El presidente del Instituto Latinoamericano para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, Elías Carranza, detalló que en 1992 había 63 detenidos cada 100 mil habitantes y subió a 152, en 2007. Lo mismo sucedió en la mayoría de los países de la región. “La inequidad en la distribución de la riqueza conlleva a un crecimiento del delito”, analizó. Advirtió que se vienen otros 15 años duros
El Ilanud es el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente. Su presidente, Elías Carranza, visitó nuestra ciudad la semana pasada y en el marco de unas jornadas de capacitación para personal penitenciario bonaerense, aportó cifras estremecedoras: dijo que en los últimos 15 años se triplicó en Argentina la tasa de encarcelamiento, pese a que la de homicidios “bajó de 9,6 a 5,1 cada 100 mil habitantes entre 1980 y 2008”. Aclaró, eso sí, que el descenso de este índice “no significa que haya menos robos o violaciones”.
Según la investigación realizada por el Ilanud, en 1992 había 63 detenidos cada 100 mil habitantes, cifra que ascendió a 152 a fines de 2007. En Brasil la situación es parecida: “En 15 años pasó de tener una tasa de 74 reclusos a 211”, explicó el especialista.
En México, el aumento fue de 101 a 226; en Colombia, de 92 a 188; y en Perú, de 77 a 136.
Con respecto a la tasa de homicidios, Carranza detalló que en el año 2001 era en Argentina de 9,6 cada 100 mil habitantes, ubicándose, en 2007, en 5,1 cada 100 mil.
“Esta situación está dada por el mejoramiento macro de la economía”, opinó, seguro de que “la inequidad en la distribución de la riqueza conlleva al crecimiento del delito”.
De acuerdo al estudio del organismo, “la difusión de los hechos delictivos y su impacto en la opinión pública influye en los operadores de la justicia penal”, y deriva en un endurecimiento de los códigos.
“Por eso la cantidad de presos aumentó exponencialmente, produciendo un problema significativo a los penitenciarios, con cárceles superpobladas, hacinadas y un incremento lógico de violencia interna”. La tendencia, claro, bajó en los últimos tres años, sobre todo después de la tragedia en el penal de Magdalena, donde murieron 33 presos a causa de un incendio. Es más, por estos días se cuestiona la flexibilidad en el sistema de excarcelaciones, otorgadas -incluso- a reclusos condenados por gravísimos delitos.
Carranza comparó la diferencia entre el crecimiento demográfico en nuestro país, que entre 1995 y 2005 fue de un 8%, con el de la población carcelaria en ese mismo período, que aumentó un 92 %.
Esta situación favoreció, según el Ilanud, la aparición de empresarios que ofrecieron en distintos países de la región (en Argentina ocurrió en Mendoza), la privatización de las cárceles. “Les advierto que las experiencias fueron muy negativas”, aseguró Carranza, ya que “priorizan la tecnología sobre el personal penitenciario, son tres veces más costosas que las cárceles estatales e impiden el desarrollo del sistema penitenciario en forma global”.
“En Costa Rica ofrecieron construir una penitenciaria para 1.200 presos por 73 millones de dólares, a un costo diario de de 37 dólares por cada detenido, cuando en una cárcel estatal asciende a 9 dólares diarios en el mismo país”, detalló el titular del organismo.
En Estados Unidos, el 8 % de las unidades carcelarias son privadas, tendencia que prendió en Chile, donde actualmente funcionan 6 penales de este tipo y tienen previsto construir 4 más. En Mendoza se presentó un proyecto de ley para edificar una y obtuvo media sanción en la legislatura provincial, aunque luego quedó en la nada.
Para el Ilanud, la privatización de las penitenciarias “es un mal negocio para el Estado”.
Carranza insistió en la necesidad de respetar el precepto constitucional de cárceles “sanas y limpias” “El castigo -argumentó- es la privación de la libertad ambulatoria, y a ese derecho coartado no hay que agravarlo”.
Según distintos especialistas, los penales cumplen los objetivos de infringir un castigo por el daño ocasionado, disuadir a las personas para que no delincan, readaptar a los delincuentes en su estadía en la prisión, y, de paso, incapacitarlos de cometer crímenes mientras están presos.
Desde las Naciones Unidas sugieren que los servicios penitenciarios deben ser respetuosos de los derechos y deberes de los detenidos: “Si ampliamos las ofertas educacionales, laborales y de relación familiar de los internos, aumentan las posibilidades de que no reincidan en el delito una vez liberados”, argumentó Carranza.
También propuso que el personal penitenciario “trate con dignidad” a los reclusos, “aunque a veces resulte difícil por sus actitudes irrespetuosas. Ese es el momento de poner la otra mejilla, ya que la experiencia demuestra que si quien ostenta el poder actúa con dignidad, recibirá el mismo trato”.
Basado en la directa relación existente entre inequidad en la distribución de los ingresos y delito, el especialista lanzó un pronóstico nada alentador.
Por los informes de la FAO, el Cepal y el Banco Mundial, la crisis de los alimentos y del petróleo causada por la apertura del mercado en China hará que en los próximos 15 años aumenten, a un mismo ritmo, la pobreza el nivel delincuencial.
“En estos contextos sociales - concluyó- las economías neoliberales son como tigres sueltos contra burros amarrados”.
fuente:
Diario Hoy Also available in sober (except weekends and holidays)
Te mando un beso y te agradezco la info.