisdicciones quienes lo determinen por tratarse de materia procesal y no de fondo. Con el fin de dotar de mayor precisión a esta normativa, se ha especificado que el plazo de quince días sea computado como "días hábiles".
Se propone solucionar el problema que se suscitaba con la reiteración de nombres idénticos a los de uno o más nombres de hermanos vivos siempre y cuando, al menos uno de los nombres de pila, permita identificar e individualizar a un hermano de otro.
Asimismo, se incorpora una trascendente modificación en cuanto a determinar expresamente que 'la filiación determina los apellidos, especificándose en cada caso como se aplicara dicha regla general. De ese modo se pone fin a los múltiples conflictos que suscita la normativa vigente que requiere el acuerdo de ambos progenitores para la adición del apellido materno. Es dable destacar que la modificación precitada representa un avance sustantivo en el concepto y resguardo del derecho a la identidad de los menores, consagrado en la Convención Sobre los Derechos del Niño y en la Ley Nº 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
A la vez que significara la adopción de medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer, en concordancia con la Convención Sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Tratado con jerarquía constitucional a partir de la última reforma de la Constitución Nacional
Asimismo, la norma, al fijar que el orden de los apellidos será el paterno y materno, por imperativo legal, mantiene la tradición y costumbre arraigada en nuestro país de inscribir a los hijos con el apellido paterno.
Se ha creído conveniente, como excepción y mediante el ejercicio conjunto de ambos progenitores de la posibilidad de solicitar ante el Registro Civil la inscripción del hijo con el apellido compuesto del padre, haciendo extensiva la posibilidad de adicionar el apellido compuesto de la madre, con la limitación de no exceder de cuatro (4) apellidos.
Se fija un límite a los progenitores en la inscripción de sus hijos determinando la obligatoriedad de registrar el mismo apellido a todos los hermanos del mismo vinculo, a fin de mantener la seguridad jurídica y no atentar contra la unidad entre ellos.
Se contempla el caso de que toda persona mayor de dieciocho (18) años que careciere de apellido, pueda solicitarlo ante el REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS. La presente reforma propone por razones de seguridad jurídica, que dicha petición se realice en sede judicial.
Se propone ampliar la opción para la mujer casada de añadir a su apellido el de su marido precedido por la preposición "de" y, a fin de modificar normativas discriminatorias respecto de género, se hace extensiva dicha opción al marido.
Se equipara la separación personal y el divorcio vincular a los efectos de la perdida del derecho de uso del apellido del cónyuge que hubiere optado por utilizarlo
Se hacen extensivos al marido, los derechos que la norma actual acuerda a la mujer, respecto al uso del apellido para los casos de viudez, nulidad, separación personal y divorcio.
Resulta importante destacar que se ha adecuado el texto de la norma a fin de adecuado a la Ley de Adopción No 24.779, incorporada al Código Civil, a fin de integrar y armonizar las normas sobre la materia.
Asimismo, se modifica la edad para pedir el cambio de nombre de pila o la adición de otro nombre en los casos de adopción, estableciéndola en CINCO (5) años, adecuándola a las normativas nacionales que establecen la facultad de actualizaci6n del Documento Nacional de Identidad, a partir de dicha edad. También se incorpora un párrafo referido al derecho del menor, a ser oído en sede judicial, a partir de los doce años de edad, con la finalidad de nuestra Carta Magna desde la reforma Constitucional de 1994.
Finalmente, y atento a la relevancia de la reforma legislativa que se impulsa, se solicita a Vuestra Honorabilidad otorgue un tratamiento preferente al presente proyecto, en el convencimiento de que los cambios que se propone introducir redundarán en un grado mayor de igualdad de las personas, eliminando de ese modo distintas pautas discriminatorias que subsisten en nuestra legislación y que no sean acordes con el espíritu democrático de la sociedad argentina actual.Fuente
y aca esta el proyecto de ley
camara de diputados
El Senado y Cámara de Diputados,...
MODIFICACION DE LA LEY DEL NOMBRE DE LAS PERSONAS NATURALES N° 18.248
Artículo 1°.-Modifícase el art. 3ero. De la ley 18248, el que quedará redactado de la siguiente forma:
El derecho a elegir el nombre de pila se ejercerá libremente.
Podrán inscribirse nombres aborígenes o derivados de voces aborígenes autóctonas y latinoamericanas.
No podrán inscribirse:
1) Los nombres que sean extravagantes, ridículos, contrarios a nuestras costumbres, o que susciten equívocos respecto del sexo de la persona a quien se impone.
2) Los nombres extranjeros de difícil o imposible pronunciación o que no se ajustaren a las disposiciones del inciso anterior. Queda exceptuado de esta prohibición el nombre que se quisiera imponer a los hijos de los funcionarios o empleados extranjeros de las representaciones diplomáticas o consulares acreditadas ante nuestro país, y de los miembros de misiones públicas o privadas que tengan residencia transitoria en el territorio de la República.
3) Los apellidos como nombre.
4) Más de tres nombres
Las resoluciones denegatorias del Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas, serán recurribles ante el Tribunal de Apelaciones en lo Civil dentro de los quince días hábiles de notificadas.
Artículo 2°:Derógase el artículo tres bis de la ley 18.248.
Artículo 3°.-Modifícase el artículo 4 de la ley 18248, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Los hijos llevarán el primer apellido de la madre. A pedido de los progenitores podrá inscribirse el apellido compuesto de la madre o agregarse el paterno. Si el interesado deseara llevar el apellido compuesto materno o el paterno, podrá solicitarlo ante el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas desde los dieciocho años .
Una vez adicionado ,el apellido no podrá suprimirse
Artículo 4° .- Modifícase el art. 5 de la ley 18248, el que quedará redactado de la siguiente forma:
El hijo reconocido por uno solo de sus progenitores adquiere su apellido. Si es reconocido por ambos simultánea o sucesivamente adquiere el apellido de la madre.
El padre que reconociere al hijo con posterioridad a su nacimiento podrá solicitar la inscripción adicional de su apellido.
El hijo cuyo reconocimiento materno fuese posterior a su nacimiento, podrá con autorización judicial, dentro de los dos años de haber cumplido los dieciocho o de su emancipación, solicitar la inscripción del mismo .
Artículo 5°.-Modifícase el art. 7 de la ley 18.248 el que quedará redactado de la siguiente forma:
Los extranjeros, al solicitar la nacionalización argentina, podrán pedir a la autoridad que la acuerde, la adaptación gráfica y fonética de acuerdo a las disposiciones del Artículo 3.
Artículo 6°.- Deróganse los artículos ocho ,nueve ,diez y once de la ley l8.248
Artículo 7°.- Modifícase el art. 12 de la ley 18248, el que los quedará redactado de la siguiente forma:
Los hijos adoptivos llevarán el apellido del adoptante, pudiendo,
A pedido de este, agregarse el de origen. El adoptado podrá solicitar su adición ante el registro del Estado Civil desde los dieciocho años.
Si mediare reconocimiento posterior de los padres de sangre, se aplicará la misma regla.
Cuando los adoptantes fueren cónyuges, regirá lo dispuesto en el artículo cuatro.
Artículo 8°.- Derógase el artículo trece de la ley 18.248.
Artículo 9°.- De forma
Moderandote(?)
Poné tu granito de arena:
Colaborá y Agradecé cuando te ayudan!
"Como será de noble este país que tenemos quinientos años de estar tratando de acabar con el, y todavía no lo logramos"
Poné tu granito de arena:
Colaborá y Agradecé cuando te ayudan!
"Como será de noble este país que tenemos quinientos años de estar tratando de acabar con el, y todavía no lo logramos"
EJA Moderador
Creado: 07/08/08
Sí, ese es el proyecto que estipulaba la imposición del apellido materno, y a pedido de los progenitores el del padre, lo cual recibió innumeradas críticas por distintos sectores. Principalmente por ser ello contrario a una costumbre arraigada desde casi siempre, y por otros motivos que ahora mismo no recuerdo.
No me parece acertado este proyecto.
En mi opinión, incluso es más razonable, en este sentido, el proyecto actual del P.E.N., lo que hace que el menor lleve el apellido de ambos obligatoriamente.
Saludos.
No me parece acertado este proyecto.
En mi opinión, incluso es más razonable, en este sentido, el proyecto actual del P.E.N., lo que hace que el menor lleve el apellido de ambos obligatoriamente.
Saludos.
RAB Usuario VIP
Creado: 22/08/08
Me acorde de este post y publico esto que encontre en:
http://www.eldial.com/suplementos/co...amara=Doctrina
La Argentina avanza en materia de justicia militar
Por Matías Bailone *
Hace unos días el Senado de la Nación Argentina aprobó por sesenta votos a favor, y ninguno en contra, la derogación del vetusto Código de Justicia Militar que regía los destinos castrenses del país, y en su lugar se tipifican algunos delitos típicamente militares dentro del Código Penal ordinario, se eliminan los fueros especiales, se deroga el último reducto donde tenía consagración normativa la pena de muerte, y se sanciona una reglamentación especial disciplinar.
El Código de Justicia Militar que estaba vigente en la República Argentina (Ley 14.029 del 9 de julio de 1951) es el resultado de la obra encomendada al entonces auditor de las Fuerzas Armadas Oscar Ricardo Sacheri, que es en realidad una copia del Código Bustillo del siglo XIX, cuya estructura fundamental se mantiene, y al que solo le efectuaron retoques parciales. Según Sacheri los retoques tenían como objeto la actualización lógica que el Código Bustillo necesitaba debido a la posterior sanción del Código Penal (1921) y la nueva Constitución Nacional (1949). Entonces, es importante remarcar que el código que estaba vigente nos viene del siglo XIX (1898) con toda la carga de anacronismo estéril que nada tiene que ver con la concepción de la guerra moderna y de las fuerzas armadas democráticas de un Estado de Derecho consolidado.
Es importante señalar, además, que no se tocó el Código de Justicia Militar (CJM) desde 1951, y que la dogmática que se hizo sobre tal código fue escasa e insuficiente, en principio por motivos imputables al propio CJM: en ocasiones una misma conducta podía ser falta o delito, porque contiene tipos que convenía ubicar en el derecho penal ordinario, y todas las negaciones del debido proceso que contenía el código.
La Argentina ha finalizado en estos días el proceso parlamentario de derogación del Código de Justicia Militar vigente, y la sanción de un sistema integrado de justicia penal militar y régimen disciplinar de las Fuerzas Armadas
En la región se ensayan dos tipos de reformas a la justicia militar: o se la ordinariza, eliminando todo fuero especial y competencia exclusiva (lo que se logró ahora en Argentina), o se perfecciona y se le otorgan garantías a un proceso penal militar que sigue siendo de fuero exclusivo, pero adecuándolo a la Convención Americana de Derechos Humanos y a las normativas constitucionales. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha dejado bien claro que lo que se le obliga a los Estados miembros es a otorgar un proceso (de fuero exclusivo o no) que respete todas las garantías procesales de los estándares regionales, y que el fuero militar nunca juzgue civiles. Si eso se cumple, podríamos decir que se está cumpliendo con la normativa regional y supranacional. ¿Por qué en la Argentina, entonces, se produjo lisa y llanamente la eliminación del CJM y se ordinarizaron los delitos militares? Porque se llegó a la conclusión que el caudal de causas que llegan a la justicia militar por año es tan escaso que no justifica el mantenimiento de un fuero propio, simplemente por eso. Y además hay una decisión de política criminal muy clara, de comenzar a tratar a nuestros soldados, a nuestras fuerzas armadas, como miembros plenos de la comunidad nacional. Nuestros soldados –como recientemente remarcó Santiago Kovadloff- son ciudadanos uniformados, y aunque parezca extraño tener que remarcarlo, en la Argentina tenían más derechos los prisioneros de guerra que los soldados argentinos en tiempo de paz.
Creo que el momento de esta reforma no está determinado por cuestiones políticas, sino por urgencias institucionales. La Argentina suscribió con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como parte de un proceso de solución amistosa, en dos casos que llegaron a esa instancia, el compromiso de reformar el sistema de justicia militar y adaptarlo a los estándares internacionales y regionales de derechos humanos, a lo cual estaba obligada la Argentina en virtud de los tratados de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional.
Era una deuda de la democracia. No podemos concebir cómo en el ámbito castrense siguen vigentes estructuras y normas jurídicas del siglo XVIII y XIX, porque en el fondo seguía vigente el Código Bustillo, ya que la reforma de 1951 mantenía el espíritu de aquél. No sólo los estándares jurídicos y procesales hoy son más altos, hoy requieren pasar por un examen de constitucionalidad y supralegalidad que el actual CJM no supera, sino que la estructura militar ha cambiado profundamente: hoy tenemos unas FFAA democráticas y comprometidas con el Estado de Derecho, que debe ver en sus soldados sujetos de derecho plenos, pero que además debe adaptarse a las técnicas de la guerra moderna y de las tecnologías militares actuales, que distan en demasía de las que se poseían cuando se dictó la legislación militar que estaba vigente.
Creo que la urgencia de estos temas no permite el cálculo de intereses electorales, por eso el Gobierno Argentino ha cumplido con sus compromisos cabalmente. Afirmar que el soldado argentino tiene los mismo derechos que cualquier otro ser humano, y derogar el último bastión donde la pena de muerte tenía consagración normativa, es una urgencia de la democracia y del Estado de Derecho.
Esta sanción hoy en día debe ser leído a la luz del reciente fallo de la CSJN en la causa López Ramón, donde en virtud de un recurso extraordinario, se declara la nulidad de una sentencia de la justicia militar por no adecuarse dicho pronunciamiento judicial a los estándares de derechos humanos vigentes en el país (art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional). En dicha causa se cuestionó la constitucionalidad del juzgamiento de militares –al menos en tiempos de paz- por tribunales castrenses (artículo 18 del Código de Justicia Militar) por considerar que no se satisface la exigencia de un tribunal independiente (quien juzga es una instancia administrativa designada por el Ejecutivo Nacional) ni las garantías de defensa en juicio (art. 18 CN, 8.1 y 8.2 d CADH). Los artículos 96 y 97 del CJM restringen la elección de un abogado defensor, lo que constituye un agravio en sí mismo, y una grave violación de las garantías personales. Los tribunales militares, por estar compuestos por funcionarios en dependencia jerárquica del poder ejecutivo, son inconstitucionales, pues violan abiertamente la norma que prohíbe al ejecutivo el ejercicio de funciones judiciales. Por consiguiente, los actuales tribunales militares no pueden considerarse jurisdicción en sentido constitucional ni internacional, sino que constituyen tribunales administrativos incompetentes para aplicar leyes penales.
Finalmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación, haciendo lugar al recurso extraordinario, dijo: “toda persona sometida a la jurisdicción castrense goza de los derechos fundamentales reconocidos a todos los habitantes de la Nación, de los cuales no puede ser privado (Fallos: 54:577; 310:1797), cabe entonces dotar de contenido a este principio para que tenga efectiva vigencia y no sea una mera fórmula verbal” (Voto Zaffaroni – Lorenzetti).
Rodea a todo este proceso de reforma la idea de que se reconozca jurídicamente que los integrantes de las Fuerzas Armadas de la Nación son ciudadanos con los mismos derechos que la Constitución establece para los demás ciudadanos. “Reafirmación de la condición de ciudadanos plenos de los integrantes de las Fuerzas Armadas”, según decía el proyecto del Poder Ejecutivo. Las disposiciones del Convenio de Ginebra y su comparación con el código de justicia militar demuestran que la pretendida jurisdicción militar no es ningún privilegio para los sometidos a la misma, pues cae en el escándalo de que el militar argentino en tiempo de paz tiene menos garantías que el prisionero enemigo en tiempo de guerra: el primero no tiene derecho a defensor letrado de confianza, que tiene el prisionero enemigo. Se trata de una extrema violación del derecho de defensa en juicio, o sea que, además de ser inconstitucionales los tribunales o consejos del CJM por no estar integrados por jueces independientes, lo son por desconocer el derecho de defensa.
Otro paso fundamental es la eliminación de la pena de muerte del ordenamiento jurídico militar. Tal permanencia, si bien derogada por desuetudo, mantenía latente el problema de que estando vigente dicha pena en algún resquicio del sistema positivo, no pudiera seguirse cabalmente la cláusula de abolición progresiva e irreversible que prevé la Convención Americana de Derechos Humanos. Una vez derogada la pena de muerte de TODO el ordenamiento jurídico, ya no podrá volver a implantarse en nuestro país nunca más. Este argumento que parece menor, es de una importancia cada día más creciente, ya que en este mismo escenario el actual presidente peruano, dijo que implantar la pena de muerte en el sistema penal ordinario peruano, no va en contra de la CADH porque ellos la tienen vigente en la justicia militar. Argumento a todas luces débil, pero que le permitía a Alan García acceder a los pedidos de la extrema derecha de implantar esta pena cruel y bárbara, sin –necesariamente- denunciar el sistema interamericano de derechos humanos.
El nuevo sistema deroga el Código de Justicia Militar y modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal a fin de que todos los delitos militares sean juzgados por la Justicia federal, además del rediseño completo del sistema disciplinario, asegurando su coherencia con las garantías constitucionales y los tratados internacionales de derechos humanos.
El proyecto aprobado en ambas cámaras comprende esencialmente tres ejes: 1) Un proyecto de ley sobre disciplina militar, que tipifica las faltas disciplinarias, las sanciones de aplicación conforme la gravedad de las faltas (leves, graves, gravísimas), que van del apercibimiento a la prisión rigurosa de hasta 60 días, y el procedimiento por el que se regirá el régimen disciplinario administrativo, así como los recursos contra las sanciones. 2) Un proyecto de ley de modificaciones al Código Penal de la Nación y del Código de Procedimientos en lo Penal de la Nación, donde se tipifican los delitos esencialmente militares, fijándose la pena correspondiente para el personal militar responsable, y la habilitación de la instancia cuando se trata de estos delitos, que se otorga al Jefe de Estado Mayor de la respectiva fuerza. 3) Un proyecto de ley sobre Procedimiento Penal Militar para Tiempo de Guerra y otros Conflictos Armados.
Es de gran acierto la regulación sobre la materia disciplina militar que se propone, con una clara normativa sobre cuáles son las faltas y las sanciones aplicables conforme la gravedad de la falta, y el procedimiento de aplicación con garantías para el afectado. Y es de gran importancia que en el fondo, este proyecto distinga lo que siempre distinguió la doctrina más autorizada, que dentro de lo que genéricamente suele llamarse derecho militar debe diferenciarse el derecho disciplinario y el derecho penal militar propiamente dicho.
Igual conformidad amerita la definición de los delitos típicamente militares y su incorporación al Código Penal de la Nación, como el incremento de penas, para delitos comunes, cuando cometidos por personal militar. Esta incorporación se perfecciona con las modificaciones al Código de Procedimientos en lo Penal de la Nación donde se incorpora la legitimación activa para poner en marcha el proceso judicial cuando se trata de delitos militares o que comprendan a personal militar. Debe entenderse, que la habilitación dependiente de autoridad militar no excluye las facultades del Ministerio Público para excitar el procedimiento judicial, o de los habilitados para formular denuncia respecto de todo delito cuando hayan tomado conocimiento de su comisión. Es que los delitos militares son de acción pública.
Con anterioridad al ingreso de este Proyecto al Congreso de la Nación, otro proyecto similar había sido objeto de debate parlamentario. El proyecto del Senador Giustiniani de derogación del Código de Justicia Militar, sigue el mismo espíritu del Proyecto de Ley del Ejecutivo: ordinarizar los delitos militares y dejar atrás un sistema de justicia vetusto y antigarantista. Sin embargo, a mi entender, tiene una excesiva creación de tipos penales, con una técnica legislativa perfectible, que necesitaba del estudio de las más altas autoridades en el tema. Tampoco coincidimos con Giustiniani en crear una instancia de apelación exclusiva para los delitos militares (Cámara Nacional Militar), y la creación de las secretarias militares de juzgados federales, ya que no se justifica una erogación tan significativa de gastos para la creación de instancias que no serán utilizadas, debido a que son muy pocos los casos que llegarán allí. El estado en que se encuentra la justicia federal no permitiría que se cree toda una estructura que generará muchos gastos para poco uso.
Otro de los puntos que no me convencen de este proyecto del Senador Giustiniani que está ingresado en el Senado es que no legisla sobre el Régimen disciplinario de las FFAA, sino que da lineamientos para que se legisle separadamente. Lo importante del proyecto aprobado es que tiene una coherente unidad que permite ver el conjunto del sistema judicial militar. La transición de un Código autónomo a un sistema bifurcado entre el Código Penal y el nuevo Código de Disciplina de las FFAA, evidentemente no es simple, por lo cual se necesita que todo se legisle conjuntamente, inspirados en los mismos principios y unidos por el mismo debate.
Pero finalmente quiero señalar que frente a los compromisos que el Estado Argentino había asumido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en los casos Correa Belisle y Argüelles, de impulsar la reforma INTEGRAL del sistema de administración de justicia penal en el ámbito castrense, no se podía hacer otra cosa que lo que se hizo: se creó una Comisión de Trabajo donde los propios militares, junto a los expertos en derecho militar y derecho penal militar, y los representantes de organizaciones de derechos humanos y de universidades, pudieron consensuar un texto de una perfeccionada técnica legislativa que puede decirse que es la expresión de todos los actores involucrados en el tema.
La presencia en esa Comisión de personalidades como el Prof. Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni habla de la calidad de la misma. Zaffaroni es uno de los expertos de habla hispana más destacados no sólo en derecho penal sino en derecho militar, autor de una obra junto a Cavallero sobre el tema que marcó el desarrollo de la materia. El Coronel Manuel Lozano es también uno de los expertos en derecho militar que ha prestigiado la comisión. También estuvieron en la misma, instituciones que bregan por los DDHH como el CELS, la CIPPEC, la Asociación de Mujeres Jueces de la Argentina, el INECIP, la Cruz Roja, la UBA, etc.
El virtual vacío legislativo que se había producido desde la declaración de inconstitucionalidad del CJM por el fallo citado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sumado a los compromisos suscriptos por la Argentina ante instancias supranacionales de Derechos Humanos, demandaban la urgencia de esta sanción.
Ciudad Real, España, Agosto de 2008.
(*) Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional, Universidad de Castilla – La Mancha, España
http://www.eldial.com/suplementos/co...amara=Doctrina
La Argentina avanza en materia de justicia militar
Por Matías Bailone *
Hace unos días el Senado de la Nación Argentina aprobó por sesenta votos a favor, y ninguno en contra, la derogación del vetusto Código de Justicia Militar que regía los destinos castrenses del país, y en su lugar se tipifican algunos delitos típicamente militares dentro del Código Penal ordinario, se eliminan los fueros especiales, se deroga el último reducto donde tenía consagración normativa la pena de muerte, y se sanciona una reglamentación especial disciplinar.
El Código de Justicia Militar que estaba vigente en la República Argentina (Ley 14.029 del 9 de julio de 1951) es el resultado de la obra encomendada al entonces auditor de las Fuerzas Armadas Oscar Ricardo Sacheri, que es en realidad una copia del Código Bustillo del siglo XIX, cuya estructura fundamental se mantiene, y al que solo le efectuaron retoques parciales. Según Sacheri los retoques tenían como objeto la actualización lógica que el Código Bustillo necesitaba debido a la posterior sanción del Código Penal (1921) y la nueva Constitución Nacional (1949). Entonces, es importante remarcar que el código que estaba vigente nos viene del siglo XIX (1898) con toda la carga de anacronismo estéril que nada tiene que ver con la concepción de la guerra moderna y de las fuerzas armadas democráticas de un Estado de Derecho consolidado.
Es importante señalar, además, que no se tocó el Código de Justicia Militar (CJM) desde 1951, y que la dogmática que se hizo sobre tal código fue escasa e insuficiente, en principio por motivos imputables al propio CJM: en ocasiones una misma conducta podía ser falta o delito, porque contiene tipos que convenía ubicar en el derecho penal ordinario, y todas las negaciones del debido proceso que contenía el código.
La Argentina ha finalizado en estos días el proceso parlamentario de derogación del Código de Justicia Militar vigente, y la sanción de un sistema integrado de justicia penal militar y régimen disciplinar de las Fuerzas Armadas
En la región se ensayan dos tipos de reformas a la justicia militar: o se la ordinariza, eliminando todo fuero especial y competencia exclusiva (lo que se logró ahora en Argentina), o se perfecciona y se le otorgan garantías a un proceso penal militar que sigue siendo de fuero exclusivo, pero adecuándolo a la Convención Americana de Derechos Humanos y a las normativas constitucionales. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha dejado bien claro que lo que se le obliga a los Estados miembros es a otorgar un proceso (de fuero exclusivo o no) que respete todas las garantías procesales de los estándares regionales, y que el fuero militar nunca juzgue civiles. Si eso se cumple, podríamos decir que se está cumpliendo con la normativa regional y supranacional. ¿Por qué en la Argentina, entonces, se produjo lisa y llanamente la eliminación del CJM y se ordinarizaron los delitos militares? Porque se llegó a la conclusión que el caudal de causas que llegan a la justicia militar por año es tan escaso que no justifica el mantenimiento de un fuero propio, simplemente por eso. Y además hay una decisión de política criminal muy clara, de comenzar a tratar a nuestros soldados, a nuestras fuerzas armadas, como miembros plenos de la comunidad nacional. Nuestros soldados –como recientemente remarcó Santiago Kovadloff- son ciudadanos uniformados, y aunque parezca extraño tener que remarcarlo, en la Argentina tenían más derechos los prisioneros de guerra que los soldados argentinos en tiempo de paz.
Creo que el momento de esta reforma no está determinado por cuestiones políticas, sino por urgencias institucionales. La Argentina suscribió con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como parte de un proceso de solución amistosa, en dos casos que llegaron a esa instancia, el compromiso de reformar el sistema de justicia militar y adaptarlo a los estándares internacionales y regionales de derechos humanos, a lo cual estaba obligada la Argentina en virtud de los tratados de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional.
Era una deuda de la democracia. No podemos concebir cómo en el ámbito castrense siguen vigentes estructuras y normas jurídicas del siglo XVIII y XIX, porque en el fondo seguía vigente el Código Bustillo, ya que la reforma de 1951 mantenía el espíritu de aquél. No sólo los estándares jurídicos y procesales hoy son más altos, hoy requieren pasar por un examen de constitucionalidad y supralegalidad que el actual CJM no supera, sino que la estructura militar ha cambiado profundamente: hoy tenemos unas FFAA democráticas y comprometidas con el Estado de Derecho, que debe ver en sus soldados sujetos de derecho plenos, pero que además debe adaptarse a las técnicas de la guerra moderna y de las tecnologías militares actuales, que distan en demasía de las que se poseían cuando se dictó la legislación militar que estaba vigente.
Creo que la urgencia de estos temas no permite el cálculo de intereses electorales, por eso el Gobierno Argentino ha cumplido con sus compromisos cabalmente. Afirmar que el soldado argentino tiene los mismo derechos que cualquier otro ser humano, y derogar el último bastión donde la pena de muerte tenía consagración normativa, es una urgencia de la democracia y del Estado de Derecho.
Esta sanción hoy en día debe ser leído a la luz del reciente fallo de la CSJN en la causa López Ramón, donde en virtud de un recurso extraordinario, se declara la nulidad de una sentencia de la justicia militar por no adecuarse dicho pronunciamiento judicial a los estándares de derechos humanos vigentes en el país (art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional). En dicha causa se cuestionó la constitucionalidad del juzgamiento de militares –al menos en tiempos de paz- por tribunales castrenses (artículo 18 del Código de Justicia Militar) por considerar que no se satisface la exigencia de un tribunal independiente (quien juzga es una instancia administrativa designada por el Ejecutivo Nacional) ni las garantías de defensa en juicio (art. 18 CN, 8.1 y 8.2 d CADH). Los artículos 96 y 97 del CJM restringen la elección de un abogado defensor, lo que constituye un agravio en sí mismo, y una grave violación de las garantías personales. Los tribunales militares, por estar compuestos por funcionarios en dependencia jerárquica del poder ejecutivo, son inconstitucionales, pues violan abiertamente la norma que prohíbe al ejecutivo el ejercicio de funciones judiciales. Por consiguiente, los actuales tribunales militares no pueden considerarse jurisdicción en sentido constitucional ni internacional, sino que constituyen tribunales administrativos incompetentes para aplicar leyes penales.
Finalmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación, haciendo lugar al recurso extraordinario, dijo: “toda persona sometida a la jurisdicción castrense goza de los derechos fundamentales reconocidos a todos los habitantes de la Nación, de los cuales no puede ser privado (Fallos: 54:577; 310:1797), cabe entonces dotar de contenido a este principio para que tenga efectiva vigencia y no sea una mera fórmula verbal” (Voto Zaffaroni – Lorenzetti).
Rodea a todo este proceso de reforma la idea de que se reconozca jurídicamente que los integrantes de las Fuerzas Armadas de la Nación son ciudadanos con los mismos derechos que la Constitución establece para los demás ciudadanos. “Reafirmación de la condición de ciudadanos plenos de los integrantes de las Fuerzas Armadas”, según decía el proyecto del Poder Ejecutivo. Las disposiciones del Convenio de Ginebra y su comparación con el código de justicia militar demuestran que la pretendida jurisdicción militar no es ningún privilegio para los sometidos a la misma, pues cae en el escándalo de que el militar argentino en tiempo de paz tiene menos garantías que el prisionero enemigo en tiempo de guerra: el primero no tiene derecho a defensor letrado de confianza, que tiene el prisionero enemigo. Se trata de una extrema violación del derecho de defensa en juicio, o sea que, además de ser inconstitucionales los tribunales o consejos del CJM por no estar integrados por jueces independientes, lo son por desconocer el derecho de defensa.
Otro paso fundamental es la eliminación de la pena de muerte del ordenamiento jurídico militar. Tal permanencia, si bien derogada por desuetudo, mantenía latente el problema de que estando vigente dicha pena en algún resquicio del sistema positivo, no pudiera seguirse cabalmente la cláusula de abolición progresiva e irreversible que prevé la Convención Americana de Derechos Humanos. Una vez derogada la pena de muerte de TODO el ordenamiento jurídico, ya no podrá volver a implantarse en nuestro país nunca más. Este argumento que parece menor, es de una importancia cada día más creciente, ya que en este mismo escenario el actual presidente peruano, dijo que implantar la pena de muerte en el sistema penal ordinario peruano, no va en contra de la CADH porque ellos la tienen vigente en la justicia militar. Argumento a todas luces débil, pero que le permitía a Alan García acceder a los pedidos de la extrema derecha de implantar esta pena cruel y bárbara, sin –necesariamente- denunciar el sistema interamericano de derechos humanos.
El nuevo sistema deroga el Código de Justicia Militar y modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal a fin de que todos los delitos militares sean juzgados por la Justicia federal, además del rediseño completo del sistema disciplinario, asegurando su coherencia con las garantías constitucionales y los tratados internacionales de derechos humanos.
El proyecto aprobado en ambas cámaras comprende esencialmente tres ejes: 1) Un proyecto de ley sobre disciplina militar, que tipifica las faltas disciplinarias, las sanciones de aplicación conforme la gravedad de las faltas (leves, graves, gravísimas), que van del apercibimiento a la prisión rigurosa de hasta 60 días, y el procedimiento por el que se regirá el régimen disciplinario administrativo, así como los recursos contra las sanciones. 2) Un proyecto de ley de modificaciones al Código Penal de la Nación y del Código de Procedimientos en lo Penal de la Nación, donde se tipifican los delitos esencialmente militares, fijándose la pena correspondiente para el personal militar responsable, y la habilitación de la instancia cuando se trata de estos delitos, que se otorga al Jefe de Estado Mayor de la respectiva fuerza. 3) Un proyecto de ley sobre Procedimiento Penal Militar para Tiempo de Guerra y otros Conflictos Armados.
Es de gran acierto la regulación sobre la materia disciplina militar que se propone, con una clara normativa sobre cuáles son las faltas y las sanciones aplicables conforme la gravedad de la falta, y el procedimiento de aplicación con garantías para el afectado. Y es de gran importancia que en el fondo, este proyecto distinga lo que siempre distinguió la doctrina más autorizada, que dentro de lo que genéricamente suele llamarse derecho militar debe diferenciarse el derecho disciplinario y el derecho penal militar propiamente dicho.
Igual conformidad amerita la definición de los delitos típicamente militares y su incorporación al Código Penal de la Nación, como el incremento de penas, para delitos comunes, cuando cometidos por personal militar. Esta incorporación se perfecciona con las modificaciones al Código de Procedimientos en lo Penal de la Nación donde se incorpora la legitimación activa para poner en marcha el proceso judicial cuando se trata de delitos militares o que comprendan a personal militar. Debe entenderse, que la habilitación dependiente de autoridad militar no excluye las facultades del Ministerio Público para excitar el procedimiento judicial, o de los habilitados para formular denuncia respecto de todo delito cuando hayan tomado conocimiento de su comisión. Es que los delitos militares son de acción pública.
Con anterioridad al ingreso de este Proyecto al Congreso de la Nación, otro proyecto similar había sido objeto de debate parlamentario. El proyecto del Senador Giustiniani de derogación del Código de Justicia Militar, sigue el mismo espíritu del Proyecto de Ley del Ejecutivo: ordinarizar los delitos militares y dejar atrás un sistema de justicia vetusto y antigarantista. Sin embargo, a mi entender, tiene una excesiva creación de tipos penales, con una técnica legislativa perfectible, que necesitaba del estudio de las más altas autoridades en el tema. Tampoco coincidimos con Giustiniani en crear una instancia de apelación exclusiva para los delitos militares (Cámara Nacional Militar), y la creación de las secretarias militares de juzgados federales, ya que no se justifica una erogación tan significativa de gastos para la creación de instancias que no serán utilizadas, debido a que son muy pocos los casos que llegarán allí. El estado en que se encuentra la justicia federal no permitiría que se cree toda una estructura que generará muchos gastos para poco uso.
Otro de los puntos que no me convencen de este proyecto del Senador Giustiniani que está ingresado en el Senado es que no legisla sobre el Régimen disciplinario de las FFAA, sino que da lineamientos para que se legisle separadamente. Lo importante del proyecto aprobado es que tiene una coherente unidad que permite ver el conjunto del sistema judicial militar. La transición de un Código autónomo a un sistema bifurcado entre el Código Penal y el nuevo Código de Disciplina de las FFAA, evidentemente no es simple, por lo cual se necesita que todo se legisle conjuntamente, inspirados en los mismos principios y unidos por el mismo debate.
Pero finalmente quiero señalar que frente a los compromisos que el Estado Argentino había asumido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en los casos Correa Belisle y Argüelles, de impulsar la reforma INTEGRAL del sistema de administración de justicia penal en el ámbito castrense, no se podía hacer otra cosa que lo que se hizo: se creó una Comisión de Trabajo donde los propios militares, junto a los expertos en derecho militar y derecho penal militar, y los representantes de organizaciones de derechos humanos y de universidades, pudieron consensuar un texto de una perfeccionada técnica legislativa que puede decirse que es la expresión de todos los actores involucrados en el tema.
La presencia en esa Comisión de personalidades como el Prof. Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni habla de la calidad de la misma. Zaffaroni es uno de los expertos de habla hispana más destacados no sólo en derecho penal sino en derecho militar, autor de una obra junto a Cavallero sobre el tema que marcó el desarrollo de la materia. El Coronel Manuel Lozano es también uno de los expertos en derecho militar que ha prestigiado la comisión. También estuvieron en la misma, instituciones que bregan por los DDHH como el CELS, la CIPPEC, la Asociación de Mujeres Jueces de la Argentina, el INECIP, la Cruz Roja, la UBA, etc.
El virtual vacío legislativo que se había producido desde la declaración de inconstitucionalidad del CJM por el fallo citado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sumado a los compromisos suscriptos por la Argentina ante instancias supranacionales de Derechos Humanos, demandaban la urgencia de esta sanción.
Ciudad Real, España, Agosto de 2008.
(*) Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional, Universidad de Castilla – La Mancha, España
RAB Usuario VIP
Creado: 29/08/08
Aca posteo la ley que deroga el Código de Justicia Militar y modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal de la Nación.
Ley 26.394 - JUSTICIA MILITAR - Deróganse el Código de Justicia Militar y todas las normas, resoluciones y disposiciones de carácter interno que lo reglamentan. Modifícanse el Código Penal y el Código Procesal Penal de la Nación.
Sancionada: 6/08/2008.
Promulgada: 26/08/2008.
Publicación en B.O.: 29/08/2008
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:
ARTICULO 1º - Deróganse el Código de Justicia Militar (Ley 14.029 y sus modificatorias) y todas las normas, resoluciones y disposiciones de carácter interno que lo reglamentan.
ARTICULO 2º - Apruébanse las modificaciones al Código Penal y al Código Procesal Penal de la Nación que, como anexo I, integran la presente ley.
ARTICULO 3º - Apruébase el Procedimiento Penal Militar para Tiempo de Guerra y Otros Conflictos Armados que, como anexo II, integra la presente ley.
ARTICULO 4º - Apruébanse las Instrucciones para la Población Civil en Tiempo de Guerra y Otros Conflictos Armados que, como anexo III, integran la presente ley.
ARTICULO 5º - Apruébase el Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas que, como anexo IV, integra la presente ley.
ARTICULO 6º - Apruébase la organización del Servicio de Justicia Conjunto de las Fuerzas Armadas que, como anexo V, integra la presente ley.
ARTICULO 7º - La presente ley comenzará a regir a los SEIS (6) meses de su promulgación.
Durante dicho período se llevará a cabo en las áreas pertinentes un programa de divulgación y capacitación sobre su contenido y aplicación.
ARTICULO 8º - Establécese que durante el período de SEIS (6) meses, se formará una comisión en el ámbito del Ministerio de Defensa, a fin de elaborar el pertinente proyecto de reglamentación de conformidad con las especificidades de cada fuerza.
ARTICULO 9º - Deróganse los artículos 95 y 96 de la Ley 19.101.
ARTICULO 10. - Disposiciones transitorias.
Primera: Las disposiciones de la presente ley se aplicarán a Gendarmería Nacional hasta tanto se dicte un nuevo ordenamiento legal para dicha fuerza de seguridad.
Segunda: Las disposiciones de la presente ley resultarán aplicables a todos los procesos en trámite ante el Fuero Penal Federal.
ARTICULO 11. - Comuníquese al Poder Ejecutivo.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS SEIS DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL OCHO.
- REGISTRADA BAJO EL Nº 26.394 - JULIO C. C. COBOS. - EDUARDO FELLNER. - Enrique Hidalgo. - Juan J. Canals.
ANEXO I
MODIFICACIONES AL CODIGO PENAL Y AL CODIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN
ARTICULO 1º.- Incorpórase como párrafo cuarto del artículo 77 del Código Penal el siguiente texto: Por el término militar se designa a toda persona que revista estado militar en el momento del hecho conforme la ley orgánica para el personal militar. Los funcionarios públicos civiles que integran la cadena de mando se encuentran asimilados al personal militar con relación a los delitos que cometan en su carácter de tales, cuando produzcan actos o impartan órdenes o instrucciones como integrantes de la cadena de mando si las mismas implican comisión de delito o participación en el mismo.
ARTICULO 2º.- Incorpórase como inciso 10 del artículo 80 del Código Penal el siguiente texto: A su superior militar frente a enemigo o tropa formada con armas.
ARTICULO 3º.- Sustitúyese el inciso 5 del artículo 142 bis del Código Penal por el siguiente texto: Cuando el agente sea funcionario o empleado público o pertenezca o haya pertenecido al momento de comisión del hecho a una fuerza armada, de seguridad u organismo de inteligencia del Estado.
ARTICULO 4º.- Incorpórase como artículo 209 bis del Código Penal el siguiente: En igual pena incurrirá quien en tiempo de conflicto armado incite públicamente a la sustracción al servicio militar legalmente impuesto o asumido. Si el autor fuese un militar, el máximo de la pena se elevará a diez (10) años.
ARTICULO 5º.- Incorpórase como inciso 3º del artículo 215 del Código Penal el siguiente: 3. Si perteneciere a las fuerzas armadas.
ARTICULO 6º.- Incorpórase como último párrafo del artículo 219 del Código Penal el siguiente texto: Cuando los actos precedentes fuesen cometidos por un militar, los mínimos de las penas previstas en este artículo se elevarán a tres (3) y diez (10) años respectivamente. Asimismo, los máximos de las penas previstas en este artículo se elevarán respectivamente a diez (10) y veinte (20) años.
ARTICULO 7º.- Sustitúyese el artículo 220 del Código Penal por el siguiente texto: Se impondrá prisión de seis (6) meses a dos (2) años, al que violare los tratados concluidos con naciones extranjeras, las treguas y armisticios acordados entre la República y una potencia enemiga o entre sus fuerzas beligerantes o los salvoconductos debidamente expedidos.
Si el hecho fuese cometido por un militar el mínimo de la pena se elevará a un (1) año y el máximo de la pena se elevará a cinco (5) años.
ARTICULO 8º.- Modifícase el primer párrafo del artículo 222 del Código Penal por el siguiente texto: Será reprimido con reclusión o prisión de uno (1) a seis (6) años, el que revelare secretos políticos, industriales, tecnológicos o militares concernientes a la seguridad, a los medios de defensa o a las relaciones exteriores de la Nación.
ARTICULO 9º.- Incorpórase como párrafo tercero del artículo 222 del Código Penal el siguiente texto: Si la revelación u obtención fuese cometida por un militar, en el ejercicio de sus funciones el mínimo de la pena se elevará a tres (3) años y el máximo de la pena se elevará a diez (10) años.
ARTICULO 10.- Incorpórase como artículo 238 bis del Código Penal el siguiente: El militar que pusiere manos en el superior, sin lesionarlo o causándole lesiones leves, será penado con prisión de uno (1) a tres (3) años.
Si el hecho tuviere lugar frente al enemigo o a tropa formada con armas, o si se cometiere en número de seis (6) o más, el máximo de la pena será de seis (6) años.
ARTICULO 11.- Incorpórase como artículo 238 ter del Código Penal el siguiente: El militar que resistiere o desobedeciere una orden de servicio legalmente impartida por el superior, frente al enemigo o en situación de peligro inminente de naufragio, incendio u otro estrago, será penado con prisión de uno (1) a cinco (5) años. La misma pena se impondrá si resistiere a una patrulla que proceda en cumplimiento de una consigna en zona de conflicto armado u operaciones o de catástrofe. Si en razón de la resistencia o de la desobediencia se sufrieren pérdidas militares o se impidiese o dificultase la salvación de vidas en supuesto de catástrofe el mínimo de la pena se elevará a cuatro (4) años y el máximo de la pena se elevará a doce (12) años. En cualquier caso se impondrán las penas aquí previstas siempre que no resultare un delito más severamente penado.
ARTICULO 12.- Incorpórase como artículo 240 bis del Código Penal el siguiente: El que violare las normas instrucciones a la población emitidas por la autoridad militar competente en tiempo de conflicto armado para las zonas de combate, será penado con prisión de uno (1) a cuatro (4) años si no resultare un delito más severamente penado.
ARTICULO 13.- Incorpórase como artículo 241 bis del Código Penal el siguiente: Se impondrá prisión de tres (3) a diez (10) años a los militares que:
1. Tumultuosamente peticionaren o se atribuyeren la representación de una fuerza armada.
2. Tomaren armas o hicieren uso de éstas, de naves o aeronaves o extrajeren fuerzas armadas de sus asientos naturales, contra las órdenes de sus superiores.
3. Hicieren uso del personal de la fuerza, de la nave o de la aeronave bajo su mando contra sus superiores u omitieren resistir o contener a éstas, estando en condiciones de hacerlo.
4. Será penado con prisión de uno (1) a cinco (5) años la conspiración para cometer los delitos de este artículo. No será penado por conspiración quien la denunciare en tiempo para evitar la comisión del hecho.
5. Si en razón de los hechos previstos en este artículo resultare la muerte de una o más personas, se sufrieren pérdidas militares o se impidiere o dificultare la salvación de vidas en supuesto de catástrofe, el máximo de la pena se elevará a veinticinco (25) años. En cualquier caso se impondrán las penas aquí previstas siempre que no resultare un delito más severamente penado.
ARTICULO 14.- Incorpórase como último párrafo del artículo 246 del Código Penal el siguiente texto: El militar que ejerciere o retuviere un mando sin autorización será penado con prisión de uno (1) a cuatro (4) años y, en tiempo de conflicto armado de dos (2) a seis (6) años, siempre que no resultare un delito más severamente penado.
ARTICULO 15.- Incorpórase como artículo 249 bis del Código Penal el siguiente: El militar que en sus funciones y prevalido de su autoridad, arbitrariamente perjudicare o maltratare de cualquier forma a un inferior, será penado con prisión de seis (6) meses a dos (2) años, si no resultare un delito más severamente penado.
ARTICULO 16.- Incorpórase como artículo 250 bis del Código Penal el siguiente: Será penado con prisión de cuatro (4) a diez (10) años, siempre que no resultare otro delito más severamente penado, el militar que en tiempo de conflicto armado: 1. Abandonare sus funciones de control, vigilancia, comunicaciones o la atención de los instrumentos que tuviese a su cargo para esos fines, las descuidase o se incapacitase para su cumplimiento.
2. Observare cualquier dato significativo para la defensa y no lo informase o tomase las medidas del caso.
ARTICULO 17.- Incorpórase como segundo párrafo del artículo 252 del Código Penal el siguiente: El militar que abandonare su servicio, su destino o que desertare en tiempo de conflicto armado o zona de catástrofe, será penado con prisión de uno (1) a seis (6) años. Si como consecuencia de su conducta resultare la muerte de una o más personas, se sufrieren pérdidas militares o se impidiese o dificultase la salvación de vidas en supuesto de catástrofe, el máximo de la pena se elevará a doce (12) años. En cualquier caso se impondrán las penas aquí previstas siempre que no resultare un delito con pena más grave.
ARTICULO 18.- Incorpórase como artículo 253 bis del Código Penal el siguiente: El militar que sin orden ni necesidad emprendiere una operación militar, o en sus funciones usare armas sin las formalidades y requerimientos del caso, sometiere a la población civil a restricciones arbitrarias u ordenare o ejerciere cualquier tipo de violencia innecesaria contra cualquier persona, será penado con prisión de uno (1) a cuatro (4) años si no resultare un delito más severamente penado.
ARTICULO 19.- Incorpórase como artículo 253 ter del Código Penal el siguiente: Será penado con prisión de dos (2) a ocho (8) años el militar que por imprudencia o negligencia, impericia en el arte militar o inobservancia de los reglamentos o deberes a su cargo, en el curso de conflicto armado o de asistencia o salvación en situación de catástrofe, causare o no impidiere, la muerte de una o más personas o pérdidas militares, si no resultare un delito más severamente penado.
ARTICULO 20.- Sustitúyese el primer párrafo del artículo 18 del Código Procesal Penal de la Nación por el siguiente texto: La competencia penal se ejerce por los jueces y tribunales que la Constitución Nacional y la ley instituyan, y se extenderá a todos los delitos que cometieren en su territorio, o en el alta mar a bordo de buques nacionales, cuando éstos arriben a un puerto de la Capital, o a bordo de aeronaves en el espacio aéreo y de los delitos perpetrados en el extranjero cuando sus efectos se produzcan en nuestro país o fueren ejecutados por agentes o empleados de autoridades argentinas en el desempeño de su cargo. Es improrrogable y se extiende al conocimiento de las contravenciones cometidas en la misma jurisdicción.
ARTICULO 21.- Sustitúyese el primer párrafo del artículo 19 del Código Procesal Penal de la Nación por el siguiente texto: Si a una persona se le imputare un delito de jurisdicción nacional y otro de jurisdicción federal, será juzgado primero en la jurisdicción federal. Del mismo modo se procederá en el caso de delitos conexos.
ARTICULO 22.- Sustitúyese el texto del artículo 23 del Código Procesal Penal de la Nación por el siguiente texto: La Cámara de Casación juzga de los recursos de inconstitucionalidad, casación y revisión.
ARTICULO 23.- Sustitúyese el artículo 51 del Código Procesal Penal de la Nación por el siguiente texto: Las cuestiones de jurisdicción entre tribunales nacionales, federales, o provinciales serán resueltas conforme a lo dispuesto anteriormente para las de competencia.
ARTICULO 24.- Incorpórese como artículo 184 bis del Código Procesal Penal de la Nación el siguiente texto: Cuando se tratare de delitos cometidos por personas que tuvieran estado militar y en el interior de establecimientos militares o bajo control militar, la autoridad superior militar deberá notificar a la autoridad judicial competente y tendrá las facultades y obligaciones previstas en los incisos 2º, 3º, 4º, 8º y 9º del artículo anterior hasta que se haga presente en el lugar la autoridad judicial competente.
ARTICULO 25.- Incorpórase como capítulo II bis del libro II, título I del Código Procesal Penal de la Nación el siguiente texto: Capítulo II bis: actos de las fuerzas armadas en tiempo de conflicto armado y zona de combate.
Artículo 187 bis: la autoridad militar en zona de combate podrá detener al infractor del artículo 240 bis del Código Penal sorprendido en flagrancia o al que las pruebas indican como autor o partícipe de la infracción, y lo remitirá de inmediato a disposición del juez federal competente.
Si el traslado no fuese posible o no lo fuese en condiciones de seguridad antes de los cinco (5) días corridos a partir de la detención, el comandante de la zona convocará a un juez que se hallare en la misma, y lo pondrá a su disposición.
A este efecto, el comandante preferirá un juez federal o nacional y, a falta de éstos, un juez provincial letrado. Preferirá también un juez con alguna competencia en la zona, pero si no lo hallare, bastará con que se halle en la misma aunque fuere circunstancialmente.
ARTICULO 26.- Sustitúyese el primer párrafo del artículo 250 del Código Procesal Penal de la Nación por el siguiente texto: No estarán obligados a comparecer el presidente y vicepresidente de la Nación; los gobernadores y vicegobernadores de provincias; el jefe y vicejefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los ministros y legisladores nacionales y provinciales; los miembros del Poder Judicial de la Nación y de las provincias; los ministros diplomáticos y cónsules generales; los oficiales superiores de las fuerzas armadas desde el grado de coronel o su equivalente, en actividad; los altos dignatarios de la Iglesia y los rectores de las universidades oficiales.
ANEXO II
PROCEDIMIENTO PENAL MILITAR PARA TIEMPO DE GUERRA Y OTROS CONFLICTOS ARMADOS
ARTICULO 1º.- Principio. Los delitos cometidos por militares en tiempo de guerra o en ocasión de otros conflictos armados serán investigados y juzgados según el régimen ordinario previsto para el tiempo de paz, salvo cuando las dificultades provenientes de las condiciones de la guerra o de las operaciones iniciadas sean manifiestas e insuperables y la demora en el juzgamiento pudiere ocasionar perjuicios en la eficiencia operativa o en la capacidad de combate.
ARTICULO 2º.- Tiempo de guerra. El tiempo de guerra, a los efectos de la aplicación del procedimiento previsto en esta ley, comienza con la declaración de guerra, o cuando ésta existe de hecho, o con la norma que ordena la movilización para la guerra inminente y termina cuando se ordena la cesación de hostilidades.
A los mismos efectos, se entenderá que existe conflicto armado cuando éste exista de hecho.
ARTICULO 3º.- Inicio del procedimiento. Cuando corresponda la aplicación del procedimiento especial, el oficial superior al mando de las operaciones o el oficial superior existente en la zona donde se cometió el delito, dejará constancia de la existencia de las razones de excepcionalidad que fundan la aplicación de las reglas previstas en esta ley y del perjuicio que ocasionaría la demora. La constancia será firmada por otros dos oficiales o por los militares de mayor jerarquía cuando no fuera posible la firma de los oficiales.
ARTICULO 4º.- Continuación. Toda causa penal militar iniciada y en trámite de conformidad a lo previsto en esta ley, en caso de cesar los impedimentos que justificaron la adopción del procedimiento para tiempo de guerra y otros conflictos armados, será continuada por el juez federal o tribunal que corresponda, de conformidad al procedimiento previsto para tiempo de paz, salvo que ya se hubiera dado inicio al debate.
ARTICULO 5º.- Norma aplicable. A efectos de asegurar la administración de justicia penal militar en tiempo de guerra o en ocasión de otros conflictos armados, se dará estricto cumplimiento, en cuanto sea posible, a lo previsto por el Código Procesal Penal de la Nación. Toda circunstancia que impida la estricta aplicación de la norma de mención, en particular en lo que respecta al debido ejercicio de derechos o relacionada con la imposibilidad de realización de diligencias probatorias propiciadas por las partes, deberá ser objeto de constancia escrita, mediante el labrado del acta pertinente.
ARTICULO 6º.- Consejos de guerra. Créanse, a los efectos de la administración de justicia penal en tiempo de guerra o en ocasión de otros conflictos armados, consejos de guerra especiales, los que dependerán del comandante en jefe de las fuerzas armadas, quien determinará su integración de conformidad a lo previsto por la presente ley y asignará su competencia territorial, mediante decreto, con posterioridad a la sanción de la norma que motive la movilización de las tropas.
Los consejos de guerra especiales se integrarán con oficiales superiores pertenecientes a los escalafones de justicia de las fuerzas armadas, o pertenecientes al cuerpo de comando, cuando posean título de abogado, contarán con tres (3) miembros, desempeñándose el más antiguo jerárquicamente como presidente y los restantes como vocales.
El comandante en jefe de las fuerzas armadas podrá, atendiendo a circunstancias propias de la ocasión, integrar consejos de guerra especiales con personal perteneciente a una fuerza armada determinada o, en su caso, tribunales comunes a dos (2) o tres (3) fuerzas armadas o de integración conjunta.
Las mismas reglas regirán para el nombramiento de los fiscales y los defensores letrados.
ARTICULO 7º.- Secretaría letrada. Cada consejo de guerra especial contará con un (1) secretario, también perteneciente a los escalafones de justicia de las fuerzas armadas, o al cuerpo de comando, con título de abogado, sin requisito de jerarquía, designado por el comandante en jefe de las fuerzas armadas, en igual forma y oportunidad que los integrantes de aquellos.
ARTICULO 8º.- Jueces de instrucción militar. La sustanciación de las causas penales militares será responsabilidad de los jueces de instrucción militar, los que deberán ser de la jerarquía de oficiales jefes y oficiales superiores, pertenecientes a los escalafones de justicia, o al cuerpo de comando con título de abogado, dependerán del comandante en jefe de las fuerzas armadas y serán designados en igual forma y oportunidad que los integrantes de los tribunales y restantes funcionarios.
ARTICULO 9º.- Independencia de criterio. Los integrantes de los tribunales militares, los jueces de instrucción militar, los fiscales, los defensores, como asimismo los demás involucrados, aunquesea temporalmente, en el proceso penal militar para tiempo de guerra y otros conflictos armados, poseerán absoluta independencia de criterio y su actividad sólo encontrará límites en la Constitución Nacional, en el Código Procesal Penal de la Nación, en la presente ley y demás leyes de aplicación.
No podrán recibir instrucciones de sus superiores para orientar la actividad en el caso objeto de juzgamiento o investigación.
ARTICULO 10.- Cosa juzgada. Los consejos de guerra especiales juzgarán en única instancia.
Sus decisorios, absolutorios o condenatorios, sólo adquirirán el carácter de firme y constituirán cosa juzgada definitiva, en los casos en que el fiscal o el defensor y el causante desistan, con posterioridad al restablecimiento de la circunstancia de normalidad, en forma expresa, fundada y por escrito, de los recursos pertinentes. La inexistencia de los aludidos desistimientos impide, en cualquier supuesto y sin límite de tiempo, que la sentencia quede firme. No obstante, la absolución quedará firme en todo caso, si luego de dos (2) años de finalizada formalmente la situación de guerra o conflicto armado, no se propusiere su revisión.
ARTICULO 11.- Recursos. Por ante los jueces de instrucción militar sólo procederá la interposición de los recursos de reposición y apelación. En caso de interposición de recurso de apelación, obrará como alzada el consejo de guerra especial de que se trate. Por ante los consejos de guerra especiales sólo procederá la interposición del recurso de reposición. Las restantes herramientas recursivas previstas por el Código Procesal Penal de la Nación, se encontrarán disponibles, para las partes, a partir del restablecimiento de las circunstancias de normalidad.
ARTICULO 12.- Términos. La totalidad de los términos previstos por el Código Procesal Penal de la Nación, podrán ser abreviados si existiere conformidad entre el juez de instrucción militar y las partes, o entre el presidente del tribunal y las partes, debiéndose, en todos los casos, labrar el acta pertinente que así lo certifique.
ANEXO III
INSTRUCCIONES A LA POBLACION CIVIL PARA TIEMPO DE GUERRA Y OTROS CONFLICTOS ARMADOS
ARTICULO 1º.- En ocasión de conflictos armados, en las zonas de operaciones y/o de combate, podrán dictarse normas instrucciones destinadas a proveer a la seguridad de las tropas, materiales e infraestructura al éxito de las operaciones y, en su caso, a establecer la policía en dichas zonas.
ARTICULO 2º.- Las normas instrucciones podrán ser emitidas:
1. Por los comandantes destacados en las zonas de operaciones y de combate.
2. Por las máximas instancias jerárquicas militares, de destacamentos o unidades de cualquiera de las fuerzas armadas, cuando actúen independientemente o se hallen incomunicados.
ARTICULO 3º.- Las normas instrucciones obligan con fuerza de ley a todas las personas que se encuentren en las zonas de operaciones y/o combate según determine la norma. No se impondrán obligaciones innecesarias o que lesionen la intimidad o los deberes de conciencia.
ARTICULO 4º.- Las normas instrucciones serán publicadas mediante la orden del día para conocimiento del personal militar, en los periódicos y en carteles que serán fijados en los sitios públicos, o por cualquier otro medio, para conocimiento de personas sin estado militar.
ARTICULO 5º.- Las normas instrucciones rigen desde la fecha que en las mismas se establezca.
En caso de no establecerse fecha, regirán desde su publicación.
La autoridad militar que emita las normas instrucciones deberá informar a la superioridad los alcances y los motivos que conminaron a su emisión, en la primera oportunidad.
ARTICULO 6º.- Toda determinación relacionada con los procedimientos a ser adoptados no podrá alterar lo previsto en el procedimiento penal militar para tiempo de guerra y otros conflictos armados.
ANEXO IV
CODIGO DE DISCIPLINA DE LAS FUERZAS ARMADAS
TITULO I Disposiciones generales. Alcance y finalidad de la disciplina militar
ARTICULO 1º.- Deber. La disciplina militar es un instrumento al servicio exclusivo del cumplimiento eficiente de las funciones, tareas y objetivos que la Constitución Nacional, las leyes dictadas en su consecuencia, y las órdenes de su comandante en jefe, le encomiendan a todo el personal militar de las fuerzas armadas.
Todo militar debe ajustar su conducta al cumplimiento estricto de la Constitución Nacional y las demás leyes de la República, así como la observancia cabal de las leyes y reglamentos militares, el respeto a las órdenes del mando, la subordinación al régimen jerárquico y el cumplimiento de todas las obligaciones que surgen del estado militar.
ARTICULO 2º.- Principios. El mantenimiento de la disciplina militar se rige por los principios siguientes:
1. Quien ejerza el comando es responsable del cumplimiento de las tareas y objetivos encomendados, sin perjuicio de las acciones disciplinarias que deba ejercer para asegurar el logro de los objetivos. Las sanciones a sus subordinados no lo eximen de la obligación de procurar el éxito de sus tareas.
2. La acción disciplinaria debe procurar restablecer de inmediato la eficiencia en el servicio, sin perjuicio de sus efectos sobre el estado general y permanente de subordinación y obediencia.
3. La sanción debe ser considerada como un instrumento de respaldo en el mantenimiento de la disciplina y no su herramienta principal.
4. La acción disciplinaria y sus efectos son independientes de cualquier otra responsabilidad militar, civil, penal o administrativa que corresponda por los mismos hechos.
5. No se podrá sancionar dos veces la misma falta disciplinaria, sin perjuicio del agravamiento inmediato de las sanciones impuestas por un inferior.
6. Toda sanción será proporcionada, con la falta cometida y con los efectos directos que esa falta produce en el cumplimiento de las tareas.
7. Las sanciones deberán ser impuestas por quien tiene el comando, pero podrán ser también impuestas, modificadas, agravadas, anuladas o perdonadas por el superior jerárquico, conforme el artículo 6º.
8. Las sanciones privativas de libertad superiores a cinco (5) días sólo podrán ser impuestas por un Consejo de Disciplina, salvo que el infractor acepte expresamente la imposición directa, y no se trate de la sanción de destitución o un arresto superior a treinta (30) días.
9. El ejercicio de las acciones disciplinarias no deberá ser arbitrario. En todo caso se explicará al infractor el fundamento de las sanciones.
ARTICULO 3º.- Ambito de aplicación. Están sujetos a la disciplina militar:
1. El personal militar en actividad.
2. El personal militar retirado cuando se encuentre afectado al servicio o en tanto sus acciones afecten al estado general de disciplina o impliquen incumplimiento de las obligaciones propias del estado militar.
3. Los soldados incorporados en forma temporal o permanente o cualquier otro personal que cumpla funciones equivalentes.
4. Los alumnos de los institutos de reclutamiento militar. Sin embargo, las infracciones de carácter académico serán sancionadas según el reglamento de cada institución.
ARTICULO 4º.- Prohibiciones. En el ejercicio de las acciones disciplinarias se prohíbe: 1. Utilizar el poder disciplinario para ordenar o fomentar tareas o acciones ajenas a las funciones militares.
2. Sancionar ideas o creencias políticas, religiosas o morales.
3. Afectar la dignidad personal, provocar burlas o humillaciones, socavar deliberadamente la autoestima o debilitar el espíritu de cuerpo y trabajo en equipo.
4. Promover toda forma de discriminación, según lo establecido en las leyes respectivas.
5. Realizar campañas de hostigamiento personal o grupal o promover el odio y el resentimiento entre grupos o unidades.
6. Debilitar las capacidades personales y grupales que permiten el cumplimento eficiente de las tareas asignadas.
7. Promover el descrédito de los inferiores o el debilitamiento del orden jerárquico.
8. Omitir la sanción de faltas, que si bien no producen un efecto inmediato, debilitan el estado general de disciplina, salvo razones expresas de eficiencia en el servicio.
9. La aplicación de sanciones con rigor excesivo, formalismo o sin ninguna utilidad para el cumplimiento de las tareas o del estado de disciplina.
10. Eximir de un modo permanente a una persona o un grupo de la acción disciplinaria de sus superiores directos.
ARTICULO 5º.- Extinción de la acción disciplinaria. La acción por faltas disciplinarias se extingue:
1. Por el transcurso de tres (3) meses, en el caso de faltas leves.
2. Por el transcurso de un (1) año, en el caso de faltas graves.
3. Por el transcurso de tres (3) años, en el caso de faltas gravísimas.
4. Por el fallecimiento del infractor.
Los plazos comenzarán a correr desde la comisión de la falta o, en su caso, desde que se tenga la primera noticia de su comisión.
El plazo de prescripción se suspende durante el procedimiento disciplinario y se interrumpirá si el infractor se fuga o realiza acciones positivas de ocultamiento de su falta. Los plazos a los que se refiere la presente norma se computarán en días corridos.
ARTICULO 6º.- Potestad disciplinaria. La potestad disciplinaria respecto a sus subordinados le corresponde a quien tenga el comando, salvo la competencia exclusiva de los consejos de disciplina.
Los superiores jerárquicos podrán ordenar la aplicación de sanciones a quien tenga el comando.
Cuando existan razones fundadas en el mantenimiento del estado general de disciplina, podrán sancionar directamente.
Estas limitaciones no rigen para el comandante en jefe de las fuerzas armadas, el ministro de Defensa, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las fuerzas armadas y los jefes de los estados mayores generales de cada fuerza armada.
La potestad disciplinaria en el cumplimiento de operaciones conjuntas o combinadas con fuerzas armadas de otros países o en misiones internacionales se determinará exclusivamente por los acuerdos específicos y, subsidiariamente, de conformidad a la presente ley.
ARTICULO 7º.- Control. Los superiores jerárquicos controlarán el mérito, la conveniencia y la legalidad de la aplicación de sanciones según los mecanismos previstos en la presente ley.
Las sanciones disciplinarias por faltas gravísimas serán susceptibles de control judicial integral ante la jurisdicción contencioso administrativa federal y según los procedimientos vigentes en dichos tribunales.
También será susceptible de control judicial la aplicación de sanciones por faltas leves y graves, cuando se alegue expresamente la violación de las prohibiciones establecidas en el artículo 4º de esta ley.
No obstante el régimen de control sobre casos particulares, la Auditoría General de las fuerzas armadas deberá evaluar el funcionamiento general del régimen disciplinario en relación al cumplimiento de sus finalidades. El titular de dicha instancia de contralor presentará, anualmente, un informe con sus conclusiones ante el comandante en jefe de las fuerzas armadas y el ministro de Defensa. ARTICULO 8º.- Autonomía disciplinaria. La acción y la sanción disciplinaria son independientes de la acción penal y de la pena impuesta por los jueces. Las sanciones disciplinarias por faltas que también pudieran constituir un delito podrán aplicarse con independencia del desarrollo del proceso penal.
Sin embargo, la absolución en sede penal fundada en la inexistencia del hecho o la falta de participación del imputado en él, provocará la inmediata anulación de las sanciones disciplinarias impuestas por esos hechos.
TITULO II Faltas disciplinarias
CAPITULO I
Faltas leves
ARTICULO 9º.- Faltas leves. Se consideran faltas leves todos los actos u omisiones que, vulnerando los deberes militares, conlleven un menoscabo a la disciplina militar que ponga en peligro el cumplimiento eficiente de las funciones, tareas y objetivos de las fuerzas armadas, siempre que no constituyan una infracción más grave.
Son faltas leves:
1. El militar que no guardare en todo lugar y circunstancia una actitud correcta en el uso del uniforme y en su presentación personal.
2. El militar que participare en juegos de azar o de destreza en dependencias militares en tanto no constituya un mero pasatiempo o recreo.
3. El militar que efectuare actos de descortesía y falta de respeto en el trato con otro militar.
4. El militar que tratare en forma irrespetuosa a civiles durante el desarrollo de actividades del servicio.
5. El militar que se encontrare en dependencias militares o cumpliendo sus tareas bajo los efectos de sustancias estimulantes o estupefacientes o en estado de embriaguez, siempre que no constituya una falta más grave.
6. El militar que ejerciere el comercio en dependencias militares sin autorización.
7. El militar que realizare actividades privadas sin autorización cuando reglamentariamente corresponda.
8. El militar que efectuare publicaciones o declaraciones por cualquier medio relacionadas con el servicio, sin estar autorizado.
9. El militar que se encubriere en el anónimo para efectuar críticas a otro militar.
10. El militar que no cumpliere una orden general o consigna.
11. El militar que no cumpliere deliberadamente o por culpa las tareas asignadas de un modo general o en su rutina de servicio.
12. El militar que por culpa incumpliere una orden directa.
13. El militar que concurriere tarde al servicio.
14. El militar que faltare a la verdad en el cumplimiento de sus tareas.
15. El militar que no informare o no comunicare determinado hecho cuando se encuentra obligado a hacerlo.
16. El militar que no conservare debidamente la propiedad del Estado.
17. El militar que no guardare la diligencia exigible respecto al uso y control del armamento, material o equipo.
18. El militar que no guardare la diligencia exigible sobre el empleo de los medios y recursos informáticos y telefónicos.
19. El militar que encubriere al autor de una falta leve o grave.
20. El militar que promoviere o participare en alteraciones del orden en dependencias militares.
21. El militar que no informare o diere información falsa al superior de toda modificación a su estado civil o integración de su grupo familiar.
22. El militar que deliberadamente formulare reclamaciones, peticiones o manifestaciones basadas en aseveraciones falsas.
23. El militar que participare en actividades proselitistas de partidos políticos o sindicatos utilizando el uniforme o en su carácter de militar.
24. El militar que se quejare injustificadamente del servicio.
CAPITULO II
Faltas graves
ARTICULO 10.- Tipos de faltas graves. Las siguientes conductas se considerarán faltas graves:
1. El militar que expresare públicamente cualquier consideración que pudiera menoscabar la disciplina o infundir el desaliento a otros militares.
2. El militar que no adoptare las medidas preventivas o correctivas conducentes al mantenimiento de la disciplina.
3. El militar que efectuare manifestaciones de trascendencia pública que impliquen un cuestionamiento de planes, directivas u órdenes impartidas por cualquier nivel de comando de las fuerzas armadas, de actividades propias del servicio o del desempeño de los funcionarios del gobierno.
4. El militar que provocare una falsa alarma o difundiere noticias alarmistas en la tropa.
5. El militar que no conservare debidamente la propiedad del Estado causando perjuicio al servicio.
6. El militar que no provea debidamente a las tropas de los elementos de guerra y abastecimientos necesarios.
7. El militar que realizare actos o manifestaciones que de alguna forma discriminen a cierto grupo de personas.
8. El militar que realizare actos o manifestaciones que agravien o injurien a otro militar.
9. El militar que efectuare un requerimiento de carácter sexual, para sí o para un tercero, bajo la amenaza de causar a la víctima un daño relacionado con el servicio o su carrera.
10. El militar que no resolviese un recurso, o que lo hiciere con dilaciones indebidas.
11. El militar que no tramitare una solicitud, o que lo hiciere con dilaciones indebidas.
12. El militar en actividad que patrocinare o representare a terceras personas en acciones judiciales o administrativas contra el Estado nacional.
13. El militar que quebrantare la aplicación de una sanción disciplinaria o una medida preventiva o facilitare su incumplimiento.
14. El militar que no cumpliere las disposiciones vigentes referentes a la preparación, instrucción y adiestramiento de las fuerzas o personal subordinado.
15. El militar que promoviere o participare en alteraciones del orden en dependencias militares cuando cause daño o perjuicio al servicio.
16. El militar que deliberadamente o con culpa destruyere, inutilizare, dañare, hiciere desaparecer o enajenare un bien propiedad del Estado.
17. El militar que condujere o piloteare cualquier aeronave, embarcación o vehículo u operare material técnico de dotación sin poseer licencia o autorización legal.
18. El militar que demorare injustificadamente el pago al personal o a los servicios contratados cuando tenga fondos expeditos.
19. El militar que permitiere la revelación de un secreto por negligencia.
20. El militar que no ocupare su puesto con prontitud en caso de alarma o zafarrancho.
21. El militar que encubriere al autor de una falta gravísima.
22. El militar que reincidiese por tercera vez en la misma falta leve.
También constituirán faltas graves todos los actos u omisiones análogos que, vulnerando los deberes militares, conlleven un grave menoscabo a la disciplina militar dificultando el cumplimiento eficiente de las funciones, tareas y objetivos de las fuerzas armadas. Asimismo podrán ser consideradas graves las faltas leves previstas en el artículo anterior, cuando, por las especiales circunstancias del caso, produzcan los efectos graves consignados en este artículo.
ARTICULO 11.- Faltas graves en operaciones militares. Se considerarán faltas graves, cometidas en operaciones militares de mantenimiento de la paz o durante la participación en ejercicios combinados o conjuntos; a las siguientes conductas:
1. El militar que no guardare en el exterior en todo momento, una adecuada actitud de respeto en el trato con los nacionales, el personal militar, civil, de las Naciones Unidas u otro organismo de carácter internacional, al igual que con sus símbolos.
2. El militar que tomare parte en reuniones de carácter político del país de la misión.
3. El militar que no guardare el debido respeto con las autoridades, símbolos nacionales y costumbres del país receptor.
4. Toda conducta que signifique un incumplimiento de los acuerdos internacionales relativos al establecimiento de las operaciones militares de mantenimiento de la paz o la participación en ejercicios combinados o conjuntos.
CAPITULO III
Faltas gravísimas
ARTICULO 12.- Legalidad. Sólo constituyen faltas gravísimas las establecidas en esta ley, las que serán interpretadas restrictivamente.
ARTICULO 13.- Tipos de faltas gravísimas. Constituyen faltas gravísimas sólo las siguientes:
1. Agresión. El militar que agrediere o le causare lesiones o la muerte a otro militar, superior o inferior en la jerarquía.
2. Coacción al superior. El militar que con violencia física o intimidación obligare a un superior a ejecutar u omitir alguna tarea u obligación propia de su estado.
3. Agravio al superior. El militar que en presencia de otros militares o del enemigo amenazare o agraviare al superior.
4. Insubordinación. El militar que hiciere resistencia ostensible o expresamente rehusare obediencia a una orden del servicio que le fuere impartida por un superior.
5. Desobediencia. El militar que, sin rehusar obediencia de modo ostensible o expreso, deja de cumplir, sin causa justificada, una orden del servicio, siempre que hubiese causado daño o perturbación en el servicio.
6. Motín. Los militares que en número superior a cuatro reclamen o peticionen tumultuosamente al superior, desconozcan el mando, agredieren o coaccionen a otros militares o provoquen daños, o desórdenes que afecten el cumplimiento de las tareas o funciones militares.
7. Instigación al motín. El militar que instigue, proponga o de cualquier modo incite provocar un motín. 8. Instigación a la desobediencia. El militar que de cualquier modo proponga a otro el incumplimiento de una orden directa o desarrolle actividades encaminadas a debilitar el estado de disciplina o provocar descontento por las obligaciones propias del estado militar.
9. Abuso de autoridad. El superior que abusando de sus facultades de mando o de su cargo obligare a otro militar a realizar actos ajenos a la actividad militar o le impida arbitrariamente el ejercicio de un derecho o el cumplimiento de una obligación.
10. Usurpación de mando. El militar que indebidamente asuma o retenga el mando o se arrogue funciones de un superior.
11. Ordenes ilegales. El militar que ordene la realización de actos contrarios a la Constitución Nacional, las leyes o los reglamentos militares.
12. Arriesgar la tropa. El militar que sin autorización o sin una necesidad evidente inicie o emprenda una acción de guerra o arriesgue la integridad física de sus subordinados o ponga en peligro las operaciones o la integridad física de otros militares.
13. Abandono del servicio. El militar que sin necesidad evidente o autorización expresa abandone el servicio o la realización de las tareas encomendadas.
14. Abandono de destino. Cometen abandono de destino los oficiales que: a) Faltaren tres (3) días continuos del lugar de su destino o residencia, sin autorización; b) No se presentaren al superior de quien dependan, cuarenta y ocho (48) horas después de vencida su licencia temporal.
15. Deserción. Cometen deserción los suboficiales y soldados que: a) Faltaren de la unidad de su destino o lugar fijado por la superioridad como de su residencia, por más de cinco (5) días consecutivos, los que se considerarán transcurridos pasadas cinco (5) noches, desde que se produjo la ausencia; b) Abandonaren el destino o lugar fijado por la superioridad para su residencia, con intención de no reincorporarse ni regresar y omitieren recabar las autorizaciones o pedir su baja.
16. Negligencia en el servicio. El militar que en tiempo de guerra o durante operaciones militares, perdiere la unidad militar a sus órdenes, provocare daños a la tropa o al equipamiento, restringiere el cumplimiento de las tareas u objetivos encomendados o desaprovechare la ocasión oportuna para llevarlos a cabo, por no tomar las medidas preventivas necesarias, no solicitar con debida antelación el auxilio requerido o actuar con negligencia o imprudencia notoria y grave.
17. Omisión de auxilio. El militar que en tiempo de guerra o durante operaciones militares omitiere prestar el auxilio requerido por otro militar pudiendo realizarlo sin perjuicio para sus propias tareas.
18. Ausencia de voluntad de combate. El militar que en tiempo de guerra o durante operaciones militares entregare las tropas, se rinda, debilitare la resistencia, admitiere la derrota o abandonare la persecución teniendo a su disposición los medios y las posibilidades de cumplir eficazmente con las tareas encomendadas.
19. Autolesión. El militar que se causare a sí mismo lesiones o de cualquier otro modo se indispusiere o simulare una enfermedad o indisposición, con el fin de evadir el cumplimiento de sus obligaciones militares.
20. Actos de cobardía. El militar que en tiempos de guerra o durante operaciones militares huyere sin razón ante el enemigo o hiciere demostraciones pública de pánico o cobardía, o propalare entre la tropa falsas alarmas, introdujere confusión o realizare cualquier otro acto que afecte gravemente a la voluntad de combate.
21. Rendición indecorosa. El militar que en tiempo de guerra o durante operaciones militares en una capitulación asegurare para sí o para un grupo en particular privilegios o ventajas especiales, entregare voluntariamente documentación o información que ponga en peligro a otros militares o lograre la libertad a cambio del abandono o deserción.
22. Infidelidad en el servicio. El militar que revelare una orden reservada o secreta o cualquier otra información que pueda poner en peligro a otros militares o hiciere peligrar el éxito de las tareas encomendadas a él o a otros militares.
23. Comisión de un delito. El militar que con motivo o en ocasión de sus funciones militares, o dentro de un establecimiento militar o en lugares asignados al cumplimiento de tareas militares, cometiere un hecho que pudiera constituir un delito previsto en el Código Penal o en leyes especiales cuya pena máxima sea superior a un (1) año.
24. Abuso del poder disciplinario. El militar que en el ejercicio de su poder disciplinario violare las prohibiciones establecidas en el artículo 4º de este anexo.
25. Negocios incompatibles. El militar que prestare servicios, se asociare, dirigiere, administrare, asesorare, patrocinare o representare a personas físicas o jurídicas que sean proveedores o contratistas de las fuerzas armadas hasta dos (2) años inclusive después de haber pasado a retiro.
26. Acoso sexual del superior. El militar que, prevaliéndose de una situación de superioridad, efectuare un requerimiento de carácter sexual, para sí o para un tercero, bajo la amenaza de causar a la víctima un daño relacionado con el servicio o su carrera.
TITULO III Sanciones disciplinarias
CAPITULO I
Sanciones disciplinarias
ARTICULO 14.- Unicas sanciones. De acuerdo a la gravedad de la falta, sólo podrá imponerse alguna de las siguientes sanciones disciplinarias: 1. Apercibimiento.
2. Arresto simple.
3. Arresto riguroso.
4. Destitución.
No existirán sanciones no previstas en este código, ni se dejará constancia en los legajos de reprensiones informales.
ARTICULO 15.- Apercibimiento. El apercibimiento es la reprobación formal y expresa que, por escrito, dirige el superior al subordinado, sobre su conducta o proceder, de la cual debe dejarse constancia en el legajo personal del causante.
ARTICULO 16.- Arresto. Conforme a la gravedad de la falta, el arresto podrá ser simple o riguroso y consistirá en restricciones a la libertad del sancionado entre uno (1) y sesenta (60) días.
ARTICULO 17.- Arresto simple. El arresto simple implicará la permanencia del causante por el tiempo que dure su arresto en domicilio particular, buque o unidad que se indique. El sancionado participará en las actividades de la unidad que su jefe determine, permaneciendo en los lugares señalados el resto del tiempo.
ARTICULO 18.- Arresto riguroso. El arresto riguroso significará el internamiento del causante en el buque o unidad que se determine. El militar sancionado no participará en las actividades de la unidad durante el tiempo que dure el arresto, con relevo del mando y del servicio pertinente.
ARTICULO 19.- Destitución. La destitución consiste en: 1. La pérdida definitiva del grado.
2. La baja de las fuerzas armadas.
3. La imposibilidad de readquirir estado militar sino en cumplimiento de las obligaciones del servicio militar que, como ciudadano, le correspondan.
ARTICULO 20.- Del cumplimiento de las sanciones. Las sanciones disciplinarias serán inmediatamente ejecutivas y comenzarán a cumplirse el mismo día en que se notifique al infractor la resolución por la que se le imponen.
CAPITULO II
Determinación de las sanciones
ARTICULO 21.- Sanción leve. Las faltas leves o graves podrán ser sancionadas con apercibimiento, arresto simple o riguroso hasta cinco (5) días.
ARTICULO 22.- Sanción grave. Las faltas graves podrán ser sancionadas con arresto simple o riguroso hasta sesenta (60) días.
ARTICULO 23.- Sanciones gravísimas. Las faltas gravísimas serán sancionadas con destitución.
No obstante, cuando existan circunstancias extraordinarias de atenuación, el Consejo de Disciplina podrá recomendar al jefe del Estado Mayor General respectivo que se aplique una sanción menor.
ARTICULO 24.- Criterios de valoración. La sanción disciplinaria se determinará de acuerdo a las circunstancias atenuantes o agravantes particulares presentes en cada caso.
Se tendrá en cuenta la acción y los medios empleados para ejecutarla, la calidad de los motivos que influyeron, la extensión del daño o peligro causados, la conducta precedente del sujeto, la participación que haya tenido en la falta; las reincidencias en que hubiera incurrido y las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión.
CAPITULO III
Agravantes generales
ARTICULO 25.- Agravantes genéricas. Se considerarán agravantes, en especial, las siguientes circunstancias:
1. Cometer la falta en acto del servicio de armas.
2. Cometer la falta formando parte de misiones de paz o comisión en el extranjero.
3. Cometer la falta en presencia de tropa formada o de público.
4. Cometer la falta frente a tropas enemigas.
5. Cometer la falta en grupo de más de dos (2) personas.
6. Cometer la falta en presencia de subalternos.
7. Cometer la falta mientras se desempeña jefatura o mando independiente.
8. La jerarquía o cargo ejercido por el militar que comete la falta.
9. Cometer la falta utilizando armas en forma indebida.
10. Cometer la falta a bordo de nave, de aeronave o de máquina de guerra, en la guardia o depósito de armas, municiones o inflamables; en la custodia de detenido o preso, o en circunstancias de peligro.
11. Cometer la falta afectando a civiles o a prisioneros de guerra.
ARTICULO 26.- Se considerará reincidente cuando tras recibir una sanción disciplinaria, el militar cometiera una nueva falta similar en el lapso de seis (6) meses si es leve, de un (1) año si es grave y de tres (3) años si es gravísima.
CAPITULO IV Atenuantes generales
ARTICULO 27.- Atenuantes genéricas. Se considerarán atenuantes las siguientes circunstancias:
1. Cometer la falta motivado en sentimientos de elevado valor moral o social o en una razonable objeción de conciencia.
2. Presentarse a la autoridad y confesar espontáneamente la comisión de la falta cuando ella o su autor era ignorado o cuando su autoría le era atribuida a otro. 3. Realizar una acción heroica después de haber cometido la falta que repare o impida sus efectos.
4. Impedir o reparar espontáneamente las consecuencias dañosas peligrosas de la falta.
5. Cuando resulta innecesaria y desproporcionada la aplicación de una sanción disciplinaria porque la falta cometida ya ha provocado un daño físico o moral grave al infractor.
6. Cuando la escasa antigüedad del infractor le hubiera impedido comprender el significado de sus actos.
7. Cuando la falta cometida provoca una afectación insignificante a la disciplina militar.
8. Cuando la intervención en la falta cometida por otro resulta de escasa relevancia.
CAPITULO V
Eximentes de responsabilidad disciplinaria
ARTICULO. 28.- Eximentes genéricos. La presencia de una eximente de responsabilidad disciplinaria determinará que no se podrá sancionar disciplinariamente al militar imputado. Las eximentes de responsabilidad disciplinarias aplicables son las siguientes: 1. Cometer la falta por insuficiencia o alteraciones de sus facultades o por encontrarse en un estado de inconsciencia no provocado deliberada o culposamente.
2. Cometer la falta por la existencia de órdenes manifiestamente confusas o contradictorias.
3. Cometer la falta violentado por fuerza física irresistible o por una coacción que no le fuere exigible resistir.
4. Cometer la falta, actuando en legítima defensa o estado de necesidad, siempre que exista proporción entre el daño causado y el bien defendido.
5. Cuando la infracción se hubiere cometido por una orden directa del superior, salvo que la orden fuese manifiestamente ilegal.
TITULO IV Procedimiento en materia de faltas
CAPITULO I
Reglas generales
ARTICULO 29.- Aplicación directa de sanciones leves. Las sanciones disciplinarias por faltas leves y faltas graves que no impliquen una sanción superior a los cinco (5) días de arresto serán impuestas mediante aplicación directa e inmediata por quienes, conforme lo establecido en la presente ley, ostenten potestad disciplinaria.
Quien castigue la falta dejará constancia en el Libro Registro de Novedades de la sanción impuesta, del tipo de infracción con expresa mención de la causa, del lugar y la hora de su comisión, de la identificación del infractor, de la forma de cumplimiento, de la forma de notificación al infractor y de sus observaciones o quejas. Si se tratare de la sanción disciplinaria de arresto, en igual oportunidad, elevará un informe escrito a su superior jerárquico.
Toda sanción es revisable a petición del infractor, formulada por escrito, por ante el superior jerárquico de la autoridad que impuso el correctivo, en el término de cinco (5) días corridos, a partir de su imposición.
También podrá ser revisada de oficio hasta dentro de los diez (10) días de cesado su cumplimiento.
La ratificación, revisión, modificación o anulación de la sanción será definitiva y se registrará de igual modo al previsto en el párrafo segundo del presente artículo.
ARTICULO 30.- Aplicación mediante información disciplinaria de sanciones graves. Cuando se trate de faltas que puedan acarrear una sanción grave, previo a su aplicación, quien tenga el comando o el superior jerárquico según lo previsto en la presente ley, confeccionará una información disciplinaria en la que consten todas las circunstancias necesarias para el mejor conocimiento y juzgamiento de la falta y las recomendaciones sobre la decisión que se debe tomar. El superior oirá al infractor y decidirá lo que corresponda.
Se podrá utilizar cualquier forma de registro, siempre que se garantice su inalterabilidad y seguridad.
Si el caso reviste alguna complejidad o la realización de las investigaciones es incompatible con el desarrollo de las tareas militares, quien tenga el comando o el superior jerárquico según lo previsto en la presente ley solicitará a su superior jerárquico que se designe a un oficial auditor instructor para realizar el informe.
Finalizada la investigación, el oficial auditor instructor confeccionará un informe con las conclusiones de la investigación y las recomendaciones consecuentes. La investigación no podrá superar el plazo de sesenta (60) días.
Si el infractor acepta las conclusiones del informe, quien tenga el comando o el superior jerárquico según lo previsto en la presente ley aplicará la sanción conforme lo establecido en el artículo anterior.
Si no las acepta, total o parcialmente, el auditor elevará las actuaciones al superior que corresponda.
El superior oirá al infractor y podrá aplicar la sanción directamente o convocar al Consejo General de Disciplina, según la gravedad o complejidad de la falta.
La aceptación o el rechazo de las conclusiones del informe por parte del infractor deberá hacerse en un plazo máximo de 5 días a partir de su notificación.
Excepcionalmente, podrá solicitar una prórroga por un período igual, cuando las circunstancias del caso en que se funda la solicitud así lo justifiquen.
La sanción impuesta por el procedimiento previsto en este artículo puede ser apelada ante al Consejo de Disciplina General, cuya resolución será definitiva.
ARTICULO 31.- Procedimiento para faltas gravísimas. Cuando se trate de faltas gravísimas, quien tenga el comando al momento de la comisión de la falta o en ocasión de surgir la novedad, informará sobre su comisión a su superior jerárquico.
Este convocará al infractor y si existen sospechas fundadas de la comisión de la falta disciplinaria, informará pormenorizadamente y pondrá de inmediato al causante a disposición de la instancia superior que cuente con oficial auditor adscrito.
Si fuere indispensable podrá ordenar su aprehensión hasta su presentación ante quien ejerza la jefatura de unidad, subunidad independiente, organismo y demás dependencias.
El oficial auditor adscrito propondrá por escrito la desestimación de la denuncia o solicitará la designación de un oficial auditor instructor quien investigará el caso y, en un plazo máximo de seis (6) meses, efectuará el informe pertinente solicitando la desestimación de la denuncia o el juzgamiento por el Consejo de Disciplina. Si se constata que la falta no es gravísima sino de otra entidad recomendará la aplicación del trámite pertinente.
Durante la investigación se garantizará el derecho de defensa del infractor quien podrá nombrar a un militar asesor de su confianza. Si así lo prefiere, podrá nombrar un abogado.
El infractor será suspendido de inmediato del servicio y por resolución fundada del oficial auditor instructor se podrá aplicar preventivamente el arresto riguroso cuando existan razones de gravedad que afecten la eficiencia del servicio o el estado general de disciplina y siempre que hubiera circunstancias de aislamiento o imposibilidad de contacto inmediato para ordenar su salida del lugar en que se encuentre. Esta decisión es impugnable conforme lo previsto en el artículo siguiente. Mientras dure el procedimiento disciplinario el infractor dependerá, administrativamente, del responsable del área de personal de la instancia a la que pertenezca el Consejo de Disciplina a intervenir.
Concluida la instrucción y recibidas las actuaciones, el Consejo de Disciplina fijará día y hora para una audiencia oral dentro de los treinta (30) días.
Las audiencias serán públicas para el personal militar. El procedimiento se regirá por las siguientes reglas: a) Se citará al oficial auditor instructor con intervención en el caso para que sostenga en la audiencia la petición de la sanción; b) Se designará, de una lista conformada anualmente al efecto e integrada por oficiales auditores, un defensor para el infractor, salvo que prefiera defenderse por sí mismo o por personal militar de su confianza, siempre que ello, a criterio del Consejo de Disciplina, no implique dilaciones indebidas.
Si lo prefiere, podrá designar un abogado. El abogado contará con un plazo máximo de 10 días para tomar conocimiento de las actuaciones; c) El oficial auditor instructor tendrá la carga de presentar la prueba que servirá de base a su petición. El infractor tendrá facultad para, en un plazo razonable, ofrecer la prueba que haga a su descargo; d) En la audiencia las partes interrogarán a los testigos y examinarán los demás elementos de prueba. El tribunal no suplirá la actividad de las partes; e) El desarrollo de la audiencia será simple, concentrado, sin rigorismos formales, adecuado a las necesidades de celeridad y oportunidad de la sanción, garantizará el derecho de defensa y permitirá el debate entre las partes; f) El Consejo de Disciplina dictará su resolución inmediatamente después de finalizado el debate.
Se labrará un acta sucinta del servicio en la que conste la resolución. También se podrán utilizar otras formas de registro que garanticen la inalterabilidad y seguridad; g) Antes de iniciar el debate el infractor podrá reconocer su falta y aceptar la sanción. En este caso, el tribunal verificará la libertad del consentimiento del infractor y resolverá de inmediato, dejando constancia en acta del reconocimiento y de la sanción impuesta.
ARTICULO 32.- Revisión. Las sanciones impuestas por los consejos de disciplina son apelables por ante el jefe del estado mayor general de la fuerza de que se trate, quien podrá resolver directamente o convocar al Consejo General Disciplinario.
Las absoluciones no son apelables, salvo cuando el fundamento de la absolución no dejare a salvo el buen nombre y honor del infractor.
El recurso será interpuesto dentro de los diez (10) días, por escrito fundado e indicando los elementos de prueba que se solicita sean revisados. La decisión del jefe del estado mayor general de la fuerza de que se trate será definitiva. La decisión del Consejo General Disciplinario de la fuerza de que se trate, en su caso, se tomará en audiencia oral conforme lo establecido en el artículo anterior y será definitiva. En ambos casos, el recurso será decidido en un plazo máximo de treinta (30) días.
ARTICULO 33.- Revisión judicial. Cuando se plantee la revisión judicial el infractor deberá informar de la presentación de la demanda a la máxima instancia del área de personal de la fuerza de que se trate.
TITULO V Organos del régimen disciplinario
CAPITULO I
Consejo General de Guerra
ARTICULO 34. - Créase en el ámbito del Ministerio de Defensa el Consejo General de Guerra, integrado por el ministro de Defensa, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las fuerzas armadas y quien le suceda en jerarquía en dicha instancia. Tendrá competencia para: 1. La revisión de las sanciones disciplinarias impuestas por el Consejo General de Disciplina de cada fuerza, cuando éste actúe como tribunal de primera instancia.
2. La revisión de aquellos casos que, por disposición especial, establezca el comandante en jefe de las fuerzas armadas, por su gravedad institucional o cuando sea necesario unificar criterios entre los distintos consejos generales de disciplina.
3. Conocer, en instancia única, en los casos de infracciones gravísimas cuya comisión fuera atribuida a los jefes de los estados mayores generales de cada una de las fuerzas.
4. Conocer, en instancia única, en los casos de faltas gravísimas o graves cometidas por personal militar con desempeño en el Estado Mayor Conjunto de las fuerzas armadas, en la Auditoría General de las fuerzas armadas y en el Ministerio de Defensa.
La secretaría del consejo será desempeñada por el oficial de personal del Estado Mayor Conjunto de las fuerzas armadas. CAPITULO II Consejos generales de disciplina militar ARTICULO 35.- Creación. Créanse, a los efectos previstos en la presente ley, en las máximas instancias jerárquicas de las fuerzas armadas, consejos generales de disciplina.
Ellos serán competentes en los siguientes casos:
1. El juzgamiento de infracciones gravísimas, cometidas por oficiales superiores, cualquiera sea el lugar de su comisión.
2. El juzgamiento de faltas gravísimas cometidas por otros oficiales cuando por razones de gravedad institucional así lo disponga el comandante en jefe de las fuerzas armadas.
3. La resolución de los recursos interpuestos por la aplicación de sanciones graves.
4. El juzgamiento de faltas graves en los casos que corresponda.
ARTICULO 36.- Integración. Los consejos generales de disciplina se integrarán con tres (3) miembros, desempeñándose como presidente quien ejerza la jefatura del estado mayor general de la fuerza de que se trate, y como vocales, quienes le sucedan inmediatamente en grado o antigüedad.
La secretaría del consejo será desempeñada por el oficial de personal del estado mayor general correspondiente.
ARTICULO 37.- Desempeño de actividades. La actuación, como integrante de los consejos generales de disciplina, no menoscabará las funciones castrenses que ordinariamente le correspondan a cada uno de ellos en razón de su grado y jerarquía y del cargo que desempeñen.
ARTICULO 38.- Asesoramiento. Cada Consejo General de Disciplina contará con la asistencia de la máxima instancia técnico-jurídica de la fuerza de que se trate. Asesorará en todos los casos en que cualquiera de los integrantes del Consejo General de Disciplina lo requiera y, en forma inexcusable, por escrito y con anterioridad a la resolución del consejo, emitirá opinión respecto de las cuestiones de naturaleza jurídica vinculadas al procedimiento.
ARTICULO 39.- Inhabilidades. Los miembros de los consejos generales de disciplina deberán excusarse del conocimiento del caso o podrán ser recusados, siempre que exista temor fundado de que no actúen imparcialmente y, en especial, en cualquiera de las siguientes circunstancias:
1. Cuando mantuvieren relación de parentesco, con el causante o con la autoridad militar denunciante, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.
2. Cuando tuvieren amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de las personas interesadas que intervengan en el procedimiento.
3. Cuando hubieren intervenido como testigos o peritos en el expediente de cuya resolución se trate, o si como funcionarios hubieren manifestado previamente su opinión, en el mismo, de modo que pudieran prejuzgar la resolución del asunto.
CAPITULO III
Consejos de disciplina
ARTICULO 40.- Consejos de disciplina. Créanse, a los efectos previstos en la presente ley, en las instancias jerárquicas de la estructura de las fuerzas armadas de la República Argentina, que cuenten con oficial auditor adscrito, consejos de disciplina, para el juzgamiento de las faltas que merezcan sanciones graves.
ARTICULO 41.- Integración. Los consejos de disciplina se integrarán con tres miembros, desempeñándose como presidente quien ejerza la comandancia, jefatura, dirección u organismo de la instancia de que se trate, o quien en la oportunidad lo reemplace, y como vocales, quienes le sucedan inmediatamente en grado o antigüedad. La secretaría del consejo será desempeñada por el oficial de personal de la instancia de que se trate.
ARTICULO 42.- Requisitos. Los integrantes de los consejos de disciplina serán siempre de mayor grado o antigüedad que el militar a quien se le endilgue la comisión de la falta disciplinaria a ser considerada.
ARTICULO 43.- Asesoramiento. Cada Consejo de Disciplina contará con la asistencia de un oficial proveniente del cuerpo profesional - escalafón jurídico de la fuerza de que se trate. Asesorará en todos los casos en que cualquiera de los integrantes del Consejo de Disciplina lo requiera y, en forma inexcusable, por escrito y con anterioridad a la resolución del consejo, emitirá opinión respecto de las cuestiones de naturaleza jurídica vinculadas al procedimiento.
ARTICULO 44.- Independencia. Los oficiales que se desempeñen com
Ley 26.394 - JUSTICIA MILITAR - Deróganse el Código de Justicia Militar y todas las normas, resoluciones y disposiciones de carácter interno que lo reglamentan. Modifícanse el Código Penal y el Código Procesal Penal de la Nación.
Sancionada: 6/08/2008.
Promulgada: 26/08/2008.
Publicación en B.O.: 29/08/2008
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:
ARTICULO 1º - Deróganse el Código de Justicia Militar (Ley 14.029 y sus modificatorias) y todas las normas, resoluciones y disposiciones de carácter interno que lo reglamentan.
ARTICULO 2º - Apruébanse las modificaciones al Código Penal y al Código Procesal Penal de la Nación que, como anexo I, integran la presente ley.
ARTICULO 3º - Apruébase el Procedimiento Penal Militar para Tiempo de Guerra y Otros Conflictos Armados que, como anexo II, integra la presente ley.
ARTICULO 4º - Apruébanse las Instrucciones para la Población Civil en Tiempo de Guerra y Otros Conflictos Armados que, como anexo III, integran la presente ley.
ARTICULO 5º - Apruébase el Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas que, como anexo IV, integra la presente ley.
ARTICULO 6º - Apruébase la organización del Servicio de Justicia Conjunto de las Fuerzas Armadas que, como anexo V, integra la presente ley.
ARTICULO 7º - La presente ley comenzará a regir a los SEIS (6) meses de su promulgación.
Durante dicho período se llevará a cabo en las áreas pertinentes un programa de divulgación y capacitación sobre su contenido y aplicación.
ARTICULO 8º - Establécese que durante el período de SEIS (6) meses, se formará una comisión en el ámbito del Ministerio de Defensa, a fin de elaborar el pertinente proyecto de reglamentación de conformidad con las especificidades de cada fuerza.
ARTICULO 9º - Deróganse los artículos 95 y 96 de la Ley 19.101.
ARTICULO 10. - Disposiciones transitorias.
Primera: Las disposiciones de la presente ley se aplicarán a Gendarmería Nacional hasta tanto se dicte un nuevo ordenamiento legal para dicha fuerza de seguridad.
Segunda: Las disposiciones de la presente ley resultarán aplicables a todos los procesos en trámite ante el Fuero Penal Federal.
ARTICULO 11. - Comuníquese al Poder Ejecutivo.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS SEIS DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL OCHO.
- REGISTRADA BAJO EL Nº 26.394 - JULIO C. C. COBOS. - EDUARDO FELLNER. - Enrique Hidalgo. - Juan J. Canals.
ANEXO I
MODIFICACIONES AL CODIGO PENAL Y AL CODIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN
ARTICULO 1º.- Incorpórase como párrafo cuarto del artículo 77 del Código Penal el siguiente texto: Por el término militar se designa a toda persona que revista estado militar en el momento del hecho conforme la ley orgánica para el personal militar. Los funcionarios públicos civiles que integran la cadena de mando se encuentran asimilados al personal militar con relación a los delitos que cometan en su carácter de tales, cuando produzcan actos o impartan órdenes o instrucciones como integrantes de la cadena de mando si las mismas implican comisión de delito o participación en el mismo.
ARTICULO 2º.- Incorpórase como inciso 10 del artículo 80 del Código Penal el siguiente texto: A su superior militar frente a enemigo o tropa formada con armas.
ARTICULO 3º.- Sustitúyese el inciso 5 del artículo 142 bis del Código Penal por el siguiente texto: Cuando el agente sea funcionario o empleado público o pertenezca o haya pertenecido al momento de comisión del hecho a una fuerza armada, de seguridad u organismo de inteligencia del Estado.
ARTICULO 4º.- Incorpórase como artículo 209 bis del Código Penal el siguiente: En igual pena incurrirá quien en tiempo de conflicto armado incite públicamente a la sustracción al servicio militar legalmente impuesto o asumido. Si el autor fuese un militar, el máximo de la pena se elevará a diez (10) años.
ARTICULO 5º.- Incorpórase como inciso 3º del artículo 215 del Código Penal el siguiente: 3. Si perteneciere a las fuerzas armadas.
ARTICULO 6º.- Incorpórase como último párrafo del artículo 219 del Código Penal el siguiente texto: Cuando los actos precedentes fuesen cometidos por un militar, los mínimos de las penas previstas en este artículo se elevarán a tres (3) y diez (10) años respectivamente. Asimismo, los máximos de las penas previstas en este artículo se elevarán respectivamente a diez (10) y veinte (20) años.
ARTICULO 7º.- Sustitúyese el artículo 220 del Código Penal por el siguiente texto: Se impondrá prisión de seis (6) meses a dos (2) años, al que violare los tratados concluidos con naciones extranjeras, las treguas y armisticios acordados entre la República y una potencia enemiga o entre sus fuerzas beligerantes o los salvoconductos debidamente expedidos.
Si el hecho fuese cometido por un militar el mínimo de la pena se elevará a un (1) año y el máximo de la pena se elevará a cinco (5) años.
ARTICULO 8º.- Modifícase el primer párrafo del artículo 222 del Código Penal por el siguiente texto: Será reprimido con reclusión o prisión de uno (1) a seis (6) años, el que revelare secretos políticos, industriales, tecnológicos o militares concernientes a la seguridad, a los medios de defensa o a las relaciones exteriores de la Nación.
ARTICULO 9º.- Incorpórase como párrafo tercero del artículo 222 del Código Penal el siguiente texto: Si la revelación u obtención fuese cometida por un militar, en el ejercicio de sus funciones el mínimo de la pena se elevará a tres (3) años y el máximo de la pena se elevará a diez (10) años.
ARTICULO 10.- Incorpórase como artículo 238 bis del Código Penal el siguiente: El militar que pusiere manos en el superior, sin lesionarlo o causándole lesiones leves, será penado con prisión de uno (1) a tres (3) años.
Si el hecho tuviere lugar frente al enemigo o a tropa formada con armas, o si se cometiere en número de seis (6) o más, el máximo de la pena será de seis (6) años.
ARTICULO 11.- Incorpórase como artículo 238 ter del Código Penal el siguiente: El militar que resistiere o desobedeciere una orden de servicio legalmente impartida por el superior, frente al enemigo o en situación de peligro inminente de naufragio, incendio u otro estrago, será penado con prisión de uno (1) a cinco (5) años. La misma pena se impondrá si resistiere a una patrulla que proceda en cumplimiento de una consigna en zona de conflicto armado u operaciones o de catástrofe. Si en razón de la resistencia o de la desobediencia se sufrieren pérdidas militares o se impidiese o dificultase la salvación de vidas en supuesto de catástrofe el mínimo de la pena se elevará a cuatro (4) años y el máximo de la pena se elevará a doce (12) años. En cualquier caso se impondrán las penas aquí previstas siempre que no resultare un delito más severamente penado.
ARTICULO 12.- Incorpórase como artículo 240 bis del Código Penal el siguiente: El que violare las normas instrucciones a la población emitidas por la autoridad militar competente en tiempo de conflicto armado para las zonas de combate, será penado con prisión de uno (1) a cuatro (4) años si no resultare un delito más severamente penado.
ARTICULO 13.- Incorpórase como artículo 241 bis del Código Penal el siguiente: Se impondrá prisión de tres (3) a diez (10) años a los militares que:
1. Tumultuosamente peticionaren o se atribuyeren la representación de una fuerza armada.
2. Tomaren armas o hicieren uso de éstas, de naves o aeronaves o extrajeren fuerzas armadas de sus asientos naturales, contra las órdenes de sus superiores.
3. Hicieren uso del personal de la fuerza, de la nave o de la aeronave bajo su mando contra sus superiores u omitieren resistir o contener a éstas, estando en condiciones de hacerlo.
4. Será penado con prisión de uno (1) a cinco (5) años la conspiración para cometer los delitos de este artículo. No será penado por conspiración quien la denunciare en tiempo para evitar la comisión del hecho.
5. Si en razón de los hechos previstos en este artículo resultare la muerte de una o más personas, se sufrieren pérdidas militares o se impidiere o dificultare la salvación de vidas en supuesto de catástrofe, el máximo de la pena se elevará a veinticinco (25) años. En cualquier caso se impondrán las penas aquí previstas siempre que no resultare un delito más severamente penado.
ARTICULO 14.- Incorpórase como último párrafo del artículo 246 del Código Penal el siguiente texto: El militar que ejerciere o retuviere un mando sin autorización será penado con prisión de uno (1) a cuatro (4) años y, en tiempo de conflicto armado de dos (2) a seis (6) años, siempre que no resultare un delito más severamente penado.
ARTICULO 15.- Incorpórase como artículo 249 bis del Código Penal el siguiente: El militar que en sus funciones y prevalido de su autoridad, arbitrariamente perjudicare o maltratare de cualquier forma a un inferior, será penado con prisión de seis (6) meses a dos (2) años, si no resultare un delito más severamente penado.
ARTICULO 16.- Incorpórase como artículo 250 bis del Código Penal el siguiente: Será penado con prisión de cuatro (4) a diez (10) años, siempre que no resultare otro delito más severamente penado, el militar que en tiempo de conflicto armado: 1. Abandonare sus funciones de control, vigilancia, comunicaciones o la atención de los instrumentos que tuviese a su cargo para esos fines, las descuidase o se incapacitase para su cumplimiento.
2. Observare cualquier dato significativo para la defensa y no lo informase o tomase las medidas del caso.
ARTICULO 17.- Incorpórase como segundo párrafo del artículo 252 del Código Penal el siguiente: El militar que abandonare su servicio, su destino o que desertare en tiempo de conflicto armado o zona de catástrofe, será penado con prisión de uno (1) a seis (6) años. Si como consecuencia de su conducta resultare la muerte de una o más personas, se sufrieren pérdidas militares o se impidiese o dificultase la salvación de vidas en supuesto de catástrofe, el máximo de la pena se elevará a doce (12) años. En cualquier caso se impondrán las penas aquí previstas siempre que no resultare un delito con pena más grave.
ARTICULO 18.- Incorpórase como artículo 253 bis del Código Penal el siguiente: El militar que sin orden ni necesidad emprendiere una operación militar, o en sus funciones usare armas sin las formalidades y requerimientos del caso, sometiere a la población civil a restricciones arbitrarias u ordenare o ejerciere cualquier tipo de violencia innecesaria contra cualquier persona, será penado con prisión de uno (1) a cuatro (4) años si no resultare un delito más severamente penado.
ARTICULO 19.- Incorpórase como artículo 253 ter del Código Penal el siguiente: Será penado con prisión de dos (2) a ocho (8) años el militar que por imprudencia o negligencia, impericia en el arte militar o inobservancia de los reglamentos o deberes a su cargo, en el curso de conflicto armado o de asistencia o salvación en situación de catástrofe, causare o no impidiere, la muerte de una o más personas o pérdidas militares, si no resultare un delito más severamente penado.
ARTICULO 20.- Sustitúyese el primer párrafo del artículo 18 del Código Procesal Penal de la Nación por el siguiente texto: La competencia penal se ejerce por los jueces y tribunales que la Constitución Nacional y la ley instituyan, y se extenderá a todos los delitos que cometieren en su territorio, o en el alta mar a bordo de buques nacionales, cuando éstos arriben a un puerto de la Capital, o a bordo de aeronaves en el espacio aéreo y de los delitos perpetrados en el extranjero cuando sus efectos se produzcan en nuestro país o fueren ejecutados por agentes o empleados de autoridades argentinas en el desempeño de su cargo. Es improrrogable y se extiende al conocimiento de las contravenciones cometidas en la misma jurisdicción.
ARTICULO 21.- Sustitúyese el primer párrafo del artículo 19 del Código Procesal Penal de la Nación por el siguiente texto: Si a una persona se le imputare un delito de jurisdicción nacional y otro de jurisdicción federal, será juzgado primero en la jurisdicción federal. Del mismo modo se procederá en el caso de delitos conexos.
ARTICULO 22.- Sustitúyese el texto del artículo 23 del Código Procesal Penal de la Nación por el siguiente texto: La Cámara de Casación juzga de los recursos de inconstitucionalidad, casación y revisión.
ARTICULO 23.- Sustitúyese el artículo 51 del Código Procesal Penal de la Nación por el siguiente texto: Las cuestiones de jurisdicción entre tribunales nacionales, federales, o provinciales serán resueltas conforme a lo dispuesto anteriormente para las de competencia.
ARTICULO 24.- Incorpórese como artículo 184 bis del Código Procesal Penal de la Nación el siguiente texto: Cuando se tratare de delitos cometidos por personas que tuvieran estado militar y en el interior de establecimientos militares o bajo control militar, la autoridad superior militar deberá notificar a la autoridad judicial competente y tendrá las facultades y obligaciones previstas en los incisos 2º, 3º, 4º, 8º y 9º del artículo anterior hasta que se haga presente en el lugar la autoridad judicial competente.
ARTICULO 25.- Incorpórase como capítulo II bis del libro II, título I del Código Procesal Penal de la Nación el siguiente texto: Capítulo II bis: actos de las fuerzas armadas en tiempo de conflicto armado y zona de combate.
Artículo 187 bis: la autoridad militar en zona de combate podrá detener al infractor del artículo 240 bis del Código Penal sorprendido en flagrancia o al que las pruebas indican como autor o partícipe de la infracción, y lo remitirá de inmediato a disposición del juez federal competente.
Si el traslado no fuese posible o no lo fuese en condiciones de seguridad antes de los cinco (5) días corridos a partir de la detención, el comandante de la zona convocará a un juez que se hallare en la misma, y lo pondrá a su disposición.
A este efecto, el comandante preferirá un juez federal o nacional y, a falta de éstos, un juez provincial letrado. Preferirá también un juez con alguna competencia en la zona, pero si no lo hallare, bastará con que se halle en la misma aunque fuere circunstancialmente.
ARTICULO 26.- Sustitúyese el primer párrafo del artículo 250 del Código Procesal Penal de la Nación por el siguiente texto: No estarán obligados a comparecer el presidente y vicepresidente de la Nación; los gobernadores y vicegobernadores de provincias; el jefe y vicejefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los ministros y legisladores nacionales y provinciales; los miembros del Poder Judicial de la Nación y de las provincias; los ministros diplomáticos y cónsules generales; los oficiales superiores de las fuerzas armadas desde el grado de coronel o su equivalente, en actividad; los altos dignatarios de la Iglesia y los rectores de las universidades oficiales.
ANEXO II
PROCEDIMIENTO PENAL MILITAR PARA TIEMPO DE GUERRA Y OTROS CONFLICTOS ARMADOS
ARTICULO 1º.- Principio. Los delitos cometidos por militares en tiempo de guerra o en ocasión de otros conflictos armados serán investigados y juzgados según el régimen ordinario previsto para el tiempo de paz, salvo cuando las dificultades provenientes de las condiciones de la guerra o de las operaciones iniciadas sean manifiestas e insuperables y la demora en el juzgamiento pudiere ocasionar perjuicios en la eficiencia operativa o en la capacidad de combate.
ARTICULO 2º.- Tiempo de guerra. El tiempo de guerra, a los efectos de la aplicación del procedimiento previsto en esta ley, comienza con la declaración de guerra, o cuando ésta existe de hecho, o con la norma que ordena la movilización para la guerra inminente y termina cuando se ordena la cesación de hostilidades.
A los mismos efectos, se entenderá que existe conflicto armado cuando éste exista de hecho.
ARTICULO 3º.- Inicio del procedimiento. Cuando corresponda la aplicación del procedimiento especial, el oficial superior al mando de las operaciones o el oficial superior existente en la zona donde se cometió el delito, dejará constancia de la existencia de las razones de excepcionalidad que fundan la aplicación de las reglas previstas en esta ley y del perjuicio que ocasionaría la demora. La constancia será firmada por otros dos oficiales o por los militares de mayor jerarquía cuando no fuera posible la firma de los oficiales.
ARTICULO 4º.- Continuación. Toda causa penal militar iniciada y en trámite de conformidad a lo previsto en esta ley, en caso de cesar los impedimentos que justificaron la adopción del procedimiento para tiempo de guerra y otros conflictos armados, será continuada por el juez federal o tribunal que corresponda, de conformidad al procedimiento previsto para tiempo de paz, salvo que ya se hubiera dado inicio al debate.
ARTICULO 5º.- Norma aplicable. A efectos de asegurar la administración de justicia penal militar en tiempo de guerra o en ocasión de otros conflictos armados, se dará estricto cumplimiento, en cuanto sea posible, a lo previsto por el Código Procesal Penal de la Nación. Toda circunstancia que impida la estricta aplicación de la norma de mención, en particular en lo que respecta al debido ejercicio de derechos o relacionada con la imposibilidad de realización de diligencias probatorias propiciadas por las partes, deberá ser objeto de constancia escrita, mediante el labrado del acta pertinente.
ARTICULO 6º.- Consejos de guerra. Créanse, a los efectos de la administración de justicia penal en tiempo de guerra o en ocasión de otros conflictos armados, consejos de guerra especiales, los que dependerán del comandante en jefe de las fuerzas armadas, quien determinará su integración de conformidad a lo previsto por la presente ley y asignará su competencia territorial, mediante decreto, con posterioridad a la sanción de la norma que motive la movilización de las tropas.
Los consejos de guerra especiales se integrarán con oficiales superiores pertenecientes a los escalafones de justicia de las fuerzas armadas, o pertenecientes al cuerpo de comando, cuando posean título de abogado, contarán con tres (3) miembros, desempeñándose el más antiguo jerárquicamente como presidente y los restantes como vocales.
El comandante en jefe de las fuerzas armadas podrá, atendiendo a circunstancias propias de la ocasión, integrar consejos de guerra especiales con personal perteneciente a una fuerza armada determinada o, en su caso, tribunales comunes a dos (2) o tres (3) fuerzas armadas o de integración conjunta.
Las mismas reglas regirán para el nombramiento de los fiscales y los defensores letrados.
ARTICULO 7º.- Secretaría letrada. Cada consejo de guerra especial contará con un (1) secretario, también perteneciente a los escalafones de justicia de las fuerzas armadas, o al cuerpo de comando, con título de abogado, sin requisito de jerarquía, designado por el comandante en jefe de las fuerzas armadas, en igual forma y oportunidad que los integrantes de aquellos.
ARTICULO 8º.- Jueces de instrucción militar. La sustanciación de las causas penales militares será responsabilidad de los jueces de instrucción militar, los que deberán ser de la jerarquía de oficiales jefes y oficiales superiores, pertenecientes a los escalafones de justicia, o al cuerpo de comando con título de abogado, dependerán del comandante en jefe de las fuerzas armadas y serán designados en igual forma y oportunidad que los integrantes de los tribunales y restantes funcionarios.
ARTICULO 9º.- Independencia de criterio. Los integrantes de los tribunales militares, los jueces de instrucción militar, los fiscales, los defensores, como asimismo los demás involucrados, aunquesea temporalmente, en el proceso penal militar para tiempo de guerra y otros conflictos armados, poseerán absoluta independencia de criterio y su actividad sólo encontrará límites en la Constitución Nacional, en el Código Procesal Penal de la Nación, en la presente ley y demás leyes de aplicación.
No podrán recibir instrucciones de sus superiores para orientar la actividad en el caso objeto de juzgamiento o investigación.
ARTICULO 10.- Cosa juzgada. Los consejos de guerra especiales juzgarán en única instancia.
Sus decisorios, absolutorios o condenatorios, sólo adquirirán el carácter de firme y constituirán cosa juzgada definitiva, en los casos en que el fiscal o el defensor y el causante desistan, con posterioridad al restablecimiento de la circunstancia de normalidad, en forma expresa, fundada y por escrito, de los recursos pertinentes. La inexistencia de los aludidos desistimientos impide, en cualquier supuesto y sin límite de tiempo, que la sentencia quede firme. No obstante, la absolución quedará firme en todo caso, si luego de dos (2) años de finalizada formalmente la situación de guerra o conflicto armado, no se propusiere su revisión.
ARTICULO 11.- Recursos. Por ante los jueces de instrucción militar sólo procederá la interposición de los recursos de reposición y apelación. En caso de interposición de recurso de apelación, obrará como alzada el consejo de guerra especial de que se trate. Por ante los consejos de guerra especiales sólo procederá la interposición del recurso de reposición. Las restantes herramientas recursivas previstas por el Código Procesal Penal de la Nación, se encontrarán disponibles, para las partes, a partir del restablecimiento de las circunstancias de normalidad.
ARTICULO 12.- Términos. La totalidad de los términos previstos por el Código Procesal Penal de la Nación, podrán ser abreviados si existiere conformidad entre el juez de instrucción militar y las partes, o entre el presidente del tribunal y las partes, debiéndose, en todos los casos, labrar el acta pertinente que así lo certifique.
ANEXO III
INSTRUCCIONES A LA POBLACION CIVIL PARA TIEMPO DE GUERRA Y OTROS CONFLICTOS ARMADOS
ARTICULO 1º.- En ocasión de conflictos armados, en las zonas de operaciones y/o de combate, podrán dictarse normas instrucciones destinadas a proveer a la seguridad de las tropas, materiales e infraestructura al éxito de las operaciones y, en su caso, a establecer la policía en dichas zonas.
ARTICULO 2º.- Las normas instrucciones podrán ser emitidas:
1. Por los comandantes destacados en las zonas de operaciones y de combate.
2. Por las máximas instancias jerárquicas militares, de destacamentos o unidades de cualquiera de las fuerzas armadas, cuando actúen independientemente o se hallen incomunicados.
ARTICULO 3º.- Las normas instrucciones obligan con fuerza de ley a todas las personas que se encuentren en las zonas de operaciones y/o combate según determine la norma. No se impondrán obligaciones innecesarias o que lesionen la intimidad o los deberes de conciencia.
ARTICULO 4º.- Las normas instrucciones serán publicadas mediante la orden del día para conocimiento del personal militar, en los periódicos y en carteles que serán fijados en los sitios públicos, o por cualquier otro medio, para conocimiento de personas sin estado militar.
ARTICULO 5º.- Las normas instrucciones rigen desde la fecha que en las mismas se establezca.
En caso de no establecerse fecha, regirán desde su publicación.
La autoridad militar que emita las normas instrucciones deberá informar a la superioridad los alcances y los motivos que conminaron a su emisión, en la primera oportunidad.
ARTICULO 6º.- Toda determinación relacionada con los procedimientos a ser adoptados no podrá alterar lo previsto en el procedimiento penal militar para tiempo de guerra y otros conflictos armados.
ANEXO IV
CODIGO DE DISCIPLINA DE LAS FUERZAS ARMADAS
TITULO I Disposiciones generales. Alcance y finalidad de la disciplina militar
ARTICULO 1º.- Deber. La disciplina militar es un instrumento al servicio exclusivo del cumplimiento eficiente de las funciones, tareas y objetivos que la Constitución Nacional, las leyes dictadas en su consecuencia, y las órdenes de su comandante en jefe, le encomiendan a todo el personal militar de las fuerzas armadas.
Todo militar debe ajustar su conducta al cumplimiento estricto de la Constitución Nacional y las demás leyes de la República, así como la observancia cabal de las leyes y reglamentos militares, el respeto a las órdenes del mando, la subordinación al régimen jerárquico y el cumplimiento de todas las obligaciones que surgen del estado militar.
ARTICULO 2º.- Principios. El mantenimiento de la disciplina militar se rige por los principios siguientes:
1. Quien ejerza el comando es responsable del cumplimiento de las tareas y objetivos encomendados, sin perjuicio de las acciones disciplinarias que deba ejercer para asegurar el logro de los objetivos. Las sanciones a sus subordinados no lo eximen de la obligación de procurar el éxito de sus tareas.
2. La acción disciplinaria debe procurar restablecer de inmediato la eficiencia en el servicio, sin perjuicio de sus efectos sobre el estado general y permanente de subordinación y obediencia.
3. La sanción debe ser considerada como un instrumento de respaldo en el mantenimiento de la disciplina y no su herramienta principal.
4. La acción disciplinaria y sus efectos son independientes de cualquier otra responsabilidad militar, civil, penal o administrativa que corresponda por los mismos hechos.
5. No se podrá sancionar dos veces la misma falta disciplinaria, sin perjuicio del agravamiento inmediato de las sanciones impuestas por un inferior.
6. Toda sanción será proporcionada, con la falta cometida y con los efectos directos que esa falta produce en el cumplimiento de las tareas.
7. Las sanciones deberán ser impuestas por quien tiene el comando, pero podrán ser también impuestas, modificadas, agravadas, anuladas o perdonadas por el superior jerárquico, conforme el artículo 6º.
8. Las sanciones privativas de libertad superiores a cinco (5) días sólo podrán ser impuestas por un Consejo de Disciplina, salvo que el infractor acepte expresamente la imposición directa, y no se trate de la sanción de destitución o un arresto superior a treinta (30) días.
9. El ejercicio de las acciones disciplinarias no deberá ser arbitrario. En todo caso se explicará al infractor el fundamento de las sanciones.
ARTICULO 3º.- Ambito de aplicación. Están sujetos a la disciplina militar:
1. El personal militar en actividad.
2. El personal militar retirado cuando se encuentre afectado al servicio o en tanto sus acciones afecten al estado general de disciplina o impliquen incumplimiento de las obligaciones propias del estado militar.
3. Los soldados incorporados en forma temporal o permanente o cualquier otro personal que cumpla funciones equivalentes.
4. Los alumnos de los institutos de reclutamiento militar. Sin embargo, las infracciones de carácter académico serán sancionadas según el reglamento de cada institución.
ARTICULO 4º.- Prohibiciones. En el ejercicio de las acciones disciplinarias se prohíbe: 1. Utilizar el poder disciplinario para ordenar o fomentar tareas o acciones ajenas a las funciones militares.
2. Sancionar ideas o creencias políticas, religiosas o morales.
3. Afectar la dignidad personal, provocar burlas o humillaciones, socavar deliberadamente la autoestima o debilitar el espíritu de cuerpo y trabajo en equipo.
4. Promover toda forma de discriminación, según lo establecido en las leyes respectivas.
5. Realizar campañas de hostigamiento personal o grupal o promover el odio y el resentimiento entre grupos o unidades.
6. Debilitar las capacidades personales y grupales que permiten el cumplimento eficiente de las tareas asignadas.
7. Promover el descrédito de los inferiores o el debilitamiento del orden jerárquico.
8. Omitir la sanción de faltas, que si bien no producen un efecto inmediato, debilitan el estado general de disciplina, salvo razones expresas de eficiencia en el servicio.
9. La aplicación de sanciones con rigor excesivo, formalismo o sin ninguna utilidad para el cumplimiento de las tareas o del estado de disciplina.
10. Eximir de un modo permanente a una persona o un grupo de la acción disciplinaria de sus superiores directos.
ARTICULO 5º.- Extinción de la acción disciplinaria. La acción por faltas disciplinarias se extingue:
1. Por el transcurso de tres (3) meses, en el caso de faltas leves.
2. Por el transcurso de un (1) año, en el caso de faltas graves.
3. Por el transcurso de tres (3) años, en el caso de faltas gravísimas.
4. Por el fallecimiento del infractor.
Los plazos comenzarán a correr desde la comisión de la falta o, en su caso, desde que se tenga la primera noticia de su comisión.
El plazo de prescripción se suspende durante el procedimiento disciplinario y se interrumpirá si el infractor se fuga o realiza acciones positivas de ocultamiento de su falta. Los plazos a los que se refiere la presente norma se computarán en días corridos.
ARTICULO 6º.- Potestad disciplinaria. La potestad disciplinaria respecto a sus subordinados le corresponde a quien tenga el comando, salvo la competencia exclusiva de los consejos de disciplina.
Los superiores jerárquicos podrán ordenar la aplicación de sanciones a quien tenga el comando.
Cuando existan razones fundadas en el mantenimiento del estado general de disciplina, podrán sancionar directamente.
Estas limitaciones no rigen para el comandante en jefe de las fuerzas armadas, el ministro de Defensa, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las fuerzas armadas y los jefes de los estados mayores generales de cada fuerza armada.
La potestad disciplinaria en el cumplimiento de operaciones conjuntas o combinadas con fuerzas armadas de otros países o en misiones internacionales se determinará exclusivamente por los acuerdos específicos y, subsidiariamente, de conformidad a la presente ley.
ARTICULO 7º.- Control. Los superiores jerárquicos controlarán el mérito, la conveniencia y la legalidad de la aplicación de sanciones según los mecanismos previstos en la presente ley.
Las sanciones disciplinarias por faltas gravísimas serán susceptibles de control judicial integral ante la jurisdicción contencioso administrativa federal y según los procedimientos vigentes en dichos tribunales.
También será susceptible de control judicial la aplicación de sanciones por faltas leves y graves, cuando se alegue expresamente la violación de las prohibiciones establecidas en el artículo 4º de esta ley.
No obstante el régimen de control sobre casos particulares, la Auditoría General de las fuerzas armadas deberá evaluar el funcionamiento general del régimen disciplinario en relación al cumplimiento de sus finalidades. El titular de dicha instancia de contralor presentará, anualmente, un informe con sus conclusiones ante el comandante en jefe de las fuerzas armadas y el ministro de Defensa. ARTICULO 8º.- Autonomía disciplinaria. La acción y la sanción disciplinaria son independientes de la acción penal y de la pena impuesta por los jueces. Las sanciones disciplinarias por faltas que también pudieran constituir un delito podrán aplicarse con independencia del desarrollo del proceso penal.
Sin embargo, la absolución en sede penal fundada en la inexistencia del hecho o la falta de participación del imputado en él, provocará la inmediata anulación de las sanciones disciplinarias impuestas por esos hechos.
TITULO II Faltas disciplinarias
CAPITULO I
Faltas leves
ARTICULO 9º.- Faltas leves. Se consideran faltas leves todos los actos u omisiones que, vulnerando los deberes militares, conlleven un menoscabo a la disciplina militar que ponga en peligro el cumplimiento eficiente de las funciones, tareas y objetivos de las fuerzas armadas, siempre que no constituyan una infracción más grave.
Son faltas leves:
1. El militar que no guardare en todo lugar y circunstancia una actitud correcta en el uso del uniforme y en su presentación personal.
2. El militar que participare en juegos de azar o de destreza en dependencias militares en tanto no constituya un mero pasatiempo o recreo.
3. El militar que efectuare actos de descortesía y falta de respeto en el trato con otro militar.
4. El militar que tratare en forma irrespetuosa a civiles durante el desarrollo de actividades del servicio.
5. El militar que se encontrare en dependencias militares o cumpliendo sus tareas bajo los efectos de sustancias estimulantes o estupefacientes o en estado de embriaguez, siempre que no constituya una falta más grave.
6. El militar que ejerciere el comercio en dependencias militares sin autorización.
7. El militar que realizare actividades privadas sin autorización cuando reglamentariamente corresponda.
8. El militar que efectuare publicaciones o declaraciones por cualquier medio relacionadas con el servicio, sin estar autorizado.
9. El militar que se encubriere en el anónimo para efectuar críticas a otro militar.
10. El militar que no cumpliere una orden general o consigna.
11. El militar que no cumpliere deliberadamente o por culpa las tareas asignadas de un modo general o en su rutina de servicio.
12. El militar que por culpa incumpliere una orden directa.
13. El militar que concurriere tarde al servicio.
14. El militar que faltare a la verdad en el cumplimiento de sus tareas.
15. El militar que no informare o no comunicare determinado hecho cuando se encuentra obligado a hacerlo.
16. El militar que no conservare debidamente la propiedad del Estado.
17. El militar que no guardare la diligencia exigible respecto al uso y control del armamento, material o equipo.
18. El militar que no guardare la diligencia exigible sobre el empleo de los medios y recursos informáticos y telefónicos.
19. El militar que encubriere al autor de una falta leve o grave.
20. El militar que promoviere o participare en alteraciones del orden en dependencias militares.
21. El militar que no informare o diere información falsa al superior de toda modificación a su estado civil o integración de su grupo familiar.
22. El militar que deliberadamente formulare reclamaciones, peticiones o manifestaciones basadas en aseveraciones falsas.
23. El militar que participare en actividades proselitistas de partidos políticos o sindicatos utilizando el uniforme o en su carácter de militar.
24. El militar que se quejare injustificadamente del servicio.
CAPITULO II
Faltas graves
ARTICULO 10.- Tipos de faltas graves. Las siguientes conductas se considerarán faltas graves:
1. El militar que expresare públicamente cualquier consideración que pudiera menoscabar la disciplina o infundir el desaliento a otros militares.
2. El militar que no adoptare las medidas preventivas o correctivas conducentes al mantenimiento de la disciplina.
3. El militar que efectuare manifestaciones de trascendencia pública que impliquen un cuestionamiento de planes, directivas u órdenes impartidas por cualquier nivel de comando de las fuerzas armadas, de actividades propias del servicio o del desempeño de los funcionarios del gobierno.
4. El militar que provocare una falsa alarma o difundiere noticias alarmistas en la tropa.
5. El militar que no conservare debidamente la propiedad del Estado causando perjuicio al servicio.
6. El militar que no provea debidamente a las tropas de los elementos de guerra y abastecimientos necesarios.
7. El militar que realizare actos o manifestaciones que de alguna forma discriminen a cierto grupo de personas.
8. El militar que realizare actos o manifestaciones que agravien o injurien a otro militar.
9. El militar que efectuare un requerimiento de carácter sexual, para sí o para un tercero, bajo la amenaza de causar a la víctima un daño relacionado con el servicio o su carrera.
10. El militar que no resolviese un recurso, o que lo hiciere con dilaciones indebidas.
11. El militar que no tramitare una solicitud, o que lo hiciere con dilaciones indebidas.
12. El militar en actividad que patrocinare o representare a terceras personas en acciones judiciales o administrativas contra el Estado nacional.
13. El militar que quebrantare la aplicación de una sanción disciplinaria o una medida preventiva o facilitare su incumplimiento.
14. El militar que no cumpliere las disposiciones vigentes referentes a la preparación, instrucción y adiestramiento de las fuerzas o personal subordinado.
15. El militar que promoviere o participare en alteraciones del orden en dependencias militares cuando cause daño o perjuicio al servicio.
16. El militar que deliberadamente o con culpa destruyere, inutilizare, dañare, hiciere desaparecer o enajenare un bien propiedad del Estado.
17. El militar que condujere o piloteare cualquier aeronave, embarcación o vehículo u operare material técnico de dotación sin poseer licencia o autorización legal.
18. El militar que demorare injustificadamente el pago al personal o a los servicios contratados cuando tenga fondos expeditos.
19. El militar que permitiere la revelación de un secreto por negligencia.
20. El militar que no ocupare su puesto con prontitud en caso de alarma o zafarrancho.
21. El militar que encubriere al autor de una falta gravísima.
22. El militar que reincidiese por tercera vez en la misma falta leve.
También constituirán faltas graves todos los actos u omisiones análogos que, vulnerando los deberes militares, conlleven un grave menoscabo a la disciplina militar dificultando el cumplimiento eficiente de las funciones, tareas y objetivos de las fuerzas armadas. Asimismo podrán ser consideradas graves las faltas leves previstas en el artículo anterior, cuando, por las especiales circunstancias del caso, produzcan los efectos graves consignados en este artículo.
ARTICULO 11.- Faltas graves en operaciones militares. Se considerarán faltas graves, cometidas en operaciones militares de mantenimiento de la paz o durante la participación en ejercicios combinados o conjuntos; a las siguientes conductas:
1. El militar que no guardare en el exterior en todo momento, una adecuada actitud de respeto en el trato con los nacionales, el personal militar, civil, de las Naciones Unidas u otro organismo de carácter internacional, al igual que con sus símbolos.
2. El militar que tomare parte en reuniones de carácter político del país de la misión.
3. El militar que no guardare el debido respeto con las autoridades, símbolos nacionales y costumbres del país receptor.
4. Toda conducta que signifique un incumplimiento de los acuerdos internacionales relativos al establecimiento de las operaciones militares de mantenimiento de la paz o la participación en ejercicios combinados o conjuntos.
CAPITULO III
Faltas gravísimas
ARTICULO 12.- Legalidad. Sólo constituyen faltas gravísimas las establecidas en esta ley, las que serán interpretadas restrictivamente.
ARTICULO 13.- Tipos de faltas gravísimas. Constituyen faltas gravísimas sólo las siguientes:
1. Agresión. El militar que agrediere o le causare lesiones o la muerte a otro militar, superior o inferior en la jerarquía.
2. Coacción al superior. El militar que con violencia física o intimidación obligare a un superior a ejecutar u omitir alguna tarea u obligación propia de su estado.
3. Agravio al superior. El militar que en presencia de otros militares o del enemigo amenazare o agraviare al superior.
4. Insubordinación. El militar que hiciere resistencia ostensible o expresamente rehusare obediencia a una orden del servicio que le fuere impartida por un superior.
5. Desobediencia. El militar que, sin rehusar obediencia de modo ostensible o expreso, deja de cumplir, sin causa justificada, una orden del servicio, siempre que hubiese causado daño o perturbación en el servicio.
6. Motín. Los militares que en número superior a cuatro reclamen o peticionen tumultuosamente al superior, desconozcan el mando, agredieren o coaccionen a otros militares o provoquen daños, o desórdenes que afecten el cumplimiento de las tareas o funciones militares.
7. Instigación al motín. El militar que instigue, proponga o de cualquier modo incite provocar un motín. 8. Instigación a la desobediencia. El militar que de cualquier modo proponga a otro el incumplimiento de una orden directa o desarrolle actividades encaminadas a debilitar el estado de disciplina o provocar descontento por las obligaciones propias del estado militar.
9. Abuso de autoridad. El superior que abusando de sus facultades de mando o de su cargo obligare a otro militar a realizar actos ajenos a la actividad militar o le impida arbitrariamente el ejercicio de un derecho o el cumplimiento de una obligación.
10. Usurpación de mando. El militar que indebidamente asuma o retenga el mando o se arrogue funciones de un superior.
11. Ordenes ilegales. El militar que ordene la realización de actos contrarios a la Constitución Nacional, las leyes o los reglamentos militares.
12. Arriesgar la tropa. El militar que sin autorización o sin una necesidad evidente inicie o emprenda una acción de guerra o arriesgue la integridad física de sus subordinados o ponga en peligro las operaciones o la integridad física de otros militares.
13. Abandono del servicio. El militar que sin necesidad evidente o autorización expresa abandone el servicio o la realización de las tareas encomendadas.
14. Abandono de destino. Cometen abandono de destino los oficiales que: a) Faltaren tres (3) días continuos del lugar de su destino o residencia, sin autorización; b) No se presentaren al superior de quien dependan, cuarenta y ocho (48) horas después de vencida su licencia temporal.
15. Deserción. Cometen deserción los suboficiales y soldados que: a) Faltaren de la unidad de su destino o lugar fijado por la superioridad como de su residencia, por más de cinco (5) días consecutivos, los que se considerarán transcurridos pasadas cinco (5) noches, desde que se produjo la ausencia; b) Abandonaren el destino o lugar fijado por la superioridad para su residencia, con intención de no reincorporarse ni regresar y omitieren recabar las autorizaciones o pedir su baja.
16. Negligencia en el servicio. El militar que en tiempo de guerra o durante operaciones militares, perdiere la unidad militar a sus órdenes, provocare daños a la tropa o al equipamiento, restringiere el cumplimiento de las tareas u objetivos encomendados o desaprovechare la ocasión oportuna para llevarlos a cabo, por no tomar las medidas preventivas necesarias, no solicitar con debida antelación el auxilio requerido o actuar con negligencia o imprudencia notoria y grave.
17. Omisión de auxilio. El militar que en tiempo de guerra o durante operaciones militares omitiere prestar el auxilio requerido por otro militar pudiendo realizarlo sin perjuicio para sus propias tareas.
18. Ausencia de voluntad de combate. El militar que en tiempo de guerra o durante operaciones militares entregare las tropas, se rinda, debilitare la resistencia, admitiere la derrota o abandonare la persecución teniendo a su disposición los medios y las posibilidades de cumplir eficazmente con las tareas encomendadas.
19. Autolesión. El militar que se causare a sí mismo lesiones o de cualquier otro modo se indispusiere o simulare una enfermedad o indisposición, con el fin de evadir el cumplimiento de sus obligaciones militares.
20. Actos de cobardía. El militar que en tiempos de guerra o durante operaciones militares huyere sin razón ante el enemigo o hiciere demostraciones pública de pánico o cobardía, o propalare entre la tropa falsas alarmas, introdujere confusión o realizare cualquier otro acto que afecte gravemente a la voluntad de combate.
21. Rendición indecorosa. El militar que en tiempo de guerra o durante operaciones militares en una capitulación asegurare para sí o para un grupo en particular privilegios o ventajas especiales, entregare voluntariamente documentación o información que ponga en peligro a otros militares o lograre la libertad a cambio del abandono o deserción.
22. Infidelidad en el servicio. El militar que revelare una orden reservada o secreta o cualquier otra información que pueda poner en peligro a otros militares o hiciere peligrar el éxito de las tareas encomendadas a él o a otros militares.
23. Comisión de un delito. El militar que con motivo o en ocasión de sus funciones militares, o dentro de un establecimiento militar o en lugares asignados al cumplimiento de tareas militares, cometiere un hecho que pudiera constituir un delito previsto en el Código Penal o en leyes especiales cuya pena máxima sea superior a un (1) año.
24. Abuso del poder disciplinario. El militar que en el ejercicio de su poder disciplinario violare las prohibiciones establecidas en el artículo 4º de este anexo.
25. Negocios incompatibles. El militar que prestare servicios, se asociare, dirigiere, administrare, asesorare, patrocinare o representare a personas físicas o jurídicas que sean proveedores o contratistas de las fuerzas armadas hasta dos (2) años inclusive después de haber pasado a retiro.
26. Acoso sexual del superior. El militar que, prevaliéndose de una situación de superioridad, efectuare un requerimiento de carácter sexual, para sí o para un tercero, bajo la amenaza de causar a la víctima un daño relacionado con el servicio o su carrera.
TITULO III Sanciones disciplinarias
CAPITULO I
Sanciones disciplinarias
ARTICULO 14.- Unicas sanciones. De acuerdo a la gravedad de la falta, sólo podrá imponerse alguna de las siguientes sanciones disciplinarias: 1. Apercibimiento.
2. Arresto simple.
3. Arresto riguroso.
4. Destitución.
No existirán sanciones no previstas en este código, ni se dejará constancia en los legajos de reprensiones informales.
ARTICULO 15.- Apercibimiento. El apercibimiento es la reprobación formal y expresa que, por escrito, dirige el superior al subordinado, sobre su conducta o proceder, de la cual debe dejarse constancia en el legajo personal del causante.
ARTICULO 16.- Arresto. Conforme a la gravedad de la falta, el arresto podrá ser simple o riguroso y consistirá en restricciones a la libertad del sancionado entre uno (1) y sesenta (60) días.
ARTICULO 17.- Arresto simple. El arresto simple implicará la permanencia del causante por el tiempo que dure su arresto en domicilio particular, buque o unidad que se indique. El sancionado participará en las actividades de la unidad que su jefe determine, permaneciendo en los lugares señalados el resto del tiempo.
ARTICULO 18.- Arresto riguroso. El arresto riguroso significará el internamiento del causante en el buque o unidad que se determine. El militar sancionado no participará en las actividades de la unidad durante el tiempo que dure el arresto, con relevo del mando y del servicio pertinente.
ARTICULO 19.- Destitución. La destitución consiste en: 1. La pérdida definitiva del grado.
2. La baja de las fuerzas armadas.
3. La imposibilidad de readquirir estado militar sino en cumplimiento de las obligaciones del servicio militar que, como ciudadano, le correspondan.
ARTICULO 20.- Del cumplimiento de las sanciones. Las sanciones disciplinarias serán inmediatamente ejecutivas y comenzarán a cumplirse el mismo día en que se notifique al infractor la resolución por la que se le imponen.
CAPITULO II
Determinación de las sanciones
ARTICULO 21.- Sanción leve. Las faltas leves o graves podrán ser sancionadas con apercibimiento, arresto simple o riguroso hasta cinco (5) días.
ARTICULO 22.- Sanción grave. Las faltas graves podrán ser sancionadas con arresto simple o riguroso hasta sesenta (60) días.
ARTICULO 23.- Sanciones gravísimas. Las faltas gravísimas serán sancionadas con destitución.
No obstante, cuando existan circunstancias extraordinarias de atenuación, el Consejo de Disciplina podrá recomendar al jefe del Estado Mayor General respectivo que se aplique una sanción menor.
ARTICULO 24.- Criterios de valoración. La sanción disciplinaria se determinará de acuerdo a las circunstancias atenuantes o agravantes particulares presentes en cada caso.
Se tendrá en cuenta la acción y los medios empleados para ejecutarla, la calidad de los motivos que influyeron, la extensión del daño o peligro causados, la conducta precedente del sujeto, la participación que haya tenido en la falta; las reincidencias en que hubiera incurrido y las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión.
CAPITULO III
Agravantes generales
ARTICULO 25.- Agravantes genéricas. Se considerarán agravantes, en especial, las siguientes circunstancias:
1. Cometer la falta en acto del servicio de armas.
2. Cometer la falta formando parte de misiones de paz o comisión en el extranjero.
3. Cometer la falta en presencia de tropa formada o de público.
4. Cometer la falta frente a tropas enemigas.
5. Cometer la falta en grupo de más de dos (2) personas.
6. Cometer la falta en presencia de subalternos.
7. Cometer la falta mientras se desempeña jefatura o mando independiente.
8. La jerarquía o cargo ejercido por el militar que comete la falta.
9. Cometer la falta utilizando armas en forma indebida.
10. Cometer la falta a bordo de nave, de aeronave o de máquina de guerra, en la guardia o depósito de armas, municiones o inflamables; en la custodia de detenido o preso, o en circunstancias de peligro.
11. Cometer la falta afectando a civiles o a prisioneros de guerra.
ARTICULO 26.- Se considerará reincidente cuando tras recibir una sanción disciplinaria, el militar cometiera una nueva falta similar en el lapso de seis (6) meses si es leve, de un (1) año si es grave y de tres (3) años si es gravísima.
CAPITULO IV Atenuantes generales
ARTICULO 27.- Atenuantes genéricas. Se considerarán atenuantes las siguientes circunstancias:
1. Cometer la falta motivado en sentimientos de elevado valor moral o social o en una razonable objeción de conciencia.
2. Presentarse a la autoridad y confesar espontáneamente la comisión de la falta cuando ella o su autor era ignorado o cuando su autoría le era atribuida a otro. 3. Realizar una acción heroica después de haber cometido la falta que repare o impida sus efectos.
4. Impedir o reparar espontáneamente las consecuencias dañosas peligrosas de la falta.
5. Cuando resulta innecesaria y desproporcionada la aplicación de una sanción disciplinaria porque la falta cometida ya ha provocado un daño físico o moral grave al infractor.
6. Cuando la escasa antigüedad del infractor le hubiera impedido comprender el significado de sus actos.
7. Cuando la falta cometida provoca una afectación insignificante a la disciplina militar.
8. Cuando la intervención en la falta cometida por otro resulta de escasa relevancia.
CAPITULO V
Eximentes de responsabilidad disciplinaria
ARTICULO. 28.- Eximentes genéricos. La presencia de una eximente de responsabilidad disciplinaria determinará que no se podrá sancionar disciplinariamente al militar imputado. Las eximentes de responsabilidad disciplinarias aplicables son las siguientes: 1. Cometer la falta por insuficiencia o alteraciones de sus facultades o por encontrarse en un estado de inconsciencia no provocado deliberada o culposamente.
2. Cometer la falta por la existencia de órdenes manifiestamente confusas o contradictorias.
3. Cometer la falta violentado por fuerza física irresistible o por una coacción que no le fuere exigible resistir.
4. Cometer la falta, actuando en legítima defensa o estado de necesidad, siempre que exista proporción entre el daño causado y el bien defendido.
5. Cuando la infracción se hubiere cometido por una orden directa del superior, salvo que la orden fuese manifiestamente ilegal.
TITULO IV Procedimiento en materia de faltas
CAPITULO I
Reglas generales
ARTICULO 29.- Aplicación directa de sanciones leves. Las sanciones disciplinarias por faltas leves y faltas graves que no impliquen una sanción superior a los cinco (5) días de arresto serán impuestas mediante aplicación directa e inmediata por quienes, conforme lo establecido en la presente ley, ostenten potestad disciplinaria.
Quien castigue la falta dejará constancia en el Libro Registro de Novedades de la sanción impuesta, del tipo de infracción con expresa mención de la causa, del lugar y la hora de su comisión, de la identificación del infractor, de la forma de cumplimiento, de la forma de notificación al infractor y de sus observaciones o quejas. Si se tratare de la sanción disciplinaria de arresto, en igual oportunidad, elevará un informe escrito a su superior jerárquico.
Toda sanción es revisable a petición del infractor, formulada por escrito, por ante el superior jerárquico de la autoridad que impuso el correctivo, en el término de cinco (5) días corridos, a partir de su imposición.
También podrá ser revisada de oficio hasta dentro de los diez (10) días de cesado su cumplimiento.
La ratificación, revisión, modificación o anulación de la sanción será definitiva y se registrará de igual modo al previsto en el párrafo segundo del presente artículo.
ARTICULO 30.- Aplicación mediante información disciplinaria de sanciones graves. Cuando se trate de faltas que puedan acarrear una sanción grave, previo a su aplicación, quien tenga el comando o el superior jerárquico según lo previsto en la presente ley, confeccionará una información disciplinaria en la que consten todas las circunstancias necesarias para el mejor conocimiento y juzgamiento de la falta y las recomendaciones sobre la decisión que se debe tomar. El superior oirá al infractor y decidirá lo que corresponda.
Se podrá utilizar cualquier forma de registro, siempre que se garantice su inalterabilidad y seguridad.
Si el caso reviste alguna complejidad o la realización de las investigaciones es incompatible con el desarrollo de las tareas militares, quien tenga el comando o el superior jerárquico según lo previsto en la presente ley solicitará a su superior jerárquico que se designe a un oficial auditor instructor para realizar el informe.
Finalizada la investigación, el oficial auditor instructor confeccionará un informe con las conclusiones de la investigación y las recomendaciones consecuentes. La investigación no podrá superar el plazo de sesenta (60) días.
Si el infractor acepta las conclusiones del informe, quien tenga el comando o el superior jerárquico según lo previsto en la presente ley aplicará la sanción conforme lo establecido en el artículo anterior.
Si no las acepta, total o parcialmente, el auditor elevará las actuaciones al superior que corresponda.
El superior oirá al infractor y podrá aplicar la sanción directamente o convocar al Consejo General de Disciplina, según la gravedad o complejidad de la falta.
La aceptación o el rechazo de las conclusiones del informe por parte del infractor deberá hacerse en un plazo máximo de 5 días a partir de su notificación.
Excepcionalmente, podrá solicitar una prórroga por un período igual, cuando las circunstancias del caso en que se funda la solicitud así lo justifiquen.
La sanción impuesta por el procedimiento previsto en este artículo puede ser apelada ante al Consejo de Disciplina General, cuya resolución será definitiva.
ARTICULO 31.- Procedimiento para faltas gravísimas. Cuando se trate de faltas gravísimas, quien tenga el comando al momento de la comisión de la falta o en ocasión de surgir la novedad, informará sobre su comisión a su superior jerárquico.
Este convocará al infractor y si existen sospechas fundadas de la comisión de la falta disciplinaria, informará pormenorizadamente y pondrá de inmediato al causante a disposición de la instancia superior que cuente con oficial auditor adscrito.
Si fuere indispensable podrá ordenar su aprehensión hasta su presentación ante quien ejerza la jefatura de unidad, subunidad independiente, organismo y demás dependencias.
El oficial auditor adscrito propondrá por escrito la desestimación de la denuncia o solicitará la designación de un oficial auditor instructor quien investigará el caso y, en un plazo máximo de seis (6) meses, efectuará el informe pertinente solicitando la desestimación de la denuncia o el juzgamiento por el Consejo de Disciplina. Si se constata que la falta no es gravísima sino de otra entidad recomendará la aplicación del trámite pertinente.
Durante la investigación se garantizará el derecho de defensa del infractor quien podrá nombrar a un militar asesor de su confianza. Si así lo prefiere, podrá nombrar un abogado.
El infractor será suspendido de inmediato del servicio y por resolución fundada del oficial auditor instructor se podrá aplicar preventivamente el arresto riguroso cuando existan razones de gravedad que afecten la eficiencia del servicio o el estado general de disciplina y siempre que hubiera circunstancias de aislamiento o imposibilidad de contacto inmediato para ordenar su salida del lugar en que se encuentre. Esta decisión es impugnable conforme lo previsto en el artículo siguiente. Mientras dure el procedimiento disciplinario el infractor dependerá, administrativamente, del responsable del área de personal de la instancia a la que pertenezca el Consejo de Disciplina a intervenir.
Concluida la instrucción y recibidas las actuaciones, el Consejo de Disciplina fijará día y hora para una audiencia oral dentro de los treinta (30) días.
Las audiencias serán públicas para el personal militar. El procedimiento se regirá por las siguientes reglas: a) Se citará al oficial auditor instructor con intervención en el caso para que sostenga en la audiencia la petición de la sanción; b) Se designará, de una lista conformada anualmente al efecto e integrada por oficiales auditores, un defensor para el infractor, salvo que prefiera defenderse por sí mismo o por personal militar de su confianza, siempre que ello, a criterio del Consejo de Disciplina, no implique dilaciones indebidas.
Si lo prefiere, podrá designar un abogado. El abogado contará con un plazo máximo de 10 días para tomar conocimiento de las actuaciones; c) El oficial auditor instructor tendrá la carga de presentar la prueba que servirá de base a su petición. El infractor tendrá facultad para, en un plazo razonable, ofrecer la prueba que haga a su descargo; d) En la audiencia las partes interrogarán a los testigos y examinarán los demás elementos de prueba. El tribunal no suplirá la actividad de las partes; e) El desarrollo de la audiencia será simple, concentrado, sin rigorismos formales, adecuado a las necesidades de celeridad y oportunidad de la sanción, garantizará el derecho de defensa y permitirá el debate entre las partes; f) El Consejo de Disciplina dictará su resolución inmediatamente después de finalizado el debate.
Se labrará un acta sucinta del servicio en la que conste la resolución. También se podrán utilizar otras formas de registro que garanticen la inalterabilidad y seguridad; g) Antes de iniciar el debate el infractor podrá reconocer su falta y aceptar la sanción. En este caso, el tribunal verificará la libertad del consentimiento del infractor y resolverá de inmediato, dejando constancia en acta del reconocimiento y de la sanción impuesta.
ARTICULO 32.- Revisión. Las sanciones impuestas por los consejos de disciplina son apelables por ante el jefe del estado mayor general de la fuerza de que se trate, quien podrá resolver directamente o convocar al Consejo General Disciplinario.
Las absoluciones no son apelables, salvo cuando el fundamento de la absolución no dejare a salvo el buen nombre y honor del infractor.
El recurso será interpuesto dentro de los diez (10) días, por escrito fundado e indicando los elementos de prueba que se solicita sean revisados. La decisión del jefe del estado mayor general de la fuerza de que se trate será definitiva. La decisión del Consejo General Disciplinario de la fuerza de que se trate, en su caso, se tomará en audiencia oral conforme lo establecido en el artículo anterior y será definitiva. En ambos casos, el recurso será decidido en un plazo máximo de treinta (30) días.
ARTICULO 33.- Revisión judicial. Cuando se plantee la revisión judicial el infractor deberá informar de la presentación de la demanda a la máxima instancia del área de personal de la fuerza de que se trate.
TITULO V Organos del régimen disciplinario
CAPITULO I
Consejo General de Guerra
ARTICULO 34. - Créase en el ámbito del Ministerio de Defensa el Consejo General de Guerra, integrado por el ministro de Defensa, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las fuerzas armadas y quien le suceda en jerarquía en dicha instancia. Tendrá competencia para: 1. La revisión de las sanciones disciplinarias impuestas por el Consejo General de Disciplina de cada fuerza, cuando éste actúe como tribunal de primera instancia.
2. La revisión de aquellos casos que, por disposición especial, establezca el comandante en jefe de las fuerzas armadas, por su gravedad institucional o cuando sea necesario unificar criterios entre los distintos consejos generales de disciplina.
3. Conocer, en instancia única, en los casos de infracciones gravísimas cuya comisión fuera atribuida a los jefes de los estados mayores generales de cada una de las fuerzas.
4. Conocer, en instancia única, en los casos de faltas gravísimas o graves cometidas por personal militar con desempeño en el Estado Mayor Conjunto de las fuerzas armadas, en la Auditoría General de las fuerzas armadas y en el Ministerio de Defensa.
La secretaría del consejo será desempeñada por el oficial de personal del Estado Mayor Conjunto de las fuerzas armadas. CAPITULO II Consejos generales de disciplina militar ARTICULO 35.- Creación. Créanse, a los efectos previstos en la presente ley, en las máximas instancias jerárquicas de las fuerzas armadas, consejos generales de disciplina.
Ellos serán competentes en los siguientes casos:
1. El juzgamiento de infracciones gravísimas, cometidas por oficiales superiores, cualquiera sea el lugar de su comisión.
2. El juzgamiento de faltas gravísimas cometidas por otros oficiales cuando por razones de gravedad institucional así lo disponga el comandante en jefe de las fuerzas armadas.
3. La resolución de los recursos interpuestos por la aplicación de sanciones graves.
4. El juzgamiento de faltas graves en los casos que corresponda.
ARTICULO 36.- Integración. Los consejos generales de disciplina se integrarán con tres (3) miembros, desempeñándose como presidente quien ejerza la jefatura del estado mayor general de la fuerza de que se trate, y como vocales, quienes le sucedan inmediatamente en grado o antigüedad.
La secretaría del consejo será desempeñada por el oficial de personal del estado mayor general correspondiente.
ARTICULO 37.- Desempeño de actividades. La actuación, como integrante de los consejos generales de disciplina, no menoscabará las funciones castrenses que ordinariamente le correspondan a cada uno de ellos en razón de su grado y jerarquía y del cargo que desempeñen.
ARTICULO 38.- Asesoramiento. Cada Consejo General de Disciplina contará con la asistencia de la máxima instancia técnico-jurídica de la fuerza de que se trate. Asesorará en todos los casos en que cualquiera de los integrantes del Consejo General de Disciplina lo requiera y, en forma inexcusable, por escrito y con anterioridad a la resolución del consejo, emitirá opinión respecto de las cuestiones de naturaleza jurídica vinculadas al procedimiento.
ARTICULO 39.- Inhabilidades. Los miembros de los consejos generales de disciplina deberán excusarse del conocimiento del caso o podrán ser recusados, siempre que exista temor fundado de que no actúen imparcialmente y, en especial, en cualquiera de las siguientes circunstancias:
1. Cuando mantuvieren relación de parentesco, con el causante o con la autoridad militar denunciante, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.
2. Cuando tuvieren amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de las personas interesadas que intervengan en el procedimiento.
3. Cuando hubieren intervenido como testigos o peritos en el expediente de cuya resolución se trate, o si como funcionarios hubieren manifestado previamente su opinión, en el mismo, de modo que pudieran prejuzgar la resolución del asunto.
CAPITULO III
Consejos de disciplina
ARTICULO 40.- Consejos de disciplina. Créanse, a los efectos previstos en la presente ley, en las instancias jerárquicas de la estructura de las fuerzas armadas de la República Argentina, que cuenten con oficial auditor adscrito, consejos de disciplina, para el juzgamiento de las faltas que merezcan sanciones graves.
ARTICULO 41.- Integración. Los consejos de disciplina se integrarán con tres miembros, desempeñándose como presidente quien ejerza la comandancia, jefatura, dirección u organismo de la instancia de que se trate, o quien en la oportunidad lo reemplace, y como vocales, quienes le sucedan inmediatamente en grado o antigüedad. La secretaría del consejo será desempeñada por el oficial de personal de la instancia de que se trate.
ARTICULO 42.- Requisitos. Los integrantes de los consejos de disciplina serán siempre de mayor grado o antigüedad que el militar a quien se le endilgue la comisión de la falta disciplinaria a ser considerada.
ARTICULO 43.- Asesoramiento. Cada Consejo de Disciplina contará con la asistencia de un oficial proveniente del cuerpo profesional - escalafón jurídico de la fuerza de que se trate. Asesorará en todos los casos en que cualquiera de los integrantes del Consejo de Disciplina lo requiera y, en forma inexcusable, por escrito y con anterioridad a la resolución del consejo, emitirá opinión respecto de las cuestiones de naturaleza jurídica vinculadas al procedimiento.
ARTICULO 44.- Independencia. Los oficiales que se desempeñen com
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Creado: 29/08/08
.....(Continuacion del mensaje anterior)........-o instructores, defensores o asesores de los consejos de disciplina, gozarán de absoluta independencia de criterio y dependerán, a todo efecto, de la máxima instancia jurídica de la fuerza de que se trate.
CAPITULO IV
Registros de antecedentes
ARTICULO 45.- Registro de sanciones. Será responsabilidad de la máxima instancia del área de personal de cada unidad, subunidad independiente, organismo y demás dependencias, llevar un registro, debidamente actualizado, en el que se asentarán los correctivos impuestos.
Se consignará en él, lugar y fecha de la comisión de la falta, grado, nombre, apellido y número de instituto de quien o quienes la cometieran, grado, nombre y apellido de la autoridad que impuso el correctivo, la sanción concreta impuesta, como asimismo la totalidad de los datos concernientes al trámite posterior.
ARTICULO 46.- Registro de decisiones. Cada Consejo de Disciplina será responsable de llevar un libro de registro, debidamente actualizado, de los casos en que hubiera intervenido.
Se consignará en él grado, nombre, apellido y número de instituto del causante, con mención de las fechas de intervención del consejo, las decisiones recaídas y su fundamentación, detalle del reproche disciplinario discernido, como asimismo, la totalidad de los datos concernientes al trámite posterior.
ARTICULO 47.- Otros legajos. Lo consignado en los artículos precedentes es sin perjuicio de las anotaciones que se efectúen en los legajos del personal militar, en cada caso.
ARTICULO 48.- Registro central. Créase, sin perjuicio de lo consignado en los artículos precedentes, el registro único de estado disciplinario de cada fuerza armada, el que estará a cargo de un oficial superior y dependerá, directamente, de la máxima instancia jerárquica del área de personal, de cada fuerza.
ARTICULO 49.- Informe. Quienes ejerzan la jefatura de unidad, subunidad independiente, organismo y demás dependencias, como asimismo, quienes ejerzan la presidencia de los consejos de disciplina elevarán, en un plazo de cinco (5) días corridos contados desde la imposición de la sanción y de la resolución definitiva de cada caso, al registro único de estado disciplinario de la fuerza de que se trate, los datos de que da cuenta el artículo 46 de la presente ley.
ANEXO V
CREACION DEL SERVICIO DE JUSTICIA CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS
ARTICULO 1º.- Créase el Servicio de Justicia Conjunto de las fuerzas armadas.
ARTICULO 2º.- Créase, en el ámbito del Ministerio de Defensa, la Auditoría General de las fuerzas armadas, cuya titularidad será ejercida por un oficial superior de los servicios de justicia de las fuerzas armadas, de la jerarquía de general o equivalente, que será designado por el presidente de la Nación, a propuesta del ministro de Defensa.
ARTICULO 3º.- Con carácter previo al procedimiento fijado en el artículo anterior, el Ministerio de Defensa publicitará debidamente los datos personales y antecedentes del oficial superior a proponer a los efectos de su designación, y en el término de treinta (30) días corridos -que se contará desde la última publicación- recibirá eventuales adhesiones y oposiciones.
ARTICULO 4º.- La titularidad de la Auditoría General de las fuerzas armadas será ejercida, alternativa y rotativamente, durante el lapso de dos (2) años, por oficiales pertenecientes a los servicios de justicia de cada una de las fuerzas armadas.
ARTICULO 5º.- Secundará al auditor general de las fuerzas armadas, el auditor general adjunto, quien deberá pertenecer a una fuerza armada diferente a la de aquél, ostentará igual grado, se desempeñará por igual lapso y será designado en igual forma.
ARTICULO 6º.- En caso de impedimento accidental, el auditor general de las fuerzas armadas será reemplazado, en primer término, por el auditor general adjunto, y en su caso, por quien desempeñándose como jefe de departamento de la Auditoría General de las fuerzas armadas, le suceda jerárquicamente al último de los mencionados. Se considerará accidental todo impedimento que no exceda de tres (3) meses.
ARTICULO 7º.- La Auditoría General de las fuerzas armadas, se integrará, a partir de la vigencia de la presente ley, con cuatro departamentos, uno por cada fuerza, cuyas jefaturas serán ejercidas por oficiales superiores de los servicios jurídicos de las fuerzas armadas y el departamento de Administración, cuya jefatura será ejercida por un oficial superior de la fuerza a la que pertenezca el auditor general de las fuerzas armadas. Dicha estructura será inmodificable, y sólo podrá ampliarse previa propuesta del auditor general de las fuerzas armadas, la que deberá contar con la conformidad del ministro de Defensa y mediante el dictado del pertinente decreto por parte del señor presidente de la Nación en su carácter de comandante en jefe de las fuerzas armadas. En todos los casos, y cualquiera sea la estructura orgánica que se establezca, las correspondientes designaciones serán efectuadas por el ministro de Defensa.
ARTICULO 8º.- La integración de cada uno de los departamentos será fijada por el auditor general de las fuerzas armadas e informada al Ministerio de Defensa, en el término de sesenta (60) días de producida su designación, a los efectos de los pertinentes nombramientos y pases. Igual procedimiento adoptará el auditor general de las fuerzas armadas, anualmente, con carácter previo al último trimestre, a los efectos de asegurar los reemplazos que fuera menester realizar.
ARTICULO 9º.- En igual término al previsto en el primer párrafo del artículo precedente, el auditor general de las fuerzas armadas deberá presentar por ante el Ministerio de Defensa, a los efectos de su aprobación, la normativa que fijará el régimen funcional de la máxima instancia de contralor de legalidad. Idéntico temperamento adoptará, cuando circunstancias propias de su labor específica, evidencien la necesidad de modificar la norma de mención.
ARTICULO 10.- Los integrantes de la Auditoría General de las fuerzas armadas dependerán, a todo efecto, del Ministerio de Defensa, mientras dure su desempeño en la misma.
ARTICULO 11.- Corresponderá al auditor general de las fuerzas armadas:
1. Asesorar en cuestiones jurídicas al Ministerio de Defensa, al Estado Mayor Conjunto de las fuerzas armadas, a los jefes de estados mayores generales de las fuerzas armadas y a las misiones de mantenimiento de la paz, personal y contingentes destacados en el extranjero.
2. Determinar las exigencias de naturaleza técnico-jurídica inherentes al procedimiento de ingreso, contenidos de los cursos de inserción y especializaciones exigidas a lo largo de la carrera de los ciudadanos que aspiren a ingresar, e ingresen, a los Servicios de Justicia de las fuerzas armadas.
En todos los casos, los requerimientos de participación del auditor general de las fuerzas armadas se canalizarán otorgando previa intervención al Ministerio de Defensa.
ARTICULO 12.- La intervención del auditor general de las fuerzas armadas, ante requerimientos formulados por el ministro de Defensa, por el jefe del Estado Mayor Conjunto de las fuerzas armadas, o por cualquiera de los jefes de los estados mayores generales de las fuerzas armadas es inexcusable, y en su caso, la reticencia u omisión, constituirá falta grave.
ARTICULO 13.- A los efectos de asegurar el logro de su cometido, el auditor general de las fuerzas armadas podrá, por sí o por intermedio de personal dependiente, realizar inspecciones a cualquiera de las instancias que cuenten con oficial auditor de las fuerzas armadas. También podrá requerir, en forma directa, de cualquiera de esas instancias, la emisión de un informe pormenorizado relacionado con sus incumbencias.
ARTICULO 14.- El auditor general de las fuerzas armadas emitirá circulares que deberán ser conocidas y acatadas por la totalidad del personal perteneciente a los servicios de justicia de las fuerzas armadas, con la finalidad de emitir información, de uniformar la asistencia técnico-jurídica brindada por las diferentes instancias de asesoramiento o cuando por cualquier otra causa lo considere necesario.
ARTICULO 15.- Será responsabilidad del auditor general de las fuerzas armadas, mediante la gestión del departamento de administración, crear y mantener actualizada la Biblioteca Militar de la República Argentina, donde se archivarán, debidamente clasificados, además de la bibliografía específica pertinente, la totalidad de los dictámenes emitidos por la máxima instancia de contralor de legalidad. Dicha biblioteca será de acceso público y gratuito.
ARTICULO 16.- En el Estado Mayor Conjunto de las fuerzas armadas, ejercerá la titularidad de la asesoría pertinente y será el principal responsable en el asesoramiento técnico-jurídico y el contralor de la legalidad, un oficial superior perteneciente al servicio de justicia, de cualquiera de las fuerzas armadas, designado por el Ministro de Defensa. La asesoría jurídica del Estado Mayor Conjunto de las fuerzas armadas se integrará conforme a la estructura orgánica que se determine, atento a sus necesidades específicas, previo conocimiento y aprobación del auditor general de las fuerzas armadas.
ARTICULO 17.- En cada una de las fuerzas armadas, un oficial superior perteneciente al servicio de justicia y designado por el jefe del estado mayor general de la fuerza correspondiente, ejercerá la titularidad de la asesoría jurídica y será el principal responsable en el asesoramiento técnico-jurídico y el contralor de la legalidad.
ARTICULO 18.- La asesoría jurídica de la fuerza armada de que se trate, se integrará conforme a la estructura orgánica que determine el jefe del estado mayor general de la fuerza correspondiente, atento a sus necesidades específicas. Cualquier alteración o modificación, deberá realizarse por decisión de igual autoridad, o previa recomendación del auditor general de las fuerzas armadas y decisión del Ministerio de Defensa.
ARTICULO 19.- Cada una de las fuerzas armadas determinará las diversas instancias en las que destacará oficiales auditores a los efectos de asegurar la misión de asesoramiento técnico-jurídico que considere necesario. Cualquier alteración o modificación deberá realizarse por decisión de igual autoridad, o previa recomendación del auditor general de las fuerzas armadas y decisión del Ministerio de Defensa.
ARTICULO 20.- A partir de la entrada en vigencia del presente, la totalidad de los integrantes de los servicios de justicia de las fuerzas armadas poseerán absoluta independencia de criterio, encontrando como única limitación las directivas emitidas mediante circulares, por el auditor general de las fuerzas armadas. No obstante ello, todo oficial perteneciente a los servicios de justicia de las fuerzas armadas, mantendrá la facultad de consignar su opinión personal.
ARTICULO 21.- Cada una de las fuerzas armadas reclutará y formará a los ciudadanos abogados que se incorporen al servicio de justicia correspondiente, con las únicas limitaciones que podrá determinar el auditor general de las fuerzas armadas.
ARTICULO 22.- Los planes de carrera de los oficiales auditores de las diferentes fuerzas armadas, deberán ser idénticos en cuanto a máxima jerarquía -general o equivalente-, a años de servicio de la carrera, años por grado, y demás circunstancias vinculadas, de manera de evitar alteraciones cíclicas que incidan sobre las jerarquías.
ARTICULO 23.- Los oficiales pertenecientes a los servicios de justicia de las fuerzas armadas no podrán ser empleados en tareas ajenas a las fijadas por la presente ley.
La procuración y gestión judicial, en causas que alcancen a personal de las fuerzas armadas, cualquiera sea su naturaleza, sólo podrá llevarse a cabo mediando el consentimiento del oficial auditor de que se trate y previa intervención del auditor general de las fuerzas armadas.
ARTICULO 24.- Será responsabilidad de la máxima instancia jerárquica de cada una de las fuerzas armadas, la oportuna adaptación de la normativa interna, y la emisión de nuevas directivas, de conformidad a lo previsto por la presente ley.
Saludos
PD: se que deberia haber hecho otro post en legislacion pero como sigue el hilo de este post me parecio que todo agrupado aca queda mejosr.
CAPITULO IV
Registros de antecedentes
ARTICULO 45.- Registro de sanciones. Será responsabilidad de la máxima instancia del área de personal de cada unidad, subunidad independiente, organismo y demás dependencias, llevar un registro, debidamente actualizado, en el que se asentarán los correctivos impuestos.
Se consignará en él, lugar y fecha de la comisión de la falta, grado, nombre, apellido y número de instituto de quien o quienes la cometieran, grado, nombre y apellido de la autoridad que impuso el correctivo, la sanción concreta impuesta, como asimismo la totalidad de los datos concernientes al trámite posterior.
ARTICULO 46.- Registro de decisiones. Cada Consejo de Disciplina será responsable de llevar un libro de registro, debidamente actualizado, de los casos en que hubiera intervenido.
Se consignará en él grado, nombre, apellido y número de instituto del causante, con mención de las fechas de intervención del consejo, las decisiones recaídas y su fundamentación, detalle del reproche disciplinario discernido, como asimismo, la totalidad de los datos concernientes al trámite posterior.
ARTICULO 47.- Otros legajos. Lo consignado en los artículos precedentes es sin perjuicio de las anotaciones que se efectúen en los legajos del personal militar, en cada caso.
ARTICULO 48.- Registro central. Créase, sin perjuicio de lo consignado en los artículos precedentes, el registro único de estado disciplinario de cada fuerza armada, el que estará a cargo de un oficial superior y dependerá, directamente, de la máxima instancia jerárquica del área de personal, de cada fuerza.
ARTICULO 49.- Informe. Quienes ejerzan la jefatura de unidad, subunidad independiente, organismo y demás dependencias, como asimismo, quienes ejerzan la presidencia de los consejos de disciplina elevarán, en un plazo de cinco (5) días corridos contados desde la imposición de la sanción y de la resolución definitiva de cada caso, al registro único de estado disciplinario de la fuerza de que se trate, los datos de que da cuenta el artículo 46 de la presente ley.
ANEXO V
CREACION DEL SERVICIO DE JUSTICIA CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS
ARTICULO 1º.- Créase el Servicio de Justicia Conjunto de las fuerzas armadas.
ARTICULO 2º.- Créase, en el ámbito del Ministerio de Defensa, la Auditoría General de las fuerzas armadas, cuya titularidad será ejercida por un oficial superior de los servicios de justicia de las fuerzas armadas, de la jerarquía de general o equivalente, que será designado por el presidente de la Nación, a propuesta del ministro de Defensa.
ARTICULO 3º.- Con carácter previo al procedimiento fijado en el artículo anterior, el Ministerio de Defensa publicitará debidamente los datos personales y antecedentes del oficial superior a proponer a los efectos de su designación, y en el término de treinta (30) días corridos -que se contará desde la última publicación- recibirá eventuales adhesiones y oposiciones.
ARTICULO 4º.- La titularidad de la Auditoría General de las fuerzas armadas será ejercida, alternativa y rotativamente, durante el lapso de dos (2) años, por oficiales pertenecientes a los servicios de justicia de cada una de las fuerzas armadas.
ARTICULO 5º.- Secundará al auditor general de las fuerzas armadas, el auditor general adjunto, quien deberá pertenecer a una fuerza armada diferente a la de aquél, ostentará igual grado, se desempeñará por igual lapso y será designado en igual forma.
ARTICULO 6º.- En caso de impedimento accidental, el auditor general de las fuerzas armadas será reemplazado, en primer término, por el auditor general adjunto, y en su caso, por quien desempeñándose como jefe de departamento de la Auditoría General de las fuerzas armadas, le suceda jerárquicamente al último de los mencionados. Se considerará accidental todo impedimento que no exceda de tres (3) meses.
ARTICULO 7º.- La Auditoría General de las fuerzas armadas, se integrará, a partir de la vigencia de la presente ley, con cuatro departamentos, uno por cada fuerza, cuyas jefaturas serán ejercidas por oficiales superiores de los servicios jurídicos de las fuerzas armadas y el departamento de Administración, cuya jefatura será ejercida por un oficial superior de la fuerza a la que pertenezca el auditor general de las fuerzas armadas. Dicha estructura será inmodificable, y sólo podrá ampliarse previa propuesta del auditor general de las fuerzas armadas, la que deberá contar con la conformidad del ministro de Defensa y mediante el dictado del pertinente decreto por parte del señor presidente de la Nación en su carácter de comandante en jefe de las fuerzas armadas. En todos los casos, y cualquiera sea la estructura orgánica que se establezca, las correspondientes designaciones serán efectuadas por el ministro de Defensa.
ARTICULO 8º.- La integración de cada uno de los departamentos será fijada por el auditor general de las fuerzas armadas e informada al Ministerio de Defensa, en el término de sesenta (60) días de producida su designación, a los efectos de los pertinentes nombramientos y pases. Igual procedimiento adoptará el auditor general de las fuerzas armadas, anualmente, con carácter previo al último trimestre, a los efectos de asegurar los reemplazos que fuera menester realizar.
ARTICULO 9º.- En igual término al previsto en el primer párrafo del artículo precedente, el auditor general de las fuerzas armadas deberá presentar por ante el Ministerio de Defensa, a los efectos de su aprobación, la normativa que fijará el régimen funcional de la máxima instancia de contralor de legalidad. Idéntico temperamento adoptará, cuando circunstancias propias de su labor específica, evidencien la necesidad de modificar la norma de mención.
ARTICULO 10.- Los integrantes de la Auditoría General de las fuerzas armadas dependerán, a todo efecto, del Ministerio de Defensa, mientras dure su desempeño en la misma.
ARTICULO 11.- Corresponderá al auditor general de las fuerzas armadas:
1. Asesorar en cuestiones jurídicas al Ministerio de Defensa, al Estado Mayor Conjunto de las fuerzas armadas, a los jefes de estados mayores generales de las fuerzas armadas y a las misiones de mantenimiento de la paz, personal y contingentes destacados en el extranjero.
2. Determinar las exigencias de naturaleza técnico-jurídica inherentes al procedimiento de ingreso, contenidos de los cursos de inserción y especializaciones exigidas a lo largo de la carrera de los ciudadanos que aspiren a ingresar, e ingresen, a los Servicios de Justicia de las fuerzas armadas.
En todos los casos, los requerimientos de participación del auditor general de las fuerzas armadas se canalizarán otorgando previa intervención al Ministerio de Defensa.
ARTICULO 12.- La intervención del auditor general de las fuerzas armadas, ante requerimientos formulados por el ministro de Defensa, por el jefe del Estado Mayor Conjunto de las fuerzas armadas, o por cualquiera de los jefes de los estados mayores generales de las fuerzas armadas es inexcusable, y en su caso, la reticencia u omisión, constituirá falta grave.
ARTICULO 13.- A los efectos de asegurar el logro de su cometido, el auditor general de las fuerzas armadas podrá, por sí o por intermedio de personal dependiente, realizar inspecciones a cualquiera de las instancias que cuenten con oficial auditor de las fuerzas armadas. También podrá requerir, en forma directa, de cualquiera de esas instancias, la emisión de un informe pormenorizado relacionado con sus incumbencias.
ARTICULO 14.- El auditor general de las fuerzas armadas emitirá circulares que deberán ser conocidas y acatadas por la totalidad del personal perteneciente a los servicios de justicia de las fuerzas armadas, con la finalidad de emitir información, de uniformar la asistencia técnico-jurídica brindada por las diferentes instancias de asesoramiento o cuando por cualquier otra causa lo considere necesario.
ARTICULO 15.- Será responsabilidad del auditor general de las fuerzas armadas, mediante la gestión del departamento de administración, crear y mantener actualizada la Biblioteca Militar de la República Argentina, donde se archivarán, debidamente clasificados, además de la bibliografía específica pertinente, la totalidad de los dictámenes emitidos por la máxima instancia de contralor de legalidad. Dicha biblioteca será de acceso público y gratuito.
ARTICULO 16.- En el Estado Mayor Conjunto de las fuerzas armadas, ejercerá la titularidad de la asesoría pertinente y será el principal responsable en el asesoramiento técnico-jurídico y el contralor de la legalidad, un oficial superior perteneciente al servicio de justicia, de cualquiera de las fuerzas armadas, designado por el Ministro de Defensa. La asesoría jurídica del Estado Mayor Conjunto de las fuerzas armadas se integrará conforme a la estructura orgánica que se determine, atento a sus necesidades específicas, previo conocimiento y aprobación del auditor general de las fuerzas armadas.
ARTICULO 17.- En cada una de las fuerzas armadas, un oficial superior perteneciente al servicio de justicia y designado por el jefe del estado mayor general de la fuerza correspondiente, ejercerá la titularidad de la asesoría jurídica y será el principal responsable en el asesoramiento técnico-jurídico y el contralor de la legalidad.
ARTICULO 18.- La asesoría jurídica de la fuerza armada de que se trate, se integrará conforme a la estructura orgánica que determine el jefe del estado mayor general de la fuerza correspondiente, atento a sus necesidades específicas. Cualquier alteración o modificación, deberá realizarse por decisión de igual autoridad, o previa recomendación del auditor general de las fuerzas armadas y decisión del Ministerio de Defensa.
ARTICULO 19.- Cada una de las fuerzas armadas determinará las diversas instancias en las que destacará oficiales auditores a los efectos de asegurar la misión de asesoramiento técnico-jurídico que considere necesario. Cualquier alteración o modificación deberá realizarse por decisión de igual autoridad, o previa recomendación del auditor general de las fuerzas armadas y decisión del Ministerio de Defensa.
ARTICULO 20.- A partir de la entrada en vigencia del presente, la totalidad de los integrantes de los servicios de justicia de las fuerzas armadas poseerán absoluta independencia de criterio, encontrando como única limitación las directivas emitidas mediante circulares, por el auditor general de las fuerzas armadas. No obstante ello, todo oficial perteneciente a los servicios de justicia de las fuerzas armadas, mantendrá la facultad de consignar su opinión personal.
ARTICULO 21.- Cada una de las fuerzas armadas reclutará y formará a los ciudadanos abogados que se incorporen al servicio de justicia correspondiente, con las únicas limitaciones que podrá determinar el auditor general de las fuerzas armadas.
ARTICULO 22.- Los planes de carrera de los oficiales auditores de las diferentes fuerzas armadas, deberán ser idénticos en cuanto a máxima jerarquía -general o equivalente-, a años de servicio de la carrera, años por grado, y demás circunstancias vinculadas, de manera de evitar alteraciones cíclicas que incidan sobre las jerarquías.
ARTICULO 23.- Los oficiales pertenecientes a los servicios de justicia de las fuerzas armadas no podrán ser empleados en tareas ajenas a las fijadas por la presente ley.
La procuración y gestión judicial, en causas que alcancen a personal de las fuerzas armadas, cualquiera sea su naturaleza, sólo podrá llevarse a cabo mediando el consentimiento del oficial auditor de que se trate y previa intervención del auditor general de las fuerzas armadas.
ARTICULO 24.- Será responsabilidad de la máxima instancia jerárquica de cada una de las fuerzas armadas, la oportuna adaptación de la normativa interna, y la emisión de nuevas directivas, de conformidad a lo previsto por la presente ley.
Saludos
PD: se que deberia haber hecho otro post en legislacion pero como sigue el hilo de este post me parecio que todo agrupado aca queda mejosr.
bue del codigo de justicia militar no opino mucho, porque yo pensaba que solo era para los delitos cometidos en su funcion, y no para los ordinarios..
pero por lo que leo parece que no era para lo que yo pensaba.
Respecto de la ley de nombre... me parece una tontenria que tenga que ser obligatorio el apellido materno..
Tiene que seguir siendo optativo..
hay mucha gente que elige los nombres de acuerdo a como "pega con el apellido" si queda bien o no que esten los apellidos conjuntos y demas" cosa que no me parece mal.
Yo tengo los dos apellidos, pero fue una decision de mis padres ponerlos así, no porque nadie se lo impuso..
sin embargo yo uso y a mi todos me conocen por mi apellido paterno y me parece perfecto.
Igual antes habia escuchado que querian que el apellido de la madre sea el que vaya en primer lugar como obligatorio... por suerte esa version no prospero.. ya seria el colmo del ridiculo.
Para mi tiene que ver con tradiciones..
una cosa es que sea optativo y otra cosa que te lo impongan.
No me parece....
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"Como será de noble este país que tenemos quinientos años de estar tratando de acabar con el, y todavía no lo logramos"