El Gobierno triplicaría las indemnizaciones por accidentes laborales

En el marco del Comité Consultivo Mixto Permanente previsto en la Ley de Riesgos de Trabajo (LRT), que este jueves se reunió en el Ministerio de Trabajo, las autoridades distribuyeron a empresarios y sindicalistas más de nueve proyectos entre los cuales se propone triplicar las prestaciones que cobran los trabajadores accidentados así como sumar tres nuevas enfermedades al listado de las afecciones cubiertas por las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), ante la falta de acuerdo para una reforma integral de la normativa.

Una fuente de la cartera laboral que participó de las negociaciones junto a la primera plana de funcionarios del ministerio confirmó a iProfesional.com que el Gobierno “procura un fuerte aumento de los montos indemnizatorios de hasta el 300%, que podría hacerse por decreto".

En la actualidad, los topes indemnizatorios van desde los $180.000 por incapacidad parcial hasta los $230.000 por incapacidad permanente, por lo que, de aprobarse el proyecto, las nuevas cifras podrían superar los 500.000 pesos.

No obstante, desde el ministerio que dirige Carlos Tomada, reconocieron que los “borradores” probablemente no satisfagan a ninguna de las dos partes ya que al sector empresario “le va a implicar un aumento en las alícuotas” y los gremios “van a pedir más”.

El tope es uno de los principales ítems en tensión, ya que los asalariados que incurren en un accidente pueden percibir una indemnización inferior a la establecida por el sistema porque deben someterse a ese techo. Los gremios defienden el aumento de las indemnizaciones al considerar que las mismas se desvalorizaron por la inflación, debido a que el techo fijado hace 9 años limita el monto que puede cobrar el trabajador.
En conversación con este medio, el abogado de la Confederación General del Trabajo (CGT), Hector Recalde aseguró que los planes oficiales “en general benefician al trabajador”, aunque señaló que habría algunos temas como los fondos específicos que favorecerían a las empresas y a las ART ya que estas recibirían subsidios para financiar gastos por la cobertura de ciertas enfermedades.

Recalde participó el jueves del Consejo Consultivo de Riesgos de Trabajo, junto al secretario adjunto de la Unión Obrera Metalúrgica, Juan Belén, en representación de los trabajadores.

Otro de los puntos que circularon desde la cartera laboral en dicho encuentro para que las partes lo aborden el jueves próximo, es la ampliación de algunas enfermedades que integran el listado de cobertura por parte de las ART.

“Ahí va a entrar hernia inglinal, algunas afecciones de la columna vertebral y varices”, señalaron desde la cartera laboral.

Los documentos oficiales apuntan a lograr ciertos cambios por decreto para conservar el sistema creado en 1996 bajo el Gobierno de Carlos Menem, que desde la Central de Trabajadores Argentinos es visto como una "privatización de la salud de los trabajadores".
Sin embargo, desde la Unión Industrial Argentina (UIA), que también participó del Consejo, recibieron las iniciativas de Tomada con mucha cautela y no pudieron evitar mostrarse desconcertados.

“No coincidimos con la visión de duplicar o triplicar los topes porque eso no va a evitar que aumenten los juicios. La gente demanda después de haber cobrado”, dijo a iprofesional.com Daniel Funes De Rioja, uno de los vicepresidentes de la UIA, y añadió que antes de hacer una evaluación de todos los puntos van a analizarlos detenidamente.

Desde la central fabril, entienden que la normativa actual es la principal causa de que los juicios hayan saltado de cerca de 2000 en el año 2004, a más de 27.000 en el 2008 y que para el período corriente se proyecten una cifra mayor.

“Tenemos un stock de prácticamente 70.000 juicios involucrando miles de millones de pesos, es una invitación a la industria del juicio”, disparó Funes de la Rioja.

Por eso, la posición de los industriales es eliminar la “doble vía”. Mientras que desde la CGT reclaman que los empleados deberían tener el derecho a cobrar la ART y además ir a la Justicia; los empresarios fabriles y otras entidades patronales sostienen que, para que el sistema sea previsible, debería optarse por alguna de las dos opciones antes mencionadas.



FUENTE

Juan Manuel Barca
iProfesional.com