La Cámara de Diputados aprobó y envió al Senado un proyecto de ley del Poder Ejecutivo que establece con carácter obligatorio la mediación previa a todo proceso judicial.
Este procedimiento promoverá la comunicación directa entre las partes para la solución extrajudicial de las controversias.
La iniciativa, que comenzó a debatirse la semana pasada y que se aprobó este miércoles, contó con el apoyo de más de 100 legisladores.
Entre las controversias que quedaron excluidas del procedimiento de mediación prejudicial obligatoria se encuentran las acciones penales; acciones de separación personal y divorcio, nulidad de matrimonio, filiación, patria potestad y adopción, con excepción de las cuestiones patrimoniales derivadas de éstas.
Además, las causas en las que el Estado nacional, las provincias, los municipios o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o sus entidades descentralizadas sean parte.
Tampoco podrán actuar en los procesos de inhabilitación, de declaración de incapacidad y de rehabilitación; amparos, hábeas corpus, hábeas data e interdictos; medidas cautelares; diligencias preliminares y prueba anticipada; juicios sucesorios; concursos preventivos y quiebras; convocatoria a asamblea de copropietarios; conflictos de competencia de la justicia del trabajo y procesos voluntarios, según publica Parlamentario.com.