Ratifican que el Estado no puede ser querellante en la causa por la tragedia de Once

La Sala II de la Cámara Federal ratificó la valor del magistrado federal Claudio Bonadío de denegarle al tarea de Planificación Federal ser parte querellante en la causa por la tragedia ferroviaria del tren de TBA en Once, el pasado 22 de febrero, lo que ocasionó la asesinato de 51 personas y más de 700 heridos.

Fuentes judiciales informaron a Noticias Argentinas que el Tribunal no hizo sitio al pedido del subsecretario Rafael Enrique Llorens, quien había apelado la audacia del juez de primera instancia.

"La actividad procesal desarrollada en autos se encuentra orientada a establecer las causas inmediatas del siniestro como de esta manera todavía las mediatas, determinadas por la presunta abandono de mantenimiento e inversión que podría haber afectado la seguridad del transporte ferroviario y haber incidido en el resultado dañoso producido", recordó el Tribunal.

Inicialmente, Bonadío sí había aceptado como querellante al Estado, pero esa medida fue cuestionada por familiares de víctimas y apelada por la querella, por lo que meses atrás la misma Cámara había nulificado esa valentía, y ahora reafirmar la imposibilidad de aceptar como tal al Servicio que conduce Julio De Vido.

La Cámara tuvo en cuenta que desde el Gobierno doméstico se resolvió quitarle la concesión del ramal Vástago a la firma TBA, el cual quedó en manos del Estado: "no puede dejarse de ala el coetáneo impedimento formal derivado del reciente cambio introducido por el Decreto 875/12, a través del cual se dispuso modificar el organigrama y transferir al Ocupación del Interior, la Secretaría de Transporte y sus órganos descentralizados -cuyos principales funcionarios se encuentran imputados en esta encuesta-, dejando de esta forma de hallarse bajo la órbita del Empleo de Planificación Federal".

"No puede desatenderse que se han presentado como querellantes en esta causa numerosas personas -familiares y víctimas del suceso-, algunos de los cuales han impulsado la energía no sólo a pertenencias de obtener una respuesta punitiva sino asimismo resarcitoria, dirigiendo el señuelo contra quien, entienden, debe replicar civilmente por el hecho", añadió en su resolución el Tribunal.

Querellantes, contra el Estado
Los jueces Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah explicaron que el "obstáculo" de ser querellante no es por "la presencia de funcionarios públicos imputados, sino de la concreta existencia de querellantes que han manifestado su voluntad de gesticular contra el Estado Nacional en su condición de titular y garante del servicio manifiesto concesionado".

"Habilitar la intervención como acusador privado a quien las víctimas directas del hecho sindican como responsable civil de los daños ocasionados no sólo es un decorado notoriamente diverso de aquellos verificados en los precedentes traídos a colación por la parte, sino que implicaría albergar como posible que puedan coexistir en la misma persona el ejercicio de roles procesales tan antagónicos como estratégicamente opuestos", concluyó la Cámara.

En la causa hay varios funcionarios imputados y que incluso aunque prestaron afirmación indagatorias: se trata -entre otros- de los ex secretarios de Transporte Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime, del titular de la CNRT Antonio Cicaro y el Subsecretario de Transporte ferroviario Antonio Espejo, entre otros.