La Legislatura porteña aprobó el 1º de julio una ley que obliga a las operadoras de telefonía celular a poner un cartel que informe a los usuarios que tienen derecho a la portabilidad numérica.
La iniciativa fue presentada por Gonzalo Ruanova, del partido Encuentro por la Democracia y la Equidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y aún no fue publicada en el Boletín Oficial, tal como publica El Cronista Comercial en su edición de hoy.
El proyecto tiene seis artículos y el primero fija la obligación de las empresas proveedoras de servicios de comunicaciones móviles “de exhibir en todos sus locales comerciales, de manera clara, visible y legible, la inscripción ‘Señor consumidor: el decreto 764/2000 establece el derecho del cliente o usuario a la portabilidad numérica de telefonía móvil’”.
Existe un decreto, elaborado por la Secretaría de Comunicaciones durante la gestión de Henoch Aguiar en el gobierno de Fernando De la Rua, que nunca fue reglamentado y, por lo tanto, no está vigente.
En ese sentido, Ruanova explicó que la idea busca anticiparse a la implementación del mecanismo.
“Sabemos que el régimen de portabilidad es de jurisdicción nacional, lo tenemos claro, lo que decimos es que no quisiéramos que cuando se ponga en funcionamiento ninguna telefónica venda el servicio sin informar”, declaró al matutino.
Qué pasa a nivel nacional
El Gobierno, a través de la Secretaría de Comunicaciones, comenzó a trabajar en el tema a fines de 2008, cuando a través de una resolución creó una comisión para analizar las alternativas. Lisandro Salas, titular de esta cartera, asegura que el proyecto ya está concluido, pero que le faltan detalles operativos, porque la instrumentación es compleja.
Uno de los argumentos es que en la Argentina hay, por ejemplo, 300 cooperativas telefónicas, consigna el matutino.
Mientras tanto, el Senado busca acelerar su discusión. “Ya hay un dictamen de consenso, hay mucho acuerdo sobre el tema. Se están puliendo algunos detalles y creemos que en la primera semana de agosto se va a tratar”, afirmó María Eugenia Estenssoro, presidenta de la comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.
Estaba previsto que el dictamen saliera el miércoles pasado, pero se demoró porque no asistieron a la reunión de la comisión el secretario de Comunicaciones, Lisandro Salas, y el interventor de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), Ceferino Namuncurá, destaca El Cronista.
Un fallo de Cámara obligó al Estado a implementar el sistema, pero fue apelado por el Estado y ahora está en análisis de la Corte Suprema de Justicia. Las telefónicas, en tanto, no se oponen al mecanismo, tal como publica el diario porteño este lunes.