RESPONSABILIDAD DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION

Aca un fallo:

Responsabilidad de los Medios de Prensa. Sala I. 06-07


22/06/07
1
N° de orden: Expte. Nro. 110.944
Libro S - 177 Autos: I., Jose B. c/
Bisemanario El Civismo y ot.
S/ Daños y perjuicios.-

En la ciudad de Mercedes, Provincia de Buenos Aires, a los Diecinueve días del mes de Junio de dos mil siete, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores Jueces de la Sala I de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Mercedes de la Pcia. de Buenos Aires, Dres. ROBERTO PEDRO SANCHEZ Y EMILIO ARMANDO IBARLUCIA, con la presencia del Secretario interino actuante, para dictar sentencia en el Expte Nº 110.944, en los autos: “I., JOSE BERNARDO C/ BISEMANARIO EL CIVISMO Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”.-
La Cámara resolvió votar las siguientes cuestiones esenciales de acuerdo con los arts. 168 de la Constitución Provincial y 266 del C.P.C.-
1ª.) Es justa la sentencia apelada?
2ª.) Que pronunciamiento corresponde dictar?
Practicado el sorteo de ley dio el siguiente resultado para la votación: Dres. Ibarlucía y Sanchez.-
VOTACION
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, el señor juez Dr. Ibarlucía dijo:
I.- La sentencia de fs. 276/81 es apelada por la demandada, que expresa agravios a fs. 288/96, los que no son contestados por la actora.
II.- José Bernardo I. promovió demanda contra los responsables del bisemanario “El civismo” por los daños y perjuicios que le causaron notas periodísticas en las cuales se dio cuenta de un hecho policial del que había sido víctima con referencias agraviantes hacia su persona.
Manifestó que el 15/07/04 dos desconocidos ingresaron a su casa con la intención de robar, y sin justificación alguna le efectuaron disparos de armas de fuego, causándole heridas. El bisemanario publicó dos notas acerca del hecho. En la primera – del 17/07/04 –, con indicación del nombre y apellido del actor, se dijo: “…otra hipótesis que barajan los investigadores apunta a que el ataque podría estar relacionado con negocios de tipo financiero, en los que habría incursionado la víctima tiempo atrás.”. En la segunda – del 21/07/04 -, también con mención del nombre y bajo el título “La doble vida del huevero”, se expresó que la policía de Jáuregui había descartado de plano que el ataque infligido hubiera tenido que ver con un simple intento de robo, y se agregó: “Según una fuente de la Comisaría que habló con El Civismo, Juan I. de 50 años, además de comercializar productos de gallinas sería prestamista y hasta se dedicaría a “reducir objetos robados””..
Continuó diciendo que la demandada no había hecho la aclaración o rectificación que le pidiera mediante carta documento, y que le causó una profunda vulneración de sus sentimientos, toda vez que lo expuesto nada tenía de cierto, y además afectación de su prestigio social dado que el bisemanario tenía una importante tirada en Luján y localidades aledañas. Reclamó indemnización del daño moral y psicológico.
Contestó la demanda María Juliana Pighin, en su carácter de representante legal de PP y GG S.R.L., única propietaria del bisemanario “El Civismo”, solicitando su rechazó, sobre la base de la importancia constitucional de la libertad de prensa, la aplicación de la doctrina de la “real malicia”, y que no había habido ánimo de injuriar al actor. En relación a las notas cuestionadas, dijo que en la del 17/07/04 sólo se había dado cuenta de una mera hipótesis de investigación y mediante el uso del verbo en modo potencial, siendo, además, que no era denigrante la realización de negocios financieros. Por otro lado, en la misma nota se hicieron elogios a la persona del actor indicando que los vecinos aseguraban que la víctima era una persona muy querida en el barrio, al punto de señalar que algunos decían “es más bueno que un ángel”. En relación a la segunda nota, expresó que comenzaba por indicar la fuente de la información; es decir, que las afirmaciones no eran del periódico sino de la propia investigación policial. La expresión “sería prestamista” – alegó –, además de estar en potencial, no era injuriosa, y respecto de la frase “se dedicaría a “reducir objetos robados””, también estaba en potencial y el uso del entrecomillado denotaba que no era una información del periódico sino de la fuente indicada.
Sostuvo que no podían extraerse las frases de todo el contexto de la nota, en la que se había expresado que el hecho había dejado perplejo a toda la cuadra por lo sucedido “con este intachable hombre” que hacía más de 50 años vivía en una modesta casa. Agregó que, en realidad, el bisemanario lo había defendido de las versiones que circulaban en el barrio, y que el actor estuvo en la redacción del medio manteniendo una extensa conversación – circunstancia en la que no evidenció afectación psicológica alguna -, que motivó que el 31/07/04 se publicara una nota con el título “Habló el vendedor de huevos baleado en extrañas circunstancias. Juan I.: ‘Me vi con la muerte”, mediante la cual, con fotografía del actor, se informó acerca de la versión de éste sobre el episodio. Pese a ello – agregó – casi un mes después, recibieron una carta documento suscripta por una letrada, la que fue contestada negándole personería para representar al actor, y señalándole que tenían pruebas de las fuentes y que I. había gozado de suficiente derecho de réplica, por lo que no se había causado daño alguno.
Producida la prueba, el juez de grado hizo lugar a la demanda, condenando a la sociedad titular del periódico, a abonar al actor la suma de $ 5.000 por daño moral. En primer lugar, descartó que pudiera considerarse agraviante la alusión al supuesto carácter de prestamista del actor dado que no se trataba de una actividad ilícita. No así la referencia a que sería reducidor de objetos robados, que sí la tenía. Circunscripta la cuestión a esto último, desechó la aplicación al caso de la doctrina de la real malicia por tratarse el ofendido de un particular, como asimismo la línea de defensa consistente en que no había habido “animus injuriandi”, sobre la base de que en materia civil bastaba la culpa para la configuración del ilícito, y que no podía invocarse la libertad de prensa para justificar el agravio al honor de las personas, toda vez que ello sería violatorio del principio de igualdad ante la ley, no siendo aplicable la doctrina de la “real malicia” ante la claridad del art. 1109 del C.C..
Respecto del uso del potencial y del entrecomillado en las notas para denotar que se trataba de las opiniones de otros, sostuvo el juzgador que en nada cambiaban la responsabilidad del medio, dado que la ofensa o la injuria muchas veces se profería disfrazada de locuciones ambiguas, “en un envase vistoso, pero con un veneno solapado”, pero que no por ello dejaban de producir efectos dañosos en la reiusción de las personas, como lo contemplaba el Código Penal al tipificar las injurias o calumnias vertidas por otros (art. 113). Sin perjuicio de ello, señaló que la eventual fuente de la información calumniosa no estaba acreditada, ya que no surgía de la causa penal instruida que el móvil del delito sufrido por I. hubiese sido un “ajuste de cuentas” entre delincuentes ni que las instrucciones del Fiscal versaran sobre ello. En relación al derecho de réplica conferido al actor, sostuvo que no anulaba la ilicitud del hecho, de la misma manera que no lo producía la retractación en materia penal (art. 117 C.P.).
III.- La apelante en sus agravios, luego de señalar que la cuestión ha quedado circunscripta a la presunta calumnia cometida por el bisemanario con la frase “…y hasta se dedicaría a ‘reducir objetos robados’”, manifiesta que ésta no puede sacarse del contexto de las notas que contienen expresiones “equilibrantes”, como por ejemplo que el hecho había dejado a la cuadra perpleja por lo sucedido “con este intachable hombre”. O sea – dice – el periódico se limitó a informar a la población “dos versiones”: una dada por la investigación policial expuesta en potencial y lo reiusdo calumnioso entre comillas, y la otra, la de los vecinos.
Respecto de lo afirmado por el juez en cuanto a que se trata de un ilícito civil y no de un delito penal lo que es materia de juzgamiento, expresa que el art. 1089 del C.C. se refiere a los delitos de calumnias e injurias, cuya calificación o descripción brinda exclusivamente el Código Penal, y que debe existir sentencia del fuero respectivo que así lo determine, lo que no ocurre. Expresa que, aún adhiriendo a la corriente doctrinaria que postula que el art. 1089 no exige la prejudicialidad de la sentencia del fuero represivo, por imperio del art. 1072 del C.Civil y normas concordantes, se debe tratar de un acto ilícito doloso. Al respecto, dice que está muy claro que no hubo “animus injuriandi” en las notas cuestionadas, tanto por el uso del potencial como porque en las mismas se ponderó al actor, y que los arts. 1067 y 1109 del C.C. no son aplicables al caso dado que las calumnias e injurias no contemplan la variante culposa.
Admite que de la causa penal no surge que una de las líneas de investigación era la que se mencionó en la nota periodística, pero afirma que sí se desprende de la misma una conducta sospechosa del actor, toda vez que no está claro el móvil del hecho criminal informado en la misma.
En otro orden sostiene que no hubo daño al actor, que éste gozó de derecho de réplica, que admitió en la absolución de posiciones que quedó conforme con la nota del 31/07/04., y que no se ha acreditado el buen nombre de que gozaba el actor en su medio social. Se agravia también de la cuantía del resarcimiento fijado, aduciendo que el periódico es de escasa circulación.
Finalmente, se queja de la imposición de costas, diciendo que el actor reclamó la suma de $ 55.000, y la sentencia fijó $ 5.000, desestimando el rubro “daño psicológico”, por lo que sostiene que debe aplicarse el art. 71 del C.P.C.C..
IV.- Esta Sala, a fs. 298 solicitó como medida para mejor proveer la I.P.P. n° 146.104, “I., José Bernardo , víctima de homicidio en grado de tentativa”, la que fue receptada, encontrándose los autos en condiciones de ser fallados.
V.- 1.- Exclusión de la aplicación al caso de la regla de la real malicia.
Es de señalar en primer lugar la correcta exclusión por el sentenciante, en el caso, de la llamada “doctrina de la real malicia”, dada que ésta, nacida del famoso precedente de la Corte Suprema norteamericana “New York vs. Sullivan” y receptada por nuestra Corte Nacional en numerosos fallos (“Morales Solá”, “Triacca”, “Ramos”, “Amado C. Menem”, “Guerinau”, entre otros), establece una regla para resolver conflictos entre el la libertad de prensa y el derecho al honor de las personas sólo cuando éstos fueren funcionarios públicos o particulares que actuaren en asuntos de notable interés público. En el caso, siendo el actor afectado por las notas periodísticas cuestionadas un simple particular, no se da el presupuesto de hecho de la regla indicado, cuestión así decidida en el pronunciamiento, sin queja de la apelante (art. 272 C.P.C.C.).
2.- Las injurias del art. 1089 del C.C..
La recurrente trae a consideración una importante cuestión, cual es si las injurias o calumnias cometidas por medio de la prensa deben encuadrarse en el art. 1089 del C.C., y, en su caso, si los que esta norma contempla son, a su vez, las tipificadas por el Código Penal.
Los delitos que el Cap. II del Título VIII de la Sec. II del Libro II del Cód. Civil contempla son efectivamente los tipificados por la ley penal, pero abarca en su tratamiento tanto delitos de acción pública como de acción privada. Este último es el caso de las calumnias e injurias (arts. 73 inc. 2 y 75 C.Penal), y es nota distintiva de éstos que su investigación depende de la denuncia e instancia persecutoria de la víctima, no estando obligada a hacerlo, pudiendo recurrir directamente a la vía civil por el resarcimiento de los daños (arts. 1096, 1097 y 1101 del C.C.; esta Sala, causa n° 108.872 del 7/12/04). Si ello es así, mal puede sostenerse que debe existir un pronunciamiento penal previo a la sentencia civil (prejudicialidad). Por consiguiente, la eventual responsabilidad civil por aplicación del art. 1089 debe resolverse con los parámetros propios del derecho civil (Vázquez Ferreyra, R., comentario a art. 1089 en Bueres-Highton, Cód. Civil anotado, Hammurabi, Bs. As., T. 3 A, p. 281).
Indudablemente, las calumnias e injurias que esta norma contempla son delitos civiles, entendiendo por tales los que se ejecutan a sabiendas y con intención de dañar (art. 1072 C.C.), pero sabido es que la clásica distinción entre delitos y cuasidelitos (los “hechos ilícitos que no son delitos” según reza el Tít. IX de la Sec. II del Libro II del Código) fue siempre muy cuestionada por la doctrina, ya que en uno y otro caso de lo que se trata es de hacer reparar al ofensor el daño causado, siendo que desde la reforma de 1968 no existen diferencias importantes respecto de las dos cuestiones que la podían justificar: el resarcimiento del daño moral y la solidaridad entre los autores del hecho (arts. 1078 y 1081 anteriores a la reforma y ausencia de normas similares en relación a los cuasidelitos). Ambas fueron unificadas mediante el nuevo art. 1078 y el agregado del 2do. párrafo al art. 1109. Subsisten diferencias menores: mientras la solidaridad es la regla en el caso de los delitos, admite algunas excepciones en el de los cuasidelitos (arts. 1121 y 1135), y en los primeros no da lugar a acciones de contribución por parte de los coautores (art. 1081), pero puede haberlas entre los partícipes de los segundos; finalmente, en el caso de estos últimos pueden los jueces atenuar la responsabilidad por razones de equidad (situación patrimonial del deudor), no así si el daño ha sido imiusdo al dolo del responsable (Trigo Represas – López Mesa, “Tratado de la responsabilidad civil”, T. I, La Ley, 2004, p. 362 y ss.).
Siendo ello así, carece de justificación que sólo se responda por calumnias e injurias cuando éstas se han cometido con intención de dañar, ya que, como dice el juez “a quo”, ello sería contrario al art. 1109 del C.C. que claramente prescribe que “Todo el que ejecuta un hecho, que por su culpa o negligencia ocasiona un daño a otro, está obligado a la reparación del perjuicio”, para agregar a continuación: “Esta obligación es regida por las mismas disposiciones relativas a los delitos del derecho civil”. Esto último sólo indica una asimilación del régimen aplicable, y nunca una exclusión de los supuestos de hecho previstos en las normas de los delitos a los daños que pueden inferirse mediante cuasidelitos.
La Corte Suprema de la Nación lo ha dicho con toda claridad en numerosos fallos, comenzando por el conocido caso “Campillay c/ La Razón y otros” del 15/05/86 (Fallos: 308:789), en el que expresó: “… el honor de las personas no sólo puede verse afectado a través de los delitos de injurias cometidas por medio de la prensa (art. 113 C.P.), toda vez que puede existir injustificada lesión a este derecho que resulte de un acto meramente culpable a aún del ejercicio abusivo del derecho de informar… por lo que el propietario o editor del periódico que da a conocer las falsas imiusciones no puede quedar exento – al igual que cualquier habitante de la Nación – de la responsabilidad civil emergente de tales actos (art. 1109 C.C.)”. El concepto se reiteró al año siguiente en “Costa c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires” del 12/05/87 (Fallos: 310:510), en el que dijo el alto tribunal: “... el honor de las personas afectado por medio de la prensa no sólo aparece tutelado por medio del tipo penal previsto en el art. 114 del Código respectivo sino que también encuentra adecuada protección en el ámbito del derecho privado con las normas que regulan la responsabilidad derivada de la comisión del delito civil de ‘calumnias e injurias’ (arts. 1089 y 1090 C.C.) y que comprende al propietario o editor que publica o reproduce las falsas imiusciones; sin perjuicio clara está, de las otras formas menores de atribución de responsabilidad cuasidelictual por la comisión de actos culpables o abusivos en ese orden…”. Y se ha reiterado explícita o implícitamente en los innumerables pronunciamientos en que la Corte Nacional y los distintos tribunales del país han tenido que resolver litigios en los que se ha invocado la afectación del honor o de la intimidad de las personas por medio de la prensa.
Por consiguiente, el agravio de la recurrente consistente en que no se ha probado que haya habido por parte del periódico intención de perjudicar al actor no puede ser acogido, dado que, tratándose de un particular, basta que se haya infringido el daño por mera imprudencia o negligencia (art. 1109 C.C.).
3.- Los elementos de la responsabilidad civil.
Asentado ello corresponde analizar si se dan en la especie los distintos elementos de la responsabilidad civil, habida cuenta de que la demandada ha cuestionado desde la existencia misma del daño hasta el factor de atribución, pasando por la antijuridicidad del hecho.
3.1.- La antijuridicidad.
Corresponde, entonces, analizar en primer lugar si la demandada incurrió en un hecho antijurídico con la nota del 21/07/04.
A partir del ya citado fallo “Campillay” y los posteriores que la Corte Suprema de la Nación fue emitiendo acerca de los juicios entablados contra periodistas o medios de difusión por afectación del derecho al honor (“Granada”, Fallos: 316:2394; “Triacca”, E.D. 157-367; “Menem, E.”, E.D. 182-191, “Ramos”, E.D. 156-302, y otros), se elaboró lo que se denomina “doctrina Campillay”, que, como el mismo alto tribunal expresa, tienen que ver con la antijuridicidad del hecho, y así lo entienden la mayoría de los autores (Pizarro, Ramón D., “La responsabilidad civil de los medios de comunicación”, Hammurabi, Bs. As., 1999, 2da. ed., p. 305, Bianchi-Gullco, “El derecho a la libre expresión”, Ed. Platense, La Plata, 1997, p. 125).
La misma consiste en tres reglas alternativas para apreciar si el medio ha incurrido en una conducta antijurídica. Analizaré cada una de ellas en relación al caso de autos, partiendo de la base de que siempre debe tratarse de noticias de interés público o general, toda vez que solamente en tales casos el hecho puede ser el ejercicio regular del derecho de informar (art. 1071 C.C.), o hablarse de que el hecho está justificado. La información acerca de hechos policiales entra en tal categoría.
a) Que se haya reservado la identidad del sindicado como responsable del hecho ilícito.
Es esta la que menos complejidad ofrece dado que, obviamente, si no se ha mencionado con nombre y apellido a quien se dice ofendido difícilmente pueda hablarse de daño. En el caso, en la nota motivo de queja (la del 31/07/04, fs. 5), se menciona a “Juan I.”, lo que originó el argumento defensivo de la demandada de que no era el nombre del actor, quien se apela “José Bernardo I.”. Entiendo que se trata de una diferencia menor que no llega a hacer que la regla no se cumpla. En efecto, el fundamento de la regla es que quien lea la nota (u oiga la noticia, en su caso) no identifique a la persona sindicado como autora del hecho. Por ello, en realidad se completa con el agregado de que no se hayan proporcionado datos que permitan su fácil identificación.
Y ello es advertible con la lectura de la nota, que proporciona la edad del actor y su domicilio, de forma tal que los vecinos de la localidad, en tanto que el bisemanario es un medio local, pudieron identificarlo con facilidad. Por otro lado, la nota fue continuación de la del 17/07/04 (fs. 4), donde se había mencionado al actor con su nombre correcto (José), de manera que pocas dudas podían caber acerca de a quién se refería. Queda descartada, entonces, la aplicación de esta regla para eximir al medio periodístico de responsabilidad.
b) Que se haya atribuido la información directamente a una fuente identificable, haciéndose una transcripción sustancialmente idéntica o fiel.
El fundamento de esta regla es que de esa manera se transparenta el origen de la información y se permite a los lectores relacionarla no con el medio a través de la cual la han recibido, sino con la específica causa que la ha generado. De esta manera, los afectados por la información resultan beneficiados en la medida en que sus eventuales reclamos pueden dirigirlos contra aquellos de quienes realmente emanaron y no contra los que fueron sus canales de difusión.
En la nota motivo del reclamo la fuente está identificada: al decir “según una fuente de la comisaría” evidentemente se alude a la comisaría de Jáuregui, dado que la misma comienza refiriéndose a la policía de esa localidad. Ahora bien, dice que según esa fuente, I., “además de comercializar productos de gallinas sería prestamista y hasta se dedicaría ‘a reducir objetos robados’”.
La demandada no acompañó en autos ningún comunicado policial, y se ofició a la comisaría a fin de que remitiera copias de los partes policiales otorgados al bisemanario con motivo del hecho investigado. Contestó que no existían archivos de constancias y/o copias de los entregados a medios de prensa (fs. 78/80).
Si se utiliza un criterio amplio acerca de cómo debe constatarse que el medio haya sido fiel a la fuente, bien podía verificarse ello recurriendo a las constancias de la causa penal instruida, y considerándose insuficientes las copias certificadas agregadas a fs.. 94/225, esta alzada como medida para mejor proveer pidió la remisión de la misma, la que se agregó por cuerda, como ya se dijo.
De su prolija lectura se desprende una cierta perplejidad acerca del móvil en que habrían actuado los delincuentes, dada la inexplicable gravedad de la agresión (golpes y hasta un disparo con arma de fuego) y las pocas cosas aparentemente robados, pero no surge que la policía en alguna oportunidad haya sospechado que I. fuera reducidor de objetos robados. Solamente aparece tiempo después del hecho (el 4/10/04) una declaración de un vecino que dijo que I. solía prestar dinero y cambiar cheques a cambio de intereses (fs. 56vta.).
Esta supuesta condición de prestamista fue también dicha por el testigo Malmierca al declarar en esta sede, (fs. 250), y también aludida por el periodista Gustavo Charino del bisemanario (fs. 251/52). A este testigo le comprenden las generales de la ley por ser dependiente de la demandada y aparentemente autor de la nota cuestionada, de manera que su testimonio debe tomarse bajo ese prisma. De su relato surge una explicación acerca de las dudas que tenía la policía sobre el móvil real de los delincuentes, habida cuenta de la saña que habían empleado contra I., lo que hacía pensar que había sido un ajuste de cuentas, todo producto de rumores que vinculaban a la víctima con la actividad de prestar dinero. Es decir, ni aún el cronista, presunto autor o partícipe de la redacción de la nota, ha dicho en estos autos que la policía le hubiese informado que I. fuera reducidor de objetos robados.
Queda, entonces, descartada la aplicación de la segunda regla.
a) Que se haya utilizado el modo de verbo potencial y que el sentido completo del discurso haya sido conjetural y no asertivo.
La Corte Suprema en “Campillay” dijo sólo en una breve frase que para no incurrir en un hecho ilícito, el medio tendría que haber utilizado el verbo en potencial o alguna de las otras dos alternativas. Luego ahondó en esta regla en el caso “Bruno” (L.L. 2001-E, 642), eximiendo al medio de responsabilidad por no surgir una imiusción clara y concreta que vinculara al afectado por la noticia con el hecho ilícito narrado, y por formularse aclaraciones sobre la sospecha de inexactitud que pesaban sobre las fuentes. O sea, porque el sentido completo del discurso había sido asertivo. Luego, en el caso “Burlando” (E.D. 203-384) ahondó en el tema diciendo que no alcanzaba con la utilización del potencial sino que el sentido completo del discurso debía ser conjetural y no asertivo. “Si así no fuera – agregó – bastaría con el mecánico empleo del casi mágico ‘sería…’ para poder atribuir a alguien cualquier cosa, aún la peor, sin tener que responder por ello”.
Dije al comienzo que las reglas de “Camplillay” eran alternativas. O sea, no se tienen que dar conjuntamente, sino que basta que se haya recurrido a una de ellas. Ello se desprende del mismo fallo “Campillay” que utiliza la cópula disyuntiva “o” en el famoso considerando, del precedente de “Bruno” y de numerosos otros fallos, siendo, además, así considerado por la doctrina (entre otros: Gullco, Hernán,”Dos doctrinas sobre la libertad de expresión en un fallo judicial”, L.L. Supl. de Derecho. Const. Del 15/03/07).
Llevado ello al caso analizado cabe preguntarse qué ocurre cuando el potencial ha sido utilizado para dar cuenta de lo informado por la fuente que se cita. En efecto, en la nota del 21/07/04 se dice: “Según una fuente de la comisaría… Juan I.… seria prestamista y hasta se dedicaría a “reducir objetos robados””. Toda la oración y el entrecomillado de la última frase indican con claridad que se imius la versión directamente a la fuente de la comisaría. Pero ya vimos que no se ha probado que fuente alguna emanada de la seccional haya dicho que el actor presuntamente se dedicaba a reducir objetos robados. El sólo uso del potencial sería un fácil artilugio para eludir el requisito de la fidelidad a la fuente.
Es aquí, entonces, donde adquiere relevancia el señalado requisito del carácter conjetural de todo el discurso, y leyendo la nota íntegramente, junto con las otras dos (la anterior del 17/07 y la posterior del 31/07) llego a la conclusión que la respuesta es afirmativa.
En la primera nota (del 17/07) se dio cuenta del hecho y de dos posibles móviles del mismo: un asalto o que el ataque pudiera estar relacionado con negocios de tipo financiero, en los que habría incursionado la víctima. Se dijo que los delincuentes se habían tomado tiempo para cortar la línea telefónica para que los vecinos no dieran aviso a la policía y poder actuar con impunidad, que se movilizaron en un auto y que lo habían agredido brutalmente. Al mismo tiempo se expresó que I. era “una persona muy querida en el vecindario y en la cuadra nadie encuentra explicación a lo sucedido”. En la segunda (del 31/07), bajo el título “Uno de los agresores estaría identificado. La doble vida del huevero” se comenzó de la manera ya analizada (la referencia a la fuente y la presunta actividad de I.), diciendo que los investigadores creían que el motivo del ataque tenia que ver con esos aspectos no conocidos de la víctima “que, para la mayoría de los vecinos, eran hasta el jueves prácticamente desconocidos”, para continuar expresando que el hecho estaba casi esclarecido.
Si la razón de la regla es que el lector debe tener la impresión de que se trata de una conjetura, ya que no se afirma nada, estimo que ello se da en el caso pese al infeliz título “La doble vida del huevero”.
No se me escapa que la regla del potencial es muy cuestionada por la doctrina (Rivera, Julio César (h), “La doctrina ‘Campillay’ en un nuevo fallo de la Corte Suprema”, L.L. 2002-B, 70; Pizarro, Ramon D., ob. cit., p. 315), dado que difícilmente alguien a quien se le imius una conducta ilícita en términos conjeturales podría no sentirse agraviado, pero se trata de una regla constitucional. O sea, extraída de la interpretación de los principios constitucionales y la forma de resolver los conflictos que se presenten entre ellos por su máximo intérprete que es la Corte Suprema Nacional. Y no ha sido esbozada en un fallo aislado sino en varios, de manera que puede considerarse doctrina consolidada del alto tribunal en materia federal, por lo que debe ser seguida por los tribunales de grado, no encontrando, en el caso, razones justificadas para apartarme de la misma (conf. C.S.J.N., fallos “Balbuena”, Fallos: 303:1770, y “Cerámica San Lorenzo”, Fallos: 307:1094; Bianchi, Alberto B., “De la obligatoriedad de los fallos de la Corte Suprema”, E.D.CO., 2000/2001-335; Sagüés, Néstor, “Eficacia vinculante o no vinculante de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, E.D. 93-890).
3.2.- El daño.
Las dudas que la solución indicada generan (por la débil protección del honor que implica), se disipan cuando se relaciona con el requisito de la existencia de un daño cierto y efectivo para que exista responsabilidad civil.
El bisemanario publicó una tercera nota sobre el tema el 31/07/04 con fotografía de I. y danto cuenta del resultado de un reportaje que se le había hecho (fs. 16). Comienza la misma diciendo: “Juan I., el vendedor de huevos salvajemente agredido, desmintió en forma categórica que se dedique a “reducir objetos robados”, tal como señaló una fuente local a El Civismo. También rectificó la información que afirmaba que prestaba dinero, aunque admitió que hacía varios meses solía “cambiar, entregar plata y recibir cheques” de un vecino de Pueblo Nuevo cuyo cuñado, ahora, está sospechado de haber participado en el ataque cometido en la madrugada del miércoles 14 de julio”. A continuación recuerda las circunstancias en que la agresión había ocurrido, que, en lo fundamental, coincide con lo que I. declaró en la causa penal. Transcribe entre comillas dichos de I. en el reportaje, agregando que lo decía “un hombre “de vida intachable” según los vecinos. Da cuenta la nota del principal sospechoso y dice: “Y por la relación que lo une con la persona que solía cambiar cheques con I., todo hace suponer que el ataque tenía por finalidad sustraerle el dinero que el huevero solía guardar en su casa”.
Esta nota fue acompañada por la accionada con la contestación de la demanda, explicando que fue producto de una extensa conversación en la redacción del periódico - previo convenio con el actor -, lugar donde se extrajo la fotografía. Dijo la accionada que fue por iniciativa del medio que expuso su versión del asunto, en una clara demostración de objetividad y de falta de ánimo de injuriar, y agregó que no se notó a I. para nada psicológicamente afectado y agradeció el ofrecimiento (fs. 35vta.).
Al contestar el traslado pertinente, la actora reconoció la nota, y argumentó que en nada cambiaba las cosas, dado que el daño cierto se había consumado con la del 21/07/04 (fs. 48).
Al absolver posiciones, el actor desconoció que hubiera sido invitado por el periódico para que expusiera su versión de los hechos, pero aclaró que había sido él quien había concurrido para preguntar por lo publicado (fs. 76/77, pos. 1ra., 2da. y 3ra.), circunstancia que no cambia las cosas, dado que lo que importa es que el medio periodístico confirió el derecho de réplica al actor. Reconoció que le sacaron la foto en la redacción y que agradeció al personal de “El Civismo” que le permitieran su réplica (pos. 5ta. y 6ta.). Finalmente ante la concreta posición: “…que Ud. se mostró satisfecho de lo publicado el 31 de julio donde está su fotografía”, contestó: “Sí, quedé satisfecho porque me dieron la oportunidad de aclarar la situación” (pos. 7ma.).
La publicación del reportaje hecho a I. constituyó sin lugar a dudas el ejercicio por parte de éste del derecho de rectificación y respuesta que contempla el art. 14 del P.S.J.C.R. , ya que si bien el precepto remite a las condiciones que establezca la ley, en la medida que ésta no se ha dictado hasta el día de hoy, la forma de su ejercicio debe analizarse con criterio amplio. La publicación de una entrevista consentida, donde el agraviado rectifica lo publicado, y cuyo contenido no se niega, encuadra en una de las formas posibles del ejercicio de tal derecho.
Ahora bien, el segundo apartado del precepto expresamente dice que “en ningún caso la rectificación o respuesta eximirán de las otras responsabilidades legales en que se hubiese incurrido”. La razón de ser de esta norma es clara: no se quiere que el reconocimiento del derecho en el Pacto implique una carta blanca a los medios para atacar el honor de las personas impunemente, recurriendo al subterfugio de la posterior concesión de la réplica. No obstante, entiendo, como ha dicho esta Sala en otra oportunidad (causa n° 110.029 del 27/4/06, “Mayosol c/ Diario La Mañana”), que ello no quita que los jueces no puedan evaluarlo como un factor de disminución del daño causado y aún de su extinción, teniendo en cuenta el resto de las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar que rodearon la emisión de la nota agraviante (doct. art. 512 C.C.).
En su voto en disidencia en el caso “Campillay”, el Dr. Fayt, luego de recordar la importancia del “derecho de crónica periodística”, señaló que el derecho de réplica y el de rectificación, junto con la eximición de averiguar la veracidad y exactitud de la noticia, constituían el medio idóneo para “vivificar” a la prensa, agregando que la publicación de la rectificación acrecía el ámbito de la información verídica, y que debía hacerse con el mismo tipo de letra en que se publicara la noticia inexacta y en la primera edición inmediata al envío de la misma. Lo primero se cumplió en el caso (ver recortes periodísticos de fs. 5 y 24), y en relación a lo segundo no está discutido que el reportaje se hizo apenas I. apareció por la redacción y además debe tenerse en cuenta que se trata de un bisemanario.
Cierto es que el voto del Dr. Fayt quedó en minoría en “Campillay”, pero leyendo la totalidad del fallo, se advierte que la disidencia giró en la incidencia que debía darse a la falta de cita de la fuente que el medio había tenido en vista para propalar la noticia. Se trató de un óbiter dictum, que, a mi juicio, expresa una doctrina correcta que compatibiliza el ejercicio del derecho de crónica periodística sobre asuntos que interesan a la comunidad (y los hechos policiales reúnen tal característica) con el respeto al honor de las personas.
Es de recordar al respecto un fallo de la Sala A de la Cámara Nacional en lo Civil del 7/07/86 (“Gutiérrez Ardaya c/ Clarín S.A. y ot.”, pub. en L.L. 1986-D, 381), en el que el Dr. Zannoni evaluó que la desmentida inmediata de uno de los medios periodísticos que habían propalado la noticia injuriosa, había neutralizado significativamente el agravio moral inferido. Esta idea de neutralización del daño está presente en la mayoría de los autores que se han ocupado del derecho de rectificación y respuesta. Así, Ramón D. Pizarro lo trata dentro del capítulo titulado “La prevención y neutralización del daño derivados de la actividad de los medios masivos de comunicación”, destacando este autor la importancia del factor tiempo; es decir, de la cercanía de la publicación de la desmentida en relación a la noticia agraviante (ob. cit., p. 561). Concordantemente, Julio César Rivera entiende que la publicación de la rectificación o respuesta es un modo de reparación en especie, que es el primero de los modos de reparación del daño que reconoce el código civil (art. 1083) (“Hacia la impunidad de la prensa (Respuesta a la tesis de la inconstitucionalidad de la rectificación o respuesta)”, E.D. del 10/03/83; en igual sentido: Mansueti, Hugo Roberto, “Derecho de rectificación o respuesta”, E.D. 122-900).
Entiendo por ello que, habiendo el periódico demandado otorgado el derecho de rectificación al actor en forma casi inmediata (atento a la condición de bisemanario del medio), y habiendo reconocido éste al absolver posiciones que había quedado satisfecho por poder aclarar la situación, el daño quedó, en principio, neutralizado. Es decir, se desvirtuó la presunción de daño moral que deriva de la lesión al honor de las personas (C.N.Civ., Sala K, “B., L. c/ América T.V., 22/03/06, Lexis Nexis.com.ar, Rivera, Julio César, “Responsabilidad civil por daños a los derechos a la personalidad”, en Rev. De Derecho Privado y Comunitario, N° 1, 1992, p. 57), correspondiéndole, en consecuencia, al actor probar que igualmente había sufrido un daño con las características de cierto y efectivo (art. 375 C.P.C.C.). Sin embargo, ninguna prueba produjo al respecto. Ningún testigo declaró que así lo acreditara, y fue declarado negligente en la producción de prueba testimonial, informativa y pericial psicológica (fs. 274). El informe de ADEPA de fs. 88 respecto de que la tirada no superaría los 1.000 ejemplares nada acredita al respecto, lo mismo que el del Municipio de fs. 237 acerca de la población de las distintas localidades que lo componen.
3.3.- Conclusión sobre la configuración de los elementos de la responsabilidad civil.
En suma: la utilización del verbo en modo potencial en un contexto de información conjetural (una de las reglas alternativas de “Campillay”), unido al ejercicio oportuno del derecho de rectificación (art. 14 C.A.D.H.), que produjo la neutralización del daño causado, sin que el actor haya probado que, pese a ello, sufrió un daño cierto y efectivo, evaluado según las circunstancias del caso (doct. art.512 C.C.), me llevan a propiciar la revocatoria de la sentencia.
VI.- Costas:
Entiendo que se dan razones más que suficientes para eximir de las mismas en ambas instancias al actor, dado que pudo legítimamente sentirse con derecho a demandar (art. 68 2do. párr. C.P.C.C.).
Voto por la NEGATIVA.-
El señor Juez Dr. Sanchez, por iguales fundamentos y consideraciones a los expuestos por el señor juez preopinante emite su voto en el mismo sentido.-
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, el señor juez Dr. Ibarlucía dijo:
De acuerdo a la forma en que ha quedado votada la cuestión anterior, el pronunciamiento que corresponde dictar es:
1°.- Revocar la sentencia apelada, y rechazar, en consecuencia, la demanda.
2°.- Imponer las costas en ambas instancias por su orden.
ASI LO VOTO.-
El señor Juez Dr. Sanchez, por iguales fundamentos y consideraciones a los expuestos por el señor juez preopinante emite su voto en el mismo sentido.-
Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dictándose la siguiente:
S E N T E N C I A
Y VISTOS:
CONSIDERANDO:
Que en el Acuerdo que precede y en virtud de las citas legales, jurisprudenciales y doctrinales, ha quedado resuelto que la sentencia apelada debe ser revocada.-
POR ELLO y demás fundamentos consignados en el acuerdo que precede, SE RESUELVE:
1°.- REVOCAR la sentencia apelada, y rechazar, en consecuencia, la demanda.
2°.- IMPONER las costas en ambas instancias por su orden. NOT. Y DEV.-
Firman: Dr. Roberto P. Sanchez – Dr. Emilio A. Ibarlucía
Ante mi, Ramiro J. Tabossi.

LIBRO

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y AUTOCONTROL. ENTRE LA ÉTICA Y EL DERECHO.
Juan Carlos Suárez Villegas (Ed. MAD)

Con el libro que el lector tiene entre sus manos podrá conocer desde distintas ópticas, ética, jurídica y profesional, el debate abierto en la profesión periodística sobre la responsabilidad de los medios de comunicación.
Estudiosos de reconocida experiencia, nos ofrecen una reflexiva exposición sobre los dilemas éticos que tienen planteados los medios de comunicación.
La presente obra es una lectura obligada para los alumnos de Ciencias de la Información, profesionales del periodismo y el público en general que sea consciente de la importancia de la responsabilidad ética y social de los medios de comunicación.

Zannoni, Eduardo y Bíscaro B. “Responsabilidad de los medios de prensa”. Cap. IV. “Acceso a los medios de comunicación y responsabilidad penal de los editores o directores”. espero que lo ubiques en algun biblioteca

Tambien te paso algunas cosas que ya encontre... si te sirven,,, bien y sino bueeee!!!... perdon jejeje... tambien cometo errores...

Hay un programa de una facultad que hablan de este tema... lo que importa es la bibliografia que sitan como material de estudio

Badeni, G. Capítulo X. “Libertad de Prensa y Responsabilidad Legal”.

Fayt, C. “Caso Ramos, Raúl Alberto”. En, “La Omnipotencia de la Prensa”.

Caso “Pérez” Fallos CSJN 257:308. Injurias. Responsabilidad penal de autor y editor. En La Ley T. 115, pág. 349. (incluye Nota al fallo: “Delitos cometidos por medio de la prensa. Responsabilidad de los directores o editores de periódicos”).

Caso “Pandolfi, Oscar c/ Rajneri, Julio”. Injurias. Recurso de Hecho.

CIDH. Informe sobre la Compatibilidad entre las leyes de desacato y la Convención americana sobre Derechos Humanos.

Fontán Balestra, Carlos. “Ejercicio y Extinción de las acciones”. Acciones públicas, privadas y de instancia privada.

La inclusión del correo electrónico en la figura penal violación de secretos. Caso Lanata.

Caso “Dotto, Luis Franciso c/ Editorial Perfil S.A.”. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala “F”. 5 de agosto de 2002.

Libertad de Expresión en Internet. Causa Nro. 33.628 "Vita, Leonardo G. y González Eggers, Matías s/procesamiento" Juzgado 10 - Secretaría 20. 13 de marzo de 2002.

Caso “Gornstein” s/ denuncia de acción pública”. El hackeo a la página web de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Doctrina de la Real Malicia

Caso New York Times vs. Sullivan. Voto del Juez Brennan

Formulación de la doctrina y aplicación en el sistema jurídico argentino.

Caso New Times vs. Sullivan. Constitución y Derechos Humanos. Gelli, Cayuso y otros. Tomo I.

Caso “Morales Solá”. La Ley, 1996-E, 325.

Caso “Gesualdi c/ El Porteño”. (Gesualdi, dora M. C. Cooperativa Periodistas Independientes Ltda. y otros. C.S. Diciembre 17 de 1996). La Ley T. 1997-B. Incluyendo Nota al fallo: Dimensiones de la “Real Malicia” y afectación del honor en el caso “Gesualdi”, por María Angélica Gelli.

Doctrina de la Real Malicia, por Gregorio Badeni. La Ley T.1997-B. Sec. doctrina.

Responsabilidad por noticia errónea o falsa: Caso Campillay contra La Razón.

Daños y perjuicios al derecho a la intimidad: evolución jurisprudencial.

“Campillay c/ La Razón”, del 15/5/86, Fallos 308:789- La Ley, 1986-C. 411.

“Costa c/ Municipalidad de Buenos Aires y otros”.

“Ponzetti de Balbín, Indalia c/ Editorial Atlántida S.A.”. Fallos 306:1092- La Ley 1985-B. 120.

“Menem C. S. c/ Editorial Perfil S.A. y otros s/ daños y perjuicios”. C.S. 25 de septiembre de 2001. Nota a fallo de Cámara: “Libertad de Imprenta y Derecho a la Intimidad: Los justos límtes entre dos garantías constitucionales”. La Ley, 1997-C.

“Spacarstel, Néstor c/ El Día S.A. s/ Daño Moral”. CSJN. 5 de febrero de 2002.

Publicidad, instigación al delito y responsabilidad civil de los medios de comunicación. Por Zannoni, Eduardo A. Bíscaro, Beatriz R.- Jurisprudencia anotada - Publicado en JA 1994 III 215.

Acerca de la responsabilidad de los medios de prensa, el derecho a la intimidad y la indemnización del daño moral - Jurisprudencia anotada por Pizarro, Ramón D. Publicado en JA 2001-II-264.

Medios de comunicación y derecho de daños. Por Rocha Campos, Adolfo. Publicado en JA 1996-II-992.

Una reseña de un fallo de Cba, con voto de M. Zavala de González (una especie de Kemelkmajer de Cba).

Tribunal: Cámara 8a Civil y Comercial, Córdoba
Jueces: Matilde Zavala de González – Enrique P. Napolitano – Julio C. Sánchez Torres.
Autos: "T., M. E. y ot. c/ Semanario Bamba y otro – Ordinario"
Sentencia Nº: 61
Fecha: 01/07/2003

Publicación de solicitada. Terceros que utilizan medios de prensa para agraviar. Daño moral. RESPONSABILIDAD DE LA EDITORIAL. Recaudos para su configuración. Hecho de un tercero por el cual no debe responder. LIBERTAD DE PRENSA. Deber de diligencia de los medios: alcance

1– No se comparte, en términos irrestrictos o absolutos, la apreciación de la a quo sobre que la publicación de una solicitada importa –por parte del editor o medio de difusión –el de obrar con la debida atención que suponga tomar los recaudos pertinentes para constatar de manera diligente y razonable la identidad de la persona que peticiona la publicación, aun cuando el texto de la misma denota expresiones que puedan ser consideradas agraviantes, ya que elemental sentido común enseña que periodistas o, en general, agentes de medios masivos de comunicación, así como sus principales, son informadores y no detectives o investigadores que deban asumir el trance de averiguar y controlar exhaustivamente sobre, sin duda alguna, quiénes les dicen, el porqué y cuál es la cabal veracidad del contenido de informaciones que otros proporcionan. Lo opuesto entrañaría indirectamente, pero por fuerza, inadmisible autocensura; máxime si lo expuesto en la difusión no es asumido como propio por el órgano, sus representantes o agentes.

2– La doctrina ha destacado que deben reiusrse como terceros extraños al órgano a quienes coadyuvan con su actividad, pero sin que el ente haga propio o se asocie al contenido informativo en cuestión. Por ende, la responsabilidad del órgano periodístico por publicación de “solicitadas” sólo puede decidirse si existe concausalidad, en el sentido de que haya efectivamente podido controlar y aceptar la publicación ofensiva ajena. O sea, no se excluye radicalmente el deber resarcitorio, pero se lo condiciona a que el ente de comunicación haya asumido algún protagonismo en el hecho lesivo, más allá de su cooperación material para el despliegue de una conducta ajena.

3– Un informador de órganos de comunicación no es ni debe erigirse en detective. Si así se exigiera, quedaría sin sustento la libertad de prensa. El deber de corroborar la identidad del firmante a que se alude en primera instancia no puede ser absoluto, so riesgo de enervar alguna indispensable espontaneidad de quienes puedan brindar aportes de interés. Razonando al extremo y por vía de absurdo, controlar la identidad de la persona que firma una publicación no podría, razonablemente, servir de basamento para equiparar tales entes a una suerte de agentes policíacos, con desmedro para el derecho a la información y a la opinión el cual, desde luego, atañe no sólo a los órganos de difusión sino también a todos quienes las propalan por su intermedio.

4– Cuando terceros utilizan los medios de prensa para agraviar, en principio, suya es la responsabilidad, sin que pueda ser compartida por éstos, salvo que no hayan adoptado precauciones básicas, las cuales jamás pueden resultar exhaustivas. Una elemental falta de precauciones puede responsabilizar al órgano; pero nadie está constreñido a ser diligentísimo, sino sólo a una diligencia normal y prudente según el curso natural y ordinario de las cosas y en función de las circunstancias del caso. Lo expuesto sería así, aun dentro de los más rigurosos regímenes de responsabilidad objetiva, incluyendo la imiusble por riesgo creado, pues siempre libera el hecho activo de un tercero por quien no se debe responder.

5– En caso opuesto, toda libertad de prensa resultaría drásticamente enervada, al condicionarla a supervisión excesiva y denigrante respecto de terceros informadores u opinantes, así éstos sean pasibles, eventualmente, de responsabilidad por daños civiles o delitos penales. Lo señalado es emblemático en nuestro sistema institucional: publicación de ideas sin censura previa para preservar la intervención comunicativa y protagónica de quienes no son empresarios, directores o agentes de los órganos de comunicación. La autocensura de quienes aportan noticias y de quienes las difunden pondría en riesgo un sistema institucional de democracia sincera.

6– Los órganos de comunicación no son mediadores en problemas entre familiares o personas allegadas o adversarias, por los motivos íntimos que fuesen. No pueden ni deben someter a controles rigurosos a sus fuentes de información. Si no, y por vía indirecta, quedaría enervado el derecho al secreto que en la materia consagra el art. 43, CN. ¿Quién, cuándo y cómo se acercaría para proporcionar alguna noticia, si debiera ser fotografiado, controlado en su proveniencia genética, en sus huellas digitales...? Claro que así la sociedad y los medios de comunicación quedan expuestos al riesgo de fraudes. Los sentimientos no son jurídicamente válidos para esconder o deformar verdades hacia el público ni para utilizar a la prensa como instrumento para distorsionar la realidad. En definitiva, han sido el órgano periodístico y eventuales dependientes, víctimas de pasiones ajenas, quizá dolorosas, pero que no permiten la viabilidad de una demanda como la que se examina.

En esta link esta el fallo de la CSJN Sciammaro c/ Diario el Sol (28/08/07) que trata estos temas: Daños y perjuicios. Responsabilidad de los medios de prensa, Difusión de situaciones relativas a la vida familiar, sexual y afectiva. Menor de edad. Publicación del nombre. Real malicia:

http://www.caq.org.ar/shop/detallenot.asp?notid=2033

En este link hay una listado de casos argentinos en materia de libertad de expresion:

http://www.derhumanos.com.ar/listado...0expresion.htm

Otro fallo en este link: http://www.scba.gov.ar/falloscompl/S...-21/c54798.doc -

Otra reseña:

Expte. 10.519/2005. L. 472.000 - "Sala, Raúl Armando c/ Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. s/ daños y perjuicios" - CNCIV - SALA F - 26/06/2007

LIBERTAD DE PRENSA Y DERECHO AL HONOR. Publicación de nota periodística relativa a hechos de interés público -la violencia en el fútbol- en los que se vio involucrado el actor. Reporte fiel de hechos efectivamente acaecidos y de las diligencias judiciales inmediatamente posteriores. Derecho del público a la información. Difusión de la imagen del actor en el momento en que era conducido, esposado, a prestar declaración ante el juez. La reproducción aparece en el contexto de un hecho o acontecimiento de interés público y desarrollado en público. Excepción a la prohibición general de difundir el retrato fotográfico sin el consentimiento de la persona fotografiada. Art. 31, in fine, Ley 11.723. DAÑO MORAL. Improcedencia

"Los medios difundieron información objetivamente veraz, o sea que ella constituyó reporte fiel de hechos efectivamente acaecidos y de las diligencias judiciales inmediatamente posteriores. ¿Es falsa la noticia de que se detuvo al secretario de Boca por orden del Juez Bergés en el contexto de la super causa por la violencia en el fútbol? ¿Es falsa la noticia de que lo actuado el 16 de mayo de 2004 se debió a la atribuida actuación violenta de un grupo al ingresar al estadio del Club Boca Juniors portando la mayoría de ellos entradas falsificadas? ¿Es falsa la noticia de que en la ocasión fueron detenidas otras personas sindicadas por el propio magistrado en la actuación de base -el acta de fs. 54/59- como "barrabravas" del Club, entre ellos el actor? ¿Es falsa la información de que el actor fue conducido al juzgado, que se lo indagó y que quedó detenido? Cada uno de estos interrogantes debe ser respondido por la negativa, independientemente de que, según lo actuado más tarde, el magistrado que sustituyó al doctor Bergés concluyese que no se podía atribuir responsabilidad a ninguno de los imiusdos, o que los hechos mismos que se mencionan en el acta inicial no fueron probados, o que no constituían delito, o que fuera imposible establecer la existencia de hipotéticas víctimas de los sucesos, de lo cual -dicho sea de paso- también se informó oportunamente."

"No resultaría razonable hacer responsable a la prensa por haber difundido información veraz relativa a hechos de interés público -la violencia en el fútbol, por cierto lo es- dando como razón errores o excesos acaecidos en procedimientos judiciales que, en su caso, puedan haber dado origen a esa información. Porque, como bien se ha apuntado, si se trata de hechos de interés público, "la libertad del periodista, la libertad de expresión en el momento de la actuación policial y judicial, lo mismo que en cualquier otro momento, constituye un elemento esencial del derecho del público a la información". No se pierda de vista que, como el reverso de la medalla, la libertad de información de la prensa, en lo que se refiere a la actuación de la policía y la justicia, constituye una garantía de los derechos de los ciudadanos."

"Los descalificativos que el actor atribuye a las noticias difundidas por la prensa, en realidad son los que utilizó el juez de instrucción. Fue él quien situó al actor entre los barrabravas de Boca. En la resolución de fs. 505/536, según la transcripción antes citada, el magistrado se refiere al actor y a otros imiusdos como "un grupo de personas dedicado -entre otras actividades- a la realización de hechos que se saben delictivos, de modo indeterminado. Los nombrados son algunos de los llamados "barra brava" del Club Boca Juniors". Fue el juez (no el medio de prensa) quien -bien o mal- así lo afirmó, al reprocharles conductas penales. Fue esto lo que recogieron las informaciones. Por otra parte, la existencia de las barras bravas de los clubes de fútbol no es ningún secreto; constituye un hecho del dominio público, un hecho notorio. Y no he hallado, de la información aportada, elemento alguno que permita afirmar que los medios sostuvieron que, aún antes de ser indagado, el actor había sido condenado por los delitos de asociación ilícita y falsificación. La leyenda que, bajo la fotografía del actor, anticipa la noticia relativa a "Los barrabravas de las entradas falsas" sintetiza lo sustancial -el meollo- del hecho periodísticamente informado en la sección deportiva del diario Clarín, y no implica afirmar que los barrabravas habían sido ya condenados."

"En punto a la difusión de la imagen del actor en el momento en que era conducido, esposado, a prestar declaración ante el juez, la reproducción aparece en el contexto de un hecho o acontecimiento de interés público y desarrollado en público y cae, por eso, dentro de la excepción a la prohibición general de difundir el retrato fotográfico sin el consentimiento de la persona fotografiada (conf. art. 31, in fine, ley 11.723). En suma, considero que la sentencia apelada debe ser confirmada."

Responsabilidad de los medios de prensa. Publicación de la
carta de un lector. Real malicia. Alcance. Daños y perjuicios

La Cámara Nacional Civil, sala H (23-8-2000, L. L. del 18-1-2001, p. 1, fallo Nº 101.445), ha sentado la siguiente doctrina:

1. Un diario es responsable ante el daño causado por la publicación de la carta de un lector que se escondió bajo un seudónimo o nombre falso si obró con total desaprensión al no haber verificado su identidad, máxime cuando estuvo en condiciones de decidir la difusión del material lesivo.

2. Si bien no puede exigirse a los medios de prensa que verifiquen la verdad absoluta de la información a publicar, el informador debe poder probar que trató de verificar los hechos de modo diligente y razonable, máxime cuando se trata de la publicación de la opinión de un lector –en el caso, injurió al actor– en la cual no está en juego el derecho a informar y a ser informado.

3. La doctrina de la real malicia no tiene cabida cuando la noticia que afecta el honor o reiusción no atañe a un funcionario público.

4. En materia civil, la configuración de la injuria no requiere la presencia de animus injuriandi, pues la obligación de indemnizar el daño causado se genera ante la conducta culpable que desacredita o deshonra.

La doctrina del fallo, que compartimos, reitera un criterio que la jurisprudencia viene adoptando de continuo, con la particularidad que puede significar el haberse tratado de una carta de lectores, y sin perjuicio de lo observable que ha sido por buena parte de los autores la doctrina llamada de la real malicia, por considerarla ajena a nuestro ordenamiento.





Informaciones periodísticas inexactas. Imiusción o involucración
en hechos delictivos. Responsabilidad del director y del periódico

En una decisión de la Cámara Nacional Civil, sala J (9-2-2000, E. D. del 8 y 9-1-2001, fallo Nº 50.518), se ha dicho lo siguiente, en cuanto a lo fundamental:

1. El ejercicio de la libertad de prensa no implica un derecho absoluto ni otorga impunidad a ultranza al órgano periodístico involucrado en el conflicto en materia de prensa.

2. El ejercicio del derecho de expresión de ideas u opiniones no puede extenderse en detrimento de la necesaria armonía con los restantes derechos constitucionales entre los que se encuentra el de la integridad moral y el honor de las personas.

3. Un enfoque adecuado que debe primar en la misión de difundir noticias que puedan rozar la reiusción de las personas –admitida aun la imposibilidad práctica de verificar su exactitud– impone propalar la información atribuyendo directamente su contenido a la fuente pertinente utilizando un tiempo de verbo potencial o dejando en reserva la identidad de los implicados en el hecho ilícito.

4. No resulta aplicable al caso de autos la doctrina sentada por el más alto tribunal en el caso "Julio César Campillay c/La Razón y otros", pues en dicha causa se probó la existencia de un comunicado policial y que el mismo contenía la información errónea, mientras que en estos actuados la fuente invocada por la demandada fue la Gendarmería Nacional, y no sólo tal referente no fue probado sino que además su contraria en éstos abonó lo contrario. Súmese a lo dicho que no es argumento válido para neutralizar dicha prueba hacer referencia a la garantía constitucional por la cual nadie está obligado a declarar contra sí mismo, cuando la institución en cuestión no se vio obligada a declarar en las actuaciones de referencia.

5. Lo dispuesto por los artículos 1109 y 1113 del Código Civil impide eximir de responsabilidad a la directora de un diario de amplia difusión por el material que se publica diariamente en las diversas secciones del mismo. Precisamente por tal calidad, debe asumir las consecuencias de todo cuanto se publica en él, lo que trae a colación su responsabilidad frente a los terceros como consecuencia de esas publicaciones.

Se comparte el criterio del fallo, debiendo resaltarse dos aspectos:

a) La correcta puntualización de por qué no resulta aplicable en la especie la doctrina Campillay;

b) la extensión de la condena por daños a la directora de un diario de altísima difusión, en función de los deberes u obligaciones que el desempeño de dicha tarea implica.







Responsabilidad de los medios de prensa. Difusión de la violación de una menor

Interesantes aristas presenta el fallo de la Cámara Nacional Civil, sala K (31-10-2000, J. A. del 11-4-2001, Nº 6241, p. 29), donde se dijo:

1. La difusión de la noticia por los medios de prensa debe practicarse con un mínimo de contención, de modo tal que no trasciendan detalles que puedan afectar la moral o la intimidad de las personas.

2. Responde el medio de prensa por los daños ocasionados a raíz de la difusión de la violación de una menor, identificando a la víctima.

3. El hecho de que la víctima de una violación la haya comentado a sus familiares y amigos, no significa que no le importara la difusión a terceras personas ajenas a su círculo, a través del medio de prensa, siendo la noticia por sí misma susceptible de perturbar profundamente su intimidad.

4. Afecta el derecho al olvido la difusión de la noticia de que la víctima de una violación, de la cual se suministran los datos identificatorios, ha reconocido a su atacante, años después de ocurrido el suceso, forzando su recreación.

5. A los fines de ponderar el daño moral ocasionado por la difusión de la noticia de la violación de una menor de edad corresponde obviar si la conducta liviana de la víctima pudo facilitar el penoso suceso que la afectó.

6. En el supuesto de la difusión de la identidad de una menor víctima de violación por parte de un medio periodístico el agravio moral no reviste carácter resarcitorio sino el de una sanción ejemplar, por lo que para lograr su justa medida es indispensable meritar el agravio, el daño y la conducta de las partes.

Nos parece que el decisorio anotado no merece observaciones salvo en un punto, el atinente a la indemnización del daño moral, en tanto la mayoría del tribunal se decide por el carácter de sanción ejemplar, mientras que la minoría sostiene el criterio de la reparación. Destacamos, sin perjuicio de las características del caso, que el criterio de la mayoría importa retroceder en el tiempo hacia una tesitura ya largamente abandonada por la casi totalidad de la doctrina y jurisprudencia nacionales, además de tomar en cuenta la conducta de la víctima, que no puede ser fundamento idóneo como para reducir o denegar la indemnización. Las prostitutas –no es el caso– también tiene derecho al honor y a la intimidad. Y, en otro aspecto, también merece destacarse la relevancia que se le otorga al llamado derecho al olvido, esto es a no mantener, salvo cuando correspondiera, viva una situación atinente a una persona, aspecto que asume particular relevancia cuando se trata de los bancos de datos.

Difusión de información lesiva a la imagen pública y al honor
de una persona célebre. Responsabilidad del medio de prensa

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso “Menem c/Editorial Perfil” (25-9-2001, L. L. del 4-12-2001), resolvió en un pleito en que los hechos eran los siguientes: La revista Noticias difundió sin autorización una serie de notas periodísticas e imágenes fotográficas sobre una presunta paternidad del entonces presidente de la República, Carlos Saúl Menem, y el estado anímico de su ex cónyuge respecto de tal situación. El doctor Menem promovió acción de daños y perjuicios contra Editorial Perfil con sustento en el artículo 1071 bis del Código Civil. La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la atribución de responsabilidad civil que decidió la Cámara, aunque redujo el monto de la indemnización de $ 150.000 a $ 50.000.

La Corte señaló que no estaba en juego en el caso la veracidad de las informaciones difundidas por la revista Noticias, sino si ellas constituyeron o no una indebida intromisión en la esfera de intimidad del actor, por lo que la procedencia o no del reclamo no tiene nada que ver –en el caso– con la inexactitud de la información sino con su carácter de “íntima”. En este sentido, dijo la Corte que cuando lo afectado es el derecho a la intimidad, la responsabilidad proviene de la indebida divulgación de hechos de la vida íntima de una persona, veraces o no, cuyo corolario es la inaplicabilidad en el caso de la doctrina de la real malicia, ya que ella sólo se utiliza para el supuesto de publicaciones difamatorias o erróneas.

El punto a decidir en el caso fue, entonces, la tensión operada entre el derecho a la información (o libertad de prensa) y el derecho a la intimidad de las personas, ambos de rango constitucional (el último, por estar protegido por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y por la Convención Americana sobre Derechos Humanos –art. 75, inc. 22 de la Const. Nac.–).

La Corte puntualizó que en casos como el sub lite resulta aplicable el sistema común de responsabilidad civil, que tiene su fuente en la comisión de un delito penal o de un acto ilícito civil (en este sentido, Fallos: 321:2637), siendo particularmente relevante el artículo 1071 bis del Código Civil que convierte en norma legislativa la tutela del derecho a la intimidad.

El máximo tribunal sostuvo, con buen tino, que la actuación pública o privada de las personas célebres puede divulgarse en aquello que se relacione con la actividad que les confiere prestigio o notoriedad, y siempre que lo justifique el interés general. Pero ese avance sobre la intimidad no autoriza a dañar la imagen pública o el honor de las personas, y menos aún sostener que no tienen un sector o ámbito de vida privada protegido de toda intromisión (Fallos: 306:1892), porque el hombre público tiene derecho a preservar un ámbito en la esfera de la tranquilidad y secreto que es esencial en todo hombre, en tanto ese aspecto privado no tenga vinculación con el manejo de la cosa pública o medie un interés superior en defensa de la sociedad.

En definitiva, acertadamente concluyó la Corte que la difusión de cuestiones familiares íntimas –tanto por intermedio de la palabra escrita como por la publicación de imágenes fotográficas– configura una intrusión en la zona de reserva del actor que no se encuentra justificada por intereses superiores de la comunidad.

En su voto, el doctor Adolfo Vázquez efectuó un muy didáctico acercamiento a la cuestión. Puntualizó que existen tres esferas dentro de las cuales las personas realizan su existencia:

1) Pública;

2) privada, y

3) íntima.

La pública y la privada se interseccionan con un espacio común que puede ser mínimo o máximo, según las circunstancias. En cambio, la esfera íntima, si bien se encuentra dentro de la privada, no admite la intromisión ilegítima de la prensa. Porque la intimidad no es simplemente el derecho a la soledad sino un conjunto de aspectos de la vida individual y familiar de las personas que no deben ser conocidos por los demás; pertenecen por entero a cada cual y a partir de ese segmento de vida liberada de la mirada y opinión de los demás todo ser humano tiene el dominio de su imagen, su identidad y personalidad. Se encuentran comprendidos dentro de este ámbito de intimidad la autonomía psicológica y moral, la relación de pareja, el trato con los hijos, el descanso, el respeto de sí mismo. “El sistema de creencias y valores sobre los cuales se estructura la conciencia humana se intersecciona con sentimientos de discreción y de pudor amurallados como zona de reserva de la vida personal y familiar”.

Aun cuando enaltecemos su absolutamente imprescindible función en una sociedad democrática, coincidimos con el voto del doctor Vázquez en cuanto a que los medios de prensa pierden el horizonte de su augusta función cuando se convierten conscientemente en vehículo transmisor de falsedades, suspicacias, violaciones a derechos personales, obscenidades y cosas semejantes, con una expansión difusiva, incontenible e incontrolada, fomentando el farandulismo, la teatralización, la chabacanería, el mal gusto, la frivolidad y la búsqueda de un éxito entre el público conseguido muchas veces con profunda despreocupación por la calidad del contenido informativo. Semejantes desbordes, aunque jamás pueden justificar la censura previa, sí deben traducirse en las correspondientes responsabilidades ulteriores (tanto civiles como penales), pues los augustos principios que consagraron la altísima jerarquía constitucional de la libertad de prensa, protegiéndola de toda censura previa, no pueden traducirse en una patente de corso para delinquir ni dañar a las personas.

Tal como lo recordó la Corte (Fallos: 321:3170), es la relevancia comunitaria y no la simple satisfacción de la curiosidad ajena lo que puede justificar la exigencia de que se asuman las perturbaciones y molestias ocasionadas por la difusión de determinada noticia.






Violación de los derechos a la intimidad y a la imagen
de un menor a través de un programa televisivo

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, sala G (11-6-2001, E. D. del 23-8-2001, p. 4), se expidió en un caso en que se difundió la imagen de un menor mediante diversas fotografías –de tipo familiar– e incluso imágenes del departamento donde habitaba con sus progenitores al tiempo del fallecimiento de su madre, con precisa mención de su ubicación, so pretexto de la autorización conferida a la parte demandada para la filmación del juicio oral donde se juzgaba el reproche penal formulado contra el padre, en el que éste fue finalmente absuelto y respecto del cual nada tenía que ver el menor.

El tribunal entendió –sin dudas con buen tino– que ello excedía abiertamente la autorización conferida para la filmación del juicio oral, configurando un arbitrario entrometimiento en la vida del menor (art. 1071 bis del Cód. Civ.), habiéndose atacado simultáneamente su derecho a la imagen (art. 31, ley 11.723).

Si la solución es correcta respecto de cualquier persona sometida a semejante exposición, lo es mucho más aún a la luz de las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño, que por imperio del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional tiene jerarquía constitucional, tratado internacional que protege a los menores contra “injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada y en su familia”.

Agrava los hechos la circunstancia de que la inclusión del menor en la exposición sólo puede tener por única explicación posible la avidez por obtener una mayor audiencia –rating– apelando a dar una mayor “dramaticidad” al programa televisivo.

En el caso, se estableció un resarcimiento pecuniario de ochenta mil pesos a favor del menor, único remedio reparatorio frente al hecho consumado de la violación de derechos del niño indispensables para su formación, que requieren de la sociedad toda, incluidos los medios de prensa, comportamientos que los garanticen.

A la hora de fijar la indemnización, la Cámara ponderó –citando al doctor Fayt, quien a su vez se basó en recientes pronunciamientos del Tribunal Constitucional alemán– que los niños gozan de una protección especial, en aras de lograr la formación eficaz de su personalidad, cuando son objeto de la información a través de los medios, toda vez que se afecta el desarrollo de esa personalidad en un modo más grave que en el caso de los adultos. Ciertamente, el ámbito en el cual los niños deben sentirse y desarrollarse libres de la observación pública debe ser protegido de una manera más amplia; lógicamente, entonces, el resarcimiento por la violación de ese ámbito de privacidad debe ser también más acentuado.

Sin dudas el fallo es acertado. Efectivamente, además de un entrometimiento arbitrario en la vida ajena (art. 1071 bis del Cód. Civ.), se publicaron fotografías del menor sin consentimiento expreso de sus representantes legales, por lo que se violó también su derecho a la imagen (art. 31 de la ley 11.723).

DAÑOS Y PERJUICIOS: Responsabilidad de los medios de prensa - Responsabilidad del conductor televisivo - Derecho al honor - Expresiones injuriantes formuladas por una participante

1 - En un programa de televisión en el que las manifestaciones reiusdas injuriosas provienen no de un periodista, sino de uno de los invitados o participantes a quienes se brinda la posibilidad de expresarse ante las cámaras, ha de analizarse si el conductor del programa se ha limitado a reproducir esos dichos o aclarado que no son sino expresiones del participante, si ha hecho o no suyas las expresiones del invitado, si las compartió, si pudo impedirlas, si las cuestionó o criticó, etc., único modo de extraer conclusiones valederas acerca de si media o no la culpa que se imius como fundamento de la responsabilidad que se atribuye.

2 - Es indudable que en muchas circunstancias no existe la posibilidad de controlar en el momento aquello que se difunde, vgr., en programas de los denominados "en vivo", pero la exculpación que podría admitirse en tales supuestos no existe cuando con conocimiento previo de lo que se va a decir y de la posibilidad de agraviar injustamente el honor y la reiusción de terceros se prescinde de todo control razonable y se asume una concausalidad en el hecho lesivo.

3 - Aun cuando la presunción de que en un programa en vivo el periodista o conductor y el canal o la productora no tenían conocimiento anticipado de las expresiones agraviantes que iba a verter el invitado, la responsabilidad de aquéllos no se limita solamente a los supuestos en que se acredite un arreglo concertado entre quienes tienen a su cargo el programa televisivo y quien manifiesta las injurias o calumnias, o cuando adhieran a lo que dice el invitado o de cualquier modo exterioricen compartir la ofensa, sino que deben apreciarse las circunstancias de tiempo y espacio en que se desenvuelven esos programas en vivo y las actitudes asumidas por todos los participantes, tanto las activas como las pasivas, las acciones como las omisiones, especialmente del conductor y de los responsables de la emisión.

4 - Aun cuando la denuncia de la falsedad del título no estaba oficialmente concluida, y pudo justificar el tratamiento televisivo del caso como no definitivamente resuelto, y también los primeros insultos puedan considerarse surgidos de la espontaneidad de la invitada, no cabe duda de que la pasividad del conductor del programa y la omisión de toda advertencia para que quien emitía expresiones ofensivas hacia el honor y la honra del aquí reclamante cesara en sus infundios e insultos constituyeron una conducta negligente que ha contribuido en la divulgación de ese ataque a la persona de quien en esa época se desempeñaba como intendente del partido de General Alvarado.

5 - La característica peculiar del programa, con predominio sensacionalista, no es excusa para liberarse de la responsabilidad por los daños que genera la difusión masiva de injurias o calumnias que el conductor y la productora han contribuido a concretar.

6 - La libertad de prensa y la prohibición de la censura previa tal como aparecen consagradas en la Constitución Nacional y en diversos tratados incorporados a ella en la última reforma no eliminan la responsabilidad posterior por los delitos y daños cometidos mediante su uso.

7 - La difusión en un programa de televisión de amplia audiencia en extensas zonas del país de la denuncia de haber obtenido el título de abogado por una vía irregular, con sustento en un certificado analítico erróneo, por un político que en ese momento estaba ejerciendo la Intendencia de General Alvarado resulta un medio potencialmente idóneo para generar descrédito y afectar así su reiusción, con posibles consecuencias en esa actividad política.

8 - La despreocupación por llegar a la verdad sobre la denuncia de haber obtenido el actor el título de abogado por vía irregular, con sustento en un certificado analítico erróneo, por parte del conductor y de la productora y la situación que aquél tuvo que soportar durante el desarrollo de los programas, en los que fue objeto de ataques desmedidos por parte de la invitada, sin que los responsables de esas emisiones pusieran orden para que cesaran las injurias, permiten presumir el daño padecido en su dignidad, por lo que, configurado el supuesto del art. 1078 CCiv., corresponde hacer lugar al daño moral.

C. NAC. CIV., sala C, 14/12/2004 - Honores, Enrique M. v. Goldfarb, Mauricio


Acá hay un link de doctrina sobre el tema:

http://www.ancmyp.org.ar/user/files/...Vedia-2003.pdf -

En este link estan las conclusiones sobre responsabilidad de los medios de comunicación en la reunion realizada en CASI - VIII Jornadas Rioplatenses de Derecho:

www.casi.com.ar/academica/conclusiones7.htm - 31k

En este link hay un articulo de doctrina RESPONSABILIDAD DE LOS MEDIOS DE PRENSA por Ester María Pugín de Isola: http://www.editorialjuris.com/diario...8_09_2006.html

y la continuacion:

http://www.editorialjuris.com/diario...9_09_2006.html - 110k

Bueno espero que no sea tarde para el aporte. Saludos

RAB!!! viejo... como siempre un infaltable a la hora de dar una mano...
No sabes la cantidad de palabras que tengo para darte por lo notoria que se hizo tu ausencia momentanea por el foro de la pagina...

Ralmente te has convertido en un parte indispensable de la comunidad, de la cual no podemos dejar de contar...

Viejo como siempre gracias y trata de no ausentarte de nuevo!!!

Hola gente!

A partir de hoy los denomino el duo dinamico!

No paran de hacer aportes!

Muy bueno, todo, mañana lo termino de leer!

Abrazo, Polka.-

Pablo Martelli
CEO & Founder

Otro fallo: Bocanera C Clarin:

http://www.perio.unlp.edu.ar/catedra...tra_clarin.doc