El Poder Ejecutivo nacional giró ayer al Congreso un proyecto de ley para modificar el Código Penal y la Ley 25.246, que busca "avanzar enérgicamente en la lucha contra el lavado de activos".
El ministro de Justicia, Julio Alak, sostuvo que el proyecto servirá para "avanzar enérgicamente en la lucha contra el lavado de activos”, y consideró que "la norma está en sintonía con las recomendaciones formuladas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en cuanto a la exigencia de castigar el autolavado”.
En declaraciones radiales, reproducidas en un comunicado del Ministerio, Alak sostuvo que "el proyecto propone que el lavado sea castigado directamente con penas de prisión, sin la necesidad de que exista un delito precedente, eliminando la restricción existente en la legislación actual para el juzgamiento y condena del delito de autolavado”.
De acuerdo con la Ley 25.246, sancionada el 13 de abril de 2000, se puede penar de 2 a 10 años de prisión el lavado de dinero, pero "para castigar el lavado tiene que demostrarse la existencia de un delito preexistente, por ejemplo el narcotráfico”, informó el funcionario.
El ministro aseguró que "la nueva norma propone ampliar las atribuciones de la Unidad de Información Financiera (UIF), promoviendo su intervención en los casos donde aparezca, como delito precedente, la extorsión y los actos reprimidos por la Ley Penal Tributaria”.
Asimismo, agregó que el proyecto enviado "incorpora nuevos sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas, entre los que se destacan los agentes o corredores inmobiliarios, las asociaciones mutuales y cooperativas, las personas y empresas dedicadas a la compraventa de vehículos y aquellos que actúan como fiduciarios”.
Finalmente, el ministro refirió que "el proyecto otorga a la UIF la facultad para presentarse como parte querellante en los procesos donde se investiguen los delitos que habilitan su intervención