Empresarios van a la Justicia y se multiplican las causas por el "cerrojo importador"

Las amenazadoras palabras del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, retumbaron con toda claridad en los oídos de un nutrido grupo de importadores de calzados, juguetes y electrodomésticos, convocados recientemente a una reunión en el Ministerio de Producción: “Guarda con buscarse un abogado. Ni se les ocurra”, disparó.


La advertencia que lanzó el funcionario fue contundente y tuvo como objetivo continuar sembrando el temor entre los empresarios para que éstos no ofrezcan resistencia legal ante las enormes demoras que actualmente existen en la Argentina a la hora de obtener autorizaciones para poder ingresar bienes importados.

Sin embargo, las pérdidas en las que vienen incurriendo las compañías, los obligaron a reaccionar ante este cerrojo importador.

Si bien Moreno fue ratificado una y otra vez en su cargo –lo que le valió el llamativo apodo de “Highlander”-, lo cierto es que, con el revés que sufrió el oficialismo en las elecciones pasadas, los directivos de empresas comenzaron, por primera vez desde que está en su cargo, a hacerle frente.

“Finalmente, los empresarios comenzaron a rebelarse contra Moreno. Hace tiempo que esperábamos esto”, aseguraron desde Baker & McKenzie, uno de los estudios más prestigiosos del país que lleva adelante algunas de las tantas causas que comienzan a aflorar en los tribunales.

Desde este estudio aseguraron a iProfesional.com que habría más de un centenar de empresas que tienen causas vigentes por este tema en la Justicia. Y el número, aseguran, crecería exponencialmente a medida que los casos sigan teniendo éxito.

La avanzada empresaria tiene como principal objetivo poder liberar los cientos de contenedores que aún descansan en puertos y zonas francas de la Argentina.

En diálogo con iProfesional.com, Diego Pérez Santisteban, vicepresidente de la Cámara de Importadores (CIRA), fue contundente: “Hay firmas que si no llevan el tema ante la Justicia desaparecen porque se les muere el negocio. No tienen otra opción”.

En la misma línea, fuentes de la Federación de Cámaras de Comercio Exterior de la República Argentina (Fecacera) aseguraron que “los recursos de amparo se están multiplicando porque es la única manera que encuentran muchos importadores para seguir trabajando”.

Los números lo demuestran: según datos oficiales que revelara días atrás iProfesional.com, más de 3.000 empresas quedaron fuera de carrera por no poder ingresar ningún producto al país -agravado este panorama por los efectos de la crisis global- con las consecuentes pérdidas de fuentes de trabajo.

La solución está en tribunales
En efecto, la Justicia nacional está tomando cartas en el asunto ante las notables demoras en la autorización de las licencias no automáticas, un trámite que obligatoriamente deben sortear aquellos que deseen ingresar al país un amplio abanico de productos como textiles, calzados, maquinaria agrícola, neumáticos, máquinas y herramientas, entre otros.

Así, los tribunales contencioso administrativos de la Capital Federal y varias salas de la Cámara del mismo fuero están haciendo lugar a medidas cautelares y recursos de amparo que permiten a los afectados continuar operando más allá del "cerrojo".

En este contexto, Nicolás Jaca Otaño, socio junior del Estudio Rattagan, Macchiavello, Arocena & Peña Robirosa, aseguró a este medio que desde enero comenzaron a asesorar clientes en este tema y destacó que ya lograron ingresar "cerca de 90 contenedores".

En la misma línea, Ignacio Martínez Tanoira, del Estudio Quinteros, Martínez Tanoira, Olivera, aseguró: “Nosotros ya hemos obtenido varios fallos favorables, en los cuales el juez obligó a la Secretaría de Industria a emitir el certificado en un plazo cierto y perentorio”.

El camino legal que encuentran las empresas
Uno de los principales argumentos en los que la Justicia basa sus fallos es en el de los sobrecostos en los que incurre la empresa al tener la carga parada.

Sin embargo, la decisión de fondo que buscan en los tribunales los directores de compañías es que se declare la inconstitucionalidad de estas medidas porque las mismas violan tratados de rango constitucional, como los suscriptos con el Mercosur y la Organización Mundial del Comercio (OMC). ¿Qué dicen los tratados internacionales?
La OMC fija un máximo de 30 días para que sean aprobadas las licencias no automáticas que permiten el ingreso de bienes al país. Sin embargo, el cerrojo impuesto por el secretario de Comercio hace que, en la Argentina, se registren casos en los que el lapso de espera supera los 300 días.

Los especialistas resaltan que este mecanismo se distorsionó por completo y, tal como destacaron desde Baker & McKenzie, las licencias se transformaron en algo arbitrario, injustificado e irrazonable.
Pérdidas difíciles de absorber
iProfesional.com relevó las pérdidas en que incurren las empresas, hoy en día, más allá del costo de oportunidad que le representa a una firma el hecho de no poder vender la mercadería que tienen retenida y el desfasaje financiero que le genera haberla pagado de antemano y no tenerla disponible para su comercialización.

Después de los 31 días, el importador debe abonar 32 dólares diarios por cada contenedor de 40 pies que descansa en el puerto de Buenos Aires.

Esto implica que el empresario que tenga uno varado desde comienzos de año, hoy se vería obligado a desembolsar unos 6.000 dólares "por cada container". Esto, para muchas empresas medianas, implica sacrificar gran parte de la rentabilidad e incluso, en muchos casos, quedar afuera del negocio.

Aquellos que pueden sacar la mercadería de los puertos y trasladarla a un depósito fiscal, enfrentan un gasto de 2 a 3 dólares por día por tonelada. Teniendo en cuenta que un container de textiles puede llevar unas 7 toneladas, en siete meses un importador se habría visto obligado a pagar más de 4.400 dólares.

¿Medida cautelar o amparo?
Al momento de decidir qué pasos seguir, los abogados consultados por este medio concuerdan con que la mejor estrategia para obtener un rápido resultado es solicitar el dictado de una medida cautelar, ya que, con esta avanzada, en solo una o dos semanas el juzgado podría ordenar a la Aduana que no requiera al importador la licencia para poder sacar su carga.

En este sentido, Nicolás Jaca Otaño confirmó que “los empresarios que necesitan importar la mercadería hoy únicamente la obtienen con una medida cautelar”.

El experto también señala que no es recomendable interponer una acción de amparo porque "en este caso se requiere una mayor certeza en cuanto al fondo de la cuestión y esto puede demorar cierto tiempo".

Además agregó que esta vía exige ser la única alternativa para "obtener el resguardo de las garantías o derechos constitucionales afectados y hay casos donde puede no ser así".

Los especialistas destacan que, en muchas causas presentadas por los empresarios, incluyen dos o tres contenedores, de modo de tener asegurado el negocio por varios meses y no tener que volver a padecer el "cerrojo".

Un caso testigo
Uno de los tantos fallos que ha plantado bandera contra el cierre a las importaciones es el que benefició a una importadora de juguetes, que se tramitó en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo nro.7 (“El Brujo C/ PEN M. Economía-Resolución 485/05 s/Proceso de conocimiento” -ver fallo completo-)

Allí, el juez ordenó a la Aduana abstenerse de requerir la presentación del certificado de importación a esta empresa y permitir la entrada de mercadería.

El éxito de esta medida cautelar se debió a que la misma se dirigió contra la naturaleza de las licencias de importación y no contra la demora en la entrega de la mismas. Esto generó un efecto más inmediato en cuanto al objetivo final: lograr la entrada del despacho aduanero.

“Es un caso reciente. El importador planteó la medida cautelar mientras el barco venía con el cargamento hacia la Argentina”, informó Martinez Tanoira.

De esta manera ganaron tiempo, a la vez que se logró en forma más inmediata que los productos ingresen al país y se puedan comercializarse.

El fallo bajo la lupa
En este caso en particular, el perjudicado pidió la suspensión de los efectos de la resolución 485/05 del Ministerio de Economía y Producción por entender que vulneraba derechos y garantías constitucionales.

Puntualmente, la empresa exigió el dictado de una medida cautelar “encaminada a que se permita la oficialización de Despachos de importación, continuación de su tramitación, liberación a plaza y comercialización de mercadería involucrada (almacenada en contenedores)”.

Según se lee en la sentencia: “La expedición de los certificados de importación nada quita ni agrega a los requisitos establecidos; se trata de un precepto de velo proteccionista que establece una restricción irrazonable a los derechos constitucionales y al ingreso de juguetes importados mediante una superposición normativa, en tanto la expedición de tal certificado está sujeta a la mera y unilateral discrecionalidad del funcionario interviniente".

El juez, en este caso, hizo lugar a la medida planteada y entendió que se establecía una restricción temporaria a la importación de determinados artículos y que ello traía aparejado un vicio en la finalidad del acto administrativo, al desvirtuarse el objetivo del mismo: la obtención de información sobre flujos de importación.

Oscuro panorama
“El panorama está negro”, describió Martinez Tanoira sobre la actual mecánica de las licencias.

Jaca Otaño agregó que “estas restricciones afectan no sólo a las empresas dedicadas a la importación y distribución de productos fabricados en el exterior, sino a todo el comercio local”.

Esto incluye a los consumidores, que ven restringida la oferta de productos, además de la propia industria argentina que las trabas pretende defender, impidiéndoles proveerse de los insumos importados necesarios para su proceso productivo, tal como informó recientemente iProfesional.com (Ver nota: Hasta el “made in Argentina” se ve dañado por el cerrojo implacable de Moreno )

En el caso particular de los importadores, el abogado auguró serios trastornos en la planificación comercial, por la afectación del flujo de importaciones y el mantenimiento de stocks.

“Se está volviendo a proteger la industria nacional frenando las importaciones de productos competitivos. Esto significa que la gente va a terminar comprando mercadería más cara y de peor calidad, fomentando nuevamente que el industrial local no invierta en tecnología ni se esfuerce ante la falta de competencia”, concluyó Martínez Tanoira.

Independientemente de la decisión que elija cada firma, Santisteban consideró desacertada la estrategia del Gobierno: “Las trabas son un error porque si hiciéramos la cuenta fiscal global, el país está teniendo más pérdidas que beneficios”.


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FUENTE: iProfesional.com