Tratan el miércoles la Ley de Arrendamientos Rurales

Este miércoles los diputados tratarían el proyecto de ley de Arrendamiento que establece reglas para los alquileres rurales entre las que se destaca la intención de limitar la concentración de superficies por parte de los pooles de siembra.

La iniciativa ya cuenta con dictamen favorable y tiene por objeto poner freno a "la voracidad especulativa financiera" de ciertos sectores vinculados al campo que sólo buscan rentabilidad en el sector.

El proyecto madre fue presentado en su momento por la Federación Agraria y sufrió modificaciones basadas en una iniciativa de Eduardo Macaluse.

La iniciativa establece un término temporal definido para los contratos, ampliando los derechos de los arrendatarios y regulando los precios en base a lo que se produzca en los campos.

Se agregan formalidades contractuales que hoy no están en la norma, impulsando la conservación de los recursos y desalentando la explotación de tierras por parte de los pooles de siembra.

Para contrarrestar la concentración y extranjerización de la tierra, se establece que una persona física o jurídica sólo podrá alquilar un máximo de 10 unidades económicas, las cuales serán definidas por la autoridad de aplicación durante la reglamentación de la ley.

Cuando en los contratos no se estipule plazo o se estipule uno inferior a cinco años, el arrendatario, de todas maneras, tendrá derecho a ejercer el alquiler por un plazo de cinco años, señala el proyecto.

El último martes, al término de la reunión de la Comisión de Agricultura y Ganadería de Diputados que fracasó porque la oposición no dio quórum, su presidente Alberto Cantero manifestó el interés oficial de tratar sobre tablas la ley de Arrendamiento Rural.

Hay quienes ven en esta medida promovida por el oficialismo como un intento por dividir a la Mesa de Enlace.

Según informó el diputado Carlos Raimundi, del bloque Solidaridad e Igualdad que preside Macaluse, el proyecto no necesita dictamen, ya está en condiciones de tratarse en recinto porque el año pasado estuvo a punto de ir a recinto, pero no fue por las cosas que ocurrieron.

La iniciativa cuenta con el apoyo del oficialismo y, con algunas disidencias, del socialismo y la UCR, pero no del PRO que anticipó su rechazo.

Desde AAPRESID, un organismo que favorece la siembra directa, uno de sus adherentes consideró que se trata de una "ley antidesarrollo". El poderoso Gustavo Grobocopatel se preguntó "a quién defiende esta ley. Se dice que a los pequeños productores, pero no es cierto".

"Como establecerá un límite de hectáreas por explotación, será como decirle a un pobre que no va poder crecer y que se quedará toda la vida así", sostuvo el empresario agrario.

Otros sectores sostienen que el proyecto tiene fallas muy graves y su derivación indirecta podría ser otra concentración de tierras en pocas manos.

"Lo importante, en primer lugar, es que a partir de esta legislación habrá reglas; se institucionalizarán las relaciones", sostiene el diputado Eduardo Macaluse.

FUENTE: Parlamentario.com