Uruguay también quiere su "Ley de Medios"

Como en su momento lo hiciera el Gobierno argentino, con las consiguientes confrontaciones que originó la medida, ahora Uruguay se lanza a regular el mapa de medios local.

En esa dirección, el Ejecutivo que encabeza José “Pepe” Mujica impulsará una nueva ley de Medios con la que pretenderá, según fuentes oficiales, “proteger la libertad de expresión”, “adecuar la legislación al salto tecnológico de los últimos años” y, por último, “frenar la actual concentración de medios”.

El impacto de la medida, de resultar aprobada tal como se diseña hoy del otro lado del Río de La Plata, tendría implicancias a nivel local, dado que "blindará" al sistema uruguayo de medios de cualquier inversión directa por parte del capital extranjero.

Se trata de un punto central ya que, en la actualidad, espacios como el mercado del cable cuentan con una activa participación del empresariado argentino.

Según precisaron a iProfesional.com desde la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (Dinatel) uruguaya, el gobierno oriental ya elaboró un documento base mediante el cual abrirá la discusión del tema a nivel nacional.

La iniciativa, denominada “Aportes para la revisión y reforma de la Ley de Radiodifusión” plantea que “la nueva ley deberá dar cuenta de la necesidad y pertinencia de regular todos los servicios de comunicación audiovisual, sin importar qué plataforma tecnológica utilicen: espectro, cable físico, señal satelital o protocolo Internet”.

En paralelo, la propuesta tendrá el objetivo de “proteger y garantizar la libertad de expresión; no para controlar los medios sino, incluso, para darles previsibilidad jurídica y certezas respecto a las reglas de juego que se les aplicarán”.

El negocio de la comunicación en Uruguay, explicaron a este medio desde Dinatel, es controlado –prácticamente desde el inicio de la televisión en ese país, en 1950– por tres grandes grupos: Romay, Fontaina-De Feo y Scheck-Cardoso.

El primer nombre maneja, entre otras empresas, canal 4 Montecarlo, de Montevideo, mientras que Fontaina-De Feo tienen bajo su control el canal 10 también de la capital uruguaya. Scheck-Cardoso, en tanto, es dueño del canal 12 montevideano y accionista de peso del diario El País.

Estos grupos poseen, además, los tres sistemas de cable que hoy se distribuyen por toda la geografía de Montevideo.

La participación extranjera en el mercado de medios uruguayo tiene al argentino Grupo Clarín como único representante visible. La empresa es propietaria de TVC (ahora rebautizada Multicanal), un emprendimiento que provee de televisión para abonados por UHF en la capital de la nación limítrofe.

Gustavo Gómez, director de Telecomunicaciones de Uruguay, comentó a iProfesional.com que el nuevo marco “parte de un compromiso asumido hace cuatro años, cuando comenzó el nuevo gobierno, de trabajar en esa temática”.

“Tenemos una ley vigente de Radiodifusión de la época de la dictadura. La norma 14.670 de 1977. También hay un decreto reglamentario, el 734, del año siguiente. Y sólo hubo otra ley aprobada, la 18.232 de Radiodifusión Comunitaria, en 2007. Pero no ha habido hasta el momento una iniciativa integral que aborte todos los aspectos del sector”, indicó.

Gómez sostuvo que el marco actual “da pocas certezas jurídicas a los operadores”. Y fue más allá: “La ley actual ha quedado muy sobrepasada por las tácticas empresariales y la misma tecnología. Hoy los fenómenos de concentración existen más allá de las regulaciones”.

La necesidad de regular
El funcionario mencionó, precisamente, a las múltiples licencias en pocas manos y la injerencia del capital extranjero en la escena de medios como algunos de los argumentos que motorizan la necesidad de un nuevo marco.

“El decreto reglamentario de 1978 establece límites en cuanto a la cantidad de licencias que puede tener una persona o empresa. Pero se sobrepasó y hoy el desafío es buscar mecanismos que limiten la concentración”, aseguró.

Respecto de los extranjeros, Gómez precisó que la legislación vigente impide que el capital foráneo posea la titularidad o el control de medios de comunicación, pero que la traba legal “ha sido superada a través de los años mediante diversas artimañas”.

“Hay muchos testaferros que representan a grupos económicos extranjeros. Y son testaferros que en un punto controlan buena parte de la radiodifusión”, dijo.

¿Existe participación argentina comprobada en el mercado uruguayo? Gómez fue claro: “Hay participación argentina, claro. Pero es legal por el momento. En Uruguay, a diferencia de Argentina, hasta ahora la televisión para abonados no se considera radiodifusión”.

“Ese es el caso del grupo Clarín, que ofrece un servicio de televisión por UHF en Montevideo, primero bajo el nombre de TVC y ahora bajo la identidad de Multicanal. Y también provee de servicios de cable en el interior de Uruguay”, explicó.

Pero las cosas podrían complicarse en caso de avanzar la propuesta de Mujica tal como estaría planteada hoy.

Sucede que la futura ley de Medios no sólo mantendrá el impedimento del capital extranjero dentro de la estructura de radios y televisión uruguayas, sino que además la televisión para abonados pasará a ser evaluada como radiodifusión.

“La televisión de esa naturaleza será parte de la nueva ley de comunicación audiovisual. Pero recién estamos empezando a ver de qué manera se hará eso. Por lo pronto, nos interesa instalar el tema en discusión. También nos parece relevante saber bien quiénes son hoy los dueños de los medios uruguayos”, confesó Gómez.

Además de este aspecto, la propuesta buscará fijar nuevos límites para los grandes actores del sector mediático oriental.

Prácticamente desde la década del 50 los grupos Romay, Fontaina-De Feo y Scheck-Cardoso han mantenido una situación de amplio predominio en el escenario local.

“Son tres grandes que además de la participación que tienen en Montevideo, también controlan buena parte de la programación del interior de Uruguay”, precisó Gómez.

Romay posee hoy el control de canal 4 Montecarlo de la capital charrúa, y también es dueño de canal 11 de Punta del Este, 8 de Rosario, 4 de Dolores, 3 de Colonia y 12 de Fray Bentos.

Ya en lo referente a la televisión para abonados, controla Montecable Video SA de Montevideo, Del Faro TV Cable (Colonia), Fray Bentos Video Cable y Cable Video Uruguay (Las Piedras).

En términos de radios, posee las dos emisoras más escuchadas del país: CX 20 Montecarlo, y CX 12 Oriental, además de Radio Cero.

Fontaina-De Feo, en tanto, controla canal 10 de Montevideo, y es dueño de Telesistemas Uruguayos, una compañía que tiene a su cargo la explotación de los canales 9 y 7 de Rocha y Maldonado, respectivamente.

En paralelo, el grupo opera las firmas de televisión para abonados TCC (Tractoral SA) de Montevideo y Rodacil (Telerocha Cable), en otras. Por el lado de las radios, Fontaina-De Feo es dueña de Sadrep, una sociedad que explota CX 16 Radio Carve y CX 24 Radio El Tiempo.

Por su parte, Scheck-Cardoso posee canal 12 de Montevideo, y la operadora de cable Nuevo Signo (Riselco SA). El grupo también cuenta con una participación de relevancia dentro del diario local El País.

Origen y presentación
Consultado respecto de la influencia del modelo de ley argentino en la concepción del marco local, el funcionario reconoció que “se está aprendiendo de todas las experiencias, tanto de la región como fuera de ella”.

“Aprendemos de todas las experiencias. Igualmente, lo más importante lo estamos incorporando de las directivas de Europa en materia de comunicación audiovisual. Pero no descartamos tomar lo mejor de cada ley vigente”, indicó.

Según anticiparon a este medio desde Dinatel, el Ejecutivo uruguayo hará la presentación oficial del documento sobre la nueva ley el próximo 22 de julio. La iniciativa se dará a conocer en la Torre de Telecomunicaciones de Montevideo.

El evento en cuestión contará con la presencia del ministro de Industria, Roberto Kreimerman, y del propio Gustavo Gómez. También participará desde Washington, la relatora para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Catalina Botero.

Además, se instalará un comité técnico donde estarán representadas la estatal Universidad de la República, las universidades privadas, periodistas, productores audiovisuales y empresarios, que aportarán sus propuestas a fin coordinar el emergente proyecto de ley.


FUENTE:
Patricio Eleisegui
iProfesional.com