Con una intervención clave del kirchnerismo, la Cámara de Diputados aprobó la ley que regula a las medicinas prepagas. El oficialismo consiguió quórum tratar la norma, que significa un pedido de Hugo Moyano para fortalecer a las obras sociales, pero que resisten fuertemente las compañías del sector.
La sesión especial, que comenzó poco después de las 14 una vez que el oficialismo logró sentar en el recinto a 129 diputados, había sido solicitada por el jefe del bloque del Frente para la Victoria, Agustín Rossi.
Varios bloques de la oposición, con la diputada Paula Bertol (Pro) a la cabeza, habían pedido otra sesión especial para tratar cambios a la legislación que regula la publicidad oficial entre otros temas. Esa convocatoria fracasó por falta de quórum.
El proyecto que regula a las prepagas, que ya contaba con dictamen de la comisión de Salud, señala que todas las empresas "deben atenerse a un marco regulatorio".
Según las compañías, de sancionarse la norma, que ya fue aprobada en el Senado con modificaciones, se pondrá en serio riesgo el futuro del servicio privado de salud que utilizan alrededor de 4,5 millones de afiliados.
La ley de medicina prepaga es rechazada por empresarios del sector ya que obliga a las compañías a ofrecer el mismo servicio que dan las obras sociales.
Además establece que ya no podrán rechazar a un cliente por la edad ni podrán subirles el precio de las cuotas a los mayores de 65 años que lleven al menos una década en la cobertura, entre otros cambios.
Lavado. En el temario de la sesión también figura el proyecto de ley de lavado de dinero, que también promueve el Gobierno, en este caso para evitar sanciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una organización dedicada a coordinar el combate mundial contra el blanqueo de activos.
El GAFI advirtió que de no haber una modificación del tipo penal de lavado estipulado en la ley argentina antes de la próxima reunión del grupo, prevista para el 20 de junio en la Ciudad de México, el país será sancionado.
Concretamente, se incrementarían los controles financieros internacionales sobre la Argentina y se abriría un proceso que podría terminar en la inclusión en una "lista gris" del GAFI, integrada por países que no demuestran voluntad política para combatir el blanqueo de activos.
La semana pasada, ante la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, el ministro de Justicia, Julio Alak, trazó un diagnóstico preocupante sobre el tema. "Estamos en una situación delicada y grave. La Presidenta me instruyó para que los alertara sobre la gravedad de la situación", dijo.
Cristina Kirchner había reclamado la sanción de la ley durante su discurso en la apertura del período de sesiones ordinarias del Congreso, el 1º de marzo último.
FUENTE: LaNacion.com