Quieren reformar el Consejo
Mientras el Poder Ejecutivo nacional lanza reuniones con miras a generar un diálogo con los diversos partidos políticos del país, la reforma del Consejo de la Magistratura de la Nación cobra un singular peso. En la Cámara Baja existen por lo menos 4 proyectos que apuntan a reformar el órgano de selección y control de magistrados. Ingresado en los primeros días del mes de julio de 2009, está la iniciativa del diputado Luis Galvalisi que ataca principalmente a las modificaciones impulsadas en el año 2004 por el Poder Ejecutivo y que en febrero del 2006 dieron origen a la ley 26.080. El proyecto sostiene que “el Consejo está viciado por un total desequilibrio a favor del poder político, esto afecta la independencia de la Justicia. Además, los abogados esperan que la Corte haga lugar al recurso de inconstitucionalidad planteado por la Asociación Argentina de Colegios de Abogados luego de la reforma del Consejo, para recomponer el equilibrio institucional”.
Esta iniciativa propone la derogación de la ley 26.080, porque “ha desvirtuado el sentido de su creación y funcionamiento” y en cambio volver a la conformación original de la ley 24.937, cuya estructura establecía las pautas fijadas por el artículo 114 de la Constitución Nacional y se reglamentaba de acuerdo al decreto Nº 816/1999 y sus modificaciones.
Luego está el proyecto presentado por un grupo de diputados encabezado por Laura Montero. A diferencia de la iniciativa anterior, aunque con el mismo objetivo, “restablecer el equilibrio”, se plantea una nueva composición del Consejo, que pasarían a contar con 19 integrantes. Cuatro jueces del Poder Judicial de la Nación, ocho legisladores, cuatro representantes de los abogados de la matrícula federal, un representante del Poder Ejecutivo y dos representantes del ámbito científico y académico.
Esta propuesta entiende que así se lograría “cambiar el peso relativo que deben tener los distintos sectores que integran el Consejo y que con motivo de los cambios introducidos ha visto mermada sobre todo el peso de las minorías legislativas y de la opinión profesional”.
Otros cambios que se pretenden tienen que ver con acortar los plazos, la modificación del quórum para asegurar “la participación real de todos los sectores legisladores, jueces, abogados y académicos, permitiéndoles jugar un papel de contrapeso” y en el caso del jury de enjuiciamiento se planea volver al equilibrio existente antes de la reforma a la ley efectuada en el 2006.
Un tercer proyecto, presentado en el año 2007 y que fue reflotado en abril de este año por el diputado Adrían Pérez, también plantea reformas en relación a la composición del Consejo en cumplimiento del equilibrio que debe haber entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, los jueces de todas las instancias y los abogados de la matrícula federal.
El texto sugiere elevar a 20 la composición del Consejo y modificar el quórum necesario para sesionar donde pasaría a ser de doce miembros y “adoptará sus decisiones por mayoría absoluta de miembros presentes, salvo cuando por esta ley se requieran mayorías especiales”.
Los cambios introducidos pretenden subsanar las modificaciones impulsadas por el Ejecutivo durante la presidencia de Néstor Kirchner. “La reducción de los integrantes del Consejo, provocó una desproporcionada influencia del oficialismo por sobre los otros sectores representados, ya que la disminución de 20 a 13 integrantes no afectó a los 5 representantes que tenía el gobierno elevando su predominio del 25% a casi el 40% del cuerpo” argumentan los legisladores que elaboraron la iniciativa.
Un último proyecto que data del 2005 y que fue reingresado este año, plantea un sistema de evaluación para los jueces de los tribunales inferiores de la Nación. La iniciativa, presentada por la diputada Adriana Bortolozzi de Bogado, pretende que quienes “hayan sido nombrados con anterioridad a la integración y funcionamiento del Consejo de la Magistratura y, por tanto, no han sido seleccionados en concurso público, deberán someterse a una evaluación ante el sector académico y científico de dicho Consejo, que comprobará el nivel de actualización de los mismos para el desempeño de sus funciones”.
Todos estos proyectos se encuentran distribuidos entre las comisiones de Asuntos Constitucionales; Justicia; Peticiones, Poderes y Reglamentos y Legislación General a la espera de su tratamiento. No obstante, tras la reunión que el último miércoles se llevó a cabo entre los jefes de bloque de la Cámara Baja, se decidió que para agosto se pondrán los proyectos sobre tablas.
En el marco de este debate, debe remarcarse que el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Julio Alak, anunció que impulsará un proyecto con el objetivo de cambiar la imagen negativa que tiene en la ciudadanía, el Consejo de la Magistratura. La propuesta consistirá en televisar las sesiones porque según afirmó, "la mejor garantía para el proceso es profundizar la máxima publicidad". El ministro respaldó la vigente ley 26.080, ya que "permitió una mejora significativa en relación al pasado" sostuvo.
"Redujo la burocracia, agilizó el procedimiento para la selección de jueces, eliminó arbitrariedades y dilaciones para el juzgamiento de los magistrados, suprimió el secreto de las actuaciones exigiendo la publicidad de los procedimientos, evitó la discrecionalidad en la asignación de las denuncias, permitió agilizar las causas sobre violaciones a los DDHH y estableció el requisito de capacitación permanente de los jueces", dijo el titular de la cartera de Justicia. El proyecto de la Asociación de Magistrados
El organismo que nuclea a los funcionarios judiciales de todo el país también posee un proyecto que busca modificar sustancialmente su estructura incorporando cambios en el proceso de selección de jueces. Además de modificar su integración -que pase de 13 a 16 miembros, con la participación de cuatro jueces, tres abogados, tres senadores, tres diputados, dos académicos y un representante del Poder Ejecutivo, y que sea un ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación quien lo presida- el proyecto modificaría el proceso de selección de magistrados.
El texto sugiere que los candidatos puedan realizar la prueba escrita sin necesidad de esperar que se produzca una vacante. El jurado evaluará el examen, que deberá ser revalidado cada año, y así al momento de aparecer un puesto ya se contará con el primer paso. Esto permitiría que cuando se produzca la vacante sólo reste la actualización de antecedentes y la entrevista, lo que permitirá que en un lapso no mayor a 90 días el Consejo esté en condiciones de ofrecer una terna al Poder Ejecutivo.
Fuente: Diario Judicial
ATENCION: en los archivos adjuntos de esta nota se pueden consultar los proyectos de reforma.
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