Uruguay: Piden 30 años de prisión para ex dictador Bordaberry

Una fiscal solicitó una pena de 30 años de prisión para el ex presidente devenido en dictador Juan M. Bordaberry acusado de varias violaciones a los derechos humanos

La fiscal Ana María Tellechea confirmó el pedido de condena y señaló que uno de los aspectos "más importantes es el que hace al atentado a la Constitución, que en otras causas se había rechazado", en su dictamen.

Agregó que "el expediente no termina con este pedido de condena, ya que prosigue la investigación por otros homicidios".

Asimismo, junto a los 30 años de prisión que es el máximo que contempla el Código Penal, se añadieron 15 años de medidas de seguridad que comienzan a regir después de la condena cumplida, según lo estipula la ley.

La fiscal desconoce los plazos en que la jueza Mariana Motta podría dictar sentencia.

Bordaberry, de 81 años, está cumpliendo desde el 2006 prisión preventiva en su domicilio por razones de salud, por la imputación en dos de un total de 14 causas por homicidios.

Por otros delitos vinculados está preso preventivamente también el ex canciller Juan C. Blanco y junto a Bordaberry son los dos únicos civiles implicados. Una decena de uniformados retirados también están en esa situación.

Tellechea, en su dictamen elevado a la jueza penal Mariana Motta, acusó a Bordaberry de un delito de "atentado a la Constitución", nueve delitos de "desaparición forzada" y dos delitos de "homicidio muy especialmente agravados", durante su gestión dictatorial que comenzó en junio de 1973 y finalizó en junio de 1976, cuando fue depuesto por los militares. La dictadura concluyó en 1985.

Las imputaciones a Bordaberry fueron por la dura represión antisubversiva iniciada por las fuerzas armadas y policiales… contra organizaciones como los tupamaros, que se alzaron en armas en los años 60 en su afán de alcanzar el poder.

Bordaberry, un rico hacendado, asumió la presidencia tras elecciones democráticas en 1971, en medio de un panorama de caos social y violencia. En 1972 el Congreso dispuso un estado de guerra interna y al siguiente, el presidente dió un golpe de estado clausurando el Poder Legislativo, censurando a la prensa y prohibiendo las actividades políticas y sindicales.