DEUDA PUBLICA

DEUDA PUBLICA

LEY 23.982

Consolídanse en el estado Nacional obligaciones de pagar sumas de dinero devengadas hasta el 1º de Abril de 1991 luego de su reconocimiento firme en sede administrativa o judicial. Normas de procedimiento.

Sancionada: Agosto 21 de 1991
Promulgada parcialmente: Agosto 22 de 1991

ARTICULO 1° – Consolídanse en el Estado nacional las obligaciones vencidas o de causa o título anterior al 1 de abril de 1991 que consistan en el pago de sumas de dinero, o que se resuelvan en el pago de sumas de dinero, en cualquiera de los siguientes casos.
a) Cuando medie o hubiese mediado controversia reclamada judicial o administrativamente conforme a leyes vigentes acerca de los hechos o el derecho aplicable.
b) Cuando el crédito o derecho reclamado judicial o administrativamente, o susceptible de ser reclamado judicial o administrativamente haya sido alcanzado por suspensiones dispuestas por leyes o decretos dictados con fundamento en los poderes de emergencia del Estado hasta el 1 de abril de 1991, y su atención no haya sido dispuesta o instrumentada por otros medios.
c) Cuando el crédito sea o haya sido reconocido por pronunciamiento judicial aunque no hubiere existido controversia, o ésta cesare o hubiere cesado por un acto administrativo firme, un laudo arbitral o una transacción.
d) Cuando se trate de obligaciones accesorias a una obligación consolidada.
e) Cuando el Estado hubiera reconocido el crédito y hubiera propuesto una transacción en los términos del inciso a).
Las obligaciones mencionadas sólo quedarán consolidadas luego de su reconocimiento firme en sede administrativa o judicial.
Quedan excluidas las obligaciones que corresponden a deudas corrientes, aun cuando se encuentren en mora, excepto las comprendidas en alguno de los incisos anteriores y las de naturaleza previsional.
El acreedor cuyos créditos queden sometidos al régimen de la presente ley podrá liberarse de sus deudas respecto a los profesionales que hubieren representado o asistido a las partes en el juicio o en las actuaciones administrativas correspondientes y respecto a los peritos en su caso, mediante cesión por su valor nominal de los derechos emergentes de esta ley, respetándose, en su caso, la proporción de lo percibido en títulos o en efectivo.
También quedan excluidos del régimen de la presente ley, el pago de las indemnizaciones por expropiación por causas de utilidad pública o por desposesión ilegítima de bienes, así declarada judicialmente con sentencia pasadas con autoridad de cosa juzgada.

ARTICULO 2° – La consolidación dispuesta comprende las obligaciones a cargo del Estado nacional, Administración pública centralizada o descentralizada, Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, Banco Central de la República Argentina, Fuerzas Armadas y de Seguridad, Fabricaciones Militares, entidades autárquicas, empresas del Estado, sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta, servicios de cuentas especiales, del Instituto Nacional de Previsión Social y de las obras sociales del sector público. También comprende las obligaciones a cargo de todo otro ente en el que el Estado nacional o sus entes descentralizados tengan participación total o mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias, en la medida en que recaigan sobre el Tesoro Nacional, excepto el Banco de la Nación Argentina y el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, el Banco Nacional de Desarrollo y el Banco Hipotecario Nacional.
Lo establecido en el párrafo anterior será también de aplicación a las obligaciones de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires que deberá dictar la reglamentación pertinente, estableciendo las modalidades de aplicación a través de su Departamento Ejecutivo.

ARTICULO 3° – Las sentencias judiciales, los actos administrativos firmes, los acuerdos transacciones y los laudos arbitrales que reconozcan la existencia de las obligaciones alcanzadas por la consolidación dispuesta en los artículos anteriores, tendrán carácter meramente declarativo con relación a los sujetos del artículo 2º, limitándose al reconocimiento del derecho que se pretenda. La única vía para su cumplimiento es la establecida en la presente ley.

ARTICULO 4° – Los representantes judiciales de las personas jurídicas u organismos alcanzados por el artículo 2º solicitarán, dentro de los cinco días de la entrada en vigencia de la presente ley, el levantamiento de todas las medidas ejecutivas o cautelares dictadas en su contra. Dicho levantamiento deberá disponerse inmediatamente, sin sustanciación, sin costa alguna para el embargante, ni aportes de los profesionales intervinientes, liberándose incluso los depósitos de sumas de dinero o los libramientos que hubiesen sido alcanzados por las suspensiones dispuestas por la legislación de emergencia. No podrá en el futuro disponerse la traba de medidas cautelares o ejecutorias respecto de las obligaciones consolidadas conforme a esta ley.

ARTICULO 5° – Para solicitar el pago de las deudas que se consolidan, los titulares de los derechos que hayan sido definitivamente reconocidos deberán presentar la liquidación judicial aprobada y firme de sus acreencias, o la liquidación administrativa definitiva que cuente con la previa conformidad del Tribunal de Cuentas de la Nación, la Sindicatura General de Empresas Públicas o los organismos de control interno correspondientes, expresada en australes al 1 de abril de 1991, en la forma y condiciones que determine la reglamentación.
Las cajas de jubilaciones determinarán de oficio, en un plazo no mayor de ciento veinte (120) días hábiles a partir de la vigencia de esta ley, las acreencias de los beneficiarios del sistema que no hubieran promovido acciones judiciales o no tuvieran liquidación administrativa en su expediente.
Las deudas que mantiene la Nación con las provincias, y que tengan el carácter de los casos comprendidos en el artículo 1º, deberán ser acordadas por las partes dentro de un plazo que no podrá ser mayor a los sesenta (60) días corridos, contados a partir de la vigencia de la presente ley.
Cuando por existir divergencias no se pudiera en dicho término arribar a una determinación definitiva, deberá someterse el diferendo al arbitraje de la Comisión Federal de Impuestos, a cuyo fin las partes deberán remitir los antecedentes en cuestión en un plazo perentorio de diez (10) días desde que venció el plazo.
Dicha Comisión deberá expedirse en el plazo de ciento veinte (120) días corridos, contados desde que reciba los antecedentes teniendo lo resuelto el mismo efecto que el de un reconocimiento firme administrativo. Los gastos y costas del procedimiento serán en el orden causado.
La Comisión Federal de Impuestos podrá declarar que no acepta el arbitraje, en cuyo caso la cuestión volverá al estado en que se encontraba al recibirla. Igual efecto tendrá el cumplimiento del último plazo indicado sin que se haya expedido la Comisión. El sometimiento al arbitraje, no impedirá a las partes llegar a un acuerdo consensuado, el que de ocurrir tendrá el efecto de un reconocimiento firme administrativo.
Durante el plazo del arbitraje se suspenden todos los términos legales y procesales que pudieren relacionarse con las acciones llevadas a cabo por las partes en dicha cuestión, ya sea en sede administrativa o judicial. No será de aplicación en estos arbitrajes lo establecido en el artículo 3º.

ARTICULO 6° – En base a las liquidaciones recibidas, las personas jurídicas u organismos comprendidos por el artículo 2º de la presente ley, formularán los requerimientos de créditos presupuestarios a la Subsecretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, que los atenderá exclusivamente con los recursos que al efecto disponga el Congreso de la Nación en la ley de presupuesto de cada año, siguiendo el orden cronológico de prelación y respetando los privilegios que se establecen en la presente ley. Cada crédito presupuestario que se asigne deberá corresponderse con un débito equivalente a cargo de la persona jurídica u organismo de que se trate, que se cancelará en condiciones análogas a las obligaciones consolidadas, salvo que el Poder Ejecutivo nacional disponga capitalizar dichas acreencias en cada caso, total o parcialmente. A partir de la consolidación de pleno derecho operada de conformidad a lo dispuesto en la presente ley, las obligaciones consolidadas devengarán solamente un interés equivalente, a la tasa promedio de la caja de ahorro común que publique el Banco Central de la República Argentina, capitalizable mensualmente.

ARTICULO 7° – Los recursos que anualmente asigne el Congreso de la Nación para atender el pasivo consolidado del Estado nacional, se imputarán al pago de los créditos reconocidos, de acuerdo al siguiente orden de prelación:
a) Las deudas por diferencia de haberes jubilatorios y pensiones hasta el monto equivalente a un año de haberes mínimos, por persona y por única vez. A este fin el Congreso de la Nación constituirá un fondo específico con los recursos fiscales que afecte especialmente para su atención. La prioridad de pago de esa categoría se limitará a los recursos anuales del fondo específico, y se distribuirá entre los acreedores atendiendo en primer lugar a los de mayor edad que tengan menores acreencias a cobrar, en las condiciones que determine la reglamentación.
b) Toda otra prestación de naturaleza alimentaria, créditos laborales o nacidos con motivo de la relación de empleo público, y los créditos derivados del trabajo o la actividad profesional hasta el monto equivalente a un año de haber jubilatorio mínimo por persona y por única vez.
c) Los créditos por daños a la vida, en el cuerpo o en la salud de personas físicas o por privación ilegal de la libertad o daños en cosas que constituyan elementos de trabajo o vivienda del damnificado hasta la suma de cien millones de australes (A 100.000.0000) por persona y por única vez.
d) Los saldos indemnizatorios que hubieran sido controvertidos por expropiaciones por causas de utilidad pública o por la desposesión ilegítima de bienes sin sentencia firme a la fecha de sanción de esta ley.
e) Las repeticiones de tributos.
f) Los créditos mencionados en los incisos a), b) y c) precedentes por lo que exceden el límite antes mencionado.
g) Los aportes y contribuciones previsionales, para obras sociales y en favor de los sindicatos.
h) Las demás obligaciones alcanzadas por la consolidación.

ARTICULO 8° – Dentro de las categorías b) y siguientes del artículo 7º, la prioridad de pago se asignará respetando el orden cronológico del las fechas en que hubieren quedado firmes y definitivos los actos judiciales o administrativos que reconocieran el crédito líquido.

ARTICULO 9° – Los pedidos de informes o requerimientos judiciales respecto al plazo en que se cumplirá cualquier obligación alcanzada por la consolidación dispuesta por la presente ley, serán respondidos por el Poder Ejecutivo nacional, o cualquiera de las personas jurídicas o entes alcanzados por el artículo 2º, indicando que se propondrá al Congreso de la Nación que vote anualmente los recursos necesarios para hacer frente al pasivo consolidado al 1 de abril de 1991 en un plazo máximo de dieciséis (16) años para las obligaciones generales y de diez (10) años para las de origen previsional. Informarán también el orden cronológico de prelación y el privilegio que le corresponda al crédito pretendido hasta la fecha del informe, de modo que pueda estimarse provisionalmente el plazo que demandará su atención.

ARTICULO 10. – Alternativamente a la forma de pago prevista, los acreedores podrán optar por suscribir a la par, por el importe total o parcial de su crédito en moneda nacional los Bonos de Consolidación en moneda nacional, cuya emisión autoriza la presente ley.
Asimismo, podrán optar por recalcular su crédito para reexpresarlos en dólares, valorizando al tipo de cambio vendedor en el mercado libre o su equivalente que correspondía a la fecha de origen de la obligación, con el fin de suscribir con tal crédito reexpresando en dólares Bonos de Consolidación emitidos en esa moneda. Todo ello en las condiciones que determine la reglamentación.

ARTICULO 11. – El Poder Ejecutivo nacional dispondrá la emisión de Bonos de Consolidación o Bonos de Consolidación de Deudas Previsionales hasta la suma necesaria para afrontar las solicitudes de suscripción que reciba para cancelar las obligaciones consolidadas.
Los mencionados bonos tendrán el tratamiento fiscal que se determina en el artículo 24.

ARTICULO 12. – Los Bonos de Consolidación se emitirán a dieciséis (16) años de plazo. Durante los seis (6) primeros años los intereses se capitalizarán mensualmente y a partir del inicio del séptimo año el capital acumulado se amortizará mensualmente, en la forma y condiciones que determine la reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional podrá ejercer la facultad de rescatarlos anticipadamente manteniendo las prioridades establecidas en el artículo 7º. Podrán emitirse registralmente o mediante la impresión de las láminas respectivas en las condiciones que determine el Banco Central de la República Argentina. Deberá identificarse y registrarse al titular original del crédito, pero serán transferibles libremente. Podrán emitirse nominativamente pero circularán al portador y cotizarán en las bolsas y mercados del país o del exterior, los acreedores que mantengan la liquidación de sus acreencias en moneda nacional podrán suscribir Bonos de Consolidación en moneda nacional, en cuyo caso devengarán la tasa de interés promedio de caja de ahorro común que publique el Banco Central de la República Argentina; y aquellos que reliquiden sus acreencias en dólares estadounidenses podrán suscribir Bonos de Consolidación en dicha moneda, en cuyo caso devengarán la tasa LIBOR.

ARTICULO 13. – Los suscriptores originales de los Bonos de Consolidación podrán cancelar a la par con los bonos que reciban en pago de sus acreencias, las deudas vencidas o refinanciadas con anterioridad al 1 de abril de 1991 que ellos o cualquiera de los integrantes de un mismo grupo o conjunto económico, definido en las condiciones que determine la reglamentación, tuvieren con cualquiera de las personas jurídicas o entes alcanzados por el artículo 2º de la presente ley, hayan sido o no reconocidas administrativa o judicialmente al momento de la entrada en vigencia de la presente ley, con excepción de las deudas impositivas, y aduaneras –respecto de las cuales se estará a lo dispuesto en los párrafos siguientes– previsionales o de aquellas derivadas de sanciones.
El Poder Ejecutivo nacional establecerá un plazo que no excederá de los ciento ochenta (180) días desde la vigencia de la ley hasta cuyo vencimiento los tenedores de los Bonos de Consolidación podrán optar por cancelar a la par las deudas impositivas y aduaneras al 1 de abril de 1991 y sus accesorios de actualización a intereses devengados hasta dicha fecha, que constituyan obligaciones comprendidas en determinaciones y liquidaciones efectuadas por la Dirección General Impositiva o la Administración Nacional de Aduanas y que se encuentren en discusión administrativa, contencioso-administrativa o judicial a la fecha de publicación de la presente ley, con exclusión de las indicadas en el párrafo siguiente. La utilización de los bonos para la cancelación de las deudas a que se alude precedentemente requerirá que simultáneamente los responsables se allanen y renuncien expresamente a toda acción y derecho, incluso el de repetición, relativos a la causa y, en su caso, abonar la costas del juicio en la forma y condiciones que dispongan los mencionados organismos.
Quedan excluidas las obligaciones que correspondan:
a) A los contribuyentes y responsables contra quienes existieran denuncia formal o querella penal por los delitos comunes que tengan conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o las de terceros;
b) A las obligaciones que se indican en el inciso anterior cuando su incumplimiento guarde relación con los delitos comunes que fueran objeto de causas penales en las que se hubiera ordenado el procesamiento de funcionarios o ex funcionarios estatales;
c) A los impuestos previstos en los artículos 23 y 23 bis incorporado por la Ley N° 23.102.- de la ley de impuestos internos (texto ordenado 1979 y sus modificaciones) y al creado por el artículo 2º de la Ley N° 23.562, prorrogada por las Leyes N° 23.665 y 23.763 y cuya vigencia se restableciera por la Ley N° 23.905;
d) A las actualizaciones, los intereses, las sanciones y los accesorios correspondientes a los conceptos mencionados en los incisos anteriores.
Los suscriptores originales podrán cancelar con dichos títulos a la par:
1. Los impuestos nacionales cuyo hecho imponible se perfeccione en razón del cobro de los créditos consolidados en bonos o por su tenencia futura;
2. Las obligaciones propias comprendidas en los dos primeros párrafos de este artículo aun cuando se determinen o liquiden por los organismos mencionados con posterioridad a la vigencia de la ley. En este caso el plazo para la opción regirá a partir de la fecha de determinación o liquidación administrativa y será de aplicación lo previsto en cuanto a allanamiento, renuncia y pago de costas.
Los Bonos de Consolidación no podrán aplicarse al pago de deudas impositivas a cuya cancelación se hubieran imputado o imputen créditos fiscales, propios o recibidos por transferencias de terceros, en cuanto dichos créditos fueren objeto de impugnación o cuestionamiento por parte de la Dirección General Impositiva.

ARTICULO 14. – Los Bonos de Consolidación de Deudas Previsionales se emitirán a diez (10) años de plazo. Durante los seis (6) primeros años se capitalizarán mensualmente los intereses y a partir del inicio del séptimo año el capital acumulado se amortizará mensualmente.
Los tenedores de estos bonos podrán cancelar a la par las obligaciones vencidas al 1 de abril de 1991 en concepto de cargas sociales, aportes o contribuciones que se calculen sobre la nómina salarial que se hallaren a cargo del tenedor, que adeuden a cualquiera de las personas jurídicas u organismos alcanzados por el artículo 2º. Las demás condiciones serán las establecidas para los Bonos de Consolidación. Los suscriptores originales de Bonos de Consolidación de Deudas Previsionales podrán aplicarlos a la par sin restricciones al pago de sus obligaciones vencidas o futuras con cualquiera de las personas jurídicas u organismos comprendidos por el artículo 2º, en las condiciones que determine una ley especial.

ARTICULO 15. – El Estado nacional o cualquiera de las personas jurídicas o entes alcanzados por el artículo 2º, deberán aceptar el pago de los créditos a su favor con Bonos de Consolidación, en las condiciones previstas en los artículos anteriores. La Subsecretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos o el Banco Central de la República Argentina, según corresponda, cancelarán los débitos que resulten a cargo de las personas jurídicas u organismos alcanzados por la consolidación, o los redescuentos pendientes de cancelación, en las mismas condiciones. Las entidades financieras no alcanzadas por la consolidación y el Banco Central de la República Argentina no computarán los Bonos de Consolidación creados por la presente ley que conserven en sus activos, a los efectos de determinar los límites de endeudamiento del Estado nacional.
Asimismo realizarán bienes, créditos en gestión y mora al 1 de abril de 1991, acciones o empresas sujetas a privatización, mediante procedimientos de licitación o remate al mejor postor, pagaderos en Bonos de Consolidación, Bonos de Consolidación de Deudas Previsionales en forma equivalente, y ello en las condiciones y proporciones que determine la reglamentación, en general o en especial. La participación de estos bonos deberá ser una proporción no menor a la de los títulos de la deuda externa.
En los procedimientos mencionados en el párrafo anterior, así como también cuando se trate de adjudicaciones en forma directa, las provincias tendrán derecho a participar como oferentes o en su caso como adjudicatarias, ya sea por sí o asociadas con capital privado y a que su aporte esté constituido en Bonos de Consolidación, no pudiéndoseles exigir una proporción, en la integración de dichos títulos, que sea menor al treinta y tres por cinto (33 %) del emprendimiento que se trate o del precio ofertado.

ARTICULO 16. – La presente ley es de orden público y se dicta en ejercicio de los poderes de emergencia del Congreso de la Nación. La disponibilidad de los recursos fiscales correspondientes resulta esencial para atender la totalidad de las acreencias reconocidas u obligaciones consolidadas por la presente ley o que se reconozcan en el futuro en contra de las personas jurídicas o entes alcanzados por el artículo 2º. Convalídanse los Decretos del Poder Ejecutivo Nacional 34/91, 53/91 y 383/91.
No se aplicarán a las obligaciones consolidadas ni a sus accesorios las disposiciones contenidas en leyes especiales en tanto se contrapongan con lo normado en la presente ley. No serán exigibles a los titulares de créditos consolidados el cumplimiento de sus obligaciones accesorias a dichos créditos, sino en las condiciones de esta ley.

ARTICULO 17. – La consolidación legal del pasivo público alcanzado por la presente implica la novación de la obligación original y de cualquiera de sus accesorios así como la extinción de todos los efectos inmediatos, mediatos o remotos que la imposibilidad de cumplir sus obligaciones por parte de cualquiera de las personas jurídicas u organismos comprendidos por el artículo 2º pudieran provocar o haber provocado. En lo sucesivo sólo subsisten a su respecto los derechos derivados de la consolidación.
Asimismo, la cancelación de obligaciones con cualquiera de los Bonos de Consolidación creados por la presente ley extinguirá definitivamente las mismas.

ARTICULO 18. – El Poder Ejecutivo nacional o cualquiera de los ministros que le asisten, con el previo asesoramiento del servicio jurídico permanente, podrán acordar transacciones, que en todos los casos deberán contar con la aprobación del Tribunal de Cuentas de la Nación, la Sindicatura General de Empresas Públicas o los organismos de control que correspondan en cada caso y ser homologadas judicialmente. Será competente para la homologación el juez actuante o el que lo hubiera sido para entender en la cuestión. Los medios para la cancelación de las obligaciones, dinerarias emergentes de la transacción serán los previstos por esta ley, salvo que existieren partidas presupuestarias específicas.
El Poder Ejecutivo nacional o cualquiera de los ministros que le asisten, con el asesoramiento previo del servicio jurídico permanente, podrán someter a arbitraje las controversias que mantengan con los particulares en sede administrativa o judicial, cuando los asuntos revistan significativa trascendencia o sea ello conveniente para los intereses del Estado. En el compromiso arbitral se pactarán las costas por su orden y se renunciará a todo recurso con excepción del previsto por el artículo 14 de la Ley N° 48. Los medios para la cancelación de las obligaciones dinerarias emergentes del laudo serán los previstos por esta ley, salvo que existieren partidas presupuestarias específicas.
El Poder Ejecutivo nacional reglamentará lo relativo a transacción y arbitraje a los fines de esta ley.

ARTICULO 19. – Las provincias podrán consolidar las obligaciones a su cargo que reúnan las condiciones establecidas en el artículo 1º. Las normas legales locales respectivas no podrán introducir mayores restricciones a los derechos de los acreedores que las que la presente ley establece respecto a las deudas del sector público nacional.
Los medios que se dispongan para cancelar las obligaciones que se consoliden en las jurisdicciones provinciales sólo podrán afectar recursos fiscales, bienes o créditos que pertenezcan a las respectivas provincias.
Las administraciones públicas provinciales, sus entes descentralizados, las municipalidades, bancos oficiales y empresas públicas locales, que pertenezcan a una misma jurisdicción, serán consideradas un conjunto económico a los fines de la presente ley.

ARTICULO 20. – El Estado nacional subrogará las obligaciones, derechos y acciones de aquellas asociaciones sindicales de trabajadores que hubieran sido demandadas judicialmente con motivo del cobro de honorarios profesionales devengados por proyectos, dirección de obras y otras tareas profesionales, originados en las operatorias 17 de octubre y 25 de mayo del Banco Hipotecario Nacional, como así en los gastos, actualizaciones, intereses, aportes previsionales impuestos que fueran su consecuencia, más los costos y costas de los juicios promovidos.
Asimismo, el Estado nacional se obliga a reintegrar, en Bonos de Consolidación, en el plazo que fije la reglamentación, las sumas, actualizadas, que las asociaciones sindicales de trabajadores hayan pagado en virtud de sentencias judiciales recaídas en juicios por cobro de los conceptos y materia referidos en el párrafo anterior.
Del mismo modo, el Estado nacional se subrogará en los pasivos que registren los agentes del Seguro Nacional de Salud y las obras sociales nacidos con posterioridad al 31 de julio de 1989, originados en prestaciones médico-asistenciales o destinados a la subsistencia de los afiliados de aquellas entidades, quedando los pasivos generados antes de la fecha indicada comprendidos en las disposiciones de los artículos 52 a 55 de la Ley N° 23.697 y su decreto reglamentario.
El decreto que reglamente la presente, establecerá las condiciones y requisitos a que deberán sujetarse las organizaciones y entidades para que esta subrogación pueda operarse válidamente. Operada la subrogación quedarán comprendidas en el régimen de la presente ley.

ARTICULO 21. – Se consolidan también los pasivos de terceros que el Estado nacional se haya comprometido a asumir por convenios suscriptos relativos a las Leyes N° 22.229 y 22.334.

ARTICULO 22. – A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, el Poder Ejecutivo nacional deberá comunicar al Congreso de la Nación todos los reconocimientos administrativos o judiciales firmes de obligaciones de causa o título posterior al 1 de abril de 1991 que carezcan de créditos presupuestarios para su cancelación en la ley de presupuesto del año siguiente al del reconocimiento. El acreedor estará legitimado para solicitar la ejecución judicial de su crédito a partir de la clausura del período de sesiones ordinario del Congreso de la Nación en el que debería haberse tratado la ley de presupuesto que contuviese el crédito presupuestario respectivo.

ARTICULO 23. – Sin que implique pronunciamiento sobre el resto del texto, déjanse sin efecto los capítulos VII y XI del Decreto N° 1757/90 y derógase toda disposición que se oponga a lo resuelto en la presente ley, que entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTICULO 24. – Los Bonos de Consolidación y Bonos de Consolidación de Deudas Previsionales tendrán el tratamiento impositivo previsto en el artículo 36 bis de la Ley N° 23.962, modificatoria del régimen de obligaciones negociables creado por la Ley N° 23.576.
Para sus suscriptores originales los bonos no se considerarán activos a los efectos de la liquidación del impuesto sobre los activos, no rigiendo lo previsto en el último párrafo del artículo 3º del la Ley N° 23.760.
Los bonos quedan exentos del impuesto establecido por el título VI de la Ley N° 23.966 sobre los bienes personales no Incorporados al proceso económico.

ARTICULO 25. – El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar esta ley en un plazo máximo de sesenta (60) días hábiles desde su promulgación.

 
ARTICULO 26. – Comuníquese al Poder Ejecutivo – PIERRI - EDUARDO MENEM – ESTER H. PEREYRA ARANDIA DE PEREZ PARDO – HUGO R.FLOMBAUM.

Decreto 1652/91
Bs. As. 22/08/91

VISTO el proyecto de Ley Nº 23.982 sancionado con fecha 21 de agosto de 1991, y comunicado por el HONORABLE CONGRESO DE LA NACION a los fines previstos en el artículo 69 de la CONSTITUCION NACIONAL, y

CONSIDERANDO:
Que el inciso e) del artículo 1º del proyecto introduce un supuesto ya contemplado en los demás incisos, cuyo mantenimiento podría dificultar la interpretación y aplicación de la ley.

Que en el último párralo del articulo 1º del proyecto se excluye de la consolidación al pago de las indemnizaciones por expropiación por causa de utilidad pública o por la desposesión ilegitima de bienes declaradas judicialmente con sentencias pasadas con autoridad de cosa juzgada.

Que tal distinción introduce un tratamiento desigualitario entre dichos acreedores y todos los demás acreedores del sector público alcanzados por la consolidación a quienes se les hubiesen reconocido judicialmente sus créditos. También discrimina entre los mismos acreedores de indemnizaciones por expropiaciones por causa de utilidad pública, según que existiere o no sentencia firme, con anterioridad a la vigencia de la ley proyectada.

Que la exigencia constitucional respecto al tratamiento que les corresponde a las indemnizaciones previas que impone el articulo 17 de la CONSTITUCION NACIONAL como requisito al desapoderamiento, se cumple sobradamente si el monto indemnizatorio surgido de la tasación oficial se paga antes de la desposesión, remitiendo el pago del saldo indemnizatorio que se hubiese reconocido, o se reconociere judicialmente, al sistema general del proyecto de ley, ya que en tal supuesto tendría similar naturaleza jurídica que cualquier otro crédito declarado tal por una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, atento al concepto de propiedad acuñado por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION.

Sin el agregado del ultimo párrafo del articulo 1°, el proyecto de ley cumple con todos los requisitos para su validez constitucional, al establecer una reglamentación del derecho a usar y gozar de la propiedad, proporcional a una objetiva situación de emergencia que declara. Lo que se ve ratificado por la posibilidad que se brinda a los acreedores de instrumentar sus créditos en títulos de la deuda pública que tendrán un tratamiento preferencial para diversos actos Jurídicos de relevancia económica.

Que la vía arbitral obligatoria establecida en los párrafos agregados al artículo 5º del proyecto de ley, contravienen expresamente la competencia constitucional que el artículo 101º atribuye en forma originaria y exclusiva a la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION para dirimir los conflictos entre las Provincias y la Nación.

Que en el inciso d) del articulo 7° del proyecto se introduce una restricción a la preferencia que se otorga a los titulares de créditos contra el sector público en concepto de saldos indemnizatorios por expropiaciones por causas de utilidad publica o por el desapoderamiento ilegitimo de bienes, limitándola a quienes no tuviesen sentencias firmes a su favor a la fecha de entrada en vigencia de la ley.

Que dicha limitación se compadecía con la exclusión de la consolidación de aquellos créditos por indemnizaciones expropiatorias con sentencias firmes, que se observa por el presente, por lo que la limitación establecida debe ser también objeto de observación, para atender dichos créditos en el orden en que habían sido situados con anterioridad.

Que el párrafo segundo del artículo 13º establece un sistema de cancelación de deudas impositivas y aduaneras que resulta inequitativo para los contribuyentes que se han acogido a regímenes de moratoria

Que el ultimo párrafo del artículo 13º es complementario del párrafo segundo.

Que el ultimo párrafo agregado al artículo 15º del proyecto de ley, introduce una preferencia a favor de las Provincias en los procesos de matización de bienes y privatización de empresas, que podría afectar seriamente el cumplimiento de los objetivos plasmados en la ley de reforma del Estado tendientes a la privatización de las empresas públicas. Dicha preferencia crea asimismo una discriminación en favor de los fiscos provinciales acreedores de la Nación, que va en detrimento de los demás acreedores alcanzados por la consolidación. En el espíritu igualitario que anima el proyecto de ley, está el que todos los acreedores tengan las mismas posibilidades en el momento de parlar con sus créditos en la compra de los activos a matizar.

Que los pasivos en el artículo 20 del proyecto se ponen a cargo del Estado nacional, no le han sido imputados jurídicamente, por ,lo que no cabe incluirlos en la consolidación.

Que resulta observable que en el artículo 23 del proyecto se deje sin efecto en su totalidad el capítulo VII del Decreto Nº 1757/90.

Que por lo tanto, procede hacer uso de la facultad conferida al PODER EJECUTIVO NACIONAL por el artículo 72 de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA

Artículo 1º – Obsérvanse el inciso e) y el último párrafo del artículo 1 ° del Proyecto de Ley registrado bajo el N° 23.982.

Art.2º – Obsérvanse los párrafos tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo del artículo 5° del Proyecto de Ley registrado bajo el N° 23.982.

Art. 3º – Obsérvanse la parte del inciso d) del artículo 7° del Proyecto de Ley registrado bajo el N° 23.982, que dice: "sin sentencia firme a la fecha de sanción de esta ley", insertada al final de dicho inciso.

Art. 4º – Obsérvanse las siguientes disposiciones del artículo 13 del Proyecto de Ley registrado bajo el N° 23.982.
a) Párrafo segundo del artículo 13 del Proyecto de Ley registrado bajo el N° 23.982.
b) El último párrafo del artículo 13 del Proyecto de Ley registrado bajo el N° 23.982.

Art.5º – Obsérvase el último párrafo del artículo 15 del Proyecto de Ley registrado bajo el N° 23.982.

Art.6° – Obsérvase el artículo 20 del Proyecto de Ley registrado bajo el N° 23.982.

Art. 7º – Obsérvase la parte del artículo 23 del Proyecto de Ley que dispone que se deje sin efecto el capítulo VII del Decreto Nº 1757/90.

Art. 8º – Con las salvedades establecidas en los artículos precedentes, cúmplase, promúlgase y téngase por Ley de la Nación el Proyecto de Ley registrado bajo el N° 23.982.

Art.9º – Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese – MENEM – Domingo F. Cavallo.

–FE DE ERRATAS–
Ley N° 23.982
(Nota Infoleg: publicado en el Boletín Oficial del 26/8/1991)
En la edición del 23 de agosto de 1991, donde se publicvó la citada Ley, se deslizaron los siguientes errores de imprenta:

En el artículo 8°.-
DONDE DICE:,...el orden cronológico del las fechas en que hubieran...
DEBE DECIR:,...el orden cronológico de las fechas en que hubieren...

En el artículo 15.- (Último párrafo)
DONDE DICE:,...que sea menor al treinta y tres por cinto...
DEBE DECIR:,...que sea menor al treinta y tres por ciento...

En el artículo 23.-
DONDE DICE:,...déjanse sin efecto los capítulos VII y XI del decreto 1757/90...
DEBE DECIR:,...dejanse sin efecto los capítulos VII y IX del decreto 1757/90...

Asimismo, por haberse omitido, se transcriben a continuación: número, lugar y fecha del decreto de promulgación:

Decreto 1652/91
Bs. As. 22/8/91
En el artículo 3° del decreto 1652/91.-
DONDE DICE: Obsérvanse la parte del inciso d)...
DEBE DECIR: Obsérvase la parte del inciso d)...